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Instituciones financieras públicas y privadas otorgaron créditos a municipios por un total de $53.6 millones, de los cuales el 86 % fue otorgado por el Banco Hipotecario de El Salvador, según el informe de endeudamiento municipal publicado por el Ministerio de Hacienda.

De los $53,632,600 contratados por las municipalidades durante el año pasado, el Banco Hipotecario les otorgó $46.1 millones, a una tasa de interés promedio de 9.9 % anual y un plazo promedio de 146.4 meses, es decir, 12.2 años.

Los acreedores privados que otorgaron fondos a las municipalidades son cajas asociadas a Fedecrédito, que otorgaron $4.1 millones a una tasa promedio de 13.2 % y un plazo promedio de 180 meses; bancos privados, que otorgaron $2.5 millones a una tasa de 9 % y un plazo de 84 meses, en promedio; y bancos de los trabajadores, que otorgaron $900,000 a 13.5 % de interés y un promedio de 120 meses o 10 años.

Las municipalidades que recibieron créditos durante el último año fueron siete: San Salvador Centro, San Salvador Este, La Paz Este, Santa Ana Norte, San Salvador Sur, San Vicente Norte y La Libertad Sur.

El Banco Hipotecario otorgó a San Salvador Centro un préstamo de $20 millones a una tasa de interés del 9.3 % anual y un plazo de 96 meses; se destino para consolidación de deudas, según el informe.

El mismo banco también otorgó un préstamo de $15.6 millones a una tasa de interés del 10 % y un plazo de 180 meses al municipio de San Salvador Este.

Así mismo otorgó al municipio de La Paz Este un total de $7.97 millones a una tasa del 10 % y un plazo de 180 meses. Y, en cuarto lugar, Santa Ana Norte también recibió un crédito por $2,530,000 a una tasa del 10 % y un plazo de 96 meses.

Las instituciones que integran Fedecrédito otorgó diferentes créditos a municipalidades: la caja de crédito de San Francisco Gotera otorgó $700,000 a San Salvador Sur y $600,000 a San Vicente Norte; la caja de crédito de Concepción Batres le otorgó $1 millón a San Salvador Sur; la caja de crédito de Ciudad Barrios otorgó $500,000 a San Vicente Norte y $145,000 a San Salvador Sur.

La caja de crédito de Sonsonate otorgó $400,000 a San Vicente Norte; la caja de crédito de Jucuapa otorgó $200,000 a San Vicente Norte y $130,000 a San Salvador Sur; la caja de crédito de Ciudad Arce, $300,000 a San Vicente Norte, y la caja de crédito de Juayúa, $150,000 a San Salvador Sur.

De la banca privada, únicamente el Banco Cuscatlán otorgó $2.5 millones a La Libertad Sur, a una tasa de 9 % anual y 84 meses de plazo; y de los bancos de trabajadores, el Banco de los Trabajadores Salvadoreños otorgó $500,000 a San Salvador Sur a una tasa de 13.5 % y un plazo de 120 meses; y el Primer Banco de los Trabajadores de Santa Ana, $400,000 también a San Salvador Sur.

El destino principal, un 90 %, de la deuda adquirida por los concejos municipales fue la consolidación de deudas, equivalentes a $48.2 millones. Una porción menor fue destinada a infraestructura vial, $3 millones equivalentes a 5.7 %, proyectos de electricidad rural y urbanos, apoyo al desarrollo económico y otros.

La “Ley reguladora de endeudamiento público municipal” atribuye al Ministerio de Hacienda el control y registro de la deuda pública contratada por los municipios, así como la elaboración de informe. Las municipalidades debe informar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de cada uno de los créditos contratados a más tardar cinco días hábiles después de adquirido.

El informe da cuentas de la amortización a capital e intereses de la deuda, parte de la amortización se realiza por el Ministerio de Hacienda y parte la pagan las alcaldías.

El artículo 10 del decreto legislativo 204 aprobado el 9 de noviembre de 2021 como “Ley de creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios”, estableció que el Ministerio de Hacienda “asumirá la responsabilidad de realizar las transferencias de recursos para el pago de las cuotas que los municipios adeudan a las entidades financieros” y que continuará pagando las obligaciones pendientes “hasta su completa cancelación”. Esa ley inició su vigencia el 17 de noviembre de 2021.

Las municipales que adquirieron créditos durante el último año tienen los siguientes distritos:

• San Salvador Centro: San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo.

