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La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa dictaminó la reforma a la ley de legalización de tierras en desuso para incluir a la comunidad “2 de noviembre”, distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador.

La comunidad está asentada en una calle en desuso y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) ya la desafectó, dijo una integrante de la misma en la Comisión.

La presidenta de la junta directiva de la comunidad 2 de noviembre aseguró que fueron “abandonados” durante 26 años. Ella aseguró que es madre soltera de tres hijos, alquilaba en Santa Tecla y llegó al lugar a habitarlo pero que no han obtenido una vivienda propia pese a sus gestiones con gobiernos anteriores, tanto de Arena y del FMLN.

Otra habitante dijo que fueron víctimas de una estafa de $50,000 por Hugo Nelson Ramírez Sigarán que les prometió ingresos. Según una nota de prensa de la Fiscalía, la investigación inició el 6 de septiembre de 2017 a raíz de las denuncias y las condenas de cinco años de prisión por estafa agravada fueron emitidas en marzo de 2020.

La reforma se hará a la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y dafectados como de uso público para ser transferidas en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).

La ley fue aprobada el 10 de junio de 2009. Hasta abril de 2015, había 59 comunidades incluidas en la ley. Con la comunidad 2 de noviembre, son 74 comunidades cuyas tierras fueron legalizadas, 15 de las cuales han sido legalizadas durante el gobierno de Nuevas Ideas: Las Flores y la Esperanza, La Universal, La Pradera, Las Margaritas, Urbina, El Caracol, Caserío San Cristóbal, Caserío Obra de Dios, Vista Alegre, Machado, caserío El Chorizo, caserío La Concordia y comunidades El Manguito y Parlermo.

“Nosotros en un corto tiempo, llevamos cinco años y ya vimos varios casos de varias comunidades, ya hemos votado a favor de otras comunidades y sabemos que hay más comunidades, pero que tengamos paciencia, quisiéramos nosotros tronarnos los deditos y resolver todo ese montón de problemas que nos heredaron, porque son problemas heredados, comunidades de nos han mencionado de 40 y 50 años esperando. Y, claro, verdad, yo entiendo que a todas las comunidades que al mismo tiempo se les resolviera a todos, pero vamos paso a paso”, afirmó el diputado Felipe Interiano, de Nuevas Ideas, en la Comisión.

Luego de la visita de la directiva de la comunidad, los legisladores leyeron el proyecto de decreto y el presidente de la Comisión, Salvador Chacón, lo sometió a votación. Fue aprobado por unanimidad de los presentes.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró este lunes que aún no ha decidido si buscará la reelección para una diputación del departamento de San Salvador pero que no se postularía para la Presidencia de la República.

“Todavía no lo he definido. Lo estoy consultando, creo que hay varias cosas que tengo que toma en cuenta pero realmente yo estoy trabajando como que si voy a continuar. Pero es una decisión que todavía no he tomado y, así como soy yo que de repente un día puedo decir que sí, de repente puedo decir que no, pero yo sigo trabajando como que si estuviera. Mi trabajo no termina hasta el último día que fui electa”, expresó en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

Villatoro descartó postularse para la Presidencia de la República y aseveró que no tiene claro si Arena llevará candidato presidencial. “Le he preguntado al presidente del partido, sí tenemos conocimiento que hay personas interesadas, pero qué va a pasar al final, desconozco”, sostuvo.

Según la legisladora, “la situación no está lista para que una persona compita” para la Presidencia ya que “todo está dado para que continúe quien está” incluso en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade, dijo en enero de 2026 que la participación en las elecciones de 2027 será “completa”, con candidatos a presidente, diputados y concejos municipales.

Sin la reforma, dice NI hubiera perdido escaños

La diputada insistió en considerar como una maniobra política la reciente reforma al Código Electoral aprobada por Nuevas Ideas para evitar perder al menos tres escaños en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027.

La legisladora considera que, sin esa reforma al Código Electoral, Nuevas Ideas hubiera perdido dos diputados en Salvador y uno en La Libertad. La reforma otorgó seis escaños a la circunscripción de salvadoreños en el extranjero quitando cinco del departamento de San Salvador y uno de La Libertad, por lo cual Villatoro sostuvo que le están quitando representación a 500,000 salvadoreños que viven en San Salvador.

El partido de derecha actualmente tiene dos escaños legislativos, uno en San Salvador que ocupa Villatoro, y otro de La Libertad, que ocupa el diputado Francisco Lira pero considera que siempre tendrían representación legislativa.

