Categoría: Politica

  • La candidata a alcaldesa de La Libertad Costa por Nuevas Ideas promete atender rezago en servicios

    La candidata a alcaldesa de La Libertad Costa por Nuevas Ideas promete atender rezago en servicios

    La candidata de Nuevas Ideas a la alcaldía de La Libertad Costa, Eny Aguiñada, aseguró que buscará trasladar los beneficios del desarrollo turístico y económico hacia las comunidades del municipio y afirmó que algunas enfrentan un rezago de hasta 40 años en servicios básicos.

    Durante una entrevista en Diálogo 21, la actual presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) señaló que combina sus funciones al frente de la institución con recorridos por los cinco distritos que integran el municipio para conocer las necesidades de sus habitantes.

    “Es un reto bastante importante y nosotros estamos poniendo a disposición toda la experiencia de siete años en la administración pública bajo un liderazgo del presidente Bukele y ahora que estamos haciendo estos dos roles verdad porque seguimos a cargo de la institución pero toca hacer territorio para conocer de primera mano todas estas necesidades que tienen estos cinco distritos”, expresó Aguiñada.

    La candidata afirmó que durante sus recorridos encontró comunidades con problemas de calles, alumbrado y acceso al agua, pese al crecimiento turístico experimentado por la zona.

    “Hay que empezar a resolver lo básico porque es lamentable ver como tenemos un retraso en la Libertad Costa en el sentido de calles, alumbrado, agua, que vienen a ser los servicios básicos que realmente la población debe de contar», sostuvo la aspirante edilicia.

    Aguiñada reconoció que hay desarrollo turístico y económico en el municipio pero señaló que «también necesitamos que las comunidades sean beneficiadas y esa es nuestra apuesta, podemos hacer que las comunidades también se estén beneficiando de todo ese desarrollo turístico y económico”.

    Aguiñada consideró que la inversión nacional y extranjera ha generado oportunidades de empleo en sectores como construcción, hostelería y restaurantes, pero sostuvo que ese crecimiento debe avanzar paralelamente con mejoras en la calidad de vida de las comunidades y en los servicios disponibles para sus habitantes.

    “Creo que aquí la apuesta bastante importante es que hay que seguir haciendo estos polos de desarrollo equilibrado pero también para las comunidades en la que hablo de ese desarrollo social es poner al centro todas esas decisiones de los habitantes por que cuando hay una desconexión entonces la comunidades dejan de ser escuchadas y dejan de ser el actor principal ante toda esta avalancha de desarrollo que viene, vienen muchos más proyectos, mucha más inversión pero necesitamos que las comunidades empiecen a avanzar al mismo nivel que el país está avanzando y esto también poniendo al centro a los habitantes de La Libertad Costa para que sean los primeros beneficiados en el tema económico”, sostuvo.

    La aspirante también destacó el potencial turístico y ambiental del municipio.

    “La Libertad Costa cuenta con una biodiversidad de flora y fauna increíble y ahora que estamos entrando en el último caserío, hasta la última lotificación, uno tiene las vistas panorámicas de verdad que te dejan boquiabierta y a parte la calidad de nuestra gente que siempre se caracteriza pero el potencial que hay para poder ayudarle a todas esas comunidades que por años han estado abandonadas”, afirmó.

    Aguiñada aseguró que continuará recorriendo los cinco distritos durante su campaña para acercarse a las comunidades y presentar su experiencia en la administración pública como parte de su propuesta municipal.

    “Yo soy una mujer de territorio que pone a disposición sus siete años de administración pública y espero de verdad llegar a esa comunidad de la Libertad Costa, vamos a recorrer los cinco distritos y espero conocerles muy pronto”.

    El municipio de La Libertad Costa es actualmente gobernado por el alcalde por el partido GANA, Rafael Ávalos, quien ganó las elecciones municipales de 2024.

  • La Corte Suprema realizará examen de notariado 12 y 13 diciembre

    La Corte Suprema realizará examen de notariado 12 y 13 diciembre

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció el martes que el examen de notariado 2026 se realizará los días 12 y 13 de diciembre bajo modalidad en línea, mientras el período para que los abogados interesados puedan inscribirse comenzará a finales de agosto.