• San Salvador Este: Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonacatepeque.

• La Paz Este: Zacatecoluca, San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo.

• Santa Ana Norte: Metapán, Masahuat, Santa Rosa Guachipilín y Texistepeque.

• San Salvador Sur: Panchimalco, Rosario de Mora, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos.

• San Vicente Norte: Apastepeque, Santa Clara, San Ildefonso y San Esteban Catarina.

• La Libertad Sur: Santa Tecla y Comasagua.

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, exhortó al Gobierno a que apruebe una reforma de pensiones que beneficie también al sector informal, no solo a los empleados del sector formal.

“Conviene que se trabajen las reformas de las pensiones para ofrecer pensiones dignas y vitalicias no solo al sector formal sino para el sector informal”, indicó, el pasado 24 de marzo, en su homilía, en la 46º conmemoración de la muerte de san Óscar Arnulfo Romero.

Actualmente, únicamente reciben pensiones quienes han cotizado como empleados del sector formal de la economía, ya sea como empleados de instituciones estatales o empresas privadas.

El Gobierno salvadoreño se ha comprometido a diseñar y aprobar este año una reforma al sistema de pensiones, tomando como base un estudio, el cual fue publicado en diciembre de 2025. La propuesta de reforma debía publicarse a más tardar el 10 de febrero de 2026.

Se calcula que más de 779,000 salvadoreños trabajan en el sector informal de la economía según la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), un 45.2 %, una tasa de informalidad que ocupa el lugar undécimo a nivel mundial.

El Gobierno busca aumentar la formalización de las micro y pequeñas empresas. Uno de los pasos fue la reforma a la Ley
Ley de fomento, protección y desarrollo de la micro y pequeña empresa (MYPE) que obligará a las MYPE a presentar su declaración de impuesto sobre la renta o de ingresos por venta, para poder mantenerse en el registro y facilidades crediticias.

El estudio actuarial, publicado en diciembre, recomendó buscar «fuentes de financiamiento adicionales» para cumplir con los compromisos previsionales futuros y estimó un déficit previsional equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el período 2024-2070. Además, proyecta el agotamiento de la CGS en 2029, así como un rápido agotamiento de las cuentas individuales de la mayoría de los jubilados a partir de 2024.

En el sistema de pensiones salvadoreño hay dos regímenes, uno privado sostenido por las cotizaciones de los trabajadores salvadoreños afiliados a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y otro público, que prácticamente solo tiene jubilados y muy escasos cotizantes.

En el sistema de pensiones privado, hay 2.1 millones de afiliados activos y 137,000 jubilados. De estos últimos, el 57 % recibe una pensión mensual de $400. Este sistema funciona mediante cotizaciones que los trabajadores –con aporte de sus empleadores– destinan a dos cuentas: la Cuenta de Ahorro Individual para Pensiones (CIAP) y la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), la cual asegura una pensión vitalicia.

Hasta diciembre de 2024, el total de ahorros de los cotizantes en las AFP llegaba a $15,836.8 millones. De este monto, el 73.02 % ($11,563 millones) está invertido en instrumentos del Estado, que los toma para financiar el pago de pensiones del Sistema de Pensiones Público (SSP).

Por otro lado, el sistema público cuenta con solo 1,400 afiliados activos frente a 86,500 jubilados. Debido a este desequilibrio, depende de subsidios estatales que se financian mediante la deuda de pensiones.

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, no descartó la búsqueda de una candidatura presidencial, legislativa o municipal.

«A partir de ahora, de que ya la Comisión Electoral Especial ha hecho el llamado a las elecciones, pues, cualquier afiliado y ciudadano puede adoptar a un cargo, la decisión que voy a tomar la voy a tomar en su momento, bien reflexiva, tranquila, no tengo prisa», indicó Manuel Flores, el lunes, en conferencia de prensa.

Flores aseveró que en el territorio «mucha gente» le pide que se postule como candidato a diputado de la Asamblea Legislativa, otros le han solicitado que se postule como candidato a presidente de la República pero que otros le han solicitado no participar. Según Flores, él puede incluso postularse para concejal suplente o candidato a alcalde.

Las elecciones en El Salvador se desarrollarán el 28 de febrero de 2027, con presidenciales, ya que fueron adelantadas de 2029 a 2027 debido a una reforma constitucional que extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y que a la vez habilitó la reelección presidencial indefinida.

