Categoría: Politica

  • Gobierno disuelve el Instituto de Legalización de la Propiedad y traslada funciones a Vivienda

    Gobierno disuelve el Instituto de Legalización de la Propiedad y traslada funciones a Vivienda

    El Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) deberá transferir todos los archivos, expedientes, bases de datos, credenciales, accesos, códigos fuentes de sistemas informáticos, documentos físicos o digitales y otros activos al Ministerio de Vivienda, durante los primeros tres meses del año 2025.

    Así lo dicta el decreto ejecutivo 31 emitido por el presidente Nayib Bukele el 17 de diciembre de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025.

    En el acuerdo para disolver el ILP, el presidente Bukele consideró que deben «dar un paso a la modernización» y habla de una «visión que permita concentrar las diferentes dependencias existentes para asegurar una administración más coordinada, consistente y eficiente».

    Según el artículo 4 del decreto, el ILP indemnizará al personal no indispensable. La institución posee aproximadamente 80 empleados, que serán evaluados por el Ministerio de Vivienda para considerar su «continuidad de las competencias» o «para las necesidades organizacionales y administrativas del Ministerio de Vivienda».

    El patrimonio y los activos también serán transferidos al Ministerio de Vivienda.

    Dan nuevas atribuciones de Vivienda

    Al Ministerio de Vivienda le fueron agregadas tres atribuciones relacionadas a la actividad del ILP: brindar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a familias de escasos recursos y dar asistencia técnica a instituciones para la legalización de inmuebles, facilitar la legalización de inmuebles en tugurios y zonas marginales en lotificaciones no autorizadas que requieren regularización, y ejecutar procesos de legalización de derechos de propiedad.

    Estas nuevas atribuciones fueron aprobadas por el Consejo de Ministros a través de una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el 17 de de diciembre de 2024, mismo día en que se decretó la disolución del ILP.

    El ILP fue creado en 1991 como una institución descentralizada adscrita a la Presidencia de la República para dar asistencia técnica en el registro de inmuebles para familias de escasos recursos económicos y a cargo de un director nombrado por el presidente de la república. Ese año, se creó el programa “El Salvador país de propietarios” para beneficiar a poseedores de lotes en tugurios y zonas marginales.

    Fue a partir de 1994 que se aprobó una reforma para que el ILP fuera dirigido por un Consejo Directivo integrado por cinco miembros, de Vivienda, Obras Públicas, Planificación, Justicia y la entonces Secretaría Nacional de la Familia.

    A partir de una reforma en 2012, al ILP también se le facultó para ejecutar y dirigir los procesos de regularización de los derechos de propiedad, así como calificar de interés social los proyectos destinados a personas de escasos recursos económicos.

    Una reforma posterior pasó el ILP de Presidencia al Ministerio de Vivienda.

    El ILP tuvo un presupuesto de $1,545,941 durante el año 2024, de los cuales $1.2 millones se destinaron para remuneraciones, $225,941 para bienes y servicios, $23,930 para gastos financieros y $7,130 para activos fijos. Del total, $934,755 provienen del gobierno y $611,186 de convenios.

    La institución realiza mediciones de inmuebles, elaboración de planos, inscripción de documentos, escrituraciones, mantenimientos catastrales, actos previos a la escrituración, aprobación técnica de planos, análisis jurídicos, entre otros. Durante 2023, el ILP realizó 1,214 escrituraciones individuales según su memoria de labores.

    Actualmente, su Consejo Directivo está presidido por la ministra de Vivienda, Michele Sol de Castro.

  • Tres condiciones para profundizar relaciones con la gestión Trump en EE.UU. según exasesor en Senado

    Tres condiciones para profundizar relaciones con la gestión Trump en EE.UU. según exasesor en Senado

    Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, parte del panel en la presentación del Índice de Riesgo Político 2025, explicó que los países que quieran profundizar su relación con Estados Unidos deben cumplir tres condiciones ante la «presión enorme y riesgos significativos» que implicará la gestión Trump para América Latina.

    Alinearse con «los intereses» de EE.UU., reducir la dependencia de China e involucrarse en las iniciativas de seguridad de Estados Unidos son las condiciones mencionadas.

    El informe Riesgo Político 2025 define el año 2025 como «un año decisivo para América Latina» por la «incertidumbre global que general el regreso de Trump», quien asume el gobierno estadounidense el 20 de enero.

