Categoría: Politica

  • Conducción peligrosa "excarcelable": en qué casos no irían a la cárcel según abogados

    Conducción peligrosa «excarcelable»: en qué casos no irían a la cárcel según abogados

    El delito de conducción peligrosa es «excarcelable» reiteró la noche del sábado el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez Herrera, quien recordó que estos conductores, además de ser detenidos, son multados con $150 y pueden perder su licencia por un año o permanentemente si son reincidentes.

    El funcionario enfatizó en que es un delito excarcelable como lo había escrito en X. “Las personas, como la ley anterior, pueden ser liberadas incluso en un plazo aproximado de 72 horas o incluso un poco más de tiempo”, afirmó, en declaraciones a periodistas.

    El funcionario recordó que la nueva pena establecida en la reforma al Código Penal para el delito de conducción peligrosa es de 2 a 5 años de prisión y, si comete homicidio culposo, la pena por el delito de conducción peligrosa puede subir hasta 10 años de prisión si es cometido en vehículo particular y hasta 15 años de prisión si es cometido en transporte colectivo o de carga.

    Un motociclista fue capturado el sábado con 35 grados de alcohol.

    ¿Pero cuándo un conductor podrá ser liberado y no enviado a prisión luego de su detención inicial?

    Diario El Mundo consultó a dos abogados, quienes explicaron que el término “excarcelable” ya no se utiliza, pero sí detallaron los casos en los cuales el juez puede o no sustituir la prisión al imputado luego de su detención administrativa inicial. Cada disposición depende de la decisión del juez y también de condiciones específicas:

    ¿Suspensión condicional del procedimiento?

    No hay claridad si aplica o no la suspensión del procedimiento en el delito de conducción peligrosa. El abogado Carlos Avelar explicó que la figura de “suspensión condicional del procedimiento” se aplica cuando “no excede la pena de los tres años” de prisión.

    El artículo 24 del Código Procesal Penal dice que aplica la “suspensión condicional del procedimiento” cuando son “delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad” y en donde el imputado admite los hechos y haya reparación.

    Otro abogado consultado por Diario El Mundo aseguró que “la suspensión solo opera cuando la pena de prisión excede de tres años”. “Si el juez estima que la condena debe ser mayor a 3 años ya no se puede conceder la suspensión, entonces, en el delito de conducción peligrosa de vehículo automotor, como la pena puede llegar hasta 5 años, el acceso a la figura de suspensión dependerá de acordar o recibir una pena mayor a 3 años”, explicó el abogado.

    Según el abogado Carlos Avelar, como el delito de conducción peligrosa tiene penas de 2 a 5 años de prisión, “no cabe en la suspensión condicional de procedimiento porque la supera los tres años”. “No va a gozar de la suspensión condicional del procedimiento, solo le quedaría procedimiento abreviado y el juez puede decretar medidas cautelares”, indicó.

    El conductor de un vehículo fue detenido por conducir con 189 mg/dl de alcohol en aire espirado.

    Procedimiento abreviado

    Sin embargo, el abogado Carlos Avelar ve posible un “procedimiento abreviado”, en donde se condena al imputado a una pena menor; el fiscal, el imputado y la defensa deben estar de acuerdo.

    Esto es regulado por el artículo 417 del Código Procesal Penal, que señala que el imputado acepta los hechos y recibe una condena entre la tercera parte del mínimo hasta el mínimo de la pena establecida por la ley.

    Medidas para sustituir la prisión: arraigos

    Las medidas para sustituir la prisión provisional pueden aplicarse aunque el delito tenga una pena superior a tres años dice el artículo 331 del Código Procesal Penal. Este autoriza al juez a dictar una “medida cautelar alterna” si se cree que el imputado “no tratará de sustraerse a la acción de la justicia”. Este artículo regula los delitos en donde no puede aplicarse medidas alternas: homicidios, robos, extorsión, tráfico, delitos de drogas.