El FMLN ha venido perdiendo votos desde 2019, año en el que ganó la presidencia Nayib Bukele.

En 2019, el FMLN perdió 1,118,411 votos respecto al caudal obtenido en la segunda vuelta presidencial de 2014, cuando compitieron Salvador Sánchez Cerén y Norman Quijano, y también perdió 60,355 votos en comparación con las elecciones legislativas de 2018.

En 2024, el partido de izquierda también perdió 185,122 votos, lo que representó una caída del 47.55 %, al pasar de 389,289 votos en las presidenciales de 2019 a 204,167 votos en 2024. Ello también implicó una pérdida de 1,149,833 votos respecto a su mayor caudal, alcanzado en 2009 con Mauricio Funes, cuando obtuvo 1,354,000 votos.

El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa, y los magistrados Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos, coordinadores de auditoría, jurisdiccional y administrativo, y directores verificaron el Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, informó la institución.

El plan de fiscalización del uso de vehículos nacionales 2026 se realizará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

Sosa manifestó que el objetivo es “garantizar que los vehículos del Estado sean utilizados exclusivamente en actividades oficiales al servicio de la ciudadanía”.

Según el comunicado de prensa, Panameño reiteró que han desplegado 200 auditores en puntos de control estratégicos en todo el país. “Nuestros equipos verifican que los vehículos circulen con una misión oficial autorizada, que el conductor justificar su uso y que porten placas y distintivos institucionales visibles”, explicó.

Por su parte, el magistrado Flores Ramos manifestó que buscan verificar “el buen uso de los fondos públicos y asegurar la correcta utilización de los vehículos del Estado porque tiene un mayor impacto prevenir que actuar cuando ya esté cometido un acto de corrupción”.

La institución no informó cuántos vehículos nacionales han detectado sin los permisos correspondientes, los lugares y los conductores.

El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss) reformó el acuerdo de ampliación de competencias para la prestación de servicios y venta de información, el cual desde 2011 autorizó a la institución a prestar o vender productos como bases de datos y dar servicios como supervisión de obras públicas, análisis e investigación de problemas de ordenamiento urbano, entre otros.

En el artículo 4-A, la reforma establece que los servicios en venta “que no conlleven el ejercicio de funciones públicas de autoridad” o no impliquen “actos administrativos” vinculantes o reservados a otras instancias “podrán ser prestados por la Opamss a solicitud de cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, dentro o fuera del territorio de la República de El Salvador”.

El costo, que dependerá de la complejidad técnica, tiempo de ejecución, los recursos humanos, materiales, logísticos y administrativos, así como estudios de mercado, será aprobado por el director ejecutivo de la Opamss.

La reforma fue aprobada en acuerdo del Coamss, cuyo coordinador general es el alcalde Mario Durán, y secretario es Henry Flores, el 27 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial del 18 de marzo de 2026 y, por tanto, vigente desde el jueves 26 de marzo de 2026.

La Opamss puede prestar servicios profesionales como elaboración de planes de ordenamiento territorial, ambiental y gestión de riesgos, diseño y levantamiento de redes de infraestructura, estudios de movilidad urbana y asesorías sobre gestión integral de desechos sólidos, servicios internos donde se priorizan trámites como resoluciones inmediatas, asesorías preliminares, certificaciones de laboratorio de suelos y acreditación de experiencia profesional; capacitaciones y asesorías sobre principios y prácticas de planificación territorial, diseño de tramitología, diseño y montaje institucional.

El secretario general del partido opositor y exgobenante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, defendió este lunes falta de acceso a periodistas a una convención extraordinaria en la cual el partido de izquierda levantó la prohibición que tenían los secretarios departamentales, municipales y el general, incluido el adjunto, de postularse a cualquier cargo de elección popular.

El dirigente de izquierda, quien no descartó postularse para cualquier cargo de elección popular a disputarse en las elecciones 2027, fue preguntado por un periodista por qué no se le permitió el acceso a periodistas a la convención extraordinaria del FMLN.

Flores respondió que “las convenciones del FMLN son privadas”. “Nunca ha tenido acceso a la prensa una convención, nunca, porque nunca ha sido convocadas”, argumentó.

Las elecciones en El Salvador se desarrollarán el 28 de febrero de 2027, con presidenciales, ya que fueron adelantadas de 2029 a 2027 debido a una reforma constitucional que extendió el periodo presidencial de cinco a seis años.

