Categoría: Politica

  • Salvadoreño enviado por error al Cecot debe tener debido proceso dice diputada Villatoro

    Salvadoreño enviado por error al Cecot debe tener debido proceso dice diputada Villatoro

    La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró este martes que el salvadoreño deportado de Estados Unidos y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) por «un error administrativo», «debe tener derecho a un debido proceso».

    «Aquí definitivamente es obligatorio que se le siga el debido proceso que se debería hacer constitucionalmente y lógicamente que, si es un migrante que no ha cometido delito, que salga libre», señaló la legisladora.

    La diputada insistió en que el gobierno de El Salvador tuvo que haber negociado beneficios para los salvadoreños con estatus irregular en Estados Unidos y no traer criminales extranjeros en el país.

    «Este es un tema delicado. Nosotros quisiéramos saber cuál es el acuerdo y que, de hecho, tuvo que haber pasado por esta Asamblea Legislativa para conocer la realidad de lo que está pasando. Esta situación es lamentable y ojalá se hubiera tenido una mejor negociación con los Estados Unidos para que hubiéramos logrado un mejor acuerdo para los salvadoreños en Estados Unidos, para su situación migratoria», opinó la diputada de oposición.

    «¿Para qué queremos más delincuentes? No necesitamos más de los que están ahí. Recibir personas que vienen con otro nivel de maldad. ¿Para qué? Para que les enseñen a ellos a ser más malos. Yo creo que no es justo para los salvadoreños y no vale la pena», concluyó la legisladora.

    «El error administrativo»

    Se trata de Kilmar Ábrego García, un residente legal en Maryland, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un menor con discapacidad, también ciudadano. Según documentos judiciales, Ábrego había recibido una resolución favorable de un juez de inmigración para evitar su deportación, debido al riesgo de persecución en su país natal.

    «Por error administrativo, Abrego García fue deportado de Estados Unidos a El Salvador. Esto fue un descuido, y la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden final de deportación y en su presunta pertenencia a la MS-13», se lee en la declaración judicial. El caso fue revelado por la revista estadounidense The Atlantic, que cita los documentos judiciales.

    Pese a reconocer el error, el Departamento de Justicia estadounidense se opone a la repatriación. En el documento judicial, el asistente del fiscal general, Yaakov M. Roth, sostuvo que la corte carece de competencia para ordenar acciones de política exterior y que no hay evidencia de que Ábrego corra un riesgo inminente de ser torturado o asesinado en el Cecot.

    A la fecha, se conoce que Estados Unidos ha enviado a El Salvador, bajo un acuerdo carcelario, a 278 personas al Cecot, los primeros fueron enviados el 16 de marzo en tres vuelos –238 venezolanos supuestos miembros del Tren de Aragua; y 23 salvadoreños, supuestos miembros de la MS-13.

    El pasado domingo 30 de marzo, Estados Unidos envió a otros 17 supuestos criminales entre miembros del Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13) a El Salvador, también al Cecot.

  • Diputados aprueban el informe de gastos del presupuesto y patrimonio del Estado, Vamos vota en contra

    Diputados aprueban el informe de gastos del presupuesto y patrimonio del Estado, Vamos vota en contra

    Con 57 votos, de Nuevas Ideas y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este martes el «Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal de 2024» que el Ministerio de Hacienda debe rendir en cumplimiento del artículo 168 ordinal sexto de la Constitución de la República.

    La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron.

    El informe indica que las 140 instituciones del Estado presupuestaron un total de $17,650.9 millones de ingresos y en realidad ingresaron $16,678 millones, un 94.4 %.

    También indica que de un total de $17,650.9 millones de egresos presupuestados, las 140 instituciones gastaron o ejecutaron $15,379.4 millones, un 87.1 %.

    El Estado –gobierno central, descentralizadas no empresariales y empresas públicas– tiene un total de activos de $25,056.2 millones, según el informe, lo cual incluye el patrimonio estatal mu00e1s pasivos o deudas.