    Según la información divulgada por la CSJ, las inscripciones estarán habilitadas desde el 29 de agosto hasta el 12 de septiembre. Los abogados deberán consultar la información oficial relacionada con el proceso mediante su Expediente Electrónico Único de Abogados.

    La prueba se desarrollará durante dos jornadas, el sábado 12 y domingo 13 de diciembre de 2026. La Corte indicó que los detalles oficiales para participar estarán disponibles en su plataforma electrónica destinada a los profesionales del derecho.

    El nuevo examen se realizará un año después de que la prueba de 2025 registrara un porcentaje de aprobación del 5.33 %, según un informe de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Información de la CSJ presentado a corte plena en diciembre pasado.

    En diciembre de 2025, 9,505 abogados se inscribieron previo al simulacro, aunque finalmente 7,496 profesionales se sometieron a la evaluación para optar a la autorización para ejercer la función pública del notariado.

    De los 7,496 abogados evaluados, únicamente 418 consiguieron aprobar el examen. La cifra representó poco más de cinco aprobados por cada 100 profesionales que realizaron la prueba durante 2025.

    Los resultados también mostraron que la calificación más alta obtenida en la evaluación fue de 9. La Universidad de El Salvador (UES), por su parte, fue la institución de educación superior que registró la mayor cantidad de abogados aprobados.

    Con la convocatoria para 2026, los abogados interesados tendrán 15 días para realizar su inscripción antes de la prueba programada para diciembre. La CSJ reiteró que toda la información oficial del proceso deberá consultarse mediante el Expediente Electrónico Único de Abogados.

     

  • Organizaciones piden a la ONU investigar detenciones de abogados Ruth López y Enrique Anaya 

    Organizaciones piden a la ONU investigar detenciones de abogados Ruth López y Enrique Anaya 

    La Human Rights Foundation (HRF) y Perseus Strategies presentaron una petición ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que investigue las detenciones de los abogados salvadoreños Ruth López y Enrique Anaya, quienes permanecen detenidos desde 2025, informó este martes HRF en un comunicado.

    Las organizaciones solicitaron al organismo de Naciones Unidas que investigue ambos casos, declare arbitrarias las detenciones y pida al Estado salvadoreño adoptar medidas para garantizar su libertad, así como reconocerles el derecho a una compensación y otras reparaciones. HRF y Perseus Strategies sostienen que los procesos penales contra los abogados tienen motivaciones políticas.

    López, abogada, catedrática y exjefa legal de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025. Según el comunicado, inicialmente fue investigada por peculado y posteriormente la acusación cambió a enriquecimiento ilícito. Su proceso fue declarado bajo reserva y permanece en detención preventiva en el penal de Izalco, sin fecha de juicio.

    Anaya, abogado constitucionalista y catedrático con más de 30 años de trayectoria, fue detenido el 7 de junio de 2025 y acusado de lavado de dinero y activos. Su proceso también permanece bajo reserva y se encuentra recluido en el Centro Penal La Occidental, en Santa Ana, sin fecha de juicio.

    Las organizaciones cuestionaron además la aplicación del régimen de excepción, vigente desde 2022, en los procesos de ambos abogados.

    «Los delitos financieros en cuestión en estos casos no tienen ninguna conexión con la violencia de pandillas y ni siquiera deberían estar contemplados bajo el régimen de excepción», dijo Caitlin Triplett, Asociada Legal Internacional de HRF.

    Jared Genser, director general de Perseus Strategies y abogado internacional de López, también reclamó su liberación.

    «Ruth ha sido durante mucho tiempo una voz líder por la democracia y los derechos humanos en El Salvador. Su detención forma parte de un intento más amplio de silenciar a quienes se atreven a denunciar la corrupción y exigir rendición de cuentas al gobierno. Es un honor y una responsabilidad extraordinaria representar a Ruth y abogar por su liberación inmediata», dijo Genser.

    La petición busca ahora un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria respecto a la situación de ambos abogados. HRF y Perseus Strategies pretenden que el organismo determine si las detenciones violan el derecho internacional y solicite medidas al Estado salvadoreño en favor de López y Anaya.

