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El Ministerio de Relaciones Exteriores ya supera los 1,400 pasaportes emitidos a salvadoreños en el exterior durante los primeros seis días de 2025, de acuerdo a los datos del Observatorio Digital sobre Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta el 2 de enero se reportaban 326 pasaportes entregados, por lo que, en los últimos cuatro días de enero se han entregado al menos 1,178 documentos de viaje a los connacionales en el extranjero, sumando unos 1,414 pasaportes hasta el lunes 6 de enero.

En enero de 2024, la Cancillería salvadoreña reportó la emisión de 16,552 pasaportes. Es decir, que el promedio diario de entregas de pasaportes fue de 533. Con esos datos se situó como el tercer mes de 2024 con más pasaportes emitidos.

Cancillería aún no reporta la cantidad de Documentos Únicos de Identidad (duis) entregados en representaciones y sedes consulares para salvadoreños en el extranjero en los primeros días de 2025.

Actualmente, Relaciones Exteriores cuenta con 81 consulados y representaciones en el exterior que cuentan con el servicio de entrega inmediata de pasaportes salvadoreños en el extranjero. El trámite se realiza en un promedio de 40 minutos.

La emisión de pasaportes en el extranjero tiene un costo de $35 y se debe presentar el DUI para adultos y para el caso de niños se debe presentar la partida de nacimiento y duis de los padres.

La memoria de labores de Cancillería indica que desde 2023 hasta 2024 entregaron 153,629 pasaportes, de ellos, unos 153,218 eran ordinarios y otros 411 provisionales.

Las solicitudes de salvadoreños para obtener refugio en México se han reducido en un 10 % durante el último año, de acuerdo con las estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) publicadas el pasado viernes 3 de enero.

La Comisión compara en su último informe las cifras de solicitudes en los últimos años y revela que durante 2023 se reportaron 6,092 solicitudes de connacionales y que para 2024 la cifra se redujo a 5,479, equivalente a una baja del 10 %.

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Además, en 2022 se reportaron 7,855 solicitudes de refugio por parte de salvadoreños, representando una baja del 22 % en relación al 2023. El 2024 se colocó como el año con menos solicitudes de salvadoreños por refugio en México desde 2023.

Los datos de 2024 sitúan a El Salvador como el cuarto país que más solicitudes de refugio presentó a la nación azteca, solo por debajo de Haití, Cuba y Honduras. En promedio, 456 connacionales pidieron refugio cada mes.

Durante el último año, Comar recibió 78,975 solicitudes de refugio de al menos 10 países, especialmente latinoamericanos, de esta cifra, el 6.9 % fueron interpuestas por salvadoreños, según las cifras oficiales de la Comisión.

Los años con más solicitudes

Los datos de Comer indican que 2021 y 2023 fueron los años con más solicitudes de refugio presentadas al país azteca. En 2023, se recibieron 140,720 solicitudes y, en 2021, otras 129,432.

Mientras, la cifra de solicitudes cayó drásticamente en 2024. Las estadísticas de la entidad mexicana muestran que en 2023 se recibieron 140,729 solicitudes y en 2024 solo 78,975 equivalente a una reducción del 44 % solo en un año.

Desde 2020 hasta 2024, el año con menos solicitudes recibidas fue 2020 con solo 40,763, seguido de 2024 con 78,975; contrario a 2023 en el que casi se recibieron los 141,000 trámites de refugio.

La Sala de lo Constitucional «sobreseyó de una presunta inconstitucionalidad contra la elección de un magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)» por supuestamente violar las reglas de llamamientos a diputados suplentes en una sesión plenaria de abril de 2021, en la legislatura 2018-2021 presidida por el pecenista Mario Ponce.

Según la Sala, el periodo para el cual se eligió al «magistrado suplente David Omar Molina Zepeda» finalizó el 23 de septiembre de 2024, por lo que “el objeto de control ha perdido su vigencia”. La Sala explicó que el sobreseimiento “implica la existencia de vicios”, es decir, que el juzgador no se pronuncia sobre el fondo del asunto.

La resolución fue emitida el 16 de octubre de 2024 y remitida el 2 de diciembre pasado a la Asamblea Legislativa 2024-2027; y la demanda fue interpuesta contra el artículo 1 inciso 1 del decreto 857 aprobado el 9 de abril de 2021.