    “Eso quiere decir que el proceso continúa, pero la persona puede quedar en libertad si establece los arraigos (domiciliar, familiar y profesional, social), pero eso queda a criterio del juez, el juez debe determinar si la persona es fiable”, explicó el abogado Carlos Avelar.

    Reemplazo de penas no mayores a tres años de prisión

    El artículo 74 del Código Penal faculta al juez a “reemplazar las penas de prisión mayores de seis meses y que no excedan de un año por igual tiempo de arresto de fin de semana, de trabajo de utilidad pública o multa” o “sustituir las superiores a un año y que no excedan de tres años por igual tiempo de arresto de fin de semana o de trabajo de utilidad pública”.

    Suspensión condicional de la ejecución de la pena

    Llegado a un procedimiento abreviado o vista pública, y si el imputado es condenado a menos de tres años de prisión, también pueden disculparle la ejecución de la pena, explicó el abogado.

    “En los casos de pena de prisión que no exceda de tres años… el juez o tribunal podrá otorgar motivadamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dejando en suspenso su cumplimiento por un periodo de prueba de dos a cinco años, atendiendo las circunstancias personales del condenado, las del hecho y la duración de la pena”, dice el artículo 77 del Código Penal.

    El delito de conducción peligrosa tiene penas entre 2 y 5 años de prisión según la reforma al Código Penal, que pueden llegar a 10 años si provoca un homicidio culposo en vehículo automotor y hasta 15 años si provoca un homicidio culposo en transporte colectivo o de carga. La reforma aprobada el 20 de diciembre también incluyó un cambio al artículo 38 del Código Penal que impide que se extinga la acción penal del homicidio culposo causado por un conductor peligroso, exclusivamente por el consumo de alcohol, aunque haya conciliación o mediación.

    También fue detenido un conductor que tenía 72 grados de alcohol en aire espirado.

  • Organizaciones piden al Gobierno abrir diálogo y reconsiderar aval a minería metálica

    Organizaciones piden al Gobierno abrir diálogo y reconsiderar aval a minería metálica

    La Red Juventudes y la Conferencia Local de Juventudes sobre Cambio Climático (LCOY) manifestaron su firme preocupación por la reciente aprobación de la nueva Ley de Minería en El Salvador, por lo que solicitan su reconsideración y un diálogo sobre todo con las poblaciones más cercanas a las zonas afectadas.

    En un comunicado emitido por las organizaciones juveniles, manifiestan que entre las preocupaciones más destacadas por la nueva ley se encuentra la falta de una clara evaluación de impacto ambiental, ya que consideran que se ha retrocedido en materia de derechos humanos al ambiente sano, a la salud, al agua, y a la alimentación.

    Señalaron que es importante reconsiderar la aplicación de la nueva ley y priorizar el bienestar de la población salvadoreña y el cumplimiento del Protocolo de San Salvador y la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce la protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

    Ambas organizaciones se sumaron a otros movimientos ambientales que rechazan la aprobación de la nueva Ley General de Minería Metálica, aprobada el pasado 23 de diciembre por 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

    El Gobierno ha argumentado que contribuirá al desarrollo económico del país y a la generación de empleo en las áreas rurales. Las organizaciones han hecho un llamado para que el proceso legislativo sea revisado y se abra un espacio de diálogo con la sociedad civil, especialmente aquellas que viven en sectores donde pretenden llevar a cabo actividades mineras.

    Ante ello, piden al Gobierno que garantice la transparencia. “Es imprescindible que las grandes empresas mineras deben rendir cuentas de sus acciones y sus impactos y los recursos obtenidos de la minería deben ser utilizados para el beneficio de las comunidades”, se lee en el comunicado.

    También, piden políticas públicas de restauración ambiental y la protección de los recursos ambientales desde un enfoque sostenible. “En lugar de apostar por la minería metálica, es vital invertir en alternativas sostenibles de desarrollo económico como la agroecología, las energías renovables y el ecoturismo, donde el empleo y el crecimiento económico no dependan de la destrucción ambiental”, concluyeron las organizaciones en el comunicado.

