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Directores de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) declararon que han sido informados de manera verbal de la contratación de la empresa española INDRA Soluciones Tecnologías de la Información para la «logística, operatividad y tecnología para el desarrollo, implementación y ejecución» del voto en el extranjero en las elecciones presidenciales y legislativas de El Salvador de 2027, que se realiza de manera electrónica remota y presencial.

El sistema contratado será usado por los salvadoreños en el extranjero en la elección presidencial y de diputados de la Asamblea Legislativa el 28 de febrero de 2027.

La compra se adjudicó, mediante una contratación directa, el 13 de agosto de 2026 por $30.7 millones.

«Estamos esperando, en la parte institucional, ya nos comunicó el Tribunal Supremo Electoral que esa empresa fue la que ganó», dijo el director de la JVE por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Irving Sorto.

Sin embargo, a Sorto no le preocupa la contratación de la empresa para voto electrónico, sino de la auditoría.

«Lo que me preocupa el tema de la empresa que va a llevar el voto en el exterior, lo que me preocupa es conocer, ver y verificar la parte auditora, que va auditar el voto en el exterior», consideró, proceso en el cual, comentó, «hay muchas empresas interesadas».

En las elecciones de 2024, el TSE contrató a la estadounidense CGTS Corps., empresa especializada en auditorías de sistemas, desarrollo de software y auditorías electorales, pero los resultados de la auditoría fueron puestos bajo reserva.

«Eso es una deuda más que todo por los señalamientos que la población le hizo al excolegiado, una de las maneras de cómo lavarse la cara o por lo menos desmentir hubiese sido presentar la auditoría correspondiente a las elecciones pasadas, pero si usted lo esconde lo pone en reserva». Irving Sorto, director de la JVE, por el FMLN.

Por su parte, el director de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Ciro Alexis Zepeda, confirmó que fueron informados por la presidenta del TSE de la contratación de INDRA pero respondió que, como Junta, aún no han sido notificados.

«La contratación se hizo al final de esta semana (de INDRA), la próxima semana ya tenemos la reunión formal con el TSE, hemos sido informados por parte de la presidenta en una reunión en privado. La auditoría está pendiente de adjudicar». Ciro Alexis Zepeda, director de la JVE por el PCN.

El director de la JVE por el partido Vamos, Carlos Martínez, coincidió en que la JVE no ha sido notificada oficialmente de la contratación de la empresa para administrar el sistema de votación que usarán los salvadoreños en el extranjero el 28 de febrero de 2027 en la elección presidencial y de diputados de la Asamblea Legislativa.

La adjudicación se dio mediante contratación directa luego de una segunda convocatoria lanzada el 23 de julio de 2026. El contrato, según Comprasal fue firmado el 11 de septiembre de 2026 por $30,799,887.64, aunque el monto planificado y certificado ascendió a $32 millones.

Según. Comprasal también participaron en el proceso Inversiones Avilés, S.A.S. de C.V., EVoting, New Millennium S.A. de C.V., Juan Pablo Avelar Melgar y MQA E lSalvador, S.A. de C.V.

El monto de adjudicación superó en más de $4 millones al desembolsado por el órgano electoral a la misma empresa para las elecciones de 2024, para las cuales pagó $26,047,224.87 por la ejecución del voto electrónico en el extranjero en las modalidades remota por internet y electrónica presencial.

El Salvador es el país que más se siente representado por su Asamblea Legislativa o parlamento, aunque solo en el 35% de la población, de acuerdo al informe Latinobarómetro 2026.

La mayoría de los latinoamericanos no se sienten representados por sus congresos: en promedio, un 76 % se declara no representado por sus diputados. Quienes se sienten representados por sus Congresos en los países de América Latina oscilan apenas entre el 9 % y el 35 % de la población de cada país.

Sin embargo, en el ranking de países, El Salvador aparece con la mayor proporción de población que se siente representada: un poco más de la tercera parte.