     

  • Reforzarán Salud con $50 millones para servicios e insumos médicos, medicamentos y vacunas

    Reforzarán Salud con $50 millones para servicios e insumos médicos, medicamentos y vacunas

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa dictaminó favorablemente el lunes una reforma al presupuesto de 2026 para trasladar $54.75 millones a los ministerios de Salud, Turismo y Economía, recursos que serán tomados de asignaciones disponibles del Ministerio de Hacienda.

    La subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, detalló que el refuerzo será destinado a compromisos «prioritarios e impostergables» que serían ejecutados en el segundo semestre del año 2026.

    La iniciativa de ley, firmada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, dice que los fondos «serán tomados de las asignaciones disponibles del presupuesto vigente del Ramo de Hacienda» y que se destinarán a «financiar obligaciones urgentes y prioritarias del Ramo de Salud, Ramo de Turismo y Ramo de Economía».

    El mayor refuerzo se destinaría al Ministerio de Salud, por $50 millones. La propuesta, que no desglosa el destino de los fondos, indica en el considerando segundo, que servirían para necesidades de funcionamiento de “todos los niveles de atención” debido a la “alta demanda de la población en medicamentos, insumos médicos, vacunas, servicios médicos y de laboratorio, servicios de mantenimiento preventivos, entre otros, lo cual permitirá dar continuidad al enfoque de prevención y seguimiento a la salud integral de la población en todas las zonas del país”.

    En la Comisión de Hacienda, la subdirectora de presupuesto dijo a los diputados que el sistema de salud ha tenido «avances» en El Salvador, mencionando la «expansión del DoctorSV con la Inteligencia Artificial«, «la detección y el seguimiento sistematizado de enfermedades crónicas», un «apoyo a la infraestructura, a la modernización del sistema de salud», el «equipamiento a las unidades de salud», además de «implementar nuevos planes que permitan controlar las enfermedades transmisibles».

    «El gobierno se encuentra impulsando diversos proyectos con el objetivo de acercar la salud integral a la población, recientemente se lanzaron el programa de dos unidades móviles más para atender a las niñas adolescentes y mujeres de 14 distritos de la zona oriental del país, esto es acercando la salud integral, lo cual incluye también consejería de salud mental», defendió Arce la propuesta ante la Comisión de Hacienda.

    La funcionaria aseveró que $2,750,000 serán dirigidos al Ministerio de Turismo. La solicitud no desglosa el destino específico de los fondos, aunque detalla que estos serán usados «para consolidar la estrategia nacional Surf City«, el Plan Nacional de Turismo 2030 y la estrategia de destinos turísticos especializados.

    Sobre los fondos para Turismo, la subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda comentó que en agosto se recibieron más de 95,000 visitantes en el país. «Ya va a empezar la temporada de los cruceros», comentó.

    Así mismo, los $2 millones serían destinados al Ministerio de Economía para «financiar diversas necesidades de carácter estratégico en materia de facilitación de inversiones, innovación productiva y transformación digital». La subdirectora comentó que existe un comité para la facilitación de inversión y que es un espacio de diálogo entre sectores privado y público.

     

  • Así estarán distribuidos los 61 centros de votación que el TSE habilitó en EEUU, Canadá y México   

    Así estarán distribuidos los 61 centros de votación que el TSE habilitó en EEUU, Canadá y México  

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitará 61 centros de votación en Estados Unidos, Canadá y México para las elecciones de El Salvador de 2027, según la distribución anunciada por la institución para facilitar la participación de los salvadoreños inscritos en el Registro Electoral.

    Estados Unidos concentrará la mayor cantidad, con 53 centros de votación distribuidos en diferentes ciudades.

    El TSE habilitará sedes en Seattle, Omaha, Saint Paul, Chicago, Nueva York, Plainview, Elizabeth, Boston, Washington D. C., Silver Spring, Woodbridge, Charlotte, Nashville, Duluth, Las Vegas, Salt Lake City, San Francisco, Fresno, San Bernardino, Los Ángeles, Tucson, Aurora, Dallas, San Antonio, Houston, Springdale y Doral.

    La cantidad de sedes variará según la ciudad. Los Ángeles y Silver Spring tendrán cuatro cada una; San Francisco, Houston, Boston y Woodbridge dispondrán de tres; mientras Seattle, Chicago, Nueva York, Plainview, Elizabeth, San Bernardino, Aurora, Dallas, Springdale, Doral y Charlotte contarán con dos. Las demás ciudades señaladas tendrán una sede.