El abogado demandante, Fabricio Alvarenga Servellón, argumentó la supuesta violación del artículo 131 ordinal cuarto de la Constitución de la República, que «faculta a la Asamblea “llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso laboral o imposibilidad de concurrir de los propietarios”».

Alvarenga señaló que, en la sesión plenaria del 9 de abril de 2021, se procedió a la votación nominal y pública de un magistrado y, al no ser suficientes los votos, el presidente de la Asamblea “la dejó sin efecto” y, luego de un receso, se repitió la votación, y eligieron a David Omar Molina Zepeda, con 58 votos, como magistrado suplente de la CSJ. Durante esta elección «se desató una polémica y hubo reclamos incluso por parte del ya presidente de la República, Nayib Bukele».

En su demanda, el abogado arguyó que la elección de Molina Zepeda se dio «con el voto de 16 diputados suplentes, «sin que la Asamblea Legislativa haya justificado la ausencia de los propietarios y la necesidad de la suplencia».

La Asamblea Legislativa opinó que el acto no fue inconstitucional, ya que consideró que la reforma al artículo 186 inciso quinto letra “b” del Código Electoral que dio “legitimidad popular a los diputados suplentes”. Esta reforma permitió que los nombres de los candidatos a diputados suplentes aparecieran a la par de los candidatos a diputados propietarios. Según la Asamblea, una vez llamado un diputado suplente, este “posee las mismas facultades para deliberar y votar que un propietario”.

Por su parte, el fiscal general consideró que el demandante no argumentó la inconstitucionalidad y que la Constitución faculta a la Asamblea a “lograr el cuórum mediante el llamamiento de los suplentes”.

La resolución fue recibida en la sesión plenaria del 5 de diciembre de 2024 y pasó a estudio de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, al expediente 2357-10-2020-1.

«El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, aseguró este lunes que la Sala de lo Constitucional debería suspender y declarar inconstitucional la elección de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)», «para efectos de credibilidad» del máximo tribunal de la República.

En abril de 2021, el entonces asesor de la Presidencia, abogado Javier Argueta, afirmó que «la elección de los magistrados suplentes no solo debía ser declarada inconstitucional por la Sala, sino investigada por la Fiscalía General de la República (FGR)»; en ese entonces, exhortó a la Asamblea a revisar si los magistrados electos cumplían requisitos, permitir el debate parlamentario y votar con diputados propietarios, no con suplentes.

El concejo de Cabañas Oeste otorgará permisos a casinos o establecimientos de juegos de azar a cambio de un cobro anual de $1,600 más un cargo adicional por máquina, de acuerdo con la nueva «Ordenanza especial reguladora del funcionamiento de casinos o establecimientos similares que se dedican a juegos de azar» del municipio de Cabañas Oeste, departamento de Cabañas.

La ordenanza de los casinos y juegos de azar de Cabañas Oeste fue aprobada el 19 de noviembre y publicada el 19 de diciembre. Inició su vigencia el 27 de diciembre de 2024.

El municipio de Cabañas Oeste incluye los distritos de Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.

La licencia para el funcionamiento de casinos o negocios dedicados a juegos del azar tendrá un costo de $1,600 anual por cada establecimiento y $120 anuales por cada máquina de juego. La licencia se vencerá el 31 de diciembre de cada año, y deberá renovarse en los primeros 15 días de enero de cada año.

Para la obtención de una licencia, es necesario que presenten calificación o inspección de las instalaciones, solvencias municipal, de Hacienda y de Policía, cancelación, Documento Único de Identidad (DUI) y no encontrarse a menos de 200 metros de distancia de plazas, parques, lugares históricos, hospitales, centros de salud, zonas policiales, zonas militares, oficinas de gobierno, iglesias, centros escolares, colegios o universidades.

Además, si el solicitante es persona jurídica debe presentar escritura, tarjeta de identificación tributaria y credencial del representante legal.

El concejo pondrá una multa de un salario mínimo del sector comercio ($365) más 2 % de interés mensual si los establecimientos no son renovados o no tienen licencia vigente.

El casino o negocio podrá ser cancelado si hay una denuncia ciudadana comprobada de vulneración a la convivencia social armónica de los habitantes.

