Categoría: Politica

César Ríos, representante de la organización Agenda Migrante, advirtió este jueves que el Estatus de Protección Temporal (TPS) podría ser cancelado para los salvadoreños tras las recientes cancelaciones a países como Nicaragua y Honduras, ya que la política del gobierno estadounidense es liberarse de este tipo de permisos.

El representante de Agenda Migrante aseguró durante una entrevista en Diálogo 21 que «es potencialmente seguro que se suspenda» el TPS, un programa de protección migratoria que protege a más de 200,000 salvadoreños que viven en los Estados Unidos y cuya vigencia vence en septiembre de 2026.

«El caso del TPS que lo tenemos aquí y que hay que aprovecharlo por el tiempo, es potencialmente seguro que se suspenda, no puede ser que ya empezó por Haití, Nicaragua, Honduras, Venezuela, y ahí hay una política migratoria de Estados Unidos de irse liberando de todos esos permisos laborales y temporales».
César Ríos, miembro de la organización Agenda Migrante.

El experto migratorio preguntó cómo podría el gobierno de EE.UU. explicar «que El Salvador sea el único que se vaya a quedar» con este beneficio, cuando ya se suspendió para cuatro países y recordó que la cancelación del TPS para Nicaragua y Honduras fue justificada con que «han mejorado» la situación económica, pero, caso contrario, en Haití se mantiene una fuerte crisis social y política.

Esta semana, se conoció que el gobierno de Donald Trump decidió cancelar el TPS para Nicaragua y Honduras, beneficio que albergaba a al menos 76,000 personas originarias de esos países por considerar que «ya no continúan cumpliendo los criterios para la reasignación del TPS».

Hace unas semanas, el presidente Trump fue cuestionado sobre las razones para no cancelar el TPS para los salvadoreños si consideraba El Salvador uno de los países más seguros, a lo que respondió «echaremos un vistazo«. Se estima que son más de 230,000 los connacionales amparados a ese beneficio en la nación norteamericana.

El TPS para los salvadoreños fue prorrogado durante los últimos días de la administración de Joe Biden y se vencería en septiembre de 2026. Organizaciones como el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) esperan que por «la armonía» entre el gobierno salvadoreño y el estadounidense se pueda prorrogar nuevamente el próximo año.

El gobierno de El Salvador afirmó que las autoridades salvadoreñas «no han arrestado, detenido o transferido» a los venezolanos recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), según un documento oficial de las Naciones Unidas entregado por representantes de cuatro venezolanos en una demanda judicial contra el gobierno de Estados Unidos. Además, alegó que no tiene responsabilidad jurisdiccional sobre los mismos y que solo facilita la infraestructura carcelaria.

El documento, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por los demandantes, es la respuesta del gobierno de El Salvador a la investigación sobre una demanda de cuatro familias que alegaban la desaparición de sus familiares, enviados el 15 de marzo de 2025 al Cecot, ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (GTDI) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«El Estado salvadoreño afirma enfáticamente que sus autoridades no han arrestado, detenido o transferido a las personas a las que se hace referencia en las comunicaciones del Grupo de Trabajo. Las acciones del Estado de El Salvador se han limitado a la implementación de un mecanismo de cooperación bilateral con otro Estado, a través de la cual ha facilitado el uso de la infraestructura penitenciaria salvadoreña para la custodia de las personas detenidas dentro del ámbito del sistema de justicia y la aplicación de la ley de ese otro Estado», respondió el gobierno de El Salvador.

La respuesta del gobierno salvadoreño, que no ha sido publicada oficialmente, indica que la responsabilidad jurisdiccional y legal «recae exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes en virtud de acuerdos internacionales firmados y de acuerdo con los principios de soberanía y cooperación internacional en el ámbito penal».

«En este sentido, las acciones atribuibles al Estado salvadoreño son limitadas a su soberanía y jurisdicción territorial, por lo que no puede ser considerado responsable de la falta de observancia del principio de no devolución respecto a las personas mencionadas».
Gobierno salvadoreño ante la Oficina de la ONU.

Este jueves, fue consultado al respecto el subsecretario principal de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una conferencia virtual con periodistas latinoamericanos sobre la aplicación de autodeportación CBP Home. Únicamente respondió la pregunta sobre la aplicación, sin referirse a los venezolanos recluidos en el CECOT: «La primera parte de esta pregunta que puedo responder es que la aplicación CBP Hom está disponible para cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos».

«No quiero adelantarme a ningún anuncio sobre la pregunta secundaria», agregó, en referencia a la pregunta sobre si cree que Estados Unidos tiene jurisdicción sobre los venezolanos.

