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La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos a favor para incorporar en el presupuesto 2025 un total de $785,600 proveniente de un préstamo del gobierno de Italia para un programa de jóvenes en situación de vulnerabilidad, que será administrado por la Dirección de Integración, dirigida por el argentino Alejandro Gutman.

La aprobación de la modificación presupuestaria se dio en la sesión plenaria de este martes, dependencia del Ministerio de Gobernación, los fondos fueron incorporados al presupuesto del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los fondos provienen de un acuerdo financiero entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Italia con la entidad financiera Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., por $6,136,079.67 ($6.1 millones) para el «Programa de prevención y de rehabilitación de jóvenes en riesgo y en conflicto con la ley».

Serán utilizados para dar servicios de consulta médica (medicina general), programas de formación técnica para el trabajo, cursos laborales-vocacionales en las áreas de panadería, electricidad, fontanería, elaboración de productos artesanales, actividades a la que ya se dedica la Dirección de Integración.

Según el proyecto de presupuesto 2026,La Dirección de Integración aumentará su presupuesto a $26.3 millones para 2026 y tiene $16.2 millones asignados para 2025.

Este crédito también serviría para la contratación de consultores técnicos y administrativos para la gestión del Programa.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó reorientar $113 millones que serán distribuidos en 13 instituciones del Estado, con una reforma a la Ley del presupuesto general del Estado 2025.

La diputada Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra, mientras 57 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados.

Sin ninguna discusión, los diputados aprobaron este martes reorientar los fondos, el mayor monto son $32 millones que van para la Presidencia de la República.

También serán reforzados el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, y el Ministerio de Turismo, para actividades que no se detallan en la solicitud.

Hacienda no detalló si los fondos provienen de préstamos o de recaudación tributaria. Únicamente detalló que provienen de asignaciones disponibles.

Así se distribuirán los $113 millones

1. Presidencia de la República: $32 millones.
2. Agricultura y Ganadería: $26 millones.
3. Seguridad Pública y Justicia: $17 millones.
4. Relaciones Exteriores: $10 millones.
5. Fiscalía General de la República: $8 millones.
6. Economía: $6.5 millones.
7. Cultura: $3.8 millones.
8. Turismo: $2.6 millones.
9. Educación, Ciencia y Tecnología: $2.5 millones.
10. Procuraduría General de la República: $2 millones.
11. Obras Públicas y de Transporte: $2 millones.
12. Medio Ambiente y Recursos Naturales: $500,000.
13. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $190,000.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa autorizó el martes la garantía soberana del Estado para respaldar un préstamo de $17.18 millones que servirá para construir una cúpula envolvente de la terminal de pasajeros en el Aeropuerto del Pacífico, que se construirá en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión.

Votó en contra de la autorización la diputada Cesia Rivas, de Vamos, quien está supliendo a Claudia Ortiz.

El crédito será otorgado por el Instituto de Crédito Oficial, entidad público empresarial de España a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

La cúpula envolvente de la terminal beta del Aeropuerto del Pacífico es “una casqueta esférica de aproximadamente de 21 metros de altura con una cubierta de 4,550 metros que presentará dos grandes aperturas acristaladas a los lados que funcionarán como acceso y como fuente principal de iluminación”.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, “no es un adicional” sino que “forman parte del presupuesto inicial” del Aeropuerto.

Navarro elogió los proyectos en el oriente del país. Dijo que el periférico Gerardo Barrios “es un proyecto maravilloso” y que el proyecto de Punta Mango “es parte de las estrategias del presidente”.

El legislador aseguró que “todas las personas que viven” cerca en Honduras les “va a ser más cercano tomar un avión en el Aeropuerto del Pacífico”.

“Una vez que esté finalizado el Aeropuerto del Pacífico será un lugar estratégico para que nuestros hermanos hondureños puedan tener una oportunidad más dentro de nuestro país ya que el aeropuerto está situado en Loma Larga, en el departamento de La Unión, aproximadamente a una hora y 15 de la frontera de El Amatillo”.

Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

Aseguró que hay “una buena parte de salvadoreños en el exterior” que vienen del oriente del país y ahora tendrán la opción “para aterrizar en el nuevo Aeropuerto del Pacífico”.

El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que se trata de un “crédito productivo”. Aseguró que la construcción generará un encadenamiento productivo en el departamento de La Unión con la reactivación del Puerto de la Unión Centroamericano, lo que consideró un plan sólido que poco a poco “se va materializando”.

Por su parte, Reinaldo Carballo, diputado por el PDC, aseguró que el Aeropuerto generará empleos para los jóvenes.

“Y vamos a tener la oportunidad para que grandes empresarios salvadoreños como don Roberto Kriete puedan también poner una ensambladora en oriente, porque tenemos la capacidad técnica, que generará por lo menos unos 9,000 empleos”, exhortó al presidente de Avianca.

El pedecista agregó que “muy pronto” en el Puerto Centroamericano La Unión se “va a iniciar la construcción de un astillero” “para construir barcos y darle mantenimiento a barcos de todo el mundo”.

La Asamblea Legislativa autorizó el martes en sesión plenaria al Ministerio de Hacienda que firme el contrato de crédito por $65 millones para construir tres puentes, mejorar o construir plantas de tratamiento de aguas en plazas, construir o intervenir miradores, aceras y ciclovías, en el Puerto de La Libertad.

La autorización se aprobó con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. La diputada de Cesia Rivas, de Vamos, votó en contra.

