Categoría: Politica

Este domingo 28 de junio inicia la vigencia de la Ley de Energía Nuclear, que faculta a la nueva Dirección de Regulación de Energía Nuclear, dependiente de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), a autorizar que personas o empresas puedan realizar actividades con instalaciones nucleares y radiactivas, para usos pacíficos, en el país.

La vigencia fue pospuesta luego de que un decreto legislativo otorgara ocho meses más. La ley original había dado un mes de tiempo para su vigencia, hasta octubre de 2025.

Las personas naturales o jurídicas deberán realizar solicitar autorización para la selección de sitios o lugares de instalaciones nucleares, así como el diseño, la construcción o la operación de estas instalaciones, y el transporte, la disposición de residuos, la exportación o la importación de materiales y sustancias radiactivas.

Un Comité de Emergencia Nuclear estará conformado por los ministerios de Medio Ambiente, Gobernación, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Salud; Bomberos, Autoridad Salvadoreña del Agua, Policía Nacional Civil, el sistema de Protección Civil y la Dirección de Energía.

Quedan vigentes las facultades las multas desde $10,000 hasta el 10 % del costo final de la instalación nuclear o la revocación de la licencia y responsabilidad civil por daños ambientales o humanos de al menos $150 millones con complemento estatal que cubra hasta $300 millones.

El director de Energía, Daniel Álvarez, ha asegurado que el objetivo es tener el primer reactor nuclear dentro de siete años con fines investigativos y aseguró que el Estado no está gastando «un solo dólar» en el proyecto.

El Salvador ha suscrito convenios con Argentina, Estados Unidos, España y Corea del Sur, en los cuales se incluye la formación de 400 profesionales en energía nuclear. Con Estados Unidos El Salvador se ha comprometido a cooperar para el desarrollo de la infraestructura nuclear y promover proyectos de investigación para el “uso responsable de la energía nuclear”.

En 2024, también fue aprobada una “Ley de creación del Organismo para la implementación del programa de energía nuclear en El Salvador” (OIPEN)” para desarrollar estudios de instalación de plantas nucleares en El Salvador.

El Salvador celebrará elecciones presidenciales en 2027 pese a que el quinquenio para el que fue electo Nayib Bukele concluía en junio de 2029 debido a una reforma constitucional que así lo aprobó.

La reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) indagó si los salvadoreños estuvieron de acuerdo con esta reforma.

El 10.8 % manifestó que está muy de acuerdo y el 54.5 % dijo estar de acuerdo, lo que suma un 65.3 % de salvadoreños a favor de que se hayan adelantado los comicios presidenciales.

Sin embargo, un 18.9 % manifestó estar en desacuerdo con la medida y un 5 % muy en desacuerdo, lo que suma un 23.9 % que rechaza haber adelantado las elecciones presidenciales.

La reforma, que prolongó el periodo presidencial de cinco a seis años, permitirá que las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2027 sean acompañadas por las presidenciales.

La misma encuesta revela que la nota promedio que asignaron los salvadoreños a los diputados y alcaldes de Nuevas Ideas está dos y tres puntos abajo que la asignada al presidente Nayib Bukele.

El 31 de julio, la Asamblea Legislativa reformó la Constitución para habilitar la reelección indefinida de presidente de la República. En esta reforma, también modificó el periodo presidencial a seis años, eliminó la segunda vuelta presidencial si el candidato presidencial no supera la mitad de los votos y adelantó las elecciones presidenciales de 2029 a 2027.

Bukele fue reelecto para un segundo periodo presidencial consecutivo luego de que la Sala de lo Constitucional habilitara la reelección «por una sola vez», en una resolución del 7 de septiembre de 2021.

Las alcaldías de La Libertad Este y La Libertad Sur avisaron de la suspensión de la autenticación de partidas ya que legalmente le corresponderá al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), que deberá aplicar plenamente la nueva Ley del Registro del Estado Familiar desde el 25 de junio de 2026 luego de un plazo de 18 meses.

La alcaldía de La Libertad Este, que reúne a los distritos de Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, Zaragoza, San José Villanueva y Nuevo Cuscatlán, informó en redes sociales que han suspendido la emisión de partidas autenticadas a partir del jueves 25 de junio, en cumplimiento con la nueva Ley del Registro del Estado Familiar. La nueva normativa delegó al RNPN como la única institución encargada de la autenticación de las certificaciones de partidas emitidas por el Registro del Estado Familiar.

“En consecuencia, esta municipalidad ya no emitirá partidas autenticadas con efectos en el exterior, por lo que las personas que requieran dicho trámite deberán gestionarlo directamente ante el RNPN”, aclaró la municipalidad. Sin embargo, señaló que continuará emitiendo las partidas ordinarias, que siempre podrán ser tramitadas en la municipalidad.