La derogación aprobada en esa convención suprimió el artículo 89, que exigía a los secretarios adjuntos y generales, secretarios y directivos departamentales y municipales que renunciaran a sus cargos partidarios para poder postularse a cualquier cargo de elección popular, es decir, presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes, síndicos y concejales, renunciar al cargo o pedir un permiso ante el Consejo Nacional del partido político. La coordinadora de la Comisión Electoral Especial (CEE), Silvia Cartagena, defendió la derogatoria y dijo que busca «abrir los espacios» para que los afiliados puedan solicitar su inscripción a todas las candidaturas.

La ley exige cumplir principios democráticos a los partidos así como obligaciones de transparencia. El artículo 22 de la Ley de partidos políticos establece que son obligaciones de los partidos políticos a) Ajustar su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y las leyes; y g) Cumplir con las obligaciones que la presente ley establezca en materia de transparencia y acceso a la información.

El Movimiento “No a la minería, sí a la vida” pidió públicamente a la Asamblea Legislativa restablecer la prohibición de la minería metálica en el país, derogando la nueva Ley de minería metálica aprobada el 23 de diciembre de 2024 y vigente en El Salvador desde el 7 de enero de 2025.

Celebrando el noveno aniversario de la Ley de prohibición de la minería metálica, ahora derogada, el movimiento recordó que el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, pidió la derogatoria de la ley.

El arzobispo aseguró el pasado 24 de marzo pidió que se restablezca prohibición de la minería metálica pero también celebró que se haya “detenido” el proyecto de explotación en el país. “Expresamos nuestro beneplácito por haberse detenido el proyecto de explotación minera pero pedimos sin embargo la derogación de la Ley de Minería”, expresó.

El movimiento también pidió la derogatoria del acuerdo de comercio recíproco con los Estados Unidos que habilita a empresas estadounidenses a explotar la minería metálica en El Salvador. “Ese acuerdo pretende habilitar el almacenamiento de desechos radiactivos que son muerte pura para nuestro país”, dijo Mirna Perla, quien integra el movimiento.

También solicitaron que la Cámara Penal de San Vicente ratifique la absolución penal y que se revierta la condena civil para los procesados de Santa Marta.

“Estamos condenados a muerte, tenemos el ejemplo del río San Sebastián, las comunidades de San Sebastián de Santa Rosa de Lima, condenadas a muerte, no se puede recuperar”, dijo Miguel Ventura, de las Comunidades Eclesiales de Base, quien participó en la conferencia.

La nueva Ley General de Minería Metálica, sancionada por el presidente el 23 de diciembre de 2024, permite la exploración, explotación y extracción de metales, así como toda actividad minera metálica, en el suelo y subsuelo y en el dominio marítimo de El Salvador, sin necesidad de concesión aprobada por la Asamblea Legislativa.

La explotación minera podrá ser realizada por el Estado “a través de sociedades en la que posea participación accionaria y de economía mixta”. La ley no establece un mínimo de participación accionaria del Estado en estas sociedades. La ley prohíbe expresamente el uso de mercurio, aunque no del cianuro. El resto de sustancias deberán ser autorizadas por la Dirección de Minería.

El 30 de enero de 2026, Estados Unidos y El Salvador firmó un acuerdo de comercio recíproco que eliminó los aranceles para productos salvadoreños. Este acuerdo compromete a El Salvador facilitar la inversión estadounidense para explorar, realizar actividades mineras, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos, así como a la generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura, y establece condiciones “no menos favorables” que las otorgadas a los propios inversionistas de El Salvador y regula dichas inversiones de conformidad con el CAFTA-DR.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) derogó el domingo el artículo de sus Estatutos que prohibía postularse a cargos de elección popular al secretario general y adjunto, así como directivos o secretarios departamentales y municipales.

En la Convención Nacional extraordinaria, celebrada el domingo 29 de marzo, el partido de izquierda derogó el artículo 89 de los Estatutos por «mayoría amplia».

La derogación del artículo 89, según la coordinadora de la Comisión Electoral Especial (CEE), Silvia Cartagenda, busca «abrir los espacios» para que los afiliados puedan solicitar su inscripción a todas las candidaturas.

«Es para darle cumplimiento a las resoluciones del segundo Congreso del FMLN y la 45 Convención Nacional que se celebró en diciembre, de esta manera, dejamos establecido las condiciones para que en igualdad de oportunidades toda la militancia, pueda hacer su solicitud, como candidato, candidata, a cargos de elección popular», dijo esta mañana.

