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El 27 de febrero es el último día para que los salvadoreños que han modificado su lugar de residencia puedan registrar el nuevo domicilio en su Documento Único de Identidad (DUI) y así garantizar su participación en las elecciones de 2027 cerca de su residencia.

Los ciudadanos tienen la obligación de reportar su cambio de domicilio al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

«Todo ciudadano o ciudadana inscrito en el registro electoral, al cambiar su residencia está en la obligación de presentarse el RNPN a informar sobre dicho cambio mediante declaración jurada, lo que implicará la emisión de un nuevo DUI, debiendo el RNPN dar aviso al Tribunal de manera inmediata sobre dicha modificación, a efecto de que se cambie el lugar de votación del ciudadano o ciudadana», reza el artículo 25 del Código Electoral.

El mismo artículo responsabiliza penalmente a los ciudadanos si el trámite es realizado con «datos fraudulentos o falsos y con la finalidad de ejercer el sufragio en un municipio distinto al de su lugar de residencia».

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) también ha promovido que los salvadoreños en el exterior saquen su DUI con domicilio en el exterior para que puedan votar remotamente. Según la ley, los salvadoreños domiciliados en el extranjero votan solo para el departamento de San Salvador, aunque su origen sea distinto.

El TSE inició su campaña para incentivar al cambio de residencia a tiempo el pasado 8 de octubre de 2025.

El Código Electoral en su artículo 20 ordena que las actualizaciones de residencia en el registro electoral deben suspenderse un año antes de la fecha de elecciones, es decir, el 27 de febrero de 2026, ya que las elecciones generales se celebrarán el 28 de febrero de 2027.

El Ministerio de Relaciones Exteriores abrió horarios extraordinarios para que los salvadoreños en el extranjero puedan modificar su residencia al extranjero. Los salvadoreños que tengan domicilio en el extranjero pueden votar de manera remota y su voto será asignado al departamento de San Salvador. Ayer, los horarios extraordinarios fueron compartidos por la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas, diputada por San Salvador.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) adjudicó la compra de tela para elaborar uniformes escolares de los centros educativos públicos para el año 2026.

Las contrataciones ascienden a un total de $15,737,345.68 según el sitio de Compras Públicas de El Salvador, Comprasal.

La contratación fue adjudicada el 10 de noviembre de 2025 a las empresas Insinca, S.A., Rayones de El Salvador, S.A. de C.V. e Hilosa, Industria de Hilos, S.A. de C.V.

El gobierno importó 345,000 uniformes para los estudiantes desde primaria hasta bachillerato, para los paquetes escolares que distribuye al inicio del año, informó en enero la ministra de Educación, Karla Trigueros, además de 113,000 pares de zapatos y 442,000 dispositivos electrónicos.

Los uniformes para kínder son celeste y falda o pantalón azul; a partir de primer grado, camisa blanca y pantalón o falda azul marino; para bachillerato, camisa blanca y pantalón beige.

De acuerdo al instructivo legal y técnico para la adquisición de uniformes, calzado y útiles escolares, publicado en enero por el Ministerio de Educación, este realiza una compra centralizada para los uniformes y se la entrega a cada centro educativo según el nivel educativo, sexo y tipo de prenda a confeccionar.

Este instructivo establece que la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) o el Ministerio calificarán a las personas proveedoras del servicio de confección de uniformes que cuenten con un registro de micro y pequeño empresario (mype) previo al proceso de contratación.

Estas serán las únicas que podrán participar en los procesos de compra que realicen los centros educativos, indica el instructivo.

La toma de tallas debe ser coordinada por el contratista con cada centro educativo y tiene 60 días calendario para la entrega de cada lote de uniformes.

El instructivo también incluye sanciones en los plazos de entrega: cuando el atraso se debe a causas imputables al contratista es una multa diaria por cada día de calendario de retraso: para los primeros 30 días, 0.1 % diario del valor total de la obligación en mora; de 31 a 60 días; 0.125 % diario del valor en mora; y a partir del día 61, 0.15 % diario del valor en mora.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, se reunió con la embajadora de El Salvador en Costa Rica, Diana Vanegas Hernández, para fortalecer la relación de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

La embajadora recordó que ambos países firmaron un acuerdo para el Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado en la región centroamericana y señaló que El Salvador se ha convertido en la nación más segura del hemisferio occidental.