Un aviso similar fue realizado por la alcaldía de La Libertad Sur. “Informamos a la población que, a partir del 25 de junio de 2026, nuestra municipalidad ya no emitirá partidas autenticadas”, indicó la municipalidad, que reúne a los distritos de Santa Tecla y Comasagua.

El artículo 7 literal “j” de la Ley del Registro del Estado Familiar indica que corresponde al RNPN las funciones del Registro Central del Estado Familiar y para ello tendrá la atribución de “autenticar la firma del funcionario que conste en las certificaciones de información expedidas por los Registros del Estado Familiar”.

También, el artículo 106 especifica que “toda certificación de partida que deba surtir efectos en el exterior y que haya sido emitida por los funcionarios adscritos al RNPN o por los registradores del estado familiar, a través del sistema informático administrado por el RNPN, deberá ser autenticada únicamente por el Registrador Nacional de las Personas Naturales.

El artículo 125 de la normativa otorgó 18 meses contados a partir de la vigencia de la ley para realizar los ajustes técnicos y financieros para su plena aplicación. La normativa fue aprobada el 26 de agosto de 2024, publicada el 24 de septiembre de 2024, inició su vigencia 90 días después, el 24 de diciembre de 2024.

Como el RNPN disponía de 18 meses contados a partir de su vigencia para implementar completamente la ley, la obligación exclusiva de autenticar y certificar las partidas se aplica desde el 25 de junio de 2026.

El sector de los abogados docentes eligieron el viernes a su terna de candidatos a miembros propietarios del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), entre los cuales la Asamblea Legislativa elegiría a uno de los siete que debe elegir para el periodo 2026-2031.

La terna del sector de abogados docentes quedó conformada por: Verónica Lisseth González Penado, César Edgardo Castaneda y William Rafael Rebollo como candidatos a miembros propietarios del CNJ; y Óscar Antonio Canales Cisco, como candidato a suplente, de acuerdo a una fuente que tuvo acceso a los datos de la votación.

El sector solo tuvo cuatro candidatos, por lo que no pudieron llenar dos candidaturas a suplencias del CNJ.

El CNJ se constituye de 7 miembros propietarios: 3 abogados propuestos por el gremio de abogados, 1 abogado docente de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES), 1 abogado docente universitario de las otras facultades, escuelas o departamentos de derecho de las universidades privadas del país, 1 abogado propuesto por el Ministerio Público y 1 miembro electo por los magistrados de las cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz.

De acuerdo con la fuente, de 182 contabilizados, 82 fueron para Verónica González, 38 para William Rafael Rebollo, 32 para César Edgardo Castaneda y 30 para Óscar Antonio Canales Cisco.

Verónica Lissette González Penado, actual consejal propietaria del CNJ de la gestión 2021-2026, fue secretaria de primera instancia del Juzgado Primero de lo Laboral y abogada especialista en derecho laboral de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Según su afiche de presentación, posee dos maestrías, una en derecho laboral y seguridad social y otra en inteligencia artificial, y nueve posgrados.

¿Quiénes son?

En el registro de abogados de la Corte Suprema de Justicia, la consejal González Penado aparece que fue suspendida como notaria por un año, del 6 de febrero de 2023 al 18 de marzo de 2024.

De acuerdo al acta de Corte plena, la suspensión se debió a la entrega tardía de su libro de protocolo en más de dos años. La funcionaria alegó carga laboral, indica el acta del 2 de febrero de 2023.

William Rafael Rebollo Alvarado es abogado y consultor en formulación y gestión de proyectos, es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia y ha sido candidato a comisionado suplente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Según su currículum, tiene una maestría en gestión y políticas públicas y otra en diplomacia y relaciones internacionales. En el registro de abogados de la CSJ, aparece como activo como abogado desde el 29 de julio de 2011 y como notario desde el 2 de febrero de 2016, y no le aparecen suspensiones.

Por su parte, César Edgardo Castaneda Espinoza aparece como jefe de unidad en el CNJ y en el registro de abogados de la CSJ aparece que fue suspendido del 3 de julio de 2023 al 10 de noviembre de 2025. Fue autorizado como abogado desde el 20 de noviembre de 2006 y como notario desde el 24 de febrero de 2014.

Óscar Antonio Canales Cisco es actual magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. Canales Cisco fue colaborador jurídico del Centro de Documentación Judicial de la CSJ desde 1998 y docente de derecho procesal civil y mercantil de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Fue colaborador judicial de la Cámara Tercera de lo Penal de la Tercera Sección del Centro y secretario judicial del juzgado octavo de lo penal. Canales Cisco aparece activo en el registro de abogados desde el 17 de junio de 1996 como abogado y desde el 7 de enero de 1998 como notario. No le aparecen suspensiones.

El Consejo Nacional de la Judicatura es la institución responsable de proponer candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz. Sus integrantes son elegidos y pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados electos.