    En México, el TSE habilitará cuatro centros de votación, cada uno con una sede. Los salvadoreños podrán acudir a Tijuana, en Baja California; Monterrey, en Nuevo León; Ciudad de México; y Tapachula, en Chiapas.

    Canadá también dispondrá de cuatro centros, con una sede en cada ciudad seleccionada. Estos estarán ubicados en Vancouver, provincia de Columbia Británica; Calgary, Alberta; Toronto, Ontario; y Montreal, Quebec.

    El TSE explicó que la distribución de los centros y el número de sedes por ciudad responde a la cantidad de salvadoreños inscritos en el Registro Electoral. La institución señaló que la ampliación busca acercar los lugares de votación a los ciudadanos que residen fuera del país.

    La mayor concentración estará en Estados Unidos, donde la comunidad salvadoreña tendrá centros disponibles en distintos puntos de las costas este y oeste, así como en ciudades del centro y sur del territorio estadounidense.

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó el viernes en un comunicado que aumentó la cantidad de centros de votación en el extranjero a 92, con un aumento de 11, respecto a los 81 habilitados en las elecciones generales de 2024.

    Los centros de votación estarán distribuidos en 29 países y servirán para el voto electrónico presencial de los salvadoreños en el extranjero.

    Además de los tres países de Norteamérica, España e Italia contarán con tres centros de votación cada uno y  Australia con dos.

    Mientras que estos países contarán con un centro de votación cada uno: Alemania, Argentina, Belice, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Guatemala, Honduras, Japón, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza y Uruguay.

  • Presidente de la Asamblea inicia visita China mientras El Salvador negocia acuerdo comercial

    Presidente de la Asamblea inicia visita China mientras El Salvador negocia acuerdo comercial

    El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, realiza esta semana una visita a China por invitación de su homólogo, Zhao Leji, en medio del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y mientras continúan las negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio.

    Castro permanecerá en territorio chino hasta el próximo 22 de agosto. La Asamblea Legislativa no había detallado la agenda que desarrollará el diputado durante su estadía, aunque la visita ocurre después de que se reuniera la semana pasada con el embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, para abordar asuntos relacionados con la cooperación legislativa bilateral.

    La visita del presidente del Legislativo ocurre ocho años después de que El Salvador estableciera relaciones diplomáticas con la República Popular China. El Gobierno salvadoreño rompió sus vínculos con Taiwán en 2018 y reconoció a Pekín, dando paso a una nueva etapa en las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre ambas naciones.

    Un año después del establecimiento de las relaciones, el presidente salvadoreño Nayib Bukele viajó a China y se reunió con su homólogo Xi Jinping. Desde entonces, Pekín ha impulsado diferentes proyectos de cooperación en territorio salvadoreño, mientras ambos gobiernos buscan ampliar también sus relaciones comerciales.

    Uno de los principales temas económicos entre El Salvador y China es la negociación de un tratado de libre comercio. La primera ronda de conversaciones se realizó en Pekín en 2024, pero hasta ahora ambos países continúan negociando el acuerdo que busca ampliar las oportunidades comerciales entre las dos economías.

    El intercambio comercial, sin embargo, mantiene un marcado desequilibrio a favor de China. Durante 2025, El Salvador importó productos procedentes del país asiático por $3,566.2 millones, el monto más alto registrado desde 1994, mientras que las exportaciones salvadoreñas hacia ese mercado se redujeron a $50 millones.

    Esa diferencia llevó el déficit comercial salvadoreño con China hasta los $3,516.2 millones durante 2025, equivalente a un incremento del 34.3 % respecto de 2024. Las cifras muestran uno de los principales desafíos para El Salvador mientras busca profundizar su relación económica con Pekín y conseguir un mayor acceso para sus productos.

    La visita de Castro coincide, además, con las del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y del canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, quienes también desarrollan agendas en China esta semana. A diferencia de El Salvador, Ecuador y Chile ya cuentan con tratados de libre comercio con Pekín y mantienen relaciones comerciales consolidadas con el gigante asiático.