Desde el 15 de marzo, el gobierno estadounidense, usando la Ley de enemigos extranjeros de 1798, envió 252 migrantes venezolanos que fueron recluidos en el Cecot mediante un acuerdo de $6 millones anuales, alegando que eran miembros de la pandilla Tren de Aragua. El hecho es objeto de una polémica sobre la falta de debido proceso, ya que algunos son migrantes deportados bajo la ley migratorio Título 8 o no han sido llevados a audiencia ante un tribunal antes de ser recluidos en una cárcel.

El mecanismo no se ha suspendido, sin embargo, no se ha conocido de deportaciones recientes al CECOT pero la polémica sobre la jurisdicción real sobre los deportados del CECOT se mantiene.

El Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría General de la República (PGR) son las instituciones con más empleados investigados por infracciones éticas en el período que va de junio de 2024 a mayo de 2025 según el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

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La memoria de labores del TEG indica que solo el 18 % de los empleados públicos investigados laboran para el Ministerio de Educación. El 12 % de los investigados trabaja en la CSJ y el 10 % en la PGR. En total, son 285 los empleados que fueron investigados de al menos 68 instituciones públicas, autónomas y alcaldías.

Las cinco instituciones con más investigados son: el Ministerio de Educación, la CSJ, la PGR, la Universidad de El Salvador y el Ministerio de Salud. La entidad también reporta que 117 de los investigados son del departamento de San Salvador.

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Cuando el Tribunal recibe una denuncia o un aviso contra un empleado público, debe realizar una investigación preliminar para «determinar con precisión los hechos» de los que se acusa al trabajador, así se identifica al infractor y las circunstancias que permitan esclarecer los hechos. Durante esta investigación se solicita a la institución donde labora el empleado público que comparta un informe sobre el hecho investigado. Con el resultado de la investigación preliminar, el organismo colegiado del TEG decide si iniciar un proceso sancionatorio.

El total de investigaciones preliminares fue 111 durante el período reportado por el TEG. En el último año reportado, el Tribunal reportó: 53 resoluciones de improcedencia, 3 absolutorias, 9 de sobreseimiento, 7 de inadmisibilidad y 53 de de «sin lugar a apertura de procedimiento».

La Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (ANVEGEFMLN) pidió este miércoles que se realice una auditoría externa a los recursos del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve), luego de la captura del presidente de esta institución en Honduras por presunto lavado de dinero.

«Solicitamos a nuestras autoridades competentes del Inabve contratar una auditoría externa e independiente para verificar la exactitud e integridad de los estados financieros, asegurar el cumplimiento de normas contables y legales para rescatar la credibilidad y confianza de cara a nuestros sectores», dice el comunicado.

La misiva también exhorta a las autoridades hacer «una vigilancia rigurosa y permanente sobre el uso y destino de los recursos públicos» que son asignados al Instituto, y actuar rápido «frente a cualquier indicio de corrupción», y especialmente ante la detención del presidente del Inabve, Juan Alberto Ortiz, ocurrida la semana pasada en el paso fronterizo de El Amatillo – El Valle, en Honduras.

El viernes anterior, Ortiz fue detenido por la policía hondureña con $60,000 en efectivo ocultos en un vehículo y, al ser entrevistado sobre el origen del dinero, según las autoridades hondureñas, no pudo justificarlo. Fue remitido a un juzgado de Tegucigalpa por presunto lavado de dinero; esta semana, aunque seguiría siendo procesado en Honduras por lavado de dinero, Ortiz fue liberado bajo fianza, según trascendió en medios de comunicación.

«Este hecho responde única y exclusivamente a una decisión personal del individuo en mención y a los que pudieran estar implicados quien o quienes deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes», añade el comunicado de ANVEGEFMLN.

Los excombatientes del FMLN señalaron que tienen una participación activa en la junta directiva del Inabve, pero que no tienen la mayoría de los votos.

Además de ser el presidente del Inabve, Ortiz es secretario departamental del partido Nuevas Ideas en La Unión, según su perfil de la red social Facebook. Ni el partido Nuevas Ideas ni el gobierno se han pronunciado por la captura.

En enero de 2023, también fue nombrado -hasta diciembre de 2024- presidente de la junta directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (Foprolyd). Este último nombramiento fue firmado por la ministra de Turismo, encargada -en ese entonces- del Despacho de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Ortiz Hernández fue afiliado de Nuevas Ideas, inscrito para la creación de este partido político para su fundación en 2018.

