Categoría: Politica

  • Concejal pide exonerar de impuestos a comerciantes afectados por incendio en Santa Tecla

    Concejal pide exonerar de impuestos a comerciantes afectados por incendio en Santa Tecla

    La concejal de Arena en la alcaldía de La Libertad Sur, Beatriz Harrison, presentó una petición en la comuna para exonerar del pago de impuestos municipales, de forma temporal, a los 25 comerciantes afectados por el incendio sufrido el pasado 28 de marzo, frente al Mercado Central de Santa Tecla.

    “He presentado formalmente al Concejo Municipal Libertad Sur y al alcalde (Henry Flores) una solicitud para exonerar, de manera temporal, el pago de la tasa municipal a los comerciantes afectados por el incendio que se registró en la placita conocida como Las Águilas, frente al Mercado Central, el pasado viernes 28 de marzo”, informó la concejal a Diario El Mundo.

    La concejal de Arena presentó este día la petición de esa exoneración y espera que sea conocida y aprobada en la próxima reunión del concejo municipal.

    “Sabemos que han perdido mucho y que su prioridad ahora es reconstruir sus negocios y recuperar su fuente de ingresos. Por eso, también he solicitado que no acumulen mora desde el día del siniestro y que la exoneración se aplique tanto a sus puestos originales como a los espacios temporales donde podrían ser reubicados”, solicita en la petición.

    Luego del incendio en reunión exprés, el concejo aprobó dar un bono de $500 a cada comerciante afectado, de los 25, “15 tuvieron pérdidas total y de ahí viene mi propuesta, de, al darles el puesto provisional, exonerarlos de los impuestos y tasas que se les cobran entre cuatro y seis meses, para que ellos se puedan levantar”.

    Los vendedores aún no han sido reubicados, aunque la concejal asegura que solicitó se les dieran puestos “en el mercado central, ya que hay muchos puestos vacíos, la mitad del mercado está vacía, pero no se ve claro, no me dijeron nada, yo propuse que fuera un lugar seguro, pues ya vienen las lluvias, pero sí me dijeron que estaban buscando la solución”.

    Harrison aprovechó para señalar que también ha solicitado que en cuanto el Cuerpo de Bomberos tenga el informe del siniestros se les haga llegar.

    “Me llamó muchísimo la atención que el CAM (Cuerpo de Agentes Metropolitanos) horas después del incendio estaba removiendo escombros, cuando no había una presentación formal de Bomberos, ni de juzgados diciendo qué había pasado y cuál había sido la causa del fuego, entonces yo pedí que quedara en acta, que en cuanto tuvieran ese reporte nos lo hicieran llegar, pues no pueden remover nada antes que haya un informe oficial de lo que pasó, esta es hora que no lo han mandado”, cuestionó.

    Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, informó este lunes que ya se cuenta con un informe preliminar sobre las posibles causas que originó el voraz incendio que destruyó parte del mercado de Santa Tecla, en La Libertad, pero que aún no pueden revelar la causa.

    “Nosotros ya tenemos alguna información de cuál fue el origen, sin embargo, nos hace falta poder determinarlo con algunas otras, así que no podemos dar ahorita un dictamen, cuál fue la causa, la fuente de este incendio”, indicó Solano en la entrevista radial de YSKL.

  • Diputados rechazan evaluación de Acción Ciudadana en jornada de entrevistas a candidatos a PGR

    Diputados rechazan evaluación de Acción Ciudadana en jornada de entrevistas a candidatos a PGR

    En la primera jornada de entrevistas a procurador general de la República, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa rechazaron la mala evaluación que hizo la organización «Acción Ciudadana» al proceso de elección de fiscal general de la República.

    Este lunes, fueron entrevistados «Dionisio Ernesto Alonso Sosa», abogado exdirector ejecutivo de la Oficina para Adopciones y juez suplente de niñez y adolescencia; «Cándida Dolores Parada de Acevedo», actual procuradora general adjunta; «Juan José Losa Lizama», exasesor jurídico de la Policía Nacional Civil (PNC) de 1996 a 2022; y «Nelson Alexander Yanes Iraheta», exasesor jurídico del viceministro de Salud Carlos Alvarenga.