     

  • Los caminos legales posibles para los salvadoreños ante una eventual terminación del TPS

    Los caminos legales posibles para los salvadoreños ante una eventual terminación del TPS

    Abogados, expertos e incluso el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, han explicado cuáles podrían ser los caminos legales posibles que podría tener un salvadoreño amparado bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), cuya prórroga más reciente vence el 9 de septiembre de 2026.

    Las alternativas legales mencionadas para que los beneficiarios del TPS permanezcan en los Estados Unidos son las siguientes:

    Estatus de residente permanente legal (Green Card) por petición de familiar: es la búsqueda de la residencia con la petición de un familiar que sea calificado que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Fue mencionada por el secretario de Seguridad Nacional.

    El abogado Carlos Magaletta, en sus redes sociales, explicó que esta opción depende de condiciones como quién realiza la petición, si la hace un hermano, hijo, esposo o padre. Cuando la petición se da entre hermanos, el problema que observa es que se enfrenta a una línea de espera de 15 años, plazo que para ante un proceso de deportación.

    Sostuvo que, si la petición es de un hijo y si el migrante entró con una visa, una entrada legal, “ese es el camino más claro y abierto”, “el problema aparece si esa persona que viajó tiene una orden de deportación vieja”, indicó.

    Este abogado añadió la situación es diferente si el migrante tiene un hijo de 21 años y nunca viajó. «Si nunca viajaste, ahí no vas a pedir la residencia como esa persona que tiene entrada legal”. Otra opción es la petición de un esposo residente o ciudadano, “ahí sí, en esa categoría hay perdón”.

    Visas de inmigrante basadas en el empleo: podrían ser elegibles si tienen un empleador dispuesto y capaz de patrocinarlos, además de cumplir requisitos de elegibilidad y admisibilidad pertinentes.

    Asilo: salvadoreños presentes en Estados Unidos pueden solicitar asilo independientemente de cómo hayan llegado a los Estados Unidos o de su estatus migratorio actual.

    Formas relacionadas de protección: si no califican para el asilo pueden aplicar a la «suspensión de la remoción o protección bajo la Convención Contra la Tortura, dependiendo de sus circunstancias individuales» o también existen oportunidades para personas que han sido víctimas de un crimen o de abuso.

    Estatus de no inmigrante: clasificaciones temporales de estudiante, empleo u otras clasificaciones, si cumplen con los requisitos estatutarios y reglamentarios.

    Acción diferida: esta medida puede estar justificada en circunstancias extraordinarias donde un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decide caso por caso basados en las circunstancias.

    La ley de 10 años: haber vivido al menos 10 años de forma ininterrumpida y sin problemas legales puede volverse un argumento para el migrante ante una corte cuando hay un proceso de deportación de un migrante. Puede servir para migrantes que no tienen a familiares, según el abogado.

     

  • En fase de ratificación préstamo contra la deserción escolar: 62 % de egresados no continúa sus estudios según el BID

    En fase de ratificación préstamo contra la deserción escolar: 62 % de egresados no continúa sus estudios según el BID

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un dictamen favorable para ratificar un préstamo de $100 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para frenar la deserción escolar de jóvenes en situación de vulnerabilidad en sus estudios de educación media y postsecundaria.

    La ratificación sería aprobada en la sesión plenaria del jueves 20 de agosto.

    Los recursos financiarán el “Programa de integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador”, que tendría una duración de cinco años e incluirá actividades de refuerzo académico, cursos extracurriculares, orientación vocacional, becas para programas de postsecundaria, transferencias económicas y apoyo financiero a la Dirección de Integración para implementar un sistema de alerta temprana sobre riesgos de deserción estudiantil.

    El crédito deberá ser pagado en un plazo de 23 años y contempla un período de gracia de 7.5 años. Además, establece una comisión sobre el saldo no desembolsado de hasta 0.75 % anual, a partir de los dos meses posteriores a la firma del contrato.

    Baja continuidad educativa

    De acuerdo con el diagnóstico incluido en la propuesta de préstamo del BID, en El Salvador, de cada 100 estudiantes que comienzan la educación primaria, 56 llegan a noveno grado, 43 terminan el bachillerato, 16 ingresan a la universidad y únicamente 14 logran graduarse de educación superior.