Según Central Noticias de Costa Rica, el objetivo de la reunión fue «fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad».

De acuerdo a la información brindada por el medio costarricense, ambos funcionarios destacaron «el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional» y también avanzaron «en el intercambio de información y la coordinación operativa como parte de la agenda bilateral».

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró recientemente en Madrid, España, que es necesario reducir el margen de error en la implementación del régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.

En una tribuna organizada por la agencia EFE, Ulloa aseveró que se han “capturado casi 100,000 pandilleros pero, de esos, casi 8000 han salido libres porque demostraron que no eran”.

“O sea, pues, una efectividad de un 90 y tanto por ciento en una operación de este calado es una operación que está siendo algo muy bueno. Claro, ese margen de error hay que reducirlo, ¿no? Y hay que tomar medidas para corregir malas prácticas de algunos agentes de autoridad, delitos de algunos miembros de las fuerzas del orden”, remarcó.

El vicemandatario ejemplificó que se condenó a un comisionado policial “que estaba extorsionando a los ciudadanos” amenazándolos con el régimen de excepción.

“De las estadísticas que tenemos, se han liberado más de 8,000 personas que en estos cuatro años fueron capturadas porque estaban inculpadas pero lograron probar en los juzgados de que no pertenecían o de que eran inocentes y están libres”. Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador.

Ulloa defendió la reforma penal que permite acusaciones penales masivas y, ante denuncias sobre inclusión de personas inocentes en estos grupos acusados de ser “clicas” ante tribunales del crimen organizado, dijo: “La gente va a decir ‘mi hijo es inocente’ aunque tenga una cruz en cada dedo”.

Aseguró que, cuando alguien estudia derecho, aprende que la responsabilidad penal es “personal”, pero que la reforma penal aprobada en El Salvador rompió ese dogma, ya que “la responsabilidad penal es colectiva”.

“Esto rompía con el dogma, entonces, ahora se acusa penalmente, se lleva a la cicla. Es un grupo de 400 individuos que operan en una zona”, indicó.

El funcionario aseveró que, “cuando se condena la clica”, “la aplicación de la pena va en función de la participación del individuo en la clica”.

Reafirmó que la prisión perpetua está prohibida por la Constitución, pero aseguró que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional falló que en el caso de organizaciones terroristas la pena se acumulará. “Se aplican exclusivamente a los miembros de las estructuras”, expresó.

El régimen de excepción está por cumplir cuatro años en El Salvador; según el Gobierno es el mecanismo que ha logrado bajar a un promedio menor a uno diario los homicidios; mientras organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, así como partidos de oposición, mantienen que se han cometido capturas arbitrarias de personas que no tienen vínculos con pandillas.

La Ley de partidos políticos de El Salvador los obliga a elegir a sus candidatos y sus autoridades mediante “elecciones internas con voto libre, directo, igualitario y secreto de sus miembros o afiliados inscritos en el padrón correspondiente a su circunscripción territorial”.

Sin embargo, la ley no establece expresamente que la celebración de la jornada de votación deba ser pública.

Se le preguntó a Acción Ciudadana, una organización cuyo centro de monitoreo lanzará una evaluación de la transparencia y calidad democrática de los partidos políticos.

La organización sostiene que la transparencia es una exigencia legal para sus procesos electorales internos y, como toda institución pública, sus actividades deben estar sujetas al escrutinio público.

“Podrá decir alguien que no lo dice expresamente. La gente cree que solo lo que dice la ley es lo único que puede ser público. Aunque no lo diga expresamente la ley, pero con esta obligación de ajustar su funcionamiento a las reglas democrática, los partidos deben informar sobre este proceso. Los ciudadanos tienen derecho a hacer un control social sobre las internas de estos partidos. ¿Qué tal si hay una incompatibilidad? ¿Cómo lo voy a saber si no se publica esa información?”, argumentó la AC.

Se refieren al artículo 22 de la Ley de partidos políticos, en el cual se establece que son obligaciones de los partidos políticos a) Ajustar su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y las leyes; g) Cumplir con las obligaciones que la presente ley establezca en materia de transparencia y acceso a la información.