    Durante la primera entrevista, el diputado «Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas», quien elogió el currículum del candidato, rechazó la evaluación que hizo la organización Acción Ciudadana (AC) en la elección de fiscal general de la República, ya que la AC señaló que la elección realizada por la Asamblea no cumplió estándares internacionales.

    El diputado «Ernesto Castro, presidente de la Comisión Política», aseguró que los miembros de organizaciones como «Acción Ciudadana» “van a seguir molestos” porque no cambiarán la forma de elección de funcionarios de segundo grado.

    El diputado Guevara cuestionó que en el pasado organizaciones no gubernamentales enviaban cuestionarios para los candidatos. “Había instituciones que le mandaban a uno el cuestionario, el baremo que ellos enviaban”, señaló.

    Para elegir a los funcionarios de segundo grado, la actual Comisión Política emite un dictamen, sin calificarlos con una nota y sin emitir propuestas de candidatos. Luego, el dictamen es enviado al pleno legislativo, en donde cada jefe de grupo parlamentario menciona sus propuestas en el pleno y posteriormente votan por las propuestas, que coinciden con las propuestas del resto de partidos aliados.

    El «diputado Serafín Orantes», del Partido de Concertación Nacional (PCN), también dijo que “hay organizaciones que hacen comentarios en los medios de comunicación”, en referencia a las críticas de la organización Acción Ciudadana del proceso de elección de funcionarios de segundo grado. “Deberían de lanzar un partido político para tener mayoría calificada y poder hacer lo que se hacía antes”, dijo.

    Orantes dijo que las elecciones en el pasado, cuando no eran públicas, se hacían en “un hotel de la calle Padres Aguilar y posteriormente pasaban a Casa Presidencial”.

    El último candidato de la jornada de este lunes, Nelson Yanes, elogió el proceso de elección que realiza la Asamblea Legislativa actual. “Es un proceso muy transparente a diferencia del pasado”, elogió a los diputados.

    En la jornada de este lunes, los cuatro candidatos a la PGR propusieron:

    «Dionisio Ernesto Alonso Sosa» (abogado exdirector ejecutivo de la Oficina para Adopciones y juez suplente de niñez y adolescencia): fortalecer la gestión institucional y capacidad instalada, mejorar la articulación con el resto de actores del sector justicia, cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, apostarle a la investigación de los casos de adopción, expandir los centros de mediación y promover la práctica jurídica de estudiantes de derechos en la investigación de casos para los defensores públicos.

    «Cándida Dolores Parada de Acevedo» (procuradora general adjunta): crear una Unidad de Solución Alterna de Conflictos, que centralice la resolución de conflictos; crear una aplicación con Inteligencia Artificial para que los resolutores accedan a los casos para fijar las cuotas alimenticias; reorientar los servicios psicológicos a colectivos afectados, por ejemplo, a grupos delictivos.

    «Juan José Losa Lizama» (exasesor jurídico de la PNC): propuso enseñar un oficio a los estudiantes a partir de 7o. grado y posteriormente darles un capital semilla, una nivelación salarial para favorecer a las mujeres y asignar a un delegado de la PGR para que visite los hospitales y den atención a las menores de 15 años que son víctimas de violación.

    «Nelson Alexander Yanes Iraheta» (exasesor del viceministro de Salud Carlos Alvarenga, exdirectivo del INPEP que ayudó a la transición al lnstituto Salvadoreño de Pensiones): propuso «sanear» e «identificar quiénes son esos sectores que dividen» dentro de la PGR, despliegue territorial de la mediación, hacerse acompañar de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República, trabajar con la empresa Google para homogenizar la data, apoyarse en la Inteligencia Artificial y transformación digital.

    El lunes 7 de abril a partir de las 2 p.m., serán entrevistados: René Gustavo Escobar Álvarez, Sara Nohemí García Leonardo, Sara Yolanda González Alfaro y Karina Jeannette Martínez Guevara.

  • Educación tendrá cinco años más para legalizar 1,636 inmuebles, ministro dice se respetará la «voluntad de los dueños»

    Educación tendrá cinco años más para legalizar 1,636 inmuebles, ministro dice se respetará la «voluntad de los dueños»

    Diputados aprobaron este lunes un dictamen favorable que prorrogará por cinco años más un decreto que le permite al Estado legalizar inmuebles para que pasen a ser administrados por el Ministerio de Educación y Tecnología (Mineducyt).