    Los autores del informe sugieren «ponerle lupa» a Centroamérica, Venezuela, México, Nicaragua y Argentina. En el caso de América Central, advierte que las deportaciones masivas –que podrían afectar a 11 millones de inmigrantes– y las restricciones a las remesas «podrían incrementar la inestabilidad» en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

    Meacham, quien fue parte del personal para América Latina del senador republicano Richard Lugar en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, aseguró que pese a los «desafíos» «hay oportunidades» y definió tres áreas o condiciones que «tendrían que poder alcanzar los países que quieren tener relaciones con Estados Unidos más profundas».

    1. Alineación estratégica con los intereses de Estados Unidos. Aseguró que Argentina y El Salvador tienen esa afinidad pero que países como Brasil y Colombia, con «estrechos lazos con China van a tener una situación difícil».

    2. «La participación en iniciativas de seguridad regional liderada por Estados Unidos van a recibir mayor apoyo de los Estados Unidos».

    3. «Diversificación económica, países que tratan de reducir su dependencia económica de China y explorar nuevos acuerdos bilaterales con Estados Unidos pueden beneficiarse de una relación con Estados Unidos».

    Un enfoque más punitivo y transaccional

    Meacham señaló que el regreso de Trump implicará «un enfoque más transaccional» entre EEUU y América Latina, en torno a restricciones comerciales, deportaciones masivas y competencia geopolítica con China.

    Según el experto, las relaciones comerciales de la región cambiarán con el retorno de Trump al poder, de un enfoque cooperativo “hacia uno más punitivo y transaccional”.

    “Su administración ha demostrado una preferencia de acuerdos bilaterales utilizando aranceles como herramienta de negociación”, advirtió, ejemplificando las amenazas de aranceles del 25 % contra Canadá y México para re-equilibrar el comercio hacia Estados Unidos.

    El regreso de Trump al poder traerá un enfoque más transaccional, unilateral, en las relaciones entre EEUU con América Latina, estos desafíos girarán en torno a restricciones comerciales, deportaciones masivas y competencia geopolítica con China, sin embargo, las oportunidades que mencioné para estabilizar asociaciones estratégicas son las más básicas para la administración Trump y es importante que la región conozca con mucha claridad”.
    Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

    Según el experto, América Latina enfrenta «riesgos significativos» ante la administración Trump debido a una «política exterior que profundiza el unilateralismo, el transaccionismo y el expansionismo de Estados Unidos».

    «Esto incluye amenazas a la estabilidad regional a través de imposiciones arancelarias, políticas migratorias y reclamaciones territoriales, como recuperar el control del Canal de Panamá, anexar partes de Canadá y Groenlandia”, explicó.

    Aseguró que estas actitudes de Estados Unidos «no solo alinean a socios comerciales clave sino también crean tensiones en la OTAN colocando a América Latina en una posición precaria entre los intereses de Estados Unidos y China».

    Deportaciones como «herramienta de negociación»

    Señaló que la deportación, que afectaría a 11.7 millones de personas que viven en EEUU sin estatus legal, plantean «una presión enorme sobre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, que van a estar en lucha para reintegrar a los migrantes retornados», además de que advirtió que la interrupción de las remesas «crearía una inestabilidad económica y social significativa en Centroamérica y México».

    Meacham augura que probablemente «la administración Trump va a usar las deportaciones como herramienta de negociación para avanzar en sus prioridades políticas».

    Aseguró que también la región sentirá los efectos del «enfoque más militarizado» con planes anunciados para expulsar a migrantes ilegales.

  • San Salvador Centro aprueba $253.4 millones para 2025: ¿cómo se distribuirán?

    El concejo de San Salvador Centro –San Salvador, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Cuscatancingo y Ciudad Delgado– aprobó, el 18 de diciembre de 2024, un presupuesto de $253.4 millones para el año 2025.

    Un total de $52 millones de los fondos disponibles para este año provienen de impuestos, $90.3 millones de tasas y derechos pagados por los capitalinos, $82.6 millones de financiamiento y $7.7 millones de contribuciones especiales.

    Una cantidad menor, $4.1 millones, provienen del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes).

    ¿Cómo se distribuye el gasto en San Salvador Centro?

    Distrito de San Salvador
    Remuneraciones: $38.7 millones.
    Bienes y servicios: $47.3 millones.
    Gastos financieros: $3.7 millones.
    Transferencias corrientes: $46.1 millones.
    Inversiones en activos fijos: $61.8 millones.
    Total: $197,868,641.99

    • Centro de Formación Laboral de San Salvador: $1,44,038.12
    • Administración General de Cementerios de San Salvador Centro: $2,403,781
    • Comité de Festejos de San Salvador: $4,487,570.50
    • Administración municipal de mercados de San Salvador: $6,686,036.59.
    • Secretaría de Cultura de San Salvador: $2,541,825.
    • Secretaría de la Mujer y Familia de San Salvador: $2,812,132.
    • Instituto Municipal de Deportes y Recreación: $3,600,919.81.
    • Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos: 30,853,000.