  • Este fue el cambio a la restricción de halógenos en la reforma de tránsito

    Este fue el cambio a la restricción de halógenos en la reforma de tránsito

    El uso de halógenos no será prohibido con la nueva reforma a la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial aprobada el pasado 20 de diciembre y que será aplicada a partir del año 2025.

    Lo que sí será una infracción de tránsito que implicará una multa de $50 será usar halógenos a una altura superior a los 75 centímetros desde el suelo. Portar halógenos en su automóvil será permitido solo si están instalados a una altura igual o menor a los 75 centímetros a partir del suelo.

    Antes de la reforma, la ley parecía prohibir los halógenos en toda la ciudad, ya que la infracción de tránsito estaba redactada así: «Usar halógenos en la ciudad o a una altura superior a los 75 centímetros desde el suelo». La reforma suprimió esa equívoca prohibición de los halógenos eliminando la frase «en la ciudad». Tenía una multa de $11.43.

    Con la reforma, la infracción de tránsito es la número 25 y quedó así:

    «25. Usar halógenos a una altura superior a los 75 centímetros desde el suelo: $50.»

    No dar luz baja al encontrar otro vehículo en sentido opuesto también será infracción multada con $100.

  • Caso COSAVI, el fraude millonario que marcó el 2024 en El Salvador

    Caso COSAVI, el fraude millonario que marcó el 2024 en El Salvador

    Han pasado casi ocho meses desde que el fiscal general, Rodolfo Delgado, anunciara que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada (COSAVI, de R.L.) fue víctima de un fraude millonario.

    Fue el 9 de mayo de 2024 que la Fiscalía informó que COSAVI estaba investigando a 32 personas, entre ellas al entonces gerente de la cooperativa, Manuel Alberto Coto Barrientos, por defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un fraude que se presume asciende a $35 millones.

    Esa noche, la Superintendencia del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, anunció que COSAVI estaba intervenida y que la cooperativa podía honrar los depósitos de sus asociados aunque aclaraba que recuperar los fondos iba a tomar un tiempo.

    ¿Qué pasó después?

    El 10 de mayo por la tarde, la Policía Nacional Civil (PNC) presentó públicamente a 15 detenidos. Manuel Coto no estaba entre ellos, aunque sí sus padres. Mientras, los socios se volcaron a las agencias a preguntar por su dinero para intentar sacar sus ahorros, pero no pudieron.

    El 13 de mayo, en una nueva conferencia, la superintendenta del Sistema Financiero anunció que COSAVI empezaría a devolver gradualmente el dinero a los socios y que empezaría con quienes tuvieran menos de $1,000. Esa noche, Evelyn Gracias reveló que la cooperativa tenía $230 millones en la cartera de depósitos. También, anunció el cierre de todas las agencias de COSAVI en el país, a excepción de la central ubicada sobre la calle Gabriela Mistral, de San Salvador.

    El 14 de mayo, comenzaron a devolver fondos debajo de $1,000; sin embargo, la cooperativa les sumaba todos los productos financieros y, si estos sobrepasaban el techo, su dinero no era devuelto.

    Dos días más tarde, la superintendenta volvió a dar una conferencia donde subió el techo para retirar los ahorros a $2,000.

    • 21 de mayo: la SSF habilita capa de $3,000.
    • 27 de mayo: la SSF habilita capa de $4,000.
    • 6 de junio: la SSF habilita la capa de $5,000.
    • 12 de junio: la SSF habilita capa de $6,000.
    • 24 de junio: la SSF habilita capa de $7,500.
    • 9 de julio: la SSF habilita capa de $10,000.
    • 12 de agosto: la SSF habilita capa de $15,000.
    • 4 de septiembre: la SSF habilita capa de $20,000.
    • 17 de septiembre: la SSF habilitó la capa de $25,000 y fue la última en el 2024 a pesar de las exigencias de los socios afectados que reclaman su dinero.

    “Detenido en Panamá”

    El sábado 27 de julio, el fiscal general, Rodolfo Delgado, publicó en su perfil de X, que Coto Barrientos había sido detenido en Panamá.