    El informe tiene detalles de gastos como los siguientes:
    -El Gobierno Central presupuesto $2,695 millones en remuneraciones y ejecutó $2,685 millones. En remuneraciones permanentes previó $1,718 millones y ejecutó $1,715 millones. El resto son remuneraciones eventuales, gastos de representación u otros.
    -El sistema penitenciario erogó $165.4 millones, cantidad similar a la programada.
    -Se ejecutaron $14.1 millones en pasajes y viu00e1ticos. Se habían programado $15.1 millones.
    -Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia programó $38.4 millones pero se ejecutaron $22.3 millones.
    -Inteligencia del Estado programó $43.5 millones y ejecutó $43.5 millones.
    -La Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República proyectó un presupuesto de $37.2 millones y ejecutó $14.7 millones.

    El artículo 168 de la Constitución ordena como obligación del presidente de la República «presentar dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada año el informe de labores de la Administración Pública en el año transcurrido».

    El mismo artículo obliga al ministro de Hacienda «además, dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada periodo fiscal, la cuenta general del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal».

    La Constitución advierte que, si no se cumplen estas obligaciones, «quedará por el mismo hecho depuesto el ministro que no lo verifique», lo cual será notificado al presidente para que nombre al sustituto.

  • Directores de Aduanas se reunirán en El Salvador en mayo

    Directores de Aduanas se reunirán en El Salvador en mayo

    El Salvador será la sede de la XXVII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe, y de la XLV Reunión de directores nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal.

    Ambos eventos se celebrarán del 5 al 9 de mayo de 2025.

    Este martes, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que exonera a los delegados, personal técnico y resto de personas acreditadas para asistir a las conferencias de pagos de servicios, derechos migratorios y consulares hasta el 12 de mayo.

    El dictamen 78 para decretar la exoneración tuvo 60 votos a favor.

    La vicepresidencia regional de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), de la cual es miembro El Salvador desde julio de 2005, acordó que El Salvador sea sede de ambas reuniones.

    El Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua (Comalep), suscrito en septiembre de 1981, busca asistencia y cooperación entre aduanas de América Latina, España y Portugal para la correcta aplicación de las leyes aduaneras, institucionalizar la cooperación entre los países parte y combatir el fraude y los ilícitos aduaneros.

  • Asamblea rinde homenaje póstumo a Cristian Bonilla, diputado suplente y exconcejal de Ilopango

    Asamblea rinde homenaje póstumo a Cristian Bonilla, diputado suplente y exconcejal de Ilopango

    La Asamblea Legislativa rindió este martes un homenaje póstumo a Cristian Joel Bonilla Archila, quien se desempeñaba como diputado suplente de Nuevas Ideas en el periodo 2024-2027 y falleció a sus 29 años el pasado 25 de marzo.

    Bonilla Archila fue concejal propietario del partido Nuevas Ideas del periodo 2021-2024 en el distrito de Ilopango, de donde era originario.

    El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, lo recordó como un amigo y colega.

    “Tengo presente el día en que lo conocí. Alguien me escribió al teléfono y me dijo: ‘Bro, nos podemos reunir en Plaza Mundo, en el foodcourt, no en un lugar lujoso y ni siquiera me pidió ayuda para él. Me pidió dos cosas: que ayudáramos a alguien más y que trabajáramos por Ilopango”, contó ante el pleno.

    Guevara relató que en ese momento “Ilopango fue la cuna donde nació la tregua de las maras”.

    “Ahí nació la tregua de las maras y él valientemente nos guió por varias colonias en las que no se podía entrar, en las que entrar era prohibido y en las que salir era más difícil, y ahora ahora hablando con sus amigos, él siguió fiel a Ilopango, fue funcionario dos periodos, uno como concejal y actualmente como diputado suplente pero él siguió fiel a su municipio, a su comunidad, a su familia y eso dice mucho de alguien”, expresó el diputado, frente al pleno legislativo.

    El diputado recordó que el último día de vida de Cristian, él trabajó en una comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa. “Llegaba temprano y era el último en irse”, indicó Guevara.

    El diputado propietario Benjamín Zavaleta López, de quien era suplente Bonilla Archila, a quien conocía desde niño, aseguró que su ética de trabajo y su deseo de aportar soluciones les dejará un legado.

    Además de su rol político, Cristian fue un amigo legal, un hombre de carácter, su presencia en la Asamblea Legislativa no solo fue valiosa en
    términos profesionales sino también en lo humano, siempre dispuesto a escuchar.”Benjamín Zavaleta, diputado propietario.