    El organismo, con base en datos del Ministerio de Educación correspondientes a 2025, señala que el 62 % de los egresados de centros escolares públicos no continúa estudiando. Además, indica que más del 75 % de quienes abandonan sus estudios lo hacen por motivos económicos, ya sea porque necesitan incorporarse al trabajo o porque los costos de estudiar resultan demasiado altos.

    El diagnóstico también señala que El Salvador presenta tasas de culminación del bachillerato inferiores al promedio de América Latina y el Caribe. El promedio de escolaridad en el país es de ocho años, frente a nueve años en la región.

    A esto se suma la situación educativa de la población retornada desde el extranjero: solamente el 16 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años ha completado el bachillerato.

    Becas y alerta temprana

    Según el BID, la Dirección de Integración cuenta con un modelo que proyecta otorgar hasta 20,000 becas anuales mediante convenios con instituciones públicas y privadas.

    El nuevo programa priorizaría el acompañamiento para evitar el abandono de los estudios de educación media, además del financiamiento de becas, seguimiento y mecanismos de alerta temprana para identificar riesgos de deserción en el nivel postsecundario.

    El BID aprobó el préstamo el pasado 24 de junio y proyecta que, con la ejecución del programa, la tasa de graduación de educación media aumente del 75 % al 78 %. También prevé elevar del 50 % al 54 % la tasa de transición de educación media a educación superior y del 14 % al 16 % la tasa de graduación en educación superior.

    El programa tendría como meta beneficiar a 60,000 jóvenes, equivalentes a unos 12,000 beneficiarios anuales durante los cinco años de ejecución. Entre sus componentes contempla transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes. Además, se prevé atender a 1,000 migrantes retornados con potencial de reintegración.

    En lo que va del año, la Asamblea Legislativa ha recibido solicitudes relacionadas con préstamos, títulos o garantías estatales crediticias por un monto acumulado de $1,556.4 millones.

  • Diputados continúan entrevistando candidatos a Corte de Cuentas, incluido un magistrado, un juez anticrimen y el director Anticorrupción

    Diputados continúan entrevistando candidatos a Corte de Cuentas, incluido un magistrado, un juez anticrimen y el director Anticorrupción

    La Comisión Política de la Asamblea Legislativa realizó el lunes una nueva jornada de entrevistas al segundo grupo de cinco candidatos a presidente, primer y segundo magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), cuyos actuales funcionarios concluyen su periodo el 27 de agosto de 2026.

    José Rodrigo Flores Ramos, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, fue el primer entrevistado de este lunes. El funcionario hizo énfasis en el enfoque preventivo del trabajo de la Corte de Cuentas y argumentó que así que habrá mejores obras, más recursos y menos incumplimiento normativo.

    Flores Ramos propuso “fiscalizar mejor, resolver mejor, funcionar digitalmente y generar confianza y valor público”.

    Propuso enfocar las auditorías en prevención. “Las auditorías tienen que ser enfocadas en una prevención, siempre estamos acostumbrados a que el auditor llega cuando la gestión ya terminó, pero internacionalmente esto está cambiando y nacional, también debe cambiar. Tenemos que seguir la línea”, sostuvo. Agregó que avanzarían digitalmente a través de un Centro de Analítica de Datos.

    A esto agregó la implementación de un sistema de seguimiento de recomendaciones para, según la explicación, evitar esperar a que se realice la auditoría y genere un hallazgo.

    “Los administradores de fondos y los titulares de las instituciones tienen acceso a la CCR. Me he encontrado que las personas no saben que esa función existe. Si las instituciones consultaran ante una duda, los errores no se cometieran. Si nos enfocamos en auditorías orientadas a riesgos y a prevención, la función de la CCR pasará a no estar enfocada en cantidades sino en el impacto de la fiscalización”, dijo el actual segundo magistrado de la CCR.

    El funcionario propuso “un sistema inteligente de gestión jurisdiccional” que alerte a los magistrados de segunda instancia y utilizar la Inteligencia Artificial para disminuir los tiempos a los juzgadores y colaboradores, “no a juzgar, nos va a ayudar a consolidar los criterios, a manejar precedentes”.