    Se trata de reformas a la «Ley especial transitoria para la legalización del dominio de inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación», que en primer lugar reforma el nombre de la normativa, quedando «Ley especial transitoria para la legalización de inmuebles a favor del Estado y gobierno en el ramo de Educación, Ciencia y Tecnología».

    En la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, el ministro de Educación, Mauricio Pineda, explicó que se extenderán «los procesos de legalización a todos los inmuebles necesarios para el desarrollo de servicios educativos y aquellos en los que el Ministerio tenga interés«.

    «Son 1,636 inmuebles que están todavía pendientes de legalizar de los cuales van a afectar a 1,232 centros educativos que en este momento todavía no están los terrenos en administración del Ministerio de Educación.
    Mauricio Pineda, ministro de Educación.

    Además, se declara de utilidad pública todos los inmuebles donde operan los Centros Educativos Oficiales (CEO), sus anexos y aquellos destinados a servicios educativos no administrativos.

    Además, se incluyen inmuebles propiedad del ISTA que albergan CEO, sus anexos y los destinados a servicios educativos y uso administrativo.

    «Se respeta la voluntad de los dueños», promete ministro

    Aunque el ministro aseguró que «las reformas no contemplan expropiaciones«, la ley establece que «será aplicable a todos los inmuebles donde funcionan centros educativos oficiales y sus anexos, así como aquellos inmuebles destinados al desarrollo de servicios educativos de uso administrativo por el Ministerio, como también en los que tenga interés el Ministerio que sean propiedad de personas naturales o jurídicas de carácter público o privado».

    «Algunos medios han querido hacer notar que lo que buscamos es la expropiación del inmueble, si eso buscáramos pues el decreto fuera otro, solo se hace la medición, se llega y se inicia el proceso de expropiación, pero no. Aquí se respeta la voluntad de los dueños, es necesario que la población tenga claro estamos respetando la voluntad del dueño», dice Pineda.

    El funcionario explicó que la ley permitirá «hacer el levantamiento topográfico sin autorización de propietario».

    Esta ley no procederá sobre inmuebles que estén en procesos litigiosos al momento de la vigencia de la ley y de inmuebles propiedad de niños.

    Plazo de 60 días para «solución amistosa»

    El decreto establece que el Ministerio de Educación publicará el listado de los inmuebles por legalizar por una sola vez en el Diario Oficial para que terceros puedan intentar una solución amistosa, ejercer acciones de dominio u otros derechos reales y oponerse a la legalización.

    Cuando se trate de inmuebles con gravámenes, medidas cautelares y restricciones, los titulares o cualquier otro interesado tendrán un plazo de 60 días, para que se presenten ante el Ministerio a ejercer las acciones y derechos para la solución amistosa, ejercer acciones de dominio u otros derechos reales y oponerse a la legalización.

    Transcurrido el plazo, el Ministerio procederá con saneamiento registral.

    Esta ley será aprobada por la Asamblea Legislativa en la sesión plenaria ordinaria de este martes 1 de abril.

  • Bukele le responde a Trump «¡Adelante juntos!», tras envío de más migrantes a El Salvador

    Bukele le responde a Trump «¡Adelante juntos!», tras envío de más migrantes a El Salvador

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con un «¡Adelante juntos!», tras los agradecimientos por aceptar a un nuevo grupo de 17 migrantes expulsados por Washington, tildándolos de «criminales».

    «Agradecido por sus palabras, presidente Trump», escribió Bukele en X y siguió: «¡Adelante juntos!».

    El presidente Trump dio este lunes las gracias a Bukele por aceptar a los migrantes expulsados por Washington y aseguró que les está dando un lugar «maravilloso» para vivir, aunque la mayoría han sido encarcelados.

    Este traslado tuvo lugar luego de «una nueva operación llevada a cabo el domingo por la noche», según publicó Bukele, en la que 17 supuestos miembros de Tren de Aragua (TdA) y MS-13 fueron enviados de Estados Unidos a El Salvador.

    La mayoría de los migrantes enviados a El Salvador han sido recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que se ha convertido en símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas.

    Ni el Gobierno de EE.UU. ni el de El Salvador han aportado pruebas que confirmen la pertenencia de los deportados a la MS-13 y el Tren de Aragua, ambas declaradas como organizaciones terroristas por Washington.