Si los niveles máximos permisibles de ruido se incumplen, se impondrá el doble de multa o se suspenderá el permiso por seis meses. Si persiste, las autorizaciones se cancelarán «definitivamente». «El propietario así sancionado no podrá obtenerlas nuevamente», indica la ordenanza.

El presidente de la república, Nayib Bukele, reformó el reglamento del Órgano Ejecutivo «para delegar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial la dirección y la administración de la ‘Dirección de Reconstrucción de Tejido Social'», instancia que actualmente depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Según el considerando sexto del decreto ejecutivo aprobado en diciembre pasado, es necesario hacer «un reajuste en la organización administrativa del estado y sus dependencias» para promover «el desarrollo de la juventud de manera eficiente» para el bienestar y la paz social en los territorios.

Actualmente, la línea presupuestaria «0204 ‘Reconstrucción del Tejido Social 2024′» se encuentra dentro del «Ramo de Justicia y Seguridad Pública», dentro de la unidad presupuestaria «Programas especiales de prevención 2024». Para el año 2024, tuvo una asignación presupuestaria de $1.9 millones.

Para el año 2025, la ley de presupuesto incluye $2,486,300 para la línea de trabajo «04 ‘Reconstrucción del Tejido Social’, que se ubica dentro de la unidad «02 Programas especiales de prevención» del presupuesto del ramo de Justicia y Seguridad Pública»: $1.4 millones en bienes y servicios, $943,330 en remuneraciones, $11,000 en gastos financieros y otros.

El presupuesto de Justicia y Seguridad también incluye un presupuesto de $10 millones para el «Programa especial de combate a terroristas», un proyecto que tuvo $26 millones en 2024.

La Unidad de Reconstrucción del Tejido Social inició en el año 2020 con un presupuesto de $1 millón dentro del Ministerio de Gobernación, pero posteriormente pasó a Justicia y Seguridad.

La Dirección de Integración, que tiene una función similar, es una institución descentralizada, que tuvo un presupuesto de $23.3 millones durante 2024 y tendrá $16.2 millones para 2025. Según la ley de presupuesto, la Dirección de Integración busca implementar programas sociales para «la disminución de la violencia y la pobreza en El Salvador» para una «mayor integración en la sociedad».

El director de Reconstrucción del Tejido Social es «Carlos Marroquín Chica», quien labora desde el inicio de la gestión gubernamental actual; mientras el director de Integración es «Alejandro Gutman», quien inició sus labores en el actual gobierno el año pasado. Antes, Carlos Marroquín fue jefe de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social de la alcaldía de San Salvador de 2015 a 2019.

La reforma al reglamento fue aprobada el 2 de diciembre, publicada el 18 de diciembre en el Diario Oficial y está vigente desde el 26 de diciembre de 2024.

El presidente de la República, Nayib Bukele, amplió hasta el 31 de diciembre de 2025 el uso de la Fuerza Armada para el apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC) en el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública.

Este uso se realiza, según el decreto ejecutivo, mediante patrullajes y aprehensión de miembros de crimen organizado y delincuencia común.

La reforma fue aprobada el 4 de diciembre de 2024 e inició su vigencia el 1 de enero de 2025.

El decreto original fue emitido en noviembre de 2019, que renovó un decreto ejecutivo del 28 de septiembre de 2009, que durante el gobierno de Mauricio Funes también dispuso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, recurriendo al artículo 168 ordinal 12 de la Constitución, que permite disponer de la Fuerza Armada “excepcionalmente”.

El decreto de reforma indica que es necesaria “la continuidad de la participación de la Fuerza Armada” por los “resultados positivos en la lucha contra la criminalidad” y la “existencia de circunstancias”.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) emitió 22,531 pasaportes salvadoreños desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 5 de enero de 2025, informó la institución en un balance de servicios ofrecidos en la época navideña.

La institución reiteró que en este balance incluyeron los pasaportes entregados el jueves 26 y viernes 27 de diciembre, cuando ofrecieron sus servicios migratorios en «horario extraordinario» en cuatro de las sucursales.

Migración realizó emisión de pasaportes «extraordinarias» en la sucursal de centro comercial Las Cascadas, Santa Ana, San Miguel y Usulután, mientras las otras sedes ya se encontraban en período vacacional.