El promedio de la población que dice sentirse representada por su Órgano Legislativo es apenas el 22 %.

No se sienten representados por sus diputados el 61 % de la población de El Salvador, el 65 % en Costa Rica, el 73 % en México, el 77 % Honduras, el 83 % Guatemala y el 90 % Perú.

«Claramente el parlamento como espejo del sistema político está en problemas», indica el informe que mide la aceptación o rechazo hacia la democracia o inclinaciones hacia regímenes autoritarios.

El estudio encontró que casi un tercio de la población latinoamericana cree que «la democracia puede funcionar sin partidos y sin congreso».

Aunque a seis de cada diez salvadoreños no les importaría que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas, el 26 % indicó que la democracia puede funcionar sin congreso o Asamblea Legislativa, un 34 % sin oposición y únicamente el 17 % sin elecciones.

El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto para autorizar la transferencia de 50 camiones pesados de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) a la empresa estatal Constructora El Salvador, S.A. de C.V., una empresa que ejecuta proyectos de inversión financiados con recursos estatales o de otras fuentes de financiamiento y de la cual la DOM es accionista mayoritaria.

El objetivo es obtener más contratos y desarrollar obras de gran magnitud a nivel privado y estatal en el país o en el extranjero, para que la empresa obtenga «utilidades que una vez entregadas a la DOM le otorgarán la capacidad de ampliar la cantidad de obras que realiza en beneficio de los municipios” del país.

Los bienes por transferir son 50 camiones pesados marca Sany año 2025, todos con placas nacionales, comprados el 10 de febrero de 2026 por un valor individual de $115,081.02, totalizando $5.7 millones.

Constructora El Salvador, S.A. de C.V., es una sociedad anónima estatal constituida el 28 de abril de 2023.

En octubre de 2023, la Asamblea Legislativa también autorizó otra transferencia de bienes de la DOM por $14.1 millones, equipo por $12,085,169.22 y dos plantas asfálticas por $2,076,700. En esta ocasión se incluyeron excavadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras, compactadoras, concreteras, vibradores de concreto, martillos demoledores y otros. Uno de los argumentos de los diputados de Nuevas Ideas para realizar la transferencia fue el esperado aumento de ganancias para la DOM y que esta está habilitada a formar parte de sociedades.

En esa ocasión, la oposición preguntó quiénes son los accionistas de la nueva empresa y si eran funcionarios públicos. Una reforma de 2023 permitió que funcionarios o empleados públicos sean contratistas del Estado cuando solo tengan hasta 0.05 % de las acciones. La DOM, accionista mayoritaria de Constructora de El Salvador, se financia de ingresos corrientes del Estado, asignaciones del Fondo General de la Nación y de préstamos.

La Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) rechazó este sábado la propuesta para ampliar la jornada laboral de 8 horas diarias establecida en el Código de Trabajo de El Salvador y aseguró que el artículo 52 de la Constitución establece que los derechos laborales son «irrenunciables».

«Trabajar ocho horas al día es una demanda de hace más de un siglo en El Salvador, documentos muestran las demandas obreras desde 1911», dijo Wilfredo Preza, directivo de Agepym, en una conferencia de prensa.

Una de las propuestas consideradas en el Consejo Superior del Trabajo (CST) es ampliar de 8 a 11 horas diarias la jornada ordinaria laboral reduciendo los días de trabajo a cuatro y aumentando a tres días de descanso semanal. El CST recibió unas diez propuestas de reforma en una consulta sobre cambios a jornada laboral.

«No tenemos acceso al estudio, solo un grupo muy reducido, que les llaman a la Unidad Sindical Salvadoreña», aseguró el presidente de Agepym, Roswal Solórzano.

Señaló que en Europa ahora se está proponiendo una jornada semanal de 44 horas a 36 horas semanales, ya que se determinó que el costo por darle atención médica a los trabajadores por el estrés laboral que supera la posibilidad de poder reducir la jornada laboral. «Mientras en Europa se reduce de 44 a 36 horas la jornada laboral, en El Salvador se incrementa la jornada laboral de lunes a jueves a 11 laborales», sostuvo.