Sin embargo, según el criterio de la AC, sí puede ser reservado o confidencial datos personales de sus militantes, precandidatos, candidatos o dirigentes es información confidencial, como lo regula el artículo 25 de la ley, o las que tengan que ver con sus estrategias políticas.

Pero en la medida se consideren los partidos políticos como instituciones intermediarias entre el Estado y la sociedad, es decir, por medio de las cuales “se logra cambiar a los funcionarios de las principales instituciones públicas”, “sus actividades están sujetas al escrutinio público” y, por tanto, consideró la organización consultada, “es aplicable el principio general de transparencia, debiendo poner a disposición de la ciudadanía la información que ellos generan”.

A partir de estos artículos, según la AC, las jornadas electorales de las internas de los partidos deberían ser públicas. “La libertad de prensa es parte de las reglas democráticas”, indicó.

“Estas internas son de carácter público, la información que generan, porque sirven para el posterior ejercicio de la función pública. Dado que estamos hablando de una función pública y que ellos tienen que ajustar su funcionamiento a estas reglas democráticas, esta información que se genera es pública”, indicó.

Según la sentencia 42-2013 de la Sala de lo Constitucional, si los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno, “sus normas internas, su organización y su funcionamiento también debe quedar sujetos a los principios y reglas de la democracia representativa”.

La vicecanciller de la República, Adriana Mira, firmó un convenio con la Fundación HE Space Children, una organización sin fines de lucro, para fortalecer la formación y el bienestar ambiental de niños y jóvenes.

“Celebramos este paso que fortalece nuestro compromiso con la protección de los ecosistemas marino-costeros y la educación ambiental, con la firma de una carta de entendimiento entre la Cancillería y HE Space Children’s Foundation”, informó la funcionaria.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) explicó que el acuerdo “establece un marco de cooperación para promover iniciativas en sostenibilidad, formación ambiental y bienestar comunitario, con especial énfasis en la niñez y la juventud”.

El acuerdo también los compromete a intercambiar conocimientos para fortalecer la gestión ambiental en territorio.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, aseveró que la alianza “refleja una visión compartida de desarrollo sostenible y consolida un compromiso de largo plazo para proteger los recursos naturales del país”. El contenido del convenio no fue publicado.

La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, rechazó las declaraciones del vicepresidente Félix Ulloa, quien aseguró que es una leyenda que las muertes ocurridas en los centros penales se deban al régimen de excepción.

«Las 488 víctimas no son una leyenda, 470 hasta 2025, son vidas reales que murieron sin derecho a un juicio justo, derecho de audiencia, de defensa, de presunción de inocencia», manifestó Escobar, quien dirige desde el extranjero esta organización salvadoreña que se dedica a recibir denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.

«Es indignante que diga que las vidas de las personas perdidas en régimen, sin haber tenido derecho a una segunda audiencia, nuestro dato no es de gente condenada. La muestra es de personas procesadas en régimen, es algo bien singular, que no es cierto que en todo el mundo esté pasando esto», afirmó.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró el jueves pasado que “es una leyenda” que los muertos en las cárceles se deban al régimen de excepción. Argumentó que Centros Penales le reportó entre 200 y 350 muertes anuales de reos durante la última década. “Las personas se mueren en la cárcel, se mueren en el hospital, se mueren en todo sitio, pero no es que por el régimen de excepción han muerto 348. Es una leyenda que se ha desarrollado, no sé cómo”, dijo, en la tribuna organizada por EFE en Madrid, España.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, diputado del partido oficial Nuevas Ideas, aseguró que su instituto político competirá por alcanzar 60 diputados en los próximos comicios legislativos y llamó a las demás fuerzas políticas a “quitarse” y competir.

En una conversación con creadores de contenido o youtubers, Castro sostuvo que su partido está preparado para enfrentar cualquier candidatura opositora. “Que nos pongan a quien quieran”, expresó al referirse a aspirantes de oposición que pudieran ser «infiltrados» en partidos aliados, Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“Que nos pongan a quien quieran. Vamos por 60 diputados y quítense, vamos a competir. A las horas de las elecciones nosotros vamos por esos 6 diputados que nos faltan. Por eso están afligidos los de San Salvador. Somos aliados, pero para la votación nosotros somos Nuevas Ideas”. Ernesto Castro, presidente de Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas.