    “El principal asociado en el desfalco contra los asociados de la Cooperativa Santa Victoria de R.L, COSAVI, ha sido detenido por las autoridades, en Panamá”, publicó el fiscal, sin embargo, nunca lo mostraron detenido y tampoco hablaron de su traslado a El Salvador. Pero posteriormente Delgado aseguró que la información sobre esta supuesta captura había sido una «operación de inteligencia» sin explicar en qué consistía dicha operación con la divulgación de información falsa.

    El 3 de septiembre, los afectados de COSAVI propusieron a la Asamblea la “Ley de creación del Fideicomiso en apoyo a los afectados de Cosavi”, pero la bancada de Nuevas Ideas no dio su apoyo.

    La captura en Honduras y la tragedia aérea en La Unión

    El sábado 7 de septiembre, sorpresivamente, Coto Barrientos, fue capturado en Honduras; la información fue difundida el domingo 8 por la presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Lizette Ráquel Obando, al informar que estaba bajo poder judicial. “El prófugo Manuel Alberto Coto Barrientos, con notificación roja de INTERPOL por la supuesta comisión de delitos de defraudación a la economía y lavado de activos, se encuentra en sede judicial y será entregado para su juzgamiento en el marco de la cooperación internacional de nuestro país”, dijo Rebeca Ráquel, presidente de la CSJ de Honduras.

    Esa noche, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas; y los subdirectores Douglas Omar García Funes y Rómulo Pompilio Romero Torres, se trasladaron en helicóptero para recibir a Manuel Coto de las autoridades hondureñas y, cuando regresaban, junto a un periodista de Canal 10, que transmitía la entrega de Coto Barrientos, la nave se estrelló.

    Fue a las 11:14 p.m. que la Fuerza Armada reportó que el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña cayó en el sector de San Eduardo, del distrito de Pasaquina, municipio de La Unión Norte, departamento de La Unión y confirmó la muerte del director de la PNC, de Coto Barrientos y todos los tripulantes.

    La reserva

    El 5 de noviembre, toda la información del caso COSAVI fue puesta en reserva de manera total por siete años. «Todos los documentos relacionados a la Asociación Cooperativa y Crédito Santa Victoria, de Responsabilidad Limitada” (COSAVI de R.L.) están bajo reserva según el índice de reserva publicado por la misma SSF.

    Debido a la incertidumbre y el miedo que mantienen los aproximadamente 10,000 afectados de perder su dinero –unos dicen tener entre $500,000 y más de $1 millón en la cooperativa– han participado en protestas, una desarrollada frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) para exigir la devolución de sus ahorros, el 24 de noviembre.

    Los ahorrantes también han condenado la reserva de información impuesta por las autoridades sobre el caso y la actuación de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a la cual acusan de «incumplimiento de deberes» y de «actos arbitrarios», por lo que interpusieron un aviso penal el 19 de diciembre pasado ante la Fiscalía General de la República FGR.

    La SSF ya no anunció otra capa de dinero para que socios la retiraran, tampoco ha dado más información sobre este caso que continuar en incertidumbre hacia el 2025.

  • ¿A qué precio venderá el agua embotellada la alcaldía "SAO" de Jorge Castro?

    ¿A qué precio venderá el agua embotellada la alcaldía «SAO» de Jorge Castro?

    El concejo municipal de Santa Ana Oeste acordó en sesión del 29 de noviembre las tarifas para la comercialización de agua embotellada marca «SAO». Los precios están vigentes desde el 20 de diciembre.

    En el artículo 10 de la «Ordenanza para la creación de la empresa municipal de agua embotellada» publicada en el Diario Oficial del 10 de diciembre, se establece que el garrafón de cinco litros costará $1.75 y la botella de 500 mililitros costará $0.35.

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    El alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, aseguró en X que el agua que distribuirá la empresa es «agua de manantial», por ello, «tiene varios nutrientes» aunque no detalló cuáles.