    Estados Unidos no ha informado sobre la nacionalidad de los deportados, pero el Gobierno salvadoreño aseguró que entre ellos había salvadoreños y venezolanos.

    El pasado 15 de marzo, Trump ya ordenó la expulsión de unas 200 personas a El Salvador, en su mayoría venezolanos, una decisión que actualmente está siendo litigada en tribunales por organizaciones defensoras de derechos civiles como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

    Trump llevó a cabo estas expulsiones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia: durante la Guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales.

  • Acuerdan ratificar convención de ONU para comunicaciones electrónicas en El Salvador, con lo cual buscan dar «un mensaje a inversionistas»

    Acuerdan ratificar convención de ONU para comunicaciones electrónicas en El Salvador, con lo cual buscan dar «un mensaje a inversionistas»

    Los diputados de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron el lunes el dictamen favorable para la ratificación de la adhesión a la «Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales».

    La jefa de negociación de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Margaret Meza, explicó a los diputados de la Comisión que esta adhesión busca emplear las comunicaciones electrónicas en la formación o el cumplimiento de contratos entre partes o sujetos cuyos establecimientos estén ubicados en distintos Estados.

    También, explicó que hay exclusiones “para los contratos personales, las operaciones bursátiles, los instrumentos financieros y documentos transferibles como letras de cambio o conocimientos de embarque» y por principio de autonomía.

    «Las comunicaciones electrónicas tienen la misma validez que las físicas, en ese sentido le da la certeza jurídica a las partes».
    Margaret Meza, jefa de negociación de tratados, Cancillería.

    Una comunicación electrónica es la que se establece por email, fax, EDI, entre otros, de información generada o archivada electrónicamente.

    Con esta adhesión, buscan darle «un mensaje a inversionistas del exterior» que El Salvador «es un Estado moderno, a la vanguardia de todos los mecanismos para darle una estabilidad jurídica a las empresas».

    «Se ha comprobado que en los Estados que han aprobado estas convenciones hay un aumento en el sector de tecnologías y de la información y hay reducción de costos transaccionales, porque el gobierno está muy enfocado también a simplificar los trámites y ser un gobierno más electrónico», expuso Alba Sánchez, miembro de la Dirección de Relaciones Económicas de Cancillería.

    Sánchez aseguró que, con la adhesión al convenio, se van “a generar oportunidades para este 90 % del empresariado», lo cual ayudaría a que incursionen en un «sector más formal y sean beneficiarios de los incentivos y de todos los beneficios que trae el comercio exterior».
    Agregó que “el Estado le brinda ese aparataje legal a los comerciantes, para que puedan tener la tutela de sus derechos».

    Los diputados emitieron dictamen favorable para que la Convención sea ratificada en pleno este martes.

  • Presidente de ANEP: «El mejor incentivo para un empresario es tener perspectiva de certidumbre»

    Presidente de ANEP: «El mejor incentivo para un empresario es tener perspectiva de certidumbre»

    Ante una pregunta sobre lo que hace falta en El Salvador para impulsar más la inversión extranjera directa, luego de haber mejorado la seguridad pública, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Agustín Martínez, destacó que es necesario analizar «si las condiciones jurídicas son las adecuadas» o «si tenemos un Estado de derecho que permita» este objetivo.

    «Yo creo que lo más importante es analizar si las condiciones jurídicas son las adecuadas, si tenemos un Estado de derecho que permita, el mejor incentivo para un empresario invertir en un lugar, en un país, es tener una perspectiva de certidumbre, que no te va a cambiar una ley de hoy a mañana, ese tipo de cosas afectan un poco la inversión», indicó el líder de la gremial empresarial este lunes en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (Tcs).

    Martínez añadió que El Salvador y sus países vecinos han tenido problemas similares como crisis política, diluvios, sequías, terremotos y complicaciones políticas, pero afirmó que la diferencia «en gran medida» está en la educación. «Yo creo que en gran medida está en los procesos educativos, tenemos que apostarle mucho a la educación desde la base», señaló. Explicó que, si bien están haciendo esfuerzos con las universidades privadas en la generación de carreras técnicas, se requiere una «base educativa de calidad» en donde «hay un poco de problemas y hay que acelerarlo».