    “Cristian yo lo conocí desde pequeño, éramos muy buenos amigos, asistíamos a la misma iglesia… Recuerdo que lo busqué a él para que fuera mi suplente. Recuerdo que él me dijo que él no podía tomar esa decisión porque respetaba a quienes le habían dado el apoyo para que en ese momento fuese un funcionario en la alcaldía de Ilopango, y respeté su decisión”, relató.

    Agregó que posteriormente dos días antes de que se inscribiera como diputado, Bonilla Archila aceptó ser su suplente.

    Según el diputado Zavaleta, el diputado suplente fue un «hombre de palabra» y también «de acción”. Zavaleta, antes de ser diputado, fue gerente de servicios generales de la alcaldía de San Martín.

    Cristian Bonilla fue diputado suplente desde mayo de 2024, concejal de Ilopango de mayo de 2021 a abril de 2024, y laboró en la Fiscalía General de la República en el año 2021, en la Escuela de Capacitación Fiscal, según su perfil público de la Asamblea Legislativa. Era licenciado en mercado de la Universidad Doctor Andrés Bello de 2017 a 2022 con una pre-especialización en marketing digital.

  • Defensores públicos destinan 20 % de su tiempo a estudiar sus casos y 60 % a audiencias según procuradora adjunta

    Defensores públicos destinan 20 % de su tiempo a estudiar sus casos y 60 % a audiencias según procuradora adjunta

    Los procuradores auxiliares destinan únicamente el 20 % de su tiempo a la preparación técnica de sus casos y el 60 % a las audiencias que deben atender, dejando un 20 % de su tiempo para atender a los familiares de los privados de libertad.

    Así lo aseveró la procuradora general adjunta, Cándida Parada de Acevedo, en una entrevista realizada el lunes por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, en su calidad de candidata a procuradora general para el periodo de mayo de 2025 a mayo de 2028.

    “Un estudio muy reciente que hicimos nos demostró que el tiempo de un defensor público penal se va 60 % en audiencias, el 20 % en atender a los familiares de las personas imputadas y el otro 20 % en la preparación técnica de sus casos”, detalló.

    La funcionaria informó de estos datos cuando propuso una atención virtual por parte de defensores públicos para dar información a los familiares de los privados de libertad, además de dar mediaciones virtuales, con el fin de descargar de este trabajo a los trabajadores que están “en primera línea” en las audiencias.

    La funcionaria propuso el programa “Justicia digital al alcance de todos y todas”, ya que manifestó que según el Censo de Población y Vivienda 2024 el 53 % de mujeres salvadoreñas hacen uso de la tecnología, el 80 % de la población usa internet y que el 77 % de la población usa teléfono inteligente.

    La funcionaria también explicó que en la PGR se resuelven 56 % de los casos a través de la vía administrativa, por ejemplo que se resuelven a través de mediación, y 40 % por la vía judicial, pero planteó que las resoluciones de los casos deberían tener una proporción de 70 % en la vía administrativa y 30 % en la vía judicial.

  • Organizaciones protestarán próximo 1 de mayo contra negación de credenciales a sindicatos

    Organizaciones protestarán próximo 1 de mayo contra negación de credenciales a sindicatos

    Organizaciones aglutinadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) convocó este martes a la marcha del 1 de mayo para conmemorar 135 años de una gesta de los trabajadores para instaurar las ocho horas laborales.

    Sonia Urrutia, representante del BRP, explicó que ese día también protestarán contra el régimen de excepción, porque consideran que desde que inició, el 27 de marzo de 2022, la “clase trabajadora ha visto un retroceso hacia la calidad de vida.”

    Entre las acciones que rechaza este movimiento, según su pronunciamiento, están: encarcelamiento de líderes sindicales, negación de credenciales a 450 sindicatos, 40,000 despidos en el Estado a raíz del ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional, pérdida de miles de empleos en los sectores agropecuario, industria, servicio y educativo.

    “Los salarios están devorados por un 30 % en el costo de la vida,” leyó Urrutia, quien señaló que el salario mínimo no aumenta desde hace tres años y que, según la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, una proporción de salvadoreños han dejado de comer carne ante el costo de la vida.