    El segundo entrevistado fue Julio Alberto Jule Herrera, juez propietario del tribunal tercero contra el crimen organizado y exsecretario del juez cuarto de sentencia Ramón Iván García, dijo que su motivación es que “se puede vislumbrar un proyecto de país”.

    “Los hechos notorios y públicos no requieren prueba dice un adagio del artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil”, dijo Jule Herrera durante su entrevista.

    Al pronunciarse sobre la mora de 2,099 apelaciones sin resolver en la Cámara de Segunda Instancia, conformada por los tres magistrados de la CCR, aseguró que “habrán millones de reparos que se han declarado a funcionarios que, al no finalizarse con firmeza esos fondos jamás podrán ser recuperados por el Estado”.

    “No hay que ser efectivos solo auditando, hay que ser efectivos ejerciendo jurisdicción, esa es mi especialidad, nosotros manejamos juicios masivos y complejos, creo tener la capacidad para ejercer el cargo”, expresó a los diputados como juez contra el crimen organizado.

    El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, le preguntó qué haría para comprometerse en desvanecer la mora en la primera y segunda instancia de la Corte de Cuentas.

    El juez respondió que iniciaría un programa de depuración de procesos y realizaría un inventario del más antiguo al más reciente. “Hay que verificar en la Corte de Cuentas ese equipo técnico de colaboradores encargados de sustanciar los procesos, hay que capacitar ese personal en motivación de resoluciones judiciales”, indicó.

    Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, le preguntó si considera que la Dirección Anticorrupción de la CCR está combatiendo la corrupción o “solo es una pantalla publicitaria”.

    “Que sea pantalla, no creo que sea así”, le respondió el candidato, luego de comentarle que el artículo 13 de la Ley Anticorrupción “tiene un abanico de posibilidades”.

    Jule Herrera explicó que la Unidad Anticorrupción de la Corte de Cuentas tiene acceso a las declaraciones patrimoniales y a esas 12 instituciones que forman parte del Sistema Integrado Nacional Anticorrupción: Ministerio de Hacienda, Registro Nacional de las Personas Naturales, Policía Nacional Civil, Dirección de Activos Digitales y Corte Suprema de Justicia, mencionó.

    Agregó que un funcionario o empleado público puede responder por acción y omisión. Ejemplificó que si un funcionario “adquiere bienes por $1 millón, $50,000, $200,000, tendrá que activarse de manera inmediata ese sistema integrado porque para inscribir un bien”.

    “¿Qué nos piden?, la solvencia del Ministerio de Hacienda, todos los bienes que excedan de $250,000, pero se va a generar la primera alerta, la Superintendencia del Sistema Financiero, veamos si este funcionario tiene la capacidad para adquirir ese bien, pero en sus cuentas nunca ha manejado nada; sistema de gestión antisobornos, ¿de dónde lo obtuvo?, si no, allá estarán los informes que se tendrán que remitir a la Fiscalía, por un soborno que se haya generado”, afirmó. El juez dijo que conoció del caso de los auditores detenidos de la CCR que formaron parte de la unidad de San Miguel y del caso Argoz.

    El tercer candidato entrevistado fue Carlos Aníbal Cruz Flores, juez de cuentas de la Cámara Segunda de Primera Instancia de la CCR, quien aseveró que propuso un “trabajo colaborativo” en dicha Cámara luego de realizar un diagnóstico; y afirmó que quiere formar parte de un «proceso de transformación”. “La CCR no es la misma del año 2023, ha habido avances significativos y eso es evidente”, afirmó.

    La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, le preguntó su opinión sobre la gestión actual de la CCR. El candidato contestó que la CCR está “realizando acciones” para cumplir su función constitucional y que “está en esa dinámica del Estado”. El candidato también señaló que él haría un diagnóstico y diseñaría un plan con posibles “giros de timòn”.

    El cuarto aspirante entrevistado fue José Arnoldo Gaitán Castro, quien fue juez de cuentas, fue asesor jurídico de la alcaldía de San Miguel y ha sido apoderado de distribuidoras de energía eléctrica. Antes de relatar su trayectoria, expresó: “Tengo el honor y el placer de dirigirme a ustedes y agradecerles que he sido electo entre los demás miembros que nos presentamos y deseo expresarles en primer lugar que tengo un currículum bastante bueno”.