    Distrito de Mejicanos
    Remuneraciones: $4.3 millones.
    Bienes y servicios: $6.3 millones.
    Gastos financieros: $149,347.
    Transferencias corrientes: $1.3 millones.
    Inversiones en activos fijos: $1.08 millones.
    Total: $13,341,887.31.

    Distrito de Ayutuxtepeque
    Remuneraciones: $738,022.36.
    Bienes y servicios: $1,744,854.81.
    Gastos financieros: $64,975.77
    Transferencias corrientes: $480,000.
    Inversiones en activos fijos: $71,505.28.
    Total: $3,320,709.33

    Distrito de Cuscatancingo
    Remuneraciones: $2.3 millones.
    Bienes y servicios: $3.1 millones.
    Gastos financieros: $78,646.77.
    Transferencias corrientes: $745,400.
    Inversiones en activos fijos: $777,638.86.
    Total: $7,089,717.32.

    Distrito de Ciudad Delgado
    Remuneraciones: $3.2 millones.
    Bienes y servicios: $8.09 millones.
    Gastos financieros: $161,579.
    Transferencias corrientes: $39,500.
    Inversiones en activos fijos: $6.5 millones.
    Total: $19,013,261.24.

    El concejo también aprobó, el 23 de octubre pasado, un incremento de su presupuesto municipal 2024 en $1,370,284.78, haciendo un total de $195,831,605.12, es decir, $195.8 millones.

    En el área de los ingresos se refuerza el endeudamiento público y de transferencias de capital. En el área de los gastos, también se modificaron asignaciones en adquisición de bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes y amortización de endeudamiento público.

    • Adquisición de bienes y servicios: se refuerza con $88,600.
    • Gastos financieros y otros: se refuerza con $12,791,817.73.
    • Transferencias corrientes: se refuerza con $1,098,035.78.
    • Amortización de endeudamiento público: se refuerza con $8,443,246.82.
  • Índice de Riesgo Político 2025 prevé inestabilidad por Trump y reordena los 10 riesgos en América Latina

    Índice de Riesgo Político 2025 prevé inestabilidad por Trump y reordena los 10 riesgos en América Latina

    La inseguridad y el crimen organizado, la corrupción y una nueva ola de deportaciones masivas son los primeros riesgos políticos de América Latina según el más reciente «Informe de Riesgo Político en América Latina 2024«, que advierte una incertidumbre por el inicio del gobierno de Donald Trump el 20 de enero.

    Según el informe, publicado este lunes el Centro de Estudios Internacionales (CEIUC), las políticas migratorias de Trump, como las deportaciones masivas y las restricciones a las remesas, podrían incrementar la inestabilidad en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, «exacerbando problemas de pobreza y violencia».

    El regreso de Trump al poder traerá un enfoque más transaccional, unilateral, en las relaciones entre EEUU con AL, estos desafíos girarán en torno a restricciones comerciales, deportaciones masivas y competencia geopolítica con China.
    Carl Meacham, exasesor del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU.

    El informe advierte que cinco de los primeros diez riesgos son factores geopolíticos: persistencia de la inflación, agravamiento del cambio climático, auge del proteccionismo, irrelevancia regional y escalada de conflictos bélicos.

    Estos son los 10 riesgos políticos en América Latina según el Índice de Riesgo Político 2025:

    1. Inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Se mantiene como riesgo número uno de la región de América Latina de 2024 a 2025.

    2. Aumento de corrupción e impunidad. Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales, advirtió que la lucha contra la corrupción está estancada y hay poca claridad de la relación entre política y dinero. Se mantiene como segundo riesgo político.

    3. Nueva ola migratoria y deportaciones masivas. La nueva ola migratoria y deportaciones masivas suben del quinto al tercer lugar como riesgo de carácter estructural.

    4. Democracia sin delivery y avance del autoritarismo. Baja de tercer a cuarto lugar entre el top 10 de los riesgos políticos de América Latina.

    Si bien Latinobarómetro muestra un alza marginal de dos a tres puntos en la valoración de la democracia sigue persistiendo que la mitad de los latinoamericanos son indiferentes al régimen político mientras el gobierno le resuelva sus problemas”.
    Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales.