El 23 de junio pasado, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa acordó citar al presidente del Inabve para que diera su posición sobre el proyecto de Ley de desarrollo social.

Un 67.3 % de los salvadoreños –dos de cada tres– que residen en los Estados Unidos califican como «muy bueno» o «bueno» el desempeño del gobierno de El Salvador según una encuesta realizada por la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera.

El estudio indica que el 44.2 % de los salvadoreños en EE.UU. considera el desempeño del gobierno como «muy bueno» y el 23 % lo califica de «bueno», sumando un 67.3 %, aproximadamente siete de cada diez salvadoreños en EE.UU.

El resto de la población que reside en el país norteamericano, un 32.7 %, califica el desempeño del gobierno salvadoreño como regular, malo o muy malo, o no responden.

De la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, las personas mayores son las más optimistas con el gobierno de Bukele: mientras un 37.4 % de los jóvenes entre 18 y 25 años piensan que es «muy bueno» el desempeño del gobierno salvadoreño, este porcentaje sube a un 54.5 % entre los mayores de 65 años.

La calificación «regular» es más abundante en los jóvenes que en los mayores. Por ejemplo, un 23.1 % de los jóvenes entre 18 y 25 años lo califican de esa manera, mientras solo lo hacen de esa forma un 9.9 % de las personas mayores de 65 años.

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La evaluación positiva es otorgada casi en la misma proporción por salvadoreños mujeres y hombres, sin embargo, hay levemente más mujeres que ven un buen o muy buen desempeño del gobierno de Nayib Bukele, es decir, un 68.4 % contra un 65.8 % de hombres que viven allá.

La encuesta fue realizada en línea a una muestra de 1,020 encuestas con un margen de error de 3.1 % y un nivel de confianza del 95 % con una estrategia de anuncios segmentados en redes sociales y reclutadores residentes en Estados Unidos, y por invitación en correo electrónico o redes sociales, sin control directo sobre variables demográficas.

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El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez reiteró la petición de la iglesia católica de finalizar «cuanto antes» el régimen de excepción en El Salvador y también se pronunció sobre el derecho a migrar.

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El cardenal Rosa Chávez indicó que la pertenencia de la tierra para todos supone que «uno pueda moverse o quedarse en casa libremente» y que «Dios no construyó fronteras, construyó brazos de reconciliación».

«Ciertamente la tierra es para todos, Dios no construyó fronteras, construyó brazos de reconciliación . Uno tierra para todos supone que uno pueda moverse o quedarse en casa libremente, es un derecho migrar y es un derecho no migrar».
Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

Debido a la importancia de la migración en esta época, es que la iglesia católica salvadoreña ha decidido hacerla parte de la octava peregrinación de San ´Óscar Arnulfo Romero, que tendrá lugar este 1 y 2 de agosto.

Además, el Rosa Chávez dijo también a los medios de comunicación que pide al gobierno que el régimen de excepción «termine cuanto antes» para que la gente «pueda expresarse libremente buscando el bien», pues la iglesia considera que hacer el bien por miedo es «coerción».

«El pueblo no puede continuar haciendo el bien, actuando el bien y obedeciendo las leyes por temor a las consecuencias del régimen de excepción, es necesario que el pueblo opte por el bien porque es bueno para él, tanto como para su familia, su sociedad y la nación».
Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de El Salvador, publicada en mayo de 2025.

El cardenal recordó que el clérigo salvadoreño aseguró en la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) que en su momento el régimen de excepción «fue necesario para frenar la violencia» y que en ese contexto fue considerado exitoso, pero que «ya no es necesario».

«Se trata de permitir al pueblo ejercer sus libertades sin presión alguna», leyó Rosa Chávez la Carta. Asimismo, insistió en exigir la libertad para líderes comunitarios y salvadoreños que consideran han sido capturados injustamente durante el estado de excepción vigente desde marzo de 2022.

Se estima que desde enero hasta mayo se han recibido 59 vuelos de salvadoreños deportados desde Estados Unidos, según informe de la organización Witness at the Border que recopila datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Por otro lado, serían más de 85,000 los capturados en El Salvador durante el régimen de excepción.

El presidente Nayib Bukele desmintió este miércoles las declaraciones brindadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien aseguró que una avioneta con droga localizada en el país norteamericano procedía de El Salvador.

El funcionario mexicano aseguró el miércoles que «en Tecomán, Colima, derivado de labores vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del centro nacional de vigilancia y protección del espacio aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas tres personas».

Sin embargo, Bukele catalogó de falsos los señalamientos, asegurando que la aeronave entró en Costa Rica, donde fue detectada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur de Cayo Hueso, Estados Unidos (JIATFS, por sus siglas en inglés).