    «Esta por ser agua de manantial tienen varios nutrientes (después de las respectivas pruebas de laboratorio) a diferencia de las que han andado circulando en el mercado que son en su mayoría del chorro».
    Jorge Castro. Alcalde de Santa Ana Oeste.

    En el Diario Oficial del 25 de noviembre se divulgó oficialmente la creación de la empresa con la publicación de los estatutos, que indicaban que el precio de las botellas de agua sería establecido por el concejo.

    La empresa tiene como domicilio el distrito de Chalchuapa y tiene según estatutos «autonomía técnica, administrativa y financiera» para comercializar el producto en todo el territorio nacional. La empresa es administrada por la Junta Directiva, que estará vigente por dos años y ha sido nombrada por el concejo municipal. La Junta deberá rendir informes contables cada tres meses.

    El concejo le cedió a la junta la facultad de suscribir contratos con entidades públicas, privadas y personas naturales que ejerzan actividades «relacionadas con la venta de agua embotellada».

    Al respecto, sin dar más detalles, el alcalde Castro explicó a usuarios de X que la empresa «casi es netamente municipal«. Indicó que la ley permite a las alcaldías «tener empresas mercantiles y es totalmente legal comercializar productos por medio de ellas».

    La Junta Directiva nombrada por el concejo es:

    • Rodolfo Rodríguez Martínez (presidente).
    • José Arturo Batarse Orante (vicepresidente).
    • Elías Cabrera Velásquez (secretario).
    • Néstor Edilberto Castro Salas (Tesorero).
    • Carlos José Méndez Henríquez (primer vocal).
    • Mirna Alcira Peña de Linares (segunda vocal).
  • El Salvador es el país más a la derecha en América Latina

    El Salvador es el país más a la derecha en América Latina

    El Salvador y Venezuela son los países que más se ubican en una ideología de derecha, y México es el único inclinado a la izquierda, de acuerdo con el informe de Latinobarómetro 2024 publicado este diciembre.

    A una muestra de 19,214 personas entrevistadas en 17 países, Latinobarómetro le preguntó dónde se ubica ideológicamente en una escala en donde 0 es la izquierda y 10 es la derecha. El promedio de ubicaciones de los salvadoreños resultó en 6.8, más a la derecha; seguido del 6.6 que promediaron los venezolanos, del 6.2 que resultó de los dominicanos y del 6.1 de los hondureños.

    Las poblaciones de Panamá, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay y Bolivia se ubican arriba del punto central, que es 5.0. Chile y Uruguay se ubican exactamente en el centro, con 5.0, y solamente México logra un promedio de 4.4.

    En consecuencia, El Salvador aparece como el país con menor porcentaje de población ubicada a la izquierda, con un 8 %; Argentina, con un 13 %, y Venezuela y Panamá, con 15 %. La mayor cantidad de población que se ubica en la izquierda está en México, un 31 %.

    Las proporciones son mucho mayores cuando se declaran a la derecha: un 49 % de la población en Venezuela y República Dominicana, un 45 % en El Salvador, un 43 % en Honduras y un 39 % en Panamá.

    El informe señala una derechización generalizada en América Latina ya que el promedio ha pasado de una posición central de 5.0 que se registró en el año 2020 a 5.2 en 2023 y, luego pasó un poco más a la derecha, a 5.4 en 2024. La inclinación a la derecha, sin embargo, no llega al 5.9 que logró en 1998.

    En 2023, en El Salvador, un 11 % de la población se ubicaba a la izquierda, un 22.2 % en el centro (5.0) y un 50.9 % a la derecha (superior a 5.0). En 2015, la población salvadoreña estaba más inclinada a la izquierda, ya que las personas que se ubicaban en menos del 5.0 sumaban 33.4 % y quienes se ubicaban a la derecha de 5.0 eran 27.3 %.

  • Movimiento prevé conflictos por tierras y cultivos debido a minería metálica

    Movimiento prevé conflictos por tierras y cultivos debido a minería metálica

    El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de las los Pueblos Ancestrales (Milpa) aseguró que la nueva Ley General de Minería Metálica traerá consigo “conflictos por la tenencia de las tierras” y prevén afectaciones agrícolas.