“Van a ser intervenidas aceras, miradores, ciclovías y hay un punto muy importante que es la mejora de unos puentes solicitados por la ciudadanía de la zona, los puentes del río Huiza, El Palmar y El Zonte”, dijo la diputada Sandra Interiano, de Nuevas Ideas.

Recordó que con el crédito financiarán la ampliación a dos a cuatro carriles de 8.5 kilómetros desde la residencial Xanadú hasta El Zonte, en La Libertad.

Luego de la autorización, el préstamo debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa y posteriormente debe aprobar su incorporación en el presupuesto, cuando se lo solicite Hacienda.

¿En síntesis, a qué se destinaría el préstamo de $65 millones del BCIE?

1. Ampliación de la carretera CA-2 de dos a cuatro carriles en un tramo de 8.2 kilómetros, desde la residencial Xanadú hasta El Zonte, sobre la vía costera Surf City de La Libertad.
2. Construcción de puentes sobre el río Huiza, en el cantón Melara, así como en El Palmar y en El Zonte.
3. Mejoramiento de sistema de alcantarillado y sanitario, y tratamiento de aguas residuales en las playas El Majahual, San Blas, El Cocal, Conchalío, San Diego y Cangrejera.
4. Construcción de sistema de alcantarillado y sanitario y tratamiento de aguas residuales en San Diego, Cangrejera, y caseríos Melara, Santacruz y San Alfredo.
5. Construcción de aceras y bahía para autobuses.
6. Miradores.
7. Zonas de estacionamiento.
8. Retornos en U.
9. Ciclovías: incorporación de carriles para bicicletas.
10. Antenas para monitoreo y evaluación del tráfico.

Sin proponer a algún candidato específico, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche del lunes un dictamen favorable para que el pleno elija al procurador de derechos humanos que fungirá entre el 16 de octubre de 2025 hasta el 15 de octubre de 2028.

Luego de entrevistar a los cinco candidatos, entre estos la procuradora Raquel Caballero de Guevara y el dirigente sindical Roswall Solórzano, quien según la diputada Cesia Rivas, en el reporte entregado a los diputados, apareció con cinco procesos en la Fiscalía General de la República de los cuales cuatro están «archivados» y uno está abierto. Solórzano le respondió el caso informado como «activo» está «archivado».

Públicamente aún no se conoce cuál será el nombre propuesto por Nuevas Ideas. En las elecciones de funcionarios de segundo grado, las propuestas del partido oficial coinciden con las que realizan los partidos aliados, PCN y PDC, pero estas las dan a conocer hasta en el pleno legislativo.

¿Quiénes son los candidatos a la PDDH y qué dijeron a los diputados?

1. Raquel Caballero de Guevara: actual procuradora de derechos humanos, elogió el sistema carcelario actual, dijo que no ha recibido ninguna denuncia sobre algún caso de tortura en El Salvador y defendió la reserva de información sobre los viajes que ha realizado como procuradora. Elogió la situación de seguridad actual.

Puede leer: “No he recibido ningún caso de tortura”, dice procuradora; diputada le menciona 402 casos denunciados en CIDH

2. Carolina María Hernández de Hernández (ha sido jefa del departamento de denuncias de la PDDH): dijo que tendría una PDDH cercana a la población, elogió el régimen de excepción. Consideró que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos emite resoluciones para los Estados “de carácter moral” y los Estados deben deben cumplir las recomendaciones. Propuso crear un número único de atención para atención integral. Aseguró que la población tiene derecho a conocer qué está haciendo el procurador de derechos humanos como los viajes y cuáles serán los beneficios.

3. Roswal Gregorio Solórzano Hernández (dirigente sindical y colaborador en Unidad de Monitoreo del Órgano Judicial). Dijo que tiene “179 organizaciones sociales”, que participa en una asociación de “abogados populares” y que están “incursionando” también en el tema migratorio. Defendió el régimen de excepción. Dijo que hay que valorar “el daño colateral” y “la realidad que está viviendo el pueblo salvadoreño en este momento”. Criticó reclamos de organizaciones que sostienen captura de personas inocentes sin revisar los “expedientes”, criticó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hay que revisar el sistema interamericano, revisen cómo está conformada la CIDH”, dijo.

La diputada Cesia Rivas aseveró que Roswal Solórzano tiene cinco expedientes en Fiscalía General de la República, cuatro archivados y un activo por “desacato y divulgación de la imagen de persona protegida”. Rivas le pidió explicar el caso activo.

“Ese expediente está archivado, lo juro frente al pueblo”, dijo Solórzano. Añadió que un juez de San Miguel lo denunció porque él dijo que el funcionario maltrató a empleados pero añadió que un fiscal le notificó en abril pasado que el caso quedaba archivado.

4. Walter Edgardo Fuentes Rodríguez (procurador de defensa pública penal): como primera acción haría una revisión al cuerpo legal “desfasado” con un “FODA”, propuso la creación de defensorías móviles y un comité para la atención integral a víctimas de desapariciones forzadas. Dijo que haría mesas de trabajo interinstitucionales para hacer propuestas al Estado salvadoreño, ante la pregunta si presentaría una ley de justicia transicional. También propuso capacitación en Inteligencia Artificial y transparencia.

5. David Oswaldo Escobar Meléndez (juez de cuentas en la Corte de Cuentas): propuso una “reingeniería”, uso de herramientas tecnológicas, promoción de derechos humanos, interrelación con el Ministerio Público y mantener «la mejor comunicación» con las instituciones del Estado. No quiso opinar sobre la reserva de información de los viajes de la actual PDDH dirigida por Raquel Caballero de Guevara. «Hay factores para hacer una reserva de información, no podría yo decir si se ha hecho una reserva excesiva», arguyó.