Con la reforma, según el representante de Agepym, se estarían vulnerando principios fundamentales como la salud ocupacional, la jornada máxima ordinaria, y los contratos individuales y colectivos.

«Le pedimos al presidente de la República que, si hay un interés de modernizar los horarios laborales, sea congruente con lo que la Unión Europea está desarrollando», afirmó el titular de Agepym.

Pidió respetar el artículo 52 de la Constitución de la República establece que los «derechos adquiridos por la clase trabajadores son irrenunciables» y argumentó que los derechos laborales no ser regresivos sino que deben ser progresivos.

La suspensión de la cancelación definitiva del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170,000 salvadoreños habría sido influida no solo por gestiones del gobierno de El Salvador, sino también de sectores de la construcción que consideraban clave la mano de obra salvadoreña, incluso en la construcción del salón de baile de la Casa Blanca, según una publicación de The New Yorker.

En el artículo, publicado el 30 de septiembre, se sostiene que la Casa Blanca suspendió «discretamente» una orden que ya estaba «sobre el escritorio» del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin: el fin del TPS para El Salvador.

Esa suspensión, según el reporte de Jonathan Blitzer, fue «una medida adoptada tras meses de gestiones por parte de la industria de la construcción y otros grupos de interés».

El artículo cita al medio Político para indicar que el gobierno de Nayib Bukele «abogó» por más tiempo, ya que si bien se resistía a defenderlo para resultar su éxito en seguridad fue «probable» que advirtiera las consecuencias económicas de la deportación de los tepesianos a El Salvador.

Pero también sostiene que «cabilderos de la industria de la construcción» presionaron a Trump ya que dependen de mano de obra de tepesianos, la mayoría salvadoreña, y que tres fuentes «conocedoras» aseguraron que la Casa Blanca recibió advertencias de que la cancelación del TPS afectaría proyectos de construcción del salón de baile presidencial aunque oficialmente la empresa constructora lo negó.

Recientemente, el medio estadounidense Político informó que la Casa Blanca frenó abruptamente la decisión del DHS para poner fin al TPS para los salvadoreños, ya que el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habían autorizado un aviso para terminar el programa, y también había dicho que empresarios habrían pedido a la Casa Blanca suspender la cancelación.

“Texas tiene la segunda población salvadoreña más grande después de Los Ángeles, y en términos de cuánto tiempo ha existido esta población, estos son empleados conectados con algunos donantes de muy alto nivel y líderes empresariales que se han acercado al presidente y a altos funcionarios”, fue citado también una fuente «cercana» a la administración de Trump.

El TPS tenía como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2026 para El Salvador. El DHS y la USCIS publicaron que se mantiene la protección a los beneficiarios del TPS de El Salvador así como sus autorizaciones de empleo.

El Estado entregará un nuevo certificado a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) en abril de 2027 para pagar la mayoría de los intereses dejados de pagar durante un periodo de gracia, a lo largo de 46 años en cuotas semestrales a partir de octubre de 2027 a una tasa de 7 % anual y, esta vez, sin periodo de gracia.

Las AFP adquirirán este certificado en donde quedarán invertidos la mayor parte de los intereses devengados por los ahorros de los cotizantes invertidos en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) tipo C negociados luego de la reforma de 2022, y que gozaron un periodo de gracia de cuatro años luego de la reforma de 2022.

El gobierno salvadoreño, que solo ha previsto $250 millones de gasto previsional para 2027, se comprometió a pagar los intereses acumulados pero no pagados a los fondos privados de pensiones devengados de abril de 2023 a abril de 2027, de acuerdo con el informe del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las revisiones segunda y tercera del acuerdo con El Salvador del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), publicado el 1 de octubre.