El padre jesuita Miquel Cortés Bofffil, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala, ofició este lunes una misa para pedir por la liberación de la abogada y jefa de la unidad anticorrupción de la asociación Cristosal, Ruth López, quien fue capturada hace un año y se mantendría en prisión en la Granja Penitenciaria de Izalco en Sonsonate.

“Ruth también nos inspira, su resistencia y otras personas porque, miren, hay muchas personas, todavía Luis Pacheco y (Héctor) Chaclán están presos (Guatemala) y esperemos que vayamos superando esas situaciones y la reacción frente a la injusticia es la violencia y hemos visto que la violencia tampoco ha solucionado los conflictos”, comentó el sacerdote, en su homilía.

El padre Cortés afirmó que la búsqueda del respeto a la dignidad de las personas motiva a muchos como Ruth a “comprometerse a cambiar esas situaciones de injusticia a veces con el riesgo de la propia vida o de ser enjuiciada o ser privada de libertad”.

Instó a la unión pacífica, a tener esperanza “no ingenua” y a ver a Ruth López como mártir viva. “Tenemos que unirnos en pequeñas instancias de discernimiento y de acción, de una acción pacífica pero de una acción contundente que certifique esa fe en la vida y en la dignidad de las personas… Es muy significativo que recordemos a Ruth como alguien que es víctima pero nosotros no podemos caer en el victimismo, al contrario, revirtamos esa víctima eso en algo glorioso, en una mártir viva que nos testimonia la resistencia y la capacidad de superación de los conflictos desde una manera pacífica y sobre todo desde la verdad”, expresó.

En El Salvador, también el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) pidió, en un comunicado, la libertad inmediata de Ruth López, la libertad de todas las personas que guardan prisión política, el cese de la criminalización contra organizaciones sociales, comunidades, sindicatos, defensores de derechos, periodistas, abogados, académicos y voces críticas, el debido proceso y respeto a la presunción de inocencia, y la investigación independiente de las detenciones arbitrarias, desapariciones bajo custodia estatal, abusos judiciales y uso político del sistema penal.

A nivel internacional, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió levantar la reserva judicial al proceso, presentar las pruebas en su contra en una audiencia pública y garantizar el acceso a la defensa.

“Ruth López pasó años advirtiendo que el presidente Bukele estaba desmantelando las instituciones que protegen a los salvadoreños frente al abuso de poder. Lamentablemente, su propio caso es la prueba más clara de que tenía razón sobre la deriva autoritaria de El Salvador”, indicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, según el comunicado de la organización.

López fue detenida el 18 de mayo de 2025 en su domicilio, en redes sociales fue acusada de peculado por la Fiscalía salvadoreña pero su acusación formal la imputaba del delito de enriquecimiento ilícito relacionado presuntamente cuando asesoró al exmgistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas.

Según HRW, en diciembre de 2025, un juez prorrogó su detención provisional por seis meses adicionales hasta junio de 2026.

El 7 de junio de 2025, también cumple un año de haber sido capturado el abogado Salvador Enrique Anaya, un abogado acérrimo crítico del gobierno que pidió anular la inscripción de Nayib Bukele para su primera reelección.

La oenegé recordó en un comunicado emitido el lunes, desde Guatemala, que López demandó justicia en unos 50 casos emblemáticos como jefa anticorrupción de Cristosal pero que también coordinó el equipo legal que tramitó cerca de 75 demandas de habeas corpus de los venezolanos que envió el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

Mañana 19 de mayo inicia la vigencia de la interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que aclara que la pérdida considerada como gasto deducible debe estar registrada en la contabilidad «o registros especiales» del contribuyente y que, para deducir estas pérdidas, no será necesario que resulte impuesto computado.

La interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta fue publicada en el Diario Oficial del lunes 11 de mayo de 2026 e inicia su vigencia ocho días después, el 19 de mayo.

El artículo tuvo una interpretación auténtica el 29 de mayo de 2019 para aclarar que los costos y gastos para producción de la renta serán los costos de compra destinados exclusivamente al negocio, mermas o pérdidas en los sectores de industria, comercio o servicios.

La interpretación de 2019 se mantuvo agregando que la pérdida que puede ser gasto deducible deberá estar registrada “en la contabilidad o en los registros especiales del contribuyente” y que podrá ser admisible aunque no resulte impuesto computado.

El artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta regula la deducción que puede realizarse mediante el cálculo del costo y gasto necesario para la producción de la renta, de las mermas, pérdidas o gastos incurridos para la producción de renta. Con la interpretación se agrega que estas mermas deducibles deberán estar debidamente documentados y registrados en la contabilidad o en los registros especiales y que no será necesario que resulte impuesto computado.

Las nacionalizaciones y naturalizaciones salvadoreñas otorgadas a extranjeros por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) tuvieron una baja del 19.8 % en el primer trimestre de 2026.

En comparación con las 131 aprobadas en el primer trimestre de 2025, en el mismo periodo de 2026 se otorgaron 105, una diferencia de 26.

La disminución contrasta con el aumento del 279 % que tuvieron las nacionalizaciones o naturalizaciones de extranjeros durante la última década.

La nacionalización es válida únicamente para ciudadanos de origen centroamericano, mientras que la naturalización implica cumplir ciertos requisitos establecidos por las autoridades migratorias. Según la Constitución de la República, la nacionalidad salvadoreña por naturalización puede ser solicitada por personas originarias de un país hispanoamericano que tengan un año de residencia en el país, los extranjeros de cualquier origen que tengan cinco años de residencia, los que obtengan esa calidad del Órgano Legislativo y las personas extranjeras casadas con salvadoreños que tengan dos años de residencia en el país antes o después del matrimonio.

Residencias transitorias aumentan en 178 %

Sin embargo, la aprobación de residencias «transitorias» aumentó de 397 otorgadas en el primer trimestre de 2025 a 1,105 en el primer trimestre de 2026, un incremento del 178.3 %.

Una residencia transitoria se otorga para seis meses a trabajadores de temporada, transfonterizos, transnacionales de servicios, brigadistas médicos, entre otros.

Todo el resto de residencias de El Salvador tuvieron siempre un aumento, aunque en menor proporción. En general, las calidades migratorias otorgadas a extranjero han tenido un aumento del 50 %.

Así, la residencia definitiva aumentó en 47.4 % de 416 a 613 casos; la refrenda de la residencia definitiva aumentó en 49.3 % de 934 a 1,394; la residencia temporal subió en un 27 % de 1,100 a 1,397. Y la prórroga de residencia temporal, en un 30.1 %, de 488 a 601.

En El Salvador, una persona extranjera puede tramitar una residencia transitoria, temporal o definitiva según la Ley especial de migración y extranjería.

Los residentes transitorios o temporales pueden permanecer en El Salvador durante el periodo autorizado con sus prórrogas y deben abandonar el territorio al concluir su residencia; pero los residentes definitivos son personas extranjeras con derecho a permanecer en el país por tiempo indefinido y de realizar cualquier actividad lícita en igualdad de condiciones que los salvadoreños.

La residencia temporal es una autorización de hasta dos años prorrogable por igual periodo, esta puede ser otorgada a inversionistas extranjeros, personas de negocios, trabajadores transnacionales, rentistas, pensionados, deportistas, religiosos, trabajadores migratorios, estudiantes, académicos, científicos, representantes de organizaciones, entre otros.

Las residencias temporales pueden ser solicitadas por extranjeros si han recibido una oferta de empleo en El Salvador, si fue aceptado en una institución educativa o desea invertir o realizar negocios en el país, o si tiene familiares directos; también puede ser solicitada por inversionistas, pensionados, rentistas, accionistas, comerciantes individuales, cooperantes, víctimas de trata, razones humanitarias, religiosos y transnacional.

El director de Integración, Alejandro Gutman, aseguró que El Salvador está enviando un mensaje de paz al reunir embajadas de distintos países en un Festival que se denominó «Integrando culturas» y que reunió a embajadas de Estados Unidos, República Dominicana y Guatemala.

«Un mensaje de El Salvador para el mundo, hoy que se vive con tantos problemas, con tantas guerras y con tantos conflictos, me parece un mensaje de paz y de mucho amor, que está generando el pueblo salvadoreño descubriendo otras culturas. No han podido viajar en líneas generales las personas en las comunidades y esta es una manera de superar ese pasado donde estaban encerrados en sus comunidades, por esa violencia y hoy floreciendo», afirmó.

El funcionario mencionó que conversó con «muchísimos embajadores».

Durante la actividad las distintas embajadas participaron con espectáculos y colocación de stands con expresiones de sus culturas.