El artículo 89 exigía a los secretarios adjuntos y generales, secretarios y directivos departamentales y municipales que renunciaran a sus cargos partidarios para poder postularse a cualquier cargo de elección popular, es decir, presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes, síndicos y concejales, renunciar al cargo o pedir un permiso ante el Consejo Nacional del partido político.

El secretario general del FMLN no descartó este lunes postularse para cualquier cargo en juego en las próximas elecciones del 28 de febrero de 2026.

«A partir de ahora, de que ya la CEE ha hecho el llamado a las elecciones, pues, cualquier afiliado y ciudadano puede adoptar a un cargo, la decisión que voy a tomar la voy a tomar en su momento, bien reflexiva, tranquila, no tengo prisa», indicó Manuel Flores, conocido como «El Chino» Flores.

Según Flores, mucha gente le pide que se «candidatee» para diputado de la Asamblea Legislativa, otros le piden que se lance como candidato a presidente de la República y que otros le piden no participar. Mencionó que puede incluso postularse para concejal suplente o candidato a alcalde.

Las elecciones en El Salvador se desarrollarán el 28 de febrero de 2027, con presidenciales, ya que fueron adelantadas de 2029 a 2027 debido a una reforma constitucional que extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y que a la vez habilitó la reelección presidencial indefinida.

El decreto 533 de la ratificación del «Acuerdo de reforma constitucional número 6» fue aprobado y publicado en la edición del 26 de marzo de 2026 del Diario Oficial e iniciará su vigencia ocho días después, el próximo viernes 3 de abril de 2026.

El acuerdo ratificó la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución que prohibía las penas perpetuas en El Salvador: «Se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las procriptivas y toda especie de tormento».

Con la reforma, se instaura en El Salvador la cadena perpetua, como una pena, para los «homicidas, violadores y terroristas».

Así quedó el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución: «Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas».

La Asamblea aprobó la ratificación el 26 de marzo en la misma sesión plenaria en la cual reformó seis leyes para aplicar la pena perpetua con posibilidad de otorgar la libertad controlada a condenados por los delitos siguientes:

1. Homicidio simple
2. Homicidio agravado
3. Feminicidio
4. Feminicidio agravado
5. Violación
6. Violación agravada
7. Violación en menor o incapaz
8. Violación en menor o incapaz agravada
9. Pertenencia a organizaciones terroristas

La pena perpetua se aplicará a los autores y cómplices por igual, ya que es la única pena posible que posibilitará la normativa y podrá aplicarse a personas desde los 12 años de edad.

Con la reforma, los nuevos «jueces de lo criminal» tendrán la obligación de revisar la pena perpetua a todos los condenados a la misma, aunque estos sean pandilleros.

La reforma al Código Penal establece que la primera revisión obligatoria, para una posible libertad controlada, se hará después de los 25 a 40 años de prisión, y posteriormente cada cinco años, para todos los condenados a cadena perpetua sin excepción.

Para aplicar la reforma se reformó el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica Judicial, la Ley Penal Juvenil, la Ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres (Leiv) y la Ley especial contra el terrorismo.

La Comisión Electoral Especial (CEE) del partido opositor FMLN convocó hoy a elecciones internas para elegir a sus candidatos a presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales, que participarán en los comicios de 2027.

«La CEE convoca a toda la militancia registrada en el padrón de afiliados a celebrar elecciones internas para elegir a sus diferentes candidaturas de elección popular», leyó este lunes, en conferencia de prensa, Silvia Cartagena la coordinadora de la CEE del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La CEE recibirá las solicitudes de los aspirantes para todos los cargos a partir del 18 de abril de 2026. El partido puso a disposición el número 6442-5409.

El domingo, el FMLN derogó el artículo 89 de los Estatutos del FMLN para que los afiliados, aunque sean dirigentes del partido puedan solicitar su inscripción como candidatos a cargos de elección popular para lograr una «igualdad de oportunidades».

Los partidos políticos tienen hasta el 7 de abril para convocar elecciones internas.

Hasta esta mañana, fantan las convocatorias de los partidos Nuevas Ideas, Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Democracia Salvadoreña y Partido Independiente Salvadoreño (Pais), de los partidos habilitados para votar.

Han convocado siete partidos políticos: Vamos, Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Fuerza Solidaria y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y el FMLN.