    Ángel Flores, miembro del sindicato de trabajadores de Conamype y del movimiento Milpa, aseguró que “esta ley se traduce en conflictos por la tenencia de la tierra” de los habitantes de las zonas potencialmente explotadas, especialmente en la zona norte del país.

    Flores explicó que la disputa por los terrenos traerá también afectaciones en la producción agrícola, no solo por la falta de los mismos sino porque considera que “la minería vendría a dejar obsoletos los territorios”.

    “Estaría aniquilando la biodiversidad e inclusive los elementos fundamentales para la producción campesina e indígena del país”.

    Ángel Flores, miembro del sindicato de trabajadores de Conamype y del movimiento Milpa.

    Por estas razones, el sindicalista advierte “una reducción en la producción de alimentos”, sumándose los problemas de salud que causaría la contaminación de la minería por el uso de químicos para la extracción del oro.

    Esto ocasionaría que “el país pierda la capacidad de producir sus propios alimentos”, recurriendo cada vez más a la importación de alimentos, que cree “beneficia a ciertos grupos”.

    La ley de minería metálica fue aprobada el lunes 23 de diciembre por la Asamblea Legislativa con los votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados. La misma ley derogó la prohibición de la minería metálica que estuvo vigente en El Salvador desde 2017.

    Las autoridades de la Dirección de Energías, Hidrocarburos y minas ha prometido que uno de los beneficios de la nueva ley será “la limpieza de los ríos del país”, aunque sectores ambientales critican que los gobiernos salvadoreños no cumplieron con el cierre total de minas explotadas en el pasado, que han seguido contaminando el agua del río San Sebastián, en La Unión.

  • Multarán a conductores que no cedan paso a ciclistas: ¿cuáles son reglas con el ciclismo?

    Multarán a conductores que no cedan paso a ciclistas: ¿cuáles son reglas con el ciclismo?

    Si el conductor de un vehículo automotor no concede el paso a ciclistas que transiten sobre la vía pública, cometerá una infracción de tránsito «grave» y esta podrá ser sancionada con una multa de $100 por una autoridad presente, según la más reciente reforma a la «Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial» aprobada el 20 de diciembre.

    Se trata de la infracción número 63 que pueden cometer los conductores clasificadas en la nueva lista de 130 infracciones incluidas en la reforma.

    Esto significa que los vehículos deben concederle el paso a los ciclistas si transitan por la «vía pública».

    Pero también deberán respetar zonas de ciclovías o circulación de bicicletas.

    ¿Cuáles son las infracciones relacionadas con el ciclismo, ciclovías o las bicicletas, en la nueva reforma de tránsito aprobada el 20 de diciembre de 2024?

    63. No conceder el paso a ciclistas que transiten sobre la vía pública: $100.

    64. No respetar la zona de la vía pública destinada para la circulación de las bicicletas: $100.

    65. Sujetarse a otro vehículo en marcha mientras se conduce una bicicleta, motocicleta u otros: $100.

    77. Circular vehículos automotores sobre aceras, carriles auxiliares, hombro de carretera, ciclovías, zonas prohibidas o en lugares y/o horarios no permitidos…: $150.

    78. Circular en motocicletas sobre aceras, ciclovías cuando su cilindrada de motor sea mayor de 50 centímetros cúbicos (…): $150.

    Esta es la primera vez que el irrespeto a los ciclistas es considerado una infracción de tránsito dentro de una ley secundaria. En la ley anterior, el artículo 60 únicamente exigía a los ciclistas que circularan por las redes viajes a respetar la ley y su reglamento.

    Del 1 de enero al 26 de diciembre de 2024, han muerto 22 ciclistas en accidentes de tránsito.