Según el FMI, a finales de octubre de 2027, con la emisión de más Certificados de Obligación de Pensiones (COP) se transferirá «progresivamente» la responsabilidad del pago de la deuda de pensiones del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) al Tesoro.

El FMI explicó, en su informe, que la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022 suspendió por cuatro años –hasta abril de 2027– el pago de intereses de la deuda estatal de pensiones originada de 1998 con la privatización de las pensiones para financiar subsidios a las pensiones.

El periodo de gracia fue una de las nuevas condiciones que se establecieron luego de la reforma de 2022 que reestructuró la deuda de pensiones que había hasta esa fecha, por $8,400 millones, en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Según el FMI, la mayor parte de la deuda «se convirtió en CFT-C», que se amortizan mediante pagos semestrales iguales de capital e intereses durante 50 años con una tasa de interés del 7% y tienen un período de gracia de cuatro años para el pago de intereses y la amortización (de capital), que finaliza en abril de 2027.

El gobierno salvadoreño se ha comprometido con el FMI a impulsar una reforma de pensiones con el fin de disminuir la dependencia estatal de estos recursos para sus obligaciones previsionales y también para aumentar la liquidez de dichos fondos, y así disminuir las vulnerabilidades del sistema de pensiones y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Ello se debe a que las AFP están obligadas por la Ley integral del sistema de pensiones de 2022 a adquirir los Certificados de Obligación de Pensiones (COP) emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) para financiar las pensiones del sistema público, que constituyen el 1.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) según el FMI.

Aunado a ello, el FMI suma a las vulnerabilidades del sistema es que el gobierno financia sus obligaciones previsionales con nuevos COP y cubre subsidios no financiados con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) del sistema privado. La CGS es financiada con cotizaciones de los trabajadores que guardan sus ahorros para sus pensiones en las AFP.

«Las contribuciones de los trabajadores a las AFP y los rendimientos de los activos de las AFP —que se están volviendo cada vez más ilíquidos— apenas son suficientes para financiar las pensiones tanto en el sistema privado como en el sistema público heredado. Para salvaguardar la liquidez, el gobierno debería reducir la emisión de COP (estableciendo límites máximos a las emisiones) y realizar progresivamente pagos en efectivo de la deuda de pensiones, con el objetivo de que, hacia 2040, las COP solo se emitan para financiar las pensiones restantes del sistema público heredado», recomienda el FMI en su informe del 1 de octubre.

El Fondo sugiere una reforma paramétrica, «que reduzca gradualmente los subsidios a las pensiones no financiados y fortalezca el vínculo entre las cotizaciones y las prestaciones» para «contener» la deuda de pensiones, «mejorar la liquidez del sistema» y «reducir los pasivos fiscales contingentes a medio y largo plazo».

La conformación de la Comisión Electoral Permanente (CEP), la autoridad electoral de Vamos, es un tema de discordia entre la secretaria general del partido la diputada suplente Cesia Rivas, y la diputada propietaria Claudia Ortiz, quien también es dirigente y secretaria de asuntos económicos del instituto político.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) avaló la conformación de la CEP presentada por Rivas un día antes de que una Asamblea Nacional Extraordinaria convocada por Ortiz y otros dirigentes conformara otra CEP, el 27 de septiembre.

La CEP elegida por la Asamblea Nacional convocada por Rivas y otros dirigentes está conformada por Sandra López como presidenta de la CEP, Fredy Blanco como secretario y Fátima López como vocal. Esta integración fue presentada por Rivas el 24 de septiembre y cuya inscripción fue aceptada por el Tribunal Supremo Electoral en una resolución en la cual también extendió por seis meses la dirigencia de Vamos.

La CEP elegida por la Asamblea Nacional convocada por Ortiz y otros dirigentes está conformada por Sandra Barillas, Sandra López, Jacob Montano y Victor Chicas.