    5. Desinformación y polarización tóxica. La desinformación y polarización tóxica, que promueve una política del insulto, un tema con el auge de de las redes sociales, aparece como quinto riesgo político más grave. Este riesgo no apareció entre los 10 riesgos políticos de 2024.

    6. Persistencia inflacionaria, que si no se resuelven los conflictos bélicos y hay un auge de proteccionismo, puede generar una presión inflacionaria.

    7. Agravamiento de cambio climático. Estaba en décimo y sube al séptimo lugar.

    8. Auge del proteccionismo. Una economía global que aumenta aceleradamente sus medidas proteccionistas, como una herramienta de presión política.

    9. Irrelevancia regional. Una política de “sálvese quien pueda”. “Brasil aspirando a hacer este G8, esta octava economía; Argentina con Milei buscando marcar una distinción ideológica, Petro en Colombia siendo un comentarista político distinto, lo mismo ocurre con Bukele, vemos poco ánimo de integración”, dice Jorge Sahd, director de Centros Estudios Internacionales.

    10. Escalada de conflictos bélicos. Se mencionan la guerra de Rusia en Ucrania y el conflicto entre Israel y Gaza como principales. El director de Centros de Estudios Internacional señala que «aquí será clave cómo serán los primeros 100 días en el gobierno de Trump, si tendrá una forma disruptiva de negociación».

  • Chino Flores anuncia que celebrarán 33 años de Acuerdos de Paz y habla de "llamado" a la Fuerza Armada

    Chino Flores anuncia que celebrarán 33 años de Acuerdos de Paz y habla de «llamado» a la Fuerza Armada

    El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, anunció este lunes que el partido de izquierda realizará diferentes actividades para celebrar y conmemorar los 33 años del Acuerdo de Paz firmado el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México.

    “Muchos se montaron en ellos para lograr sus propósitos de ser candidatos a alcaldes o diputados o lo que sea. Se montaron y celebraban los Acuerdos de Paz antes, levantaban su puño izquierdo y decían «vivan los Acuerdos de Paz», se vestían de rojo y enarbolaban la bandera del Frente, hoy son detractores y hablan del partido que les abrió las puertas”, dijo el dirigente de izquierda, en su programa «La voz del Chino Flores».

    Flores detalló que el 16 de enero a las 9:30 a.m. frente a la sede del partido político conocido como 1316 se realizará el evento principal en donde darán un mensaje sobre el 33 aniversario.

    “Vamos a convocar a los compañeros que puedan venir, recordemos que es un día laboral, pero ya hay compañeros que han verificado su participación. Están invitados, no solo gente del partido porque la celebración de los Acuerdos de Paz, si bien se firmó entre el gobierno y el FMLN, fue también un logro del pueblo que se cansó de la opresión de la dictadura militar”, afirmó sobre dicho acto.

    El excandidato presidencial agregó que posteriormente asistirá a otro evento en el local 229 de la Directiva Departamental de San Salvador del FMLN.

    Agregó que tendrán actividades en la sede distrital de Soyapango y en otras localidades de Chalatenango, Usulután, Morazán, Santa Ana y Sonsonate.

    Durante su programa, Flores aseveró que la población se manifestará contra la minería metálica, cuya prohibición está levantada en El Salvador desde el 7 de enero de 2025, luego de que la nueva Ley General de Minería Metálica fuera aprobada, sancionada y publicada en el Diario Oficial el lunes 23 de diciembre de 2024.

    Dentro de ese llamado, dijo que hacía un «llamado» a la Fuerza Armada de El Salvador vinculado a las protestas contra la minería.

    «Hoy piensan que militarizando la zona donde se va a extraer el oro la gente no se va a movilizar. Cómo no, la gente se va a movilizar. Ojalá el Ejército no vaya a disparar balas contra su pueblo. Yo hago el llamado, un llamado firme a la Fuerza Armada, que no se deje manipular por los poderosos, la Fuerza Armada está para defender al pueblo», exclamó Flores, a los 18 minutos de su programa de este lunes.

    El acuerdo de paz se firmó el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, luego de acordar la paz definitiva el 31 de diciembre de 1991 en Nueva York.