Una docente aseguró que el interés mayor como docente y estudiantes era conocer los stands de los diferentes países. «Permite que nuestros alumnos salgan de las comunidades, oportunidad que a veces no tienen con sus padres», afirmó.

Desde Cabañas, también otra maestra señaló que están «integrando a los diferentes centros educativos» con la actividad.

La Embajada de Estados Unidos fue una de las participantes que compartió en sus redes sociales su opinión sobre esta actividad.

«Gracias a la Dirección de Integración @integracionsv y junto a otras embajadas, vivimos una jornada llena de intercambio cultural, aprendizaje y convivencia durante el Festival Integrando Culturas. En el marco de la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, tuvimos el honor de compartir con salvadoreños nuestra cultura y el trabajo que realiza la Embajada en el país», indicó.

La abogada y creadora de contenido Bethy Arana se inscribió como precandidata a diputada por Santa Ana por el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) .

La aspirante, cuyo nombre completo es Sonia Elizabeth Arana Nosiglia, aseguró en declaraciones a a periodistas que en El Salvador se ha “quitado” el problema de las pandillas pero que se cometen violaciones a los derechos en las cárceles, hay inocentes en las cárceles, las instituciones no están cumpliendo con su labor y que los delitos contra la mujer han aumentado.

“Hemos retrocedido, una involución política en el Salvador estamos viviendo en estos momentos, no basta que se estén reduciendo los homicidios, hay que darle seguridad jurídica”, expresó, como razón de su postulación.

Arana Nosiglia fue candidata a diputada por el partido Cambio Democrático (CD) por el departamento de Santa Ana en las elecciones de 2012.

Así mismo, Ernesto Garay también se inscribió como candidato a diputado por Santa Ana. Garay aseguró que le apuesta a devolverle el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) de Santa Ana. También se presentó como precandidata Karla Reyes.

También se inscribió Carlos Ruiz, quien aseguró es empresario, como precandidato a diputado por Santa Ana por el FMLN. “Nunca una candidatura va a llegar tarde, es el momento propicio, estamos hablando de un retroceso en todos los aspectos en nuestro país”, expresó.

Óscar Negro, quien se inscribió como precandidato a alcalde de Santa Ana Centro, aseguró que “sería un alcalde para todas las comunidades” independientemente de la ideología y le devolvería “la identidad a la ciudad de Santa Ana”. “Lo primero es el que mete mano se va de la alcaldía. Hemos tenido una ciudad de odio. No vengo a criticar a los contrincantes, nosotros venimos con propuestas”, afirmó.

Los partidos políticos en El Salvador tienen hasta el 29 de julio para elegir a sus candidatos a presidente, diputados y concejos municipales en comicios internos. Ningún partido político, hasta la fecha, ha anunciado precandidatos a la Presidencia de la República.

Las elecciones se llevarán a cabo el 28 de febrero de 2027, año en el cual se tenían programadas únicamente las municipales y legislativas, pero en las que se realizarán presidenciales debido a que la Asamblea Legislativa y el gobierno decidió adelantarlas para extender el periodo presidencial a seis años, por lo que coincidirán.

La reforma electoral aprobada esta semana atrasó la última fecha para que los salvadoreños puedan inscribirse en el Registro Electoral, pasándolo de 180 a 90 días antes de elecciones. El Registro Electoral se conforma con los salvadoreños que obtienen su Documento Único de Identidad (DUI) emitido en territorio nacional o en el extranjero.

Si esta reforma al artículo 20 se aplica en el proceso electoral de 2027, el Registro Electoral cerrará el 30 de noviembre de 2026 y ya no el 31 de agosto de 2026, aunque la fecha oficial no ha sido publicada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hasta el viernes, las reformas aún no habían sido publicadas en el Diario Oficial.

El Código actual, antes de la reforma, establece que el Registro Electoral debe cerrar 180 días antes de las elecciones. Ello no aplicaba para el Registro de Salvadoreños en el Exterior (Revel) ya que un decreto transitorio aprobado el 24 de febrero permite que los salvadoreños en el extranjero realicen «inscripción por primera vez o modificación de su domicilio en el DUI hasta 90 días antes de la fecha establecida por el Tribunal Supremo Electoral para las votaciones electorales de presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales en el año 2027».

Sin embargo, con la reforma aprobada el jueves 14 de mayo al artículo 20 del Código Electoral, el Registro Electoral en general cerrará 90 días antes de la fecha de elecciones.