    La ANEP realizará este lunes el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) 2025 denominado «Empresas del futuro, innovación y financiamiento», que se desarrollará en el Hotel Hilton, en San Salvador, a partir de las 3:00 de la tarde.

    Uno de los conferencistas internacionales del ENADE 2025, José Medina Mora, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Comparmex), aseguró que las cinco elementos necesarios que les exigen para la inversión en México, en donde llegaron $38,000 millones de un potencial de $65,000 millones en inversión extranjera directa, son: seguridad, certeza jurídica, energía limpia y aguas suficientes, infraestructura y talento.

    Además, Mora advirtió que «los países que han tenido éxito todos han tenido esta colaboración entre el Gobierno y el sector empresarial, la iniciativa privada». «Son funciones diferentes pero complementarias, cada quien tenemos que hacer nuestro trabajo pero en esa colaboración es como los países logran destacar y esa ventaja competitiva», observó.

  • Los tribunales de crimen organizado vigilarán el cumplimento de las penas que impongan

    Los tribunales de crimen organizado vigilarán el cumplimento de las penas que impongan

    Los u003cstrongu003etribunales y cu00e1maras contra el crimen organizadou003c/strongu003e seru00e1n los responsables de dar seguimiento al cumplimiento de la u003cstrongu003eejecuciu00f3n de las penasu003c/strongu003e que impongan a los u003cstrongu003econdenados por delitos en la Ley Contra el Crimen Organizadou003c/strongu003e, según dictamen favorable emitido este lunes por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia.nnSe trata de la u003cstrongu003ereforma a la Ley contra el Crimen Organizadou003c/strongu003e para regular lo relativo a la autoridad judicial competente que controla la fase de ejecución de la pena impuesta.nnu003cstrongu003eEsta reforma ya había sido conocida en la Comisión el 11 de febrero, pero los diputados decidieron dejarla pendiente, aunque no hicieron ningún cambio a la misma.u003c/strongu003ennLa primera reforma introduce un inciso entre el tercero y cuarto del artículo 3 que indica: “u003cstrongu003eLos tribunales y cu00e1maras contra el crimen organizado seru00e1n los encargados de vigilaru003c/strongu003e y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas que impongan en el ejercicio de sus competencias, así como las demu00e1s atribuciones impuestas a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena en la ley penitenciaria, en lo que sea aplicable».nnLa segunda reforma es una disposición transitoria: “Los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que en la actualidad se encuentren conociendo en la fase de penas impuestas en base a esta ley continuaru00e1n con el control de las mismas hasta su cumplimiento total”.nnEl presidente de la Comisión, u003cstrongu003ediputado Caleb Navarrou003c/strongu003e, de Nuevas Ideas, explicó que, el 11 de febrero, conocieron la reforma y recibieron al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien explicó “que el juez se hace especialista en el caso del crimen organizado, de cómo se van conformando las estructuras pandilleriles y ellos tienen la capacidad de darle seguimiento en la fase de la ejecución de la pena”.nnTambién, señaló que habían consultado en ese momento si esto no iba a provocar congestionamiento en el trabajo de los jueces y fue el magistrado u003cstrongu003epresidente de la Sala de lo Penalu003c/strongu003e, u003cstrongu003eAlejandro Antonio Quinterosu003c/strongu003e, quien sugirió que se necesitaría de apoyo.nn“Esta comisión preguntó si no iba a causar algún tipo de congestionamiento judicial, es decir, si iban a poder los jueces contra el crimen organizado poder llevar la ejecución de la pena y poder llevar su día a día con el trabajo y la carga judicial; y si ustedes se recuerdan que el magistrado presidente de la Sala de lo Penal dijo que sí era posible, pero bajo un apoyo, solicitando un apoyo. Ya seru00e1 la Corte Suprema de Justicia la que haga las gestiones pertinentes si ellos desean un apoyo a este asunto, él explicaba de meter uno o dos jueces de refuerzo”, recordó Navarro.nnEl u003cstrongu003ediputado Walter Coto, de Nuevas Ideasu003c/strongu003e, recalcó que con esta reforma se garantiza que seru00e1n los mismos juzgados especializados que impongan la pena los que le den seguimiento a la ejecución de la misma.nnu003cblockquoteu003enu003cpu003e“Ahora lo que se va a hacer, que los mismos juzgados de las cu00e1maras de vigilancia, ellos van a imponer la pena y a la vez van a estar vigilando que la pena correspondiente se dé conforme a la ley, debemos recordar que estamos hablando de terroristas».nu003cstrongu003eWalter Coto, de Nuevas Ideas.u003c/strongu003eu003c/pu003enu003c/blockquoteu003ennLos diputados emitieron dictamen favorable a la reforma y sería aprobada en la sesión plenaria ordinaria número 50 de este martes 1 de abril.