    El gobierno actual ha sido crítico de la firma de la paz de 1992. En diciembre de 2020, el presidente de la República, Nayib Bukele, quien funge su segundo quinquenio presidencial, opinó que la guerra y los Acuerdos de Paz fueron una farsa. «La guerra fue una farsa, mataron 75,000 personas de los dos bandos, incluyendo los mil aquí del Mozote, fue una farsa, como los Acuerdos de Paz. ‘¡Ay, está mancillando los acuerdos de paz’. Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas”, expresó en esa ocasión. «¿O qué beneficio le trajo los Acuerdos de Paz al pueblo salvadoreño?, fueron firmados el 16 de enero de 1992, ¿qué ganó el pueblo?, ¿tuvimos seguridad?, no, ¿tuvimos desarrollo social?, ¿tuvimos justicia?, ¿inversión en educación?, ¿salud?, ¿hubo algo?, no, lo que hubo fue lo mismo, 29 años han pasado desde la firma de esos documentos”, comentó el presidente en esa ocasión.

  • Gobierno prorroga por un año más este horario en las oficinas públicas

    Gobierno prorroga por un año más este horario en las oficinas públicas

    El ministro de Hacienda, Jerson Posada, emitió un acuerdo con el cual prorrogó el horario de las oficinas públicas de lunes a viernes en una jornada de siete horas desde 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

    Este horario estatal que inicia a las 7:30 a.m. y termina a las 3:30 p.m. inició el 7 de agosto de 2018 y se ha venido prorrogando desde entonces.

    El acuerdo inició vigencia el 1 de enero de 2025 y finaliza su vigencia el 31 de diciembre de 2025. Según este acuerdo, los trabajadores del Estado deben tomar sus alimentos de las 12:00 a las 12:40 de la tarde.

    En la prórroga aprobada en diciembre de 2023, el ministro argumentó es necesario mantener este horario por el incremento de la flota vehicular para no afectar las programaciones de las instituciones de gobierno en 2024. En el acuerdo de diciembre de 2024, no incluye dicho argumento.

    Este horario se aplicó por primera vez desde el 7 de agosto al 10 de octubre de 2005 por acuerdo ejecutivo 630 del 27 de julio de 2005 y se revirtió al horario habitual de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en julio de 2017 por acuerdo 1966 del 21 de diciembre de 2016.

    Sin embargo, el horario estatal de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. se adoptó de manera permanente en 2018, desde el 7 de agosto al 31 de diciembre de 2018, y se prolongó en 2019 por acuerdo ejecutivo 1025 del 24 de julio de 2018 y acuerdo 1959 del 18 de diciembre de 2018 y en años posteriores.

  • Más de 178,000 salvadoreños han sido depurados del registro electoral en cuatro años

    Más de 178,000 salvadoreños han sido depurados del registro electoral en cuatro años

    Al menos 178,870 salvadoreños han sido depurados del registro electoral desde enero de 2020 hasta abril de 2024, de acuerdo con los reportes de inscripciones y exclusiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

    El artículo 21 del Código Electoral establece que deben ser excluidos del registro electoral: ciudadanos fallecidos, los declarados muertos presuntos, los que hayan sido declarados como inhabilitados, inscripciones repetidas o fraudulentas.

    La normativa también indica que el Tribunal debe llevar una lista de las inscripciones y exclusiones de ciudadanos del registro, la cual debe ser publicada “sin expresión de causa” cada seis meses.

    El más reciente informe publicado tiene nueve meses de haber sido emitido por la autoridad electoral, que actualmente es dirigida por Roxana Soriano, propuesta por Nuevas Ideas y quien buscó una candidatura legislativa por ese partido en 2020.

    !function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»]){var e=document.querySelectorAll(«iframe»);for(var t in a.data[«datawrapper-height»])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();

    Más de 600,000 inscripciones

    Por otro lado, la institución electoral, en ese mismo período, ha realizado 603,191 incorporaciones de salvadoreños al registro electoral, que sirve como base para la elaboración del padrón para cada comicio.

    Los salvadoreños son incorporados al registro cuando cumplen 18 años o cuando recobran sus derechos políticos, luego de cumplir una condena por haber cometido algún delito.

    En total, el registro ha sufrido 782,061 modificaciones entre inscripciones y exclusiones en los últimos cuatro años, según consta en los registros del TSE divulgados en su sitio web.

    El último dato brindado por la autoridad electoral, señala que hasta el 5 de noviembre de 2023 habían 6,214,399 salvadoreños inscritos, entre connacionales en territorio nacional y en el extranjero.