Cambios de domicilio hasta seis meses antes

La reforma también da más tiempo, de manera permanente, a las modificaciones de direcciones o domicilios en el Registro Electoral, ya que se podrán hacer hasta seis meses antes de las elecciones.

En el Código actual se establecía la fecha límite para cambios hasta un año antes de la fecha electoral. Sin embargo, un transitorio permitió extenderlo hasta el 27 de abril de 2026. Si la reforma se aplicara en el actual proceso electoral, las modificaciones pudiesen realizarse hasta el 28 de agosto de 2026.

El decreto transitorio aprobado el 24 de febrero permite realizar modificaciones de domicilio hasta 90 días antes de las elecciones, es decir, el 30 de noviembre de 2026.

La reforma al Código Electoral otorga un periodo de 365 días antes de las elecciones para poder inscribir anticipadamente jóvenes que estarán por cumplir 18 años antes de las elecciones.

El artículo 20 establece que el registro electoral no podrá experimentar modificaciones que no busquen corregir errores evidentes en los padrones electorales o para hacer efectivas cancelaciones de personas fallecidas o inscripciones fraudulentas.

Pero también incluye la posibilidad de hacer modificaciones en este periodo «para inscribir aquellas personas que adquieran la mayoría de edad en el periodo comprendido entre los 365 días hasta un día antes de la elección, siempre que tales personas hayan solicitado su respectivo Documento Único de Identidad previo a la citada suspensión del proceso de inscripción».

Esto ampliaría el plazo en el cual los jóvenes podrán adelantar su trámite de solicitud de primer DUI, para garantizar su ingreso al Registro Electoral.

El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), Fernando Velasco, explicó que reforma al artículo 20 del Código Electoral “amplía el margen de participación de jóvenes” y no duda en que aumentará la cantidad de jóvenes aptos para realizar el trámite por adelantado.

“En ese periodo comprendido entre el 1 de septiembre a un día antes de la fecha electoral, eran alrededor de 50,000; hoy, tomando en cuenta los 365 días que establece este proyecto de reforma, se amplía a un total de 110,108 jóvenes que estarían aptos para realizar el trámite de preenrolamiento”, informó.

El plan de preenrolamiento electoral apenas ha logrado 4,459 trámites de más de 50,000 que pueden hacerlo. La mayoría lo ha realizado a través de jornadas móviles y en menor cantidad acudiendo a los duicentros.

El preenrolamiento es la solicitud anticipada de Documento Único de Identidad (DUI) que pueden hacer los jóvenes que cumplirán 18 años desde un día después del cierre del Registro Electoral, el 1 de septiembre de 2026, hasta un día antes de las elecciones, el 27 de febrero de 2027.

El objetivo es que estos jóvenes puedan ser incorporados en el registro electoral de las próximas elecciones y puedan ejercer su voto aunque el Registro Electoral haya cerrado el 31 de agosto de 2026.

Para realizar el proceso, el joven debe presentar un documento con fotografía, como carnet de minoridad, pasaporte o licencia de conducir juvenil. Si no tiene documento con fotografía, debe presentarse con uno de sus padres o dos testigos con DUI. En territorio nacional, el trámite es gratuito.

El Salvador se sumó el sábado a una declaración conjunta en la que Guatemala, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron la víspera «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático» en Bolivia, donde protestas de sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace 11 días.

La adhesión de El Salvador y Guatemala fue informada en la red social X por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

«Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025», señaló el comunicado que también fue difundido este viernes.

Los diez países latinoamericanos manifestaron su «preocupación por la situación humanitaria en Bolivia» debido a las protestas que han generado desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población y expresaron su «solidaridad» con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, y el pueblo del país andino.

«Exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social», enfatizó el comunicado conjunto.

Sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace once días, principalmente en el departamento boliviano de La Paz y la ciudad vecina de El Alto, como medidas de protesta para exigir la renuncia de Paz.

El Gobierno de Bolivia aseguró el sábado que hará todo «esfuerzo» para evitar un «derramamiento de sangre», luego de que la Policía y las Fuerzas Armadas de ese país iniciaran una operación conjunta para despejar las principales carreteras.

El Gobierno boliviano ha denunciado un «plan macabro» supuestamente diseñado por el expresidente del país Evo Morales (2006-2019) para «romper el orden constitucional» y que presuntamente está «financiado» por el narcotráfico, una acusación que el exmandatario rechazó.