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    Sin embargo, el actual «Reglamento general de tránsito y seguridad vial» –aprobado en julio de 1996– imponía obligaciones a los ciclistas como: circular por el lado derecho de la vía, no circular en carreteras de 60 km/h o más, circular en fila, no circular en las aceras de las vías públicas, y circular con dispositivos reflectivos en horas nocturnas. También, este reglamento prohíbe a los ciclistas: circular con frenos en mal estado, soltar el timón en marcha, asirse de vehículos en marcha.

    ¿Qué dice la ley marco para el uso de bicicleta?

    La Asamblea Legislativa 2018-2021 aprobó, el 27 de agosto de 2020, la vigente «Ley marco para el uso y fomento de la bicicleta», que fue sancionada por el presidente Nayib Bukele el 18 de septiembre de 2020 y publicada en el Diario Oficial del 25 de septiembre de 2020.

    Esta «Ley marco para el uso y fomento de la bicicleta» reconoce el uso de la bicicleta como medio de transporte y da, en su artículo 3, a los ciclistas «el derecho a circular en el carril completo sobre la vía», así como «circular en vías primarias» a menos que se señalice lo contrario.

    Esta normativa, en su artículo 12, obligan a los ciclistas a ceder el paso a los peatones y respetar las velocidades necesarias en caso de compartir espacios con peatones.

  • EE.UU. incluye en Lista Engel a exalcaldesa Nercy Montano y narcotraficante "Bruno"

    EE.UU. incluye en Lista Engel a exalcaldesa Nercy Montano y narcotraficante «Bruno»

    El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó este viernes la Lista Engel e incluyó a la exalcaldesa de Soyapango Nery Patricia Montano de Martínez y al narcotraficante José Edgardo Bruno Ventura, alias «Brother», ambos de El Salvador.

    La Lista Engel, como es conocida la Sección 353 «Informe sobre actores corruptos y antidemocráticos de 2024», fue reportada al Congreso de los Estados Unidos.

    Los dos salvadoreños fueron incluidos en el informe al Congreso sobre personas extranjeras que «han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de dicha corrupción».

    Bruno Ventura, alias «Hermano», fue incluido en la Lista Engel por estar «involucrado en una corrupción significativa, incluso a través de grandes sobornos a miembros de la Policía Nacional Civil de El Salvador y otros funcionarios para ayudar e instigar su red de narcotráfico y apoyar a una de las pandillas carcelarias más grandes de El Salvador».

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    Así mismo, la exalcaldesa de Soyapango fue incluida en la Lista Engel señalada de haber participado «en importantes actos de corrupción al negociar ilegalmente contratos como alcaldesa de Soyapango, malversar fondos públicos y dirigir contratos municipales a un individuo sin la aprobación del Concejo Municipal».

    «Cuando las personas no pueden confiar en sus instituciones, buscan oportunidades en otros espacios. El informe de hoy sobre ‘Actores corruptos y antidemocráticos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua’ saca a la luz las personas que socavan el Estado de derecho y apoya la rendición de cuentas y la transparencia en la región», escribió en X Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

    En la Lista actualizada este viernes, también incluyen actores de Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre quienes se encuentran magistrados del Tribunal Constitucional de Guatemala, Claudia Paniagua, y de Honduras, Sonia Dubón, así como el exsecretario de la Presidencia de Honduras, Ebal Díaz por apropiarse fondos públicos; y también la vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, Almarina Solís, por reprimir la disidencia al tomar control de las universidades.

    GUATEMALA

    • Jorge Adolfo Mondal Chew, presidente de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (BANTRAB), incurrió en corrupción significativa al sobornar a magistrados de la Corte Constitucional para mantener su puesto al frente del BANTRAB.
    • Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, magistrada del Tribunal Constitucional, incurrió en importantes actos de corrupción al aceptar sobornos a cambio de sentencias favorables del Tribunal Constitucional.