    !function(){«use strict»;window.addEventListener(«message»,(function(a){if(void 0!==a.data[«datawrapper-height»]){var e=document.querySelectorAll(«iframe»);for(var t in a.data[«datawrapper-height»])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();

  • Pablo Bracamonte: "La superintendente tiene que actuar y pedir el fideicomiso"

    Pablo Bracamonte: «La superintendente tiene que actuar y pedir el fideicomiso»

    Uno de los grandes afectados del fraude en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L., Pablo Bracamonte, presidente de la junta directiva de los afectados, cree que el «Estado es el responsable de pagar esta deuda al Estado, el Estado es el garante.»nnBracamonte sostiene que, a partir de una declaración del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, la superintendenta del Sistema Financiero debería «pedir» un fideicomiso para devolver los fondos a los afectados con la intervención estatal.nnEl empresario no cree que haya devoluciones al 80 % de los socios de Cosavi como lo asevera la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), ya que asegura que solo los socios afectados organizados conforman un grupo de 350 personas y este no se ha reducido.nnPor su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que no ve razonable que la Asamblea Legislativa deba crear una Ley de Fideicomiso de apoyo a los afectados, sin embargo, añadió que en todo caso “sería interesante que la Superintendencia del Sistema Financiero lo proponga.”nnnnEl presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dice que está satisfecho por las cifras que da la SSF: en el caso COSAVI ya han atendido al 80.5 % y que solo falta un 20 %. ¿Qué dicen ustedes sobre eso?nnYo entiendo que la SSF lleva una estadística, pero a nosotros no se nos ha dado ningún tipo de información, pero no hemos visto ese porcentaje que están dando de un 80 %.nnYo no creo que estemos hablando de cifras económicas, de esa cobertura del 80 % porque, según el estado financiero de la memoria de labores, la cartera de préstamos era de $189 millones pero, si nos vamos a los depósitos de los clientes, suman $230 millones y, si yo le pongo 80 % a esa cifra, quiere decir que ya entregaron $184 millones, lo cual es ilógico.nnNo nos cuadra para nada que hayan pagado esa gran cantidad de dinero. Creemos que ellos están hablando de la cantidad de asociados que han cubierto, que es el 80 % de personas. Según la memoria de labores, son 10,000 personas las afectadas, entonces, si están hablando que ya cubrieron el 80 %, estamos hablando que ya cubrieron 8,000 personas, quedan 2,000 personas que cubrir. La falta de información hacia los asociados, la falta de comunicación de parte de la Superintendencia, hacia nosotros como asociados, nos hace ver nuestros recursos y hacer nuestras numeraciones para ver si cuadran los números, pero no nos cuadran.nnEl empresario Pablo Bracamonte, presidente de la junta directiva de afectados del fraude de COSAVI, sostiene que hay activos que podrían respaldar un fideicomiso. / DEM.nn¿La superintendente nunca ha accedido a reunirse con ustedes?nnNo, de hecho, hemos llegado varias veces a tratar de hablar con ella, le hemos puesto escritos administrativos y no nos dan acceso para poder entrar.nnEl diputado Castro también dice que cree en los números que presenta la SSF porque “hay pruebas”, pero da cierta apertura y dice que “si hay pruebas que es mentira, pues hay que estar abiertos a eso”. ¿Pueden demostrarlo?nnNosotros hemos recopilado información y tenemos socios. Sucede algo, yo tampoco puedo desmentir al diputado presidente porque, si él está diciendo eso, es porque tiene documentos que respaldan la información que él está dando. Pero yo le puedo decir algo, hay ahorrantes que llegaron a la capa, ahorrantes que tienen depósitos a plazo de $10,000, de $15,000, de $20,000nnLa capa actual es de $30,000…nnSí, y a ellos no les han entregado porque no han vencido, pero tampoco están recibiendo intereses de su dinero que está ahí adentro.nnPero la Superintendencia sí está recibiendo y captando intereses de los préstamos y que ya dijimos que, según el estado financiero, son $189 millones.nnEntonces, sí, yo le puedo ofrecer documentos que respaldan lo que le estoy diciendo y también tengo depósitos a plazo que están dentro de la capa pero no han vencido y, por eso, no los han pagado.nnEntonces, ¿estas personas están dentro del 80 % que mencionan? ¿Tienen esos fondos apartados o van a tener que esperar uno o dos años para que les entreguen? ¿Va a estar abierto COSAVI en dos años, tres años? Tiene que haber un plan para poder cubrir a los asociados y pagarles los montos. Documentos hay, todo es que nos sentemos.n

    n

    Platiquemos, veamos el plan que tiene la Superintendencia, confrontemos documentos. No vamos a entrar en una confrontación, no. Queremos ver el plan que se tiene.