    El BRP pide un aumento del 25 % al salario mínimo.

    El movimiento aún no anunció la ruta de la marcha. En anteriores marchas han partido desde la plaza Divino Salvador del Mundo hacia el Centro Histórico de San Salvador, para concluir en la Plaza Cívica.

  • Parlacen abre nueva «Unidad de cooperación internacional» con apoyo del BCIE

    Parlacen abre nueva «Unidad de cooperación internacional» con apoyo del BCIE

    El Parlamento Centroamericano (Parlacen) inauguró la semana pasada la Unidad de Cooperación Internacional, la cual fue instalada con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de un convenio de cooperación que incluyó un diagnóstico para la nueva dependencia de su Junta Directiva.

    El Parlacen informó por medio de sus redes sociales que la unidad fue inaugurada por el presidente del Parlacen, Carlos Hernández, quien representa la bancada de El Salvador por Nuevas Ideas.

    La institución aseguró que la unidad busca «promover» proyectos que den «beneficios directos a centroamericanos y dominicanos«.

    Entre las áreas de trabajo de la nueva unidad, está gestionar proyectos de educación y emprendimiento «a través de organismos internacionales y otras instancias».

    La nueva unidad estará a cargo de Nelson Guzmán, quien coordinó el diagnóstico.

    «El Presidente del Parlamento Centroamericano, Carlos Hernández, como parte de su plan programático de trabajo, en el eje sobre Relaciones Exteriores, procedió a inaugurar la Unidad de Cooperación Internacional, establecida en el Reglamento Interno del Parlacen». Parlamento Centroamericano en sus redes sociales.

    La unidad es tará a cargo de «consolidar estratégicas» con sectores gubernamentales y sociedad civil para proyectos.

    El Parlacen posee representación parlamentaria de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

    El articulo 208 del reglamento interno del Parlacen establece que la Unidad de Cooperación Internacional «es la instancia encargada de ejecutar la cooperación internacional bajo la dirección y coordinación de la Junta Directiva». El segundo inciso indica que la Unidad debe ser incluida en el organigrama institucional y «dependerá de la Junta Directiva».

  • Nueva deuda de pensiones llega al 20 % de la deuda previsional total

    Nueva deuda de pensiones llega al 20 % de la deuda previsional total

    La deuda que el Estado salvadoreño tiene con el Fondo de Pensiones de los trabajadores que cotizan en las AFP creció en febrero de 2025 a $10,619.74 millones, 20 % de la cual fue adquirida desde la reforma de pensiones de diciembre de 2022.

    Un total de $8,395.73 millones corresponde a la deuda de pensiones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que es la deuda heredada de periodos antes de la reforma de diciembre de 2022 y que antes estaba en Certificados de Inversión Previsional (CIP).

    La reforma de diciembre de 2022 continuó permitiendo que el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) pueda emitir Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para que estos puedan ser adquiridos por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) hasta en un 100 % y así el ISP pueda pagar las pensiones de jubilados del Sistema de Pensiones Público (SSP).

    Desde la reforma, la deuda de pensiones en COP suma $2,224.01 millones, un 20.94 % del saldo de la deuda registrada por el Banco Central de Reserva.

    Desde abril de 2023 a febrero de 2025, el saldo promedio emitido en nuevos certificados o COP ha sido de $96 millones mensuales según el registro del BCR, aunque se desconoce si el reporte de abril de 2023 incluye emisiones de meses anteriores.

    Por otra parte, el saldo de la deuda estatal de pensiones emitida a través de CIP, ahora expresada en CFT, no estu00e1 recibiendo amortizaciones de intereses y capital por el acuerdo al que llegaron el Gobierno y las AFP de cuatro años de gracia, para reanudar el pago de capital e intereses del Estado al Fondo de Pensiones de los trabajadores cotizantes de las AFP.