«El 3 de julio, a la 1:00 pm, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea. Según su propio informe, la traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer, saliendo hacia el Pacífico», dijo el mandatario en su cuenta de X.

El presidente salvadoreño aseguró que los radares nacionales no detectaron la avioneta que transportaba droga, debido a que la ruta de la misma se encontraba «muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional».

Bukele exige a México una aclaración

En la publicación de X, Bukele manifestó que la aeronave nunca entró a territorio salvadoreño, por lo que exigió a las autoridades mexicanas «una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones emitidas por su Secretario, Omar García Harfuch».

«El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora», enfatizó sobre el caso.

El mandatario también dio a conocer las identidades de las tres personas detenidas que serían de nacionalidad mexicana, sin detallar el origen de la información.

⁠Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto) – Guasave, Sinaloa
⁠⁠José Adán Jalavera Ceballos (copiloto) – Chihuahua
⁠⁠Felipe Villa Gutiérrez – Morelia, Michoacán

«Procedemos a llamar a nuestra embajadora en México a consulta por esta situación», dijo Bukele sobre el caso que se dio a conocer el 5 de julio.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, declaró que la avioneta interceptada en Tecomán, Colima, procedía de El Salvador.

FALSO.

El 3 de julio, a la 1:00 pm, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. Fueron… pic.twitter.com/agp3cCdD4M

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 10, 2025

Un joven salvadoreño de 24 años fue deportado desde Estados Unidos, dejando a tres hijos en ese país, según una de sus familiares que llegó la mañana de este miércoles a la Gerencia de Atención al Migrante para recibirlo, luego de ser informados que arribaría este miércoles a suelo salvadoreño.

La tía del joven, quien pidió anonimato porque tenía miedo, relató que el salvadoreño migró a Estados Unidos junto a su madre cuando aún era un menor, de aproximadamente nueve años, permaneció en territorio estadounidense por al menos 15 años hasta que agentes lo capturaron recientemente cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El joven fue arrestado y deportado pese a que era solicitante de asilo en Estados Unidos y tenía tres hijos que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. La tía del joven, a quien recientemente le quitaron un puesto de venta en el centro de San Salvador, contó a medios de comunicación que no conoce el avance del proceso de asilo porque no les alcanza para pagar un abogado.

«No me habían dicho nada, aquí solamente esperar a que lo trajeran… Todos los días llamaba (a la Gerencia del Migrante) para preguntar… (Él trabajaba) así en construcción. Estamos preocupados por ellos, estamos igual que aquí, nos quitaron los puestos donde vendíamos»
Familiar de joven de 24 años deportado.

El joven trabajaba en el rubro de la construcción. Su tía prefirió no comentar las razones que lo llevaron a migrar hacia el país norteamericano. Su familia tenía al menos dos meses de no sostener comunicación con el joven, por lo que desconocían las condiciones en las cuales retornó a suelo salvadoreño.

La mujer relató con lágrimas que tenían un puesto de venta en el centro de San Salvador, pero que ahora ya no pueden vender. «Los del CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos) nos siguen como si uno fuera delincuente», se quejó.

Sus familiares tocaron la puerta de la Gerencia de Atención al Migrante, donde fueron recibidos. Al menos una hora después, salieron con él, quien prefirió taparse el rostro y correr hacia un vehículo que lo esperaba.

«No lo dejan trabajar a uno, uno no anda haciendo nada malo, uno anda trabajando, tanto aquí como allá son injustos porque él trabajando andaba y allá lo agarraron». Familiar de joven de 24 años deportado desde Estados Unidos.

Mientras Diario El Mundo monitoreó las entradas y salidas de la Gerencia de Atención del Migrante de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ingresaron representantes de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (Acnur), del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Cruz Roja.

Hasta mayo, se conocía que eran al menos 59 vuelos que habían llegado a El Salvador con migrantes deportados según el informe de la organización Witness at the Border. Solo durante 2024 se deportaron a más de 15,000 salvadoreños desde Estados Unidos, según los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cardenal Gregorio Rosa Chávez aseveró este miércoles que la dignidad humana en El Salvador «se está aplastando» e instó a entablar un diálogo entre sectores, al opinar sobre la capturas recientes de líderes sociales en El Salvador.

El clérigo salvadoreño aseguró que «la dignidad humana no se puede negociar» y retomó la frase «la dignidad es infinita» del fallecido Papa Francisco.