    n

    nnAl mencionarle al presidente de la Asamblea, la iniciativa del fideicomiso que ustedes proponen, él cuestiona por qué la Asamblea tiene que intervenir en un contrato privado que se hizo entre privados.nnPrimero, agradezco al diputado Castro porque es primera vez que él se refiere al fideicomiso… El fideicomiso es una figura para poder cubrir a todos los asociados con el respaldo de nuestros activos. Nosotros vamos a dar los activos que dijo la Superintendencia del Sistema Financiero que había y que, además los respaldan todas las certificaciones y escrituras en el Centro Nacional de Registro, que suman $220 millones, aparte de los $189 millones en préstamos de la cartera de COSAVI, todo eso respalda el fideicomiso.nn¿Para qué sirve el fideicomiso? Para pagarnos a nosotros y la cartera la va a administrar la banca estatal. Y él (Ernesto Castro) dijo que sea la superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, que lo haga. Entonces, le pedimos, nosotros como afectados, a la superintendente del Sistema Financiero de hacer esa figura para liquidar al 100 % de los afectados que hace falta se les liquide. Dentro de ellos estoy yo porque a mí no me han dado ni cinco. ¿Y por qué lo va a hacer el gobierno? Porque la Ley de Cooperativas dice que es el Estado el que va a garantizar que el sistema financiero funcione en el país.nnEn cuanto al punto que fue un acuerdo privado entre privados, ¿entre los deudores de COSAVI hay alcaldías, entiendo?nnSí, dentro de la cooperativa COSAVI se hicieron préstamos millonarios para las alcaldías. Fueron 11 alcaldías de Nuevas Ideas que se llevaron $21 millones, según el reporte que tengo acá: la de Ilopango, con $1.3 millones; Comasagua, $3 millones; San Ramón, $1 millón; Nuevo Cuscatlán, $2 millones, Santa Tecla, $1.5 millones; San Luis La Reina, $2 millones; Soyapango, $1.9 millones; Santa Ana, $2.2 millones; Acajutla, $1.4 millones; Armenia, $2 millones; San Julián, $2 millones: todo suma $21 millones. El partido, las alcaldías hicieron préstamos, también tenemos donaciones que se hicieron al partido de gobierno.n

    n

    Entonces, hicieron uso de dineros privados y metieron sus manos en dinero privado, siendo entidades públicas y, si hicieron uso de eso hay que ser responsables, no nos podemos hacer los del ojo pacho.

    n

    nn¿Qué opinan de la reserva de información que hay sobre el caso COSAVI?nnSí, no tenemos acceso a la información, hoy es peor que antes, pero siempre ha sido así, lo que pasa que, hace como tres meses, el fiscal lo hizo público, pero la reserva viene para el caso de lo penal, para quienes están siendo procesados, pero la administrativa, financiera, mercantil, del dinero de los edificios, de lo que se está recogiendo, esa información tendríamos que saberla los socios.nnCastro mencionó que la superintendencia con los afectados trabajan conjuntamente, usted aclaró que no es así, ¿qué notificarían ustedes a la SSF?nnBueno, primero que se nos dé acceso para trabajar conjuntamente con la SSF, para ver de qué manera se están entregando esos fondos, ver el calendario que se tiene y confirmar que se está entregando, en qué fecha, en qué tiempo y los montos que se le va a entregar a todas las personas, para que todo quede liquidado y que este caso se cierre.nn¿Qué cómo se va a hacer? Bueno como lo dijo el diputado, que sea por medio de un Fideicomiso que presente la Superintendencia del Sistema Financiero, pero sí tenemos que ser garantes, que se cubra el 100 % de los afectados de COSAVI.nnSegún el presidente de los afectados del fraude en COSAVI, la cooperativa está recibiendo intereses por préstamos pero no los está pagando a los socios por sus ahorros. / DEM.nnUna cosa más, mucha gente, incluso en redes sociales dice que va caminando, ya hay una capa de $30,000, pero para quienes tienen $1 millón, ¿en qué momento recibirán la devolución de su dinero?nnPor eso retomo yo las palabras al diputado. Es que la solución no son las capas, con las capas va a llegar a un monto, digamos a $50,000 y que, con eso, se cubra el 90 %, y queda 10% y en ese 10 % está la mayor cantidad de dinero, que pueden ser $150 millones, pues, hagamos el fideicomiso y cancelemos ya todo.nnSi la superintendente no reacciona, ¿ustedes esperarían que sí los reciban en la Asamblea Legislativa, el presidente Castro?nnSí, sería excelente que el diputado Ernesto Castro nos pudiera recibir para poder plantear nuestra situación, pero yo creo que con lo que ha dicho el diputado Castro, la superintendente debe actuar y pedir el fideicomiso para cancelarnos.