Entre pasaportes emitidos, revisiones de permisos, prechequeo, servicios de extranjería y otros, la institución realizó al menos 38,823 trámites migratorios para los salvadoreños previamente, durante y después de las fiestas decembrinas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, hasta el 2 de enero, ya había emitido 326 pasaportes a salvadoreños en el exterior, de acuerdo a los datos divulgados por el Observatorio Digital sobre Movilidad Humana.

Para emitir el pasaporte, los salvadoreños deben:

• Presentar el Documento Único de Identidad (DUI).
• Cancelar $25.
• Partida de nacimiento, duis de los padres y pago de $25 para menores de edad.

Los pasaportes ordinarios tienen una vigencia de seis años; para los connacionales en el exterior, tiene un costo de $35. Se debe emitir en consulados, al menos 81 de ellos tienen emisión instantánea de pasaportes.

Solo en el periodo vacacional del 01 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2025, emitimos 22 mil 531 pasaportes, incluidos los días 26 y 27 de diciembre en los que brindamos este servicio en 4 de nuestras sucursales en horario extraordinario. pic.twitter.com/yaoWhePJVN

— Migración y Extranjería El Salvador (@migracion_sv) January 6, 2025

Unos 5,479 salvadoreños solicitaron refugio en México desde enero hasta diciembre de 2024, según el último informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). El promedio mensual supera las 450 solicitudes.

Con estos datos, la Comar señala a El Salvador como el cuarto país con más solicitantes de refugio en la nación azteca, solo superado por Haití con 10,853 solicitudes; Cuba con otras 17,884 trámites y Honduras en primer lugar con 27,888 solicitudes.

En promedio, al menos 456 salvadoreños han interpuesto mensualmente solicitudes de refugio en México durante 2024. El país que menos solicitudes de refugio ha tramitado es Chile con solo 817.

Las solicitudes de refugio de los salvadoreños solo representan el 6.9 % de las 78,975 solicitudes que la Comar registró durante todo 2024, de ciudadanos provenientes de más de 10 países, en su gran mayoría latinoamericanos.

La Comisión registra en sus informes una tendencia a la baja generalizadas en los últimos años, pues solo en 2023 recibieron 140,720 solicitudes versus las 78,975 del último año, lo que representa una baja del 44 %.

El mes con más solicitudes registradas durante 2024 fue febrero con 8,446; seguido de octubre con 7,527 y noviembre con 7,122. Mientras que, los meses con menos solicitudes registradas fueron junio con 4,649 y julio con 5,316.

Por otro lado, para 2023 sí aumentó en un 18 % la cantidad de solicitudes registradas por la Comar. En 2022 registraron 119,078 trámites y para 2023 llegó a las 140,720. En 2022 el país con más solicitudes fue Honduras; en 2023 fue Haití y para 2024 el primer lugar volvió a Honduras.

Los trámites de refugio son realizados por los solicitantes en las delegaciones mexicanas habilitadas por la Comar. Las delegaciones con más solicitudes recibidas son la Baja California, Ciudad de México, Palenque, Tapachula y Jalisco.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno acordó este lunes la ratificación del «Acuerdo sobre transporte aéreo» que aprobó con Costa Rica durante la visita del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a la vecina nación centroamericana en noviembre pasado.

El acuerdo sobre transporte aéreo entre El Salvador y Costa Rica, que aún no es público, busca «impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil».

La negociación del convenio de seguridad aérea con Costa Rica inició en octubre de 2022, según el director de relaciones económicas de Cancillería, Eduardo García, quien detalló que El Salvador ya tiene 15 acuerdos de este tipo, siete han sido firmados de 2021 a 2024.

Los diputados aprobaron el acuerdo, aunque este no fue leído en la Comisión. El acuerdo de seguridad aérea con Canadá, firmado en octubre de 2018, un documento público,

La directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Patricia Aguilera Bran, dijo a diputados de la Comisión que hubo un 10 % de aumento en atención de operaciones de vuelos de pasajeros en diciembre de 2024, con 44,100 vuelos de llegadas, salidas y conexiones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, que tiene 19 puertas y salas de espera.

«Solo en el Aeropuerto Internacional se han atendido a más de 5 millones de pasajeros, es decir que ha existido un incremento del 17 % más de viajeros en comparación con el año 2023.
Patricia Aguilera, directora jurídica de Cancillería.