  • El Salvador ratificará incremento de capital por $3,500 millones en el BID Invest para respaldo al sector privado

    El Salvador ratificará incremento de capital por $3,500 millones en el BID Invest para respaldo al sector privado

    La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó los dictámenes para incrementar el capital de la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) de la cual El Salvador es miembro y para autorizar al Ministerio de Hacienda la suscripción de las acciones que corresponden a El Salvador en este incremento.

    De las 166,666 nuevas acciones que se aumentarán, 744 acciones serán de El Salvador.

    La Asamblea de Gobernadores de la corporación de inversiones BID Invest emitió la resolución CII/AG-5/24 mediante la cual autorizó un aumento de capital por $3,500 millones –166,666 nuevas acciones de $21,000 cada una de las cuales El Salvador tendrá 744 nuevas acciones, equivalentes a $15,624,062.5, que serán pagadas en siete cuotas anuales de $2,232,000 de 2025 a 2031.

    El dictamen número 77 fue aprobado con votos de Nuevas Ideas y sus aliados, ya que el diputado Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien estaba ausente, le pidió al diputado Christian Guevara, que lo sumara a la votación.

    Una corporación del BID para apoyar al sector privado

    El BID Invest se encarga de “apoyar al sector privado” de los países miembros con préstamos, capital, garantías y asesorías.

    El BID Invest cree que “el sector privado puede y debe ser un motor de progreso económico y bienestar social que conjuntamente con el Gobierno trabaje en diferentes iniciativas”, indicó la subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes.

    “Para que el sector privado pueda contar con recursos para poder llevas esas iniciativas es que se ha contemplado este incremento de capital del BID Invest para que los países miembros de ese organismo puedan aportar los fondos”.
    Delia Reyes, subdirectora de inversión y crédito público de Hacienda.

    A diciembre de 2024, el BID Invest tenía 48 países miembros, 26 países regionales, que reciben el beneficio de los fondos de la entidad, y 22 países no regionales, que aportan capital para proyectos de los países miembros. Hasta esa fecha, el capital era de $2,711.3 millones, 53.7 % de los países regionales y 46.3 % de países no regionales.

    Los países que tienen mayor aporte son Estados Unidos (13.9 %), Brasil (13.2 %), Argentina (11.6 %); México (7.4 %), China (5.5 %), Corea (4.9 %), España (4.1 %), Japón (3.7 %), Canadá (3.5 %) y Colombia (3.5 %), naciones que concentran el 71.4 % de participación, equivalentes a $1,935.3 millones.

    Venezuela tiene el 2.5 % de los aportes y Chile tiene el 3 %.

    Otros países como El Salvador, que tiene el 0.5 % de los aportes, son: Guatemala: 0.6 %, Haití: 0.5 %, Honduras: 0.5 %, Nicaragua: 0.5 %, Panamá: 0.6 %.

    BID Invest –que antes de 2017 era la Corporación Interamericana de Inversiones (CII)– forma parte del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual El Salvador es miembro desde 1986.

  • Director de la Alianza de Energía de Torio: El Salvador puede convertirse en el “Dubai de América Central”

    Director de la Alianza de Energía de Torio: El Salvador puede convertirse en el “Dubai de América Central”

    John Kutsch, director de la Alianza de Energía de Torio, que ayuda a El Salvador a iniciar su programa nuclear, aseveró que El Salvador podría sentar las bases para convertirse en el “Dubai de América Central” con una inversión nuclear a base de torio, como la que está analizando realizar.

    El Salvador explora la posibilidad de desarrollar una planta nuclear a base de torio, algo que no es inaccesible según ha explicado el director de la Escuela de Física de la Universidad de El Salvador, Rafael Gómez Escoto, quien indica que el torio es más asequible, produce menos desechos radiactivos y presenta menos riesgos. El acuerdo con la Alianza del Torio fue firmado en marzo de 2023.