  • Bukele expresa apoyo a lucha por la libertad de Venezuela

    Bukele expresa apoyo a lucha por la libertad de Venezuela

    El presidente de la República, Nayib Bukele, expresó este domingo

    su apoyo a la lucha por la libertad en Venezuela, donde el pasado 10 de enero, el dictador Nicolás Maduro tomó posesión por tercer período consecutivo en la silla edilicia venezolana.

    Ante ello, Bukele habló con María Corina Machado, quien escribió en su cuenta de X que el presidente salvadoreño “apoyó la lucha por la libertad del pueblo venezolano”.

    “Acabo de hablar con el Presidente Nayib Bukele,

    quien me transmitió su admiración y su apoyo a la lucha por la libertad del pueblo venezolano, así como su exigencia al respeto a la Soberanía Popular expresada el 28 de julio”,

    escribió Machado.

    Asimismo, la opositora recalcó, “le agradecí por el compromiso firme y solidario del pueblo de El Salvador y de su gobierno con nuestra democracia”.

    Por su parte, Bukele respondió en X el mensaje de la opositora, con dos emojis, uno de la bandera de El Salvador y otro de la bandera de Venezuela.

    Este domingo, Nicolás Maduro, afirmó que sostuvo recientemente un encuentro privado en Caracas con Nayib Bukele.

    Sin embargo, Bukele, crítico frecuente de las elecciones en Venezuela, respondió de manera sarcástica con un emoji de beso.

    Autoridades salvadoreñas, por su parte, recalcaron que dicha reunión no ocurrió.

    En julio pasado, tras el monumental fraude electoral de Maduro, Bukele, dijo que no restablecería relaciones con Maduro y condenó dicho fraude.

    «Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una 'elección' donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera», escribió el mandatario en la red social X.

    Bukele añadió que El Salvador rompió relaciones diplomáticas «con Maduro desde hace 4 años» y aseguró que estas no serán restablecidas hasta que el pueblo venezolano pueda «elegir a sus líderes en elecciones de verdad».

    Una delegación del FMLN participó desde el viernes en las actividades oficiales venezolanas.

  • Organizaciones marchan contra la minería, régimen de excepción y despidos

    Organizaciones marchan contra la minería, régimen de excepción y despidos

    Decenas de personas pertenecientes a organizaciones de sociedad civil marcharon este domingo desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Morazán, en el Centro Histórico para mostrar su rechazo contra la minería metálica en El Salvador y para pedir la liberación de inocentes capturados durante el régimen de excepción.

    En el marco de la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) exigió al gobierno la no aplicación de la minería en El Salvador, aunque la nueva ley ya fue sancionada y publicada en el Diario Oficial. Unas 200 personas participaron en la manifestación.

    En ese sentido, el presidente de Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), Ricardo Navarro, indicó que con la explotación minera «va a haber que desplazar miles de personas o habrá que deforestar hectáreas de terreno».

    «(Bukele) tendrá que tomar la decisión, o le da agua a la industria del oro o le da agua a medio millón de personas y agua que va contaminar la industria del oro, que la va a regresar después y va a terminar en el río Lempa del cual dependemos más de 2 millones de personas».

    Ricardo Navarro, presidente de Cesta.

    Navarro exhortó al mandatario salvadoreño «a reflexionar» sobre las consecuencias que negativas que traería al país la explotación minera.

    Por otro lado, Ivania Cruz, miembro de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidech), aseguró que los cuerpos de seguridad están jugando un rol «represivo» como en años anteriores. Cruz aseguró luego de 33 años de los Acuerdos de Paz hay «un retroceso total».

    «Denunciamos como Unidech la violación de derechos humanos en todos sus contextos. En las comunidades con amenaza de desalojo, en los despidos injustificados, en la persecución política, en las víctimas del régimen de excepción y ahora con esta nueva ley, de no a la minería tenemos después de 33 años un retroceso total».

    Ivania Cruz, miembro de Unidech.

    Cruz también hizo un llamado a la comunidad internacional «a defender esa conquista de los instrumentos internacionales que El Salvador ha ratificado» y aseguró que no quieren «más delitos de lesa humanidad y las muertes» en el marco del régimen de excepción.

    Organizaciones también pidieron la liberación de José Santos Melara, directivo de la Alianza El Salvador en Paz, quien fue capturado en junio. Además, familiares pidieron la liberación de inocentes capturados en el marco del Régimen de Excepción.

    Los asistentes portaban carteles en rechazo a los despidos de empleados públicos por el recorte de plazas en instituciones del gobierno, así como mostraron su descontento por la diminución de presupuesto en ramas de educación y salud.