El pasado 27 de septiembre, Ortiz argumentó que los estatutos del partido indican que la Asamblea Nacional Extraordinaria debe ser convocada por el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del partido «cinco días antes» de su realización, por lo cual ella y otros dirigentes convocaron el 22 de septiembre para una Asamblea Nacional el 27 de septiembre. Para ella, la convocatoria realizada por Rivas y otros dirigentes fue realizada «de un día para otro».

«Las reuniones que dieron como desenlace la Asamblea Nacional y esa inscripción que vimos esta semana (la presentada por Cesia Rivas ante el TSE) no tienen validez porque no fueron realizadas bajo los procedimientos que los estatutos establecen», argumentó Ortiz, contra la CEP presentada por Rivas ante el TSE y cuya inscripción ordenó el Tribunal el 26 de septiembre.

La Asamblea Nacional que se argumenta que se realizó esta semana fue convocada de un día para otro. Los estatutos son claros y acabamos de dar lectura donde dice que una Asamblea Nacional Extraordinaria tiene que realizarse cinco días antes, no de un día para otro. Sin ese requisito, es inválida». Claudia Ortiz, directora de asuntos económicos y diputada propietaria de Vamos.

Por su parte, Rivas argumentó que el CEN omitió el plazo de cinco días y que tienen la facultad para hacerlo en caso de urgencia, por lo cual lo dejaron en constancia en el acta de la sesión del CEN.

«Los estatutos establecen que debe haber cinco días, dependiendo de la sesión que hay. En el Consejo Ejecutivo Nacional, nosotros también tenemos las facultades que en caso de urgencia y necesidad nosotros podamos omitir plazo», argumentó.

En este caso, estábamos por omitir plazo. Eso consta en el acta, por lo cual tiene toda la validez y la convocatoria es como debe ser». Cesia Rivas, secretaria general y diputada suplente de Vamos.

Rivas argumentó que la CEP presentada por ella ante el TSE y cuya inscripción ordenó el órgano electoral fue «nombrada, ratificada y juramentada» por la Asamblea Nacional. «Lo que pasa es que se están argumentando cosas porque no eran parte del CEN en ese momento y desconocían», dijo.

El Tribunal Supremo Electoral prolongó por seis meses el periodo de la dirigencia del partido Vamos electa en 2023 y que finalizaba el 25 de septiembre de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un promedio de 4.7 en toda América Latina y un cercano 4.6 en El Salvador en el informe de Latinobarómetro, presentado este viernes, que pidió a los latinoamericanos evaluar a diferentes líderes y presidentes.

Trump recibe su mayor nota, 6.2, en República Dominicana y Venezuela; y su peor puntaje, de 2.8, en México, en una escala del 0 al 10.

La mayoría de los salvadoreños, un 69 %, sin embargo, tienen una opinión muy o algo favorable de Estados Unidos, país que tiene su mejor imagen en República Dominicana, donde llega al 81 % y su más baja simpatía en Uruguay, con el 43 %.

La desaprobación de la gestión internacional de Trump resultó bastante alta, ya que solo un 34 % la aprueba y un 59 % de los latinoamericanos no la aprueba. En el caso de El Salvador, solo un 28 % aprueba la gestión internacional de Trump, mientras un 65 % la desaprueba.

El estudio también midió la percepción de la influencia china y estadounidense. En promedio, la influencia de Estados Unidos es considerada positiva para el 57 % de los latinoamericanos y la influencia de China es considerada positiva para el 65 %.

Un 72 % de los salvadoreños considera positiva la influencia china y un 64 % considera positiva la influencia estadounidense. El Salvador es el segundo país que mejor evalúa la influencia de la nación asiática después de Costa Rica.

“Llama la atención que el 72% de los salvadoreños califique como positiva la influencia de China, dada la cercanía de Nayib Bukele con Donald Trump”, indica el informe.

Según el informe, un 79 % de salvadoreños están en desacuerdo con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras un 71 % estuvo de acuerdo con la captura de Nicolás Maduro. También un 37 % está de acuerdo con el embargo a Cuba y un 41 % en desacuerdo.