    El director de la Alianza de Energía de Torio se pregunta en el artículo, publicado en «Nuclear Newswire», si El Salvador puede lograr un despliegue de energía, dado que es un país “sin instituciones o infraestructura de energía nuclear previa?

    Sin detallar los desafíos concretos que tiene El Salvador en este tema, Kutsch explicó que esto “depende del fuerte compromiso político continuo” para superar “obstáculos sociales, políticos y técnicos”.

    “El progreso hasta ahora ha sido rápido y los pasos dados han sido los correctos. Es una gran apuesta y, si tiene éxito, habrá una gran recompensa”.
    John Kutsch, director de la Alianza de Energía de Torio.

    Según Kutsch, El Salvador no solo podría lograr electricidad confiable y abundante, sino otras oportunidades como un mercado de combustibles más amplio para los procesos industriales, la atracción de profesionales inteligentes, nuevas industrias y empleo, la posibilidad de convertirse en “un centro centroamericano de medicina nuclear” y proteger al país de las oscilaciones en los mercados de combustibles fósiles.

    La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) está evaluando si El Salvador cumple los requisitos para desarrollar una planta nuclear ya que se evalúan lugares posibles que tengan agua abundante, poca densidad poblacional, sin conflictos y sin mucha actividad sísmica.

    En el artículo Kutsch cuenta que El Salvador está evaluando proveedores de tecnología en Europa, Corea del Sur, Argentina y Estados Unidos.

    El Salvador pretende tener un reactor nuclear de investigación en 2030 para capacitar a 400 especialistas en siete años.

  • Las indemnizaciones en el Gobierno sumaron $216 millones en el año 2024

    Las indemnizaciones en el Gobierno sumaron $216 millones en el año 2024

    Las indemnizaciones de trabajadores en el Gobierno Central sumaron un total de $216 millones al cierre del año 2024, una cifra que triplica el monto destinado para el mismo fin un año atrás, de acuerdo con un reporte de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.

    Para las indemnizaciones del Gobierno Central se programaron $218,344,800 y se ejecutaron $216,062,700, al 31 de diciembre de 2024, indica el informe de ejecución financiera firmado el 14 de marzo de 2025.

    Un año atrás, en el año 2023, las indemnizaciones de trabajadores en el Gobierno Central sumaron $62 millones, tres veces menos.

    A partir del año 2025, el Gobierno Central se proyectó un recorte de al menos 9,261 plazas según el presupuesto general aprobado por la Asamblea Legislativa.

    El Gobierno llegó a un acuerdo de Servicio Ampliado (SAF o EFF), que se otorga a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos por deficiencias estructurales, que le permitirá acceder a un financiamiento de $1,357,336,327.23 y cuya aprobación exige a El Salvador un ajuste fiscal de 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años, lo que implica una reducción del gasto y un aumento de los ingresos.

    Puede leer: Las claves del acuerdo entre el FMI y el gobierno de El Salvador

    Durante el año pasado, el mismo reporte indica que el gasto en remuneraciones permanentes bajó en un 3 %, de $1,768 millones a 1,715 millones en la planilla del Gobierno Central. El gasto en remuneraciones en general subió un 4.8 %.

    La ejecución presupuestaria real en el año 2024 también muestra otras erogaciones como seguros, comisiones y gastos bancarios por $94,130,100, que tuvo un aumento de 113.8 % respecto a los $44,018,000 ejecutados en 2023.

    Así mismo, en pasajes y viáticos, Contabilidad Gubernamental registró un aumento de 34.5 % de $10,532,900 en 2023 a $14,162,600 en 2024, según las ejecuciones presupuestarias contenidas en el informe de ejecución presupuestaria de Hacienda.

    Las consultorías, estudios y arrendamientos suman $52,862,200 en 2024. En 2023, se ejecutaron $23,812,000 en este rubro.

    Los seguros de vida de los empleados, según el estado demostrativo de ejecución presupuestaria de gastos, sumaron $552,400 en 2023 y disminuyó a $332,000 en 2024, una erogación que está dentro de la unidad “Obligaciones generales del Estado.”