    Gaitán Castro afirmó que se enfocará en el enriquecimiento ilícito de servidores públicos a costa del Estado y presentó un plan que promete un modelo basado en resultados y en las demandas de los salvadoreños.

    “Contribuirá al gobierno y sus entidades a mejorar su gestión pública, la rendición de cuentas, transparencia, combatir la corrupción, fortalecer la confianza pública y la fiscalización del uso de los fondos públicos”, propuso.

    Criticó la gestión de dos de los tres magistrados actuales de la CCR. “Si dentro de tres años que vuelvan a entrevistar posiblemente van a andar en los 2,500 o 3,000 y eso no puede ser, porque no ha habido voluntad política de la institución”, dijo. Según el funcionario, la mora hace tres años era de 1,500 casos en la Cámara de Segunda Instancia.

    “Hay dos magistrados que han tenido seis años, hay un presidente que acaba de comenzar, yo no lo conozco pero le miro bastante buena fe, pero los otros dos magistrados no sé por qué no han podido sacar esa mora porque ellos saben a perfección de la mora existente con que agarraron, que era de 1,500 casos”, expresó.

    El abogado señaló que en la CCR había una “bodega de la corrupción”, que de esos «juicios que están dormidos ahí” «hay plata”. Así mismo, aseguró que no le fallará al presidente Nayib Bukele y denunció que en el año 2016 fue presionado para que «le ayudara a limpiar» auditorías.

    Arnoldo José Parada Pineda, actual director Anticorrupción de la CCR, el quinto entrevistado de este lunes, aseguró tener 15 años de experiencia como servidor público colaborador jurídico de las unidades antinarcotráfico, patrimonio, contra las extorsiones y crimen organizado y coordinador de fiscales.

    “Mi labor es dejar un legado donde los ciudadanos puedan tener accesibles esos canales de denuncias”, dijo.

    El diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, le preguntó cuál sería su principal cambio durante su gestión. El funcionario respondió que darle las herramientas necesarias a la población para tener transparencia y rendición de cuentas más cercana a la ciudadanía, tener una Corte de Cuentas más moderna y una estrategia formal de optimizar los recursos de la institución.

  • Aprueban informes de labores de Salud, MAG y MARN sin citar a los ministros

    Aprueban informes de labores de Salud, MAG y MARN sin citar a los ministros

    La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes los informes de labores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sin haber citado a los titulares de los ministerios.

    El diputado Ricardo Rivas, quien preside la Comisión, aseguró que tenían tres expedientes de nuevo ingreso.

    “Se hace constar que los informes labores del MAG, del Ministerio de Salud y del MARN, todos correspondientes al periodo 2025-2026 cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 104 del reglamento interior de esta Asamblea Legislativa ya que contienen resumen ejecutivo del contenido de los documentos, exposición de objetivos, metas, resultados obtenidos por las instituciones en el periodo que se informa, plan de trabajo del periodo, detalles del presupuesto asignado, ejecutado y obras pendientes, los logros obtenidos, listado de los sectores favorecidos durante la gestión respaldados con documentos y datos y estadísticas”, leyó el legislador.

    Rivas agregó que ello constaba en los documentos “que les fueron entregados” a los diputados “al inicio de la comisión” de este lunes.

    Lo expresó así: “Tal como consta de los documentos anexos que les fueron entregados, colegas, al inicio de esta comisión a cada uno de ustedes; en este sentido, de conformidad con el artículo 107 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, daremos lectura a los dictámenes de aprobación de los informes de labores correspondientes a las fechas que hemos mencionado, vamos a empezar con el informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería”.

    Los dictámenes de aprobación de las tres memorias de labores fueron avalados con siete votos.

    El diputado Francisco Lira, de Arena, explicó que él no dio sus votos porque no ha visto los documentos y pidió a los técnicos que le envíen las memorias; y pidió que lleguen los ministros para dar un informe.

    “No es lo mismo que vengan a dar un análisis de esta comisión a que pueda venir el referente del Ministerio respectivo”, argumentó.

    El diputado Rivas pidió al equipo técnico enviarle las memorias de labores y sometió a votación la propuesta de citar a los ministros. Solo el diputado Lira votó a favor.