  • Candidatos a procurador proponen ampliar mediación, informar telefónicamente a familiares y «sanear» la PGR de personal que «divide»

    Candidatos a procurador proponen ampliar mediación, informar telefónicamente a familiares y «sanear» la PGR de personal que «divide»

    Cuatro candidatos que aspiran a dirigir la Procuraduría General de la República (PGR) en el periodo del 2 de mayo de 2025 al 1 de mayo de 2028 hicieron diferentes propuestas como mejorar «la capacidad instalada», apostar a la investigación en adopciones, firmar convenios con universidades para que los estudiantes auxilien a los defensores públicos y «sanear» la institución de «sectores que dividen».

    Dionisio Ernesto Alonso Sosa, abogado en el libre ejercicio y juez suplente especializado de niñez y adolescencia, fue el primer candidato a procurador general de la República entrevistado por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

    Aseguró que actualmente es consultor de Unicef, de la Organización Internacional de Migración (OIM) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).

    En el pasado dijo que ha ocupado cargos como colaborador judicial en el Juzgado 9º de Instrucción, auxiliar de la Fiscalía General de la República, director ejecutivo de la Oficina para Adopciones (OPA) y coordinador de Niñez y Adolescencia de la PGR. Además, dijo que es juez suplente especializado de niñez y adolescencia desde 2015.

    El diputado Christian Guevara, jefe de Nuevas Ideas, le preguntó cuáles son tres puntos de mejora que implementaría en la PGR.

    Alonso Sosa respondió: mejora en la calidad de servicios de atención, fortalecer la gestión institucional y la capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, con la cooperación internacional y con las organizaciones de la sociedad civil.

    El diputado Serafín Orantes y la diputada Suecy Callejas consultaron a Alonso Sosa sobre las reformas que propondría en materia de adopciones. “Habrá que apostarle a la investigación de los casos», propuso, Además, señaló que la ley no establece si quien tiene que modificar una sentencia emitida por un juez de familia es el juez de familia o el nuevo juez especializado en niñez y adolescencia.

    Agregó que la Ley Especial de Adopciones no establece un plazo de adoptabilidad y que Argentina ha fijado dos años como plazo máximo para resolver la adoptabilidad.

    «Se escucha bien bonito»

    El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, preguntó cuál sería la manera de administrar la PGR tomando en cuenta el régimen de excepción y la creatividad necesaria “para cuidar el dinero del pueblo”.

    El abogado Dionisio Alonso Sosa propuso “expandir los centros de mediación” de la PGR con ayuda de las universidades y que los estudiantes de derecho hagan sus prácticas jurídicas auxiliando con investigación a los defensores públicos.

    “Se escucha bien bonito, pero le voy a explicar: ¿tiene usted cuántos expedientes lleva cada procurador auxiliar?”, lo cuestionó el diputado Navarro.

    “Supera 100 expedientes”, le respondió el candidato.

    “Y usted dice que se le puede poner un investigador para cada caso”, le replicó Navarro, quien agregó posteriormente que “la carga laboral es mucha” en la PGR.

    Centralizar resolución de conflictos e informar telefónicamente a familiares

    Cándida Dolores Parada de Acevedo es la actual procuradora general adjunta, tiene un posgrado en derechos del niño, fue coordinadora nacional de mediación y también fungió como presidenta suplente de la OPA. Su currículum también fue elogiado por el diputado Ernesto Castro, quien le preguntó por cuáles son los principales tres ejes de su propuesta.

    Parada de Acevedo respondió: crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos en la PGR que centralice la resolución de conflictos del país; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; y reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados de grupos delincuenciales, por ejemplo.

    Parada de Acevedo propuso defensores públicos den información vía telefónica a los familiares de los privados de libertad porque, explicó, el 60 % del tiempo de los defensores públicos se destina a audiencias, el 20 % a atender a los familiares de los privados de libertad y solo un 20 % en la preparación técnica de sus casos.

    La procuradora adjunta también propuso teletrabajo de un 40 % de personal, crear y acreditar a la institución con el sistema de integridad y antisobornos, actualización de la ley orgánica de la PGR que «no responde a la realidad», promover una reforma a la ley de mediación y arbitraje para fortalecer estos mecanismos e impulsar una Ley de Paternidad Responsable o reformar el Código de Familia para este fin, fortalecimiento de las alianzas institucionales –Fiscalía, Ministerio de Justicia, despacho de la Primera Dama, departamentos, municipios– y asistencia legal para los salvadoreños en el exterior en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    La diputada Suecy Callejas preguntó por tres estrategias para fortalecer los derechos de la niñez y de las mujeres. La candidata respondió que ahora se puede trabajar «de cerca» con el resto de las instituciones, que es necesario bajar a niveles departamental y local, y «diseñar planes de abordaje para cada área».