A esto se suma un aumento del 21 % en la importación y exportación de carga, con 34.1 millones de kilogramos hasta el 15 de diciembre de 2024; y un 25 % de aumento de los servicios prestados en el aeropuerto internacional de Ilopango.

«A noviembre de 2024, El Salvador ha recibido más de 3.5 millones de turistas. Esperamos que en diciembre y pronto nuestro Ministerio de Turismo nos pueda dar cifras cerradas a finales de 2024».
Eduardo García, director de relaciones económicas de Cancillería.

El director de relaciones económicas de Cancillería, quien recordó que este año se cumplen 180 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Costa Rica, señaló que «ni El Salvador ni Costa Rica han alcanzado recuperar el nivel de flujo de turistas para 2019», por lo que cree que hay que «trabajar para promocionar, divulgar, incentivar y generar condiciones que permitan que el flujo de turistas» se recupere a niveles de 2019 e incluso pueda superarse.

«Como el 2024 no han cerrado completamente las cifras, tenemos que tomar como base el 2023… Ni El Salvador ni Costa Rica han alcanzado recuperar el nivel de flujo de turistas para 2019. Todavía los países están siendo resentidos en materia de turismo y no hemos logrado tener la misma cifra que teníamos en 2019».
Eduardo García, director de relaciones económicas de Cancillería.

Según el director, el acuerdo con Costa Rica permitirá una mayor llegada de turistas, con la promoción de rutas de conectividad, además de un impacto en la economía local en los sectores de hospedaje y transporte, paquetes turísticos regionales y multidestinos, generación de empleos en el sector turístico.

El acuerdo, según García, también puede reducir las barreras logísticas y de transporte de carga, incrementar la frecuencia de vuelos y expandir las redes de negocios.

«A nosotros nos ha quedado bastante claro todo el contexto de este acuerdo», respondió la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, luego de la intervención de ambos funcionarios de la Cancillería.

El diputado Walter Alemán, de Nuevas Ideas, se refirió a disposiciones de seguridad aérea que él conoce, aunque no se refirió o expuso dudas sobre el acuerdo bajo estudio. «Hablar del tema de aviación me gusta muchísimo», dijo.

La Asamblea Legislativa aprobó durante los 12 meses del año 2024 un total de $5,850.1 millones en préstamos, garantías de préstamos para instituciones autónomas y autorización de títulos valores.

En préstamos otorgados por instituciones financieras, el Congreso salvadoreño autorizó y aprobó un total de $2,350.1 millones en créditos o garantías soberanas crediticias con diferentes instituciones financieras, la mayoría otorgadas por la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 40 % de los acreedores, sin tomar en cuenta a los tenedores de los títulos valores que se hubieren colocado.

Los diputados autorizaron, durante el año pasado, al Ministerio de Hacienda a emitir hasta $3,500 millones en títulos valores: la primera autorización hasta por $1,000 millones fue aprobada el 28 de febrero para atender obligaciones generales y manejo de deudas o pasivos; la segunda hasta por $1,500 millones el 22 de mayo para operaciones de manejo de pasivos; y la tercera, más recientemente, el 12 de noviembre, para «atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado, incluyendo la realización de operaciones de manejo de pasivos, en una o varias transacciones».

La deuda o garantía aprobadas suman $5,850,183,357 durante un año. Los acreedores de la deuda aprobada son, en este orden, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fondo Saudita para el Desarrollo –financiera estatal de Arabia Saudita– y la empresa china Yutong Bus Co.

Sin embargo, la mayoría de los acreedores serán los tenedores del 51.5 % de la deuda autorizada durante este año.

No toda la deuda aprobada este año fue integrada al presupuesto general del Estado 2024; la mayoría de préstamos presentan desembolsos posteriores gradualmente según sus plazos correspondientes.

Pero, en concepto de títulos valores, fueron incorporados $2,200 millones colocados en el presupuesto estatal 2024, con dos reformas presupuestarias, una realizada el 31 de julio por $1,000 millones y la segunda, el 26 de septiembre, por $1,200 millones, correspondientes a las emisiones de títulos autorizadas el 28 de febrero y el 22 de mayo de 2024.