    HONDURAS

    • Sonia Marlina Dubón, magistrada de la Corte Suprema asignada a la Sala Constitucional, socavó los procesos democráticos al utilizar sus poderes oficiales para socavar el estado de derecho.
    • Ebal Jair Díaz Lupián, Secretario de la Presidencia de 2018 a 2022, incurrió en una importante corrupción mientras desempeñaba su función oficial al apropiarse indebidamente de fondos públicos asignados para proporcionar viviendas a los hondureños afectados por los huracanes Eta e Iota.
    • Lourdes Pamela Blanco Luque, abogada privada, socavó procesos o instituciones democráticas al presionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones gubernamentales para obtener ciertos resultados, así como al utilizar sus conexiones con funcionarios gubernamentales para traficar influencias.

    NICARAGUA

    1. Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses. instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
    2. Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
    3. Jaime López Lowery, Secretario Técnico del CNU de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
    4. Isaías Hernández Sánchez, Director de Planificación y Desarrollo del CNU de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
    5. Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
    6. Nivea del Socorro González Rojas, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
    7. Francisco Martín Jácomo Ramírez, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
    8. Luz Marina Ortis Narváez, vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al utilizar su cargo para implementar políticas que castigan a Casimiro. Profesores y estudiantes de la Universidad Sotelo que no participan en actividades políticas del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.
    9. Moisés Ignacio Palacios, secretario general de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a Casimiro Sotelo. Profesores y estudiantes universitarios que no participan en actividades políticas del partido político Sandinista FSLN de Ortega.
    10. Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, rectora de la Universidad Politécnica Nacional, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan al Politécnico Nacional. Profesores y estudiantes universitarios que no participan en actividades políticas del partido político Sandinista FSLN de Ortega.
    11. Henry Antonio Balmaceda Zamora, vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan al Politécnico Nacional. Profesores y estudiantes universitarios que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
    12. María Alejandra Martínez Guadamuz, Secretaria General de la Universidad Politécnica Nacional, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a la Politécnica Nacional. Profesores y estudiantes universitarios que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
    13. Johana Elena Torrez Mendoza, rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan Profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
    14. José Ramón Velásquez Hernández, vicerrector de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que Sancionar a profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participen en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
    15. Juan Carlos Benavides Fuentes, Rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los nacionales. Profesores y estudiantes de la Universidad Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
    16. Noemí del Carmen Obregón, vicerrectora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan Profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
    17. José Elías Álvarez, secretario general de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al utilizar su cargo para implementar políticas que castigan a la Universidad Nacional. Profesores y estudiantes de Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
    18. Flor de María Pérez Vélez, rectora de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que Sancionar a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participen en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
    19. Javier Guillermo Hernández Munguía, vicerrector de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que Sancionar a profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participen en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
    20. Claudia Patricia Jovel Castillo, Secretaria General de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó procesos o instituciones democráticos al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que Sancionar a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participen en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
  • ¿Necesita realizar trámites migratorios? Estas son las sedes habilitadas hasta este viernes

    ¿Necesita realizar trámites migratorios? Estas son las sedes habilitadas hasta este viernes

    La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) recordó este viernes a los salvadoreños que solo cuatro sedes están habilitadas para realizar trámites migratorios con motivo de las fiestas de fin de año.

    A partir de mañana, todas las sedes estarán cerradas y vuelven a sus labores oficialmente hasta enero de 2025. La institución había ampliado sus horarios de atenciones en fechas “extraordinarias”, según informó a través de sus redes sociales.

    Las sedes habilitadas hasta este viernes son:

    • Sucursal Cascadas.
    • Sucursal Santa Ana.
    • Sucursal San Miguel.
    • Sucursal Usulután.

    Las sucursales de Santa Ana, San Miguel y Usulután han atendido este jueves 26 y viernes 27 de diciembre en horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. A excepción de sucursal Cascadas que abre sus puertas a las 8 de la mañana y cierra sus instalaciones a las 4 de la tarde.

    No obstante, si no logra realizar sus trámites o tiene dudas sobre algún tema migratorio, puede llamar al 2535-6212 para comunicarse con un técnico de la institución.

    La institución a recordado a los viajeros que entran o salen de las fronteras salvadoreñas vía terrestre, que los trámites migratorios en fronteras “son gratuitos y no requieren intermediarios”.