*La dignidad humana no se puede negociar, es infinita decía el Papa Francisco y aquí se está aplastando esa dignidad».
Cardenal Gregorio Rosa Chávez.

Rosa Chávez dijo que este señalamiento «hay que decirlo con claridad» pero, al mismo tiempo, con el «espíritu de buscar soluciones». Insistió en qué «el diálogo es el camino siempre» pero pidió recordar que dicho diálogo supone «escuchar, hacer concesiones, aceptar errores». «Ese es el camino», exhortó el cardenal.

El clérigo indicó que en la Carta Pastoral 2025 se aboga por la liberación de los encarcelados injustamente bajo en régimen de excepción, incluyendo líderes sociales capturados recientemente. «Está aquí tratado (en la Carta Pastoral) el tema incluso con nombres de personas que fueron capturas antes, las que se pide sean liberadas, esa es nuestra postura», expresó.

En la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de El Salvador, publicada el 29 de mayo de 2025, la iglesia católica pidió revisar los casos de los encarcelados «con gran objetividad para lograr que los que son inocentes salgan ahí lo más pronto posible» y «que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esta función».

«Si en dado caso hay algunos presos sin más motivo que la defensa de los derechos humanos, deben ser estudiados sus casos y de inmediato puestos en libertad», indicó la Carta Pastoral.

En la página 16 de la misma, la Conferencia Episcopal pidió no perseguir ni encarcelar a ambientalistas. «No es justo que se les enjuicio y mucho menos que se les encarcele por su trabajo en favor del medio ambiente», indicaba, haciendo referencia también a la muerte de los ambientalistas Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto.

En El Salvador organizaciones aseguran que hay presos políticos en El Salvador, luego del arresto de la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, del presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez, y del ambientalista y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez. A las capturas se sumó el arresto del abogado constitucionalista Enrique Anaya. Amnistía Internacional declaró a López, Pérez y Henríquez como prisioneros de conciencia.

En junio, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se refirió a la captura de activistas de derechos humanos, así: «Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Cualquier opositor corrupto que se lleve a la cárcel es un perseguido político. Estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político», indicó, el 1 de junio.

Política | Cardenal Gregorio Rosa Chávez sobre recientes capturas de defensores de derechos humanos: «Está aquí tratado (en la Carta Pastoral) el tema, incluso con nombres de personas que fueron capturas antes, pero que se pide sean liberadas, esa es nuestra postura, verdad, la… pic.twitter.com/RGArCA1Mto

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) July 9, 2025

El nuevo Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem) ya registró 5,560 médicos o profesionales de salud en diferentes especialidades y el detalle de los ya inscritos puede consultarse en el sitio web conadem.gob.sv.

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, es uno de los registrados como especialista en Infectología, con un número único. Solano Leiva es uno de los 1,384 médicos con certificación de especialistas incluidos en un directorio que el Conadem ha hecho público. Por ley, el Conadem debe publicar un registro de especialistas autorizados y un listado de certificaciones suspendidas o canceladas.

En el sitio se detalla dónde realizó su especialidad, en el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en 1996 y en el Hospital de Infectología del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1999.

El sitio web dispone un lugar para colocar las amonestaciones. «No se han encontrado amonestaciones», indica el registro del presidente del Colegio Médico.

El lunes, en una entrevista televisiva, Solano Leiva hizo un llamado general el lunes a los médicos de El Salvador para que se registren en el Conadem; mientras, el vicepresidente del Colegio Médico, Carlos Ramos Hinds, aseguró que aún no ha recibido una notificación sobre su inscripción en el registro. Ese día, Solano aseguró que los médicos en el país viven bajo un régimen de «ver, oír y callar».

El Conadem será la única instancia que podrá certificar a los profesionales de la salud –médicos y técnicos– para poder ejercer en El Salvador. Las credenciales tienen una duración de un año y su precio es establecido por el Conadem. Si no se certifican enfrentan una multa de hasta $180,000 e incluso a la suspensión o cancelación de su especialidad, con lo cual no podrán ejercer su profesión. Los médicos con especialidades tienen un periodo transitorio de seis meses para obtener su credencial luego de un proceso de obtención de unidades valorativas evaluadas por un Comité Nacional de Educación Médica para lo cual el Conadem otorgará un periodo de 18 meses.

El Conadem tendrá un presupuesto de $1.1 millón que le será transferido de Hacienda para lo que resta del año, de los cuales $463,575 será destinado a las remuneraciones de 45 empleados, $575,000 a bienes y servicios, $23,775 para compras de seguros de bienes y personas, y $50,000 para muebles y equipos informáticos.