    «Nunca perdí un caso en materia penal»

    Juan José Losa Lizama, el tercer candidato entrevistado, abogado, fue asesor jurídico de la Policía Nacional desde 1996 hasta el 31 de mayo de 2022 y es presidente en funciones de la Asociación Salvadoreña de Personal Policial con Discapacidad. “Les solicito que no me miren con discapacidad”, pidió en un inicio.

    Aseguró que una de sus funciones fue hacer defensa en materia penal de los miembros de la PNC por hechos en el “cumplimiento del deber”. “Nunca perdí un caso en materia penal”, dijo.

    El candidato agradeció al presidente Nayib Bukele por haber aumentado las pensiones en un 30 %, ya que así, dijo, le quedó “buena pensión”.

    La diputada Suecy Callejas le preguntó por cuáles serían las medidas que implementaría para la población en situación de vulnerabilidad. Losa Lizama respondió que presentaría un proyecto al ministro de Educación para enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7º grado y posteriormente darles un capital semilla; además, propuso una nivelación salarial para favorecer a las mujeres.

    El procurador debe asignar a un delegado para que lleguen a los hospitales y den atención psicológica a las menores de 15 años.

    Trabajar con Innovación de la Presidencia y Google

    Nelson Alexander Yanes Iraheta, el candidato que más preguntas recibió, es el director país del Consejo Independiente de Protección de la Infancia de España en El Salvador, ha sido coordinador departamental de promotores de la Gobernación Departamental y también fue asesor jurídico del actual viceministro de Salud, Carlos Alvarenga.

    También, según Yanes Iraheta, fue miembro propietario de la directiva del Instituto Nacional de Empleados Públicos (INPEP) y dijo que ayudó a “llevar la transición” al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Manifestó que estuvo en el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (Foprolyd) y ayudó a la “fusión” con el Instituto de Veteranos, del cual fue miembro fundador.

    El diputado Ernesto Castro le preguntó por el presupuesto y cuánto personal tiene la PGR. El candidato respondió que la PGR tiene un presupuesto de $32.2 millones y que el personal de la PGR «se ha visto limitado» pero que es «algo favorable» por el ahorro.

    “El personal se ha visto limitado pero considero que es algo favorable para la institución y para el país en cuanto al ahorro presupuestario». Nelson Yanes Iraheta, exasesor de viceministro de Salud.

    El diputado Castro también le preguntó por «dos cambios puntuales»: «Apoyo total a la niñez y sectores vulnerables, y la transformación digital», contestó, para «transformar la PGR de un Blockbuster a un Netflix».

    El diputado Christian Guevara también le preguntó tres acciones puntuales para mejorar los servicios al área de la niñez y la adolescencia. El candidato le respondió: trabajo articulado con el Conapina (Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia) y el despacho de la primera dama de la República.

    La diputada Suecy Callejas le preguntó que, de ser electo procurador, cómo optimizaría los recursos de la PGR para mejorar los servicios manteniendo la gratuidad y su calidad, ya que casi todas las instituciones han tenido un recorte presupuestario.

    El abogado Yanes Iraheta respondió que optimizaría los recursos haciéndose “acompañar de la Secretaría de Innovación” de la Presidencia de la República y trabajar “con la empresa Google” para “homogenizar la data” en la PGR y «trasladarla a los canales» y alfabetizar al personal para hacer uso de las nuevas tecnologías.

    «Apoyarnos en la Inteligencia Artificial para crear actores que por sí mismos puedan darle respuesta a la población y una sola persona va a tener la oportunidad de manejar diferentes actores de Inteligencia Artificial para poderle dar respuesta a la población», dijo.

    Sobre las adopciones, el candidato dijo que a partir de las reformas a la Ley de Adopciones «han hecho más ágiles los procesos». Aseguró que para analizar «por qué los adoptantes regresan a los niños», hay que analizar «en qué está fallando la OPA». «Estos casos son completamente excepcionales», aclaró posteriormente la diputada Callejas.