El titular del Legislativo afirmó que Nuevas Ideas perdió seis diputados en 2024 —y no solo los tres que tienen los partidos de oposición, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos— pese a que tres son sus aliados y los han acompañado en todas las votaciones.

“A las horas de las elecciones nosotros vamos por esos seis diputados que nos faltan. Por eso están afligidos los de San Salvador. Somos aliados, pero para la votación nosotros somos Nuevas Ideas”, advirtió.

Asimismo, el político restó relevancia a la oposición al señalar que el partido Arena “es un meme”.

Castro también elogió al partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) por haber servido como vehículo para la candidatura presidencial de Nayib Bukele en 2019. “Gana prestó el vehículo y eso se aprecia”, manifestó.

Las elecciones se celebrarán el 28 de febrero de 2027, en estas los salvadoreños votarán por candidatos a presidente y vicepresidente, Asamblea Legislativa y concejos municipales.

Para elegir a sus candidatos los partidos políticos deben desarrollar elecciones internas con voto libre, secreto e igualitario entre sus afiliados.

El próximo 12 de marzo se vence el plazo para que los profesionales y los prestadores de servicios de urbanización y construcción se inscriban en el nuevo Registro de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT).

La reforma a la Ley de la DOT, vigente desde noviembre de 2025, estableció 10 meses de plazo a partir de la instalación de la DOT para que las personas naturales o jurídicas puedan solicitar su inscripción en el “Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción”.

La DOT advirtió que “únicamente las personas inscritas en el Registro y con inscripción vigente podrán firmar documentos, estudios, planos, bitácoras y presentar solicitudes ante la DOT”.

Todo el resto de registros existentes para estos profesionales o prestadores de servicios se dejarán sin efecto.

Este plazo, recordó la DOT, vence el 12 de marzo del año 2026.

El Registro busca centralizar el control de técnicos, especialistas, profesionales y responsables del diseño, ejecución y supervisión de obras, estudios, pronunciamientos y demás actuaciones técnicas vinculadas al sector construcción.

También el Registro integrará a personas o empresas que se dediquen a estudios de impacto ambiental, arqueología, paleontología y patrimonio edificado, ya que concentrará las solicitudes ambientales que estaban a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El Registro también asentará sanciones impuestas a profesionales, inhabilitaciones o suspensiones.

Los abogados Ruth Eleonora López y Salvador Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno detenidos en 2025, no tienen comunicación ni con sus familiares ni con sus propios abogados defensores, según fuentes allegadas a cada uno.

La organización Cristosal informó el jueves pasado que «Ruth continúa en situación de incomunicación», ante la pregunta si ha tenido visitas de su abogado o de algún familiar.

López fue detenida el 18 de mayo de 2025 acusada inicialmente del delito de peculado y formalmente por enriquecimiento ilícito. Tras su detención, un juzgado dictó detención provisional por seis meses y más tarde se amplió el plazo de instrucción en su contra.

Fue declarada por Amnistía Internacional como persona prisionera de conciencia, argumentando que su detención se basó en la expresión pacífica de sus ideas y en su labor de derechos humanos, sin indicios de violencia.

Mientras, una fuente allegada al abogado Enrique Anaya también aseveró que el jurista no ha tenido comunicación con su abogado o con su familia. «Totalmente incomunicado, el gobierno no cumple las medidas de la CIDH», dijo un allegado.

En septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de ambos abogados. Determinó que López pasó de ser «objeto de seguimiento y vigilancia de agentes estatales, a ser detenida y posteriormente trasladada al Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco». La organización internacional hizo «un llamado urgente» al Estado salvadoreño para “el cese inmediato de la situación de incomunicación prolongada” y subrayó que no existen elementos que justifiquen esta medida.

Anaya fue capturado el 7 de junio de 2025 acusado de lavado de dinero, inicialmente estuvo en las bartolinas de la División de Tránsito de San Salvador y en julio habría sido trasladado a Penitenciaría La Occidental en Santa Ana, donde se mantiene en prisión provisional.