    «Sanear» la PGR de «sectores que dividen»

    Luego, el diputado Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, le preguntó al abogado Yanes Iraheta por tres debilidades de la PGR para corregirlas si llega a ser procurador general.

    Yanes Iraheta le respondió que «muchos» empleados «dan el plus», pero que “hay ciertos sectores que no se quieren sumar”.

    «En ese sentido identificar quiénes son esos sectores que dividen las instituciones y cuando una institución se divide, la institución no progresa. Hay personas que son muy técnicas y de escritorio pero no conocen el territorio… Primero hay que sanearse internamente para poder garantizar esa atención integral y hay que sanear la institución”, añadió.

    El candidato también dijo que es necesario ampliar la mediación y conciliación con un “despliegue territorial” y modernizar la institución.

  • Estado ejecutó 87.1 % de gastos en 2024 y reportó $25,056 millones de activos

    Estado ejecutó 87.1 % de gastos en 2024 y reportó $25,056 millones de activos

    La ejecución presupuestaria de egresos o gastos de las 140 entidades de todo el Estado ascendió a 87.1 % anual según el informe de gestión financiera del Estado cuyo dictamen favorable podría ser aprobado este martes en sesión plenaria.

    De un total de $17,650.9 millones del presupuesto de ingresos, se ejecutaron $16,678 millones, un 94.4 %; y de un total de $17,650.9 millones de egresos presupuestados, se ejecutaron $15,379.4 millones, es decir un 87.1 %.

    Esta es la ejecución de un total de 140 entidades: 32 del Gobierno Central, 41 instituciones descentralizadas entre las cuales están 31 hospitales, 54 instituciones descentralizadas no empresariales a las cuales el gobierno transfiere subsidios, 4 empresas públicas y 9 instituciones descentralizadas, explicó el director general de Contabilidad Gubernamental, Joaquín Montano, a diputados.

    Montano explicó el lunes que el informe de gestión financiera del Estado se entrega a la Asamblea Legislativa con base en el artículo 168 de la Constitución de la República, ordinal sexto, que exige rendir cuentas al Legislativo sobre el estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal; así como el artículo 105 literal k de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

    El informe fue entregado en la sesión plenaria del 25 de marzo de 2024 por el Ministerio de Hacienda al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

    «Niveles óptimos»

    Según el director de Contabilidad Gubernamental, “la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos alcanzó niveles óptimos y muy buenos, muy saludables para todos los ingresos y gastos del sector público”.

    “El gobierno de la República a través de todas sus entidades realizaron sus gastos de manera controlada, no se despilfarró, no se gastó más de lo que ingresó. Las meta del gobierno se alcanzaron con sus objetivos aún con menos dinero del que se había presupuestado”, indicó Montano.

    Los activos del Estado

    El director de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda informó a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa también reveló que el Estado –gobierno central, descentralizadas no empresariales y empresas públicas– tiene un total de activos de $25,056.2 millones.

    Los activos incluyen tanto el patrimonio más los pasivos, es decir, las deudas, es decir, incluye la infraestructura estatal aunque se realice con base a préstamos.

    Sin embargo, estos podrían aumentar.

    «Esos son los activos no financieros del Estado. Esto está en proceso en las entidades todavía de incrementarse un poco más, porque las entidades todavía están haciendo depuraciones, incorporaciones de los bienes de uso público, por ejemplo, carreteras y otra infraestructura que se construyó hace más de 10, 15, 20 años y que en ese tiempo las administraciones no se preocupaban por darle de alta a los activos que se construían de obra gris y eso hace falta incorporar», explicó el director de Contabilidad a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

    Informó que el Ministerio de Hacienda está ayudando a que depuren e incorporar todos los bienes de uso público «para que este total de activos se vean incrementados» y para que a través de normas internacionales de contabilidad para el sector público «las entidades empiecen a reconocer como activos» los patrimonios como el histórico, el cultural y el ambiental.

    El dictamen 80 de aprobación del informe fue aprobado ayer por la Comisión de Hacienda y podría ser aprobado en la sesión plenaria de este martes.