Categoría: Politica

Para las elecciones municipales y legislativas de 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscribirá a los candidatos a diputados en octubre de 2026 y los candidatos a alcaldes y concejos municipales serán inscritos por las Juntas Electorales Departamentales (JED) desde noviembre de 2026.

Dos fuentes internas del TSE confirmaron a Diario El Mundo que según el calendario electoral de 2027, los candidatos legislativos serán inscritos desde el jueves 2 de octubre de 2026 y el plazo concluirá el 10 de noviembre. Las solicitudes son presentadas ante la Secretaría de la institución de acuerdo con el Código Electoral.

La legislación electoral indica que, desde la convocatoria oficial a elecciones, los partidos políticos quedan legalmente habilitados para presentar las solicitudes de sus candidatos a diputados.

Los magistrados convocarán al cuerpo electoral a comisión el 30 de septiembre de 2026. La entidad electoral tendrá que recibir solicitudes de inscripción desde el 1 de octubre y tendrá poco más de un mes para resolver.

En ese mes se incluye el plazo para que los candidatos legislativos subsanen observaciones del 6 de octubre al 30 de noviembre de 2026.

Para la inscripción de candidatos legislativos se debe presentar:

• Certificación de partida de nacimiento.
• Fotocopia ampliada del Documento Único de Identidad (DUI).
• Certificación de acta de escrutinio de elecciones internas.
• Certificación de partida de nacimiento de padre o madre.
• Constancia del TSE en que se le reconozca habilitado para ser candidato.
• Solvencia de renta, solvencia municipal, certificación de la Corte de Cuentas.
• Declaración jurada de estar solvente de cuotas alimenticias.
• Certificación de presentación de su última declaración jurada de patrimonio.

Concejos inician en noviembre

Las JED deberán inscribir a los candidatos a alcaldes y concejos municipales del 10 al 24 de noviembre de 2026. Las Juntas son integradas aleatoriamente por los partidos contendientes. El sorteo de posiciones se realiza en un evento público y en presencia de los institutos políticos.

Las Juntas deben iniciar el 9 de noviembre de 2026 la recepción de las solicitudes de candidatos a alcaldes y su respectiva planilla para regidores por cada uno de los 44 concejos municipales. El plazo concluirá el 24 del mismo mes.

Si las JED realizan observaciones a las solicitudes de los candidatos, estas deberán ser subsanadas del 12 al 30 de noviembre. Tanto las solicitudes de candidatos legislativos como municipales pueden presentarse personalmente o por medio de representantes legales acreditados por los partidos o pactos de coalición.

El artículo 144 del Código Electoral establece que las planillas de concejos municipales y diputados deben ser presentadas completas, aunque indica que, si las planillas municipales están incompletas, “serán inadmisibles”. El artículo 145 establece que, una vez presentadas las solicitudes, tanto el TSE como las JED deben resolver “dentro de los tres días siguientes”.

Requisitos para candidatos a concejos:

• Ser salvadoreños.
• Ser del estado seglar.
• En ejercicio de sus derechos.
• Mayor de 21 años.
• Saber leer y escribir.
• Ser de moralidad e instrucción notoria.
• Ser originario o domiciliado en el municipio por el que compite por al menos un año antes de la elección.
• Presentar certificación de partida de nacimiento.
• Fotocopia ampliada del DUI.
• Certificación de acta de escrutinio de elecciones internas.
• Constancia de afiliación del partido por el que compite.
• Declaración jurada de no estar inhabilitado.
• Declaración jurada de estar solvente de cuotas alimenticias.
• Solvencia de renta y solvencia municipal.

El calendario electoral establece que los partidos tienen hasta el 29 de julio de 2026 para celebrar elecciones internas para elegir a sus candidatos legislativos y municipales para la jornada electoral de 2027. Los institutos deben anunciar la fecha de sus elecciones a más tardar el 7 de abril del próximo año.

La Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (Andrysas) entregó esta semana un reconocimiento a la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las mujeres en El Salvador, Miriam Bandes, por su trabajo al frente de la organización.

En la placa del reconocimiento, Andrysas agradeció a Bandes por «todo el acompañamiento, la confianza, el apoyo» brindado a la organización y aseguró que Bandes ha dejado huella influyendo positivamente en la vida de los salvadoreños y le reconocieron su trabajo «en pro de los derechos de las mujeres y una sociedad más equitativa y justa».

«En Andrysas queremos expresas nuestro más sincero agradecimiento por todo el acompañamiento, la confianza, el apoyo y principalmente por la complicidad y el cariño que nos ha brindado a lo largo de los años como institución».
Andrysas en el reconocimiento a Miriam Bandes.

ONU mujeres explicó en sus redes sociales que Bandes será «asignada a otra oficina de la región», aún no se conoce quién la sustituirá en el cargo de jefa de oficina de ONU mujeres en El Salvador. La institución no ha informado la fecha en que concluye la misión de Bandes en El Salvador.

En su sitio web, ONU mujeres asegura que inició operaciones en El Salvador en noviembre de 2013 aunque ha realizado proyectos «sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas» desde 2011. Se estima que a nivel mundial, ONU mujeres destina cerca de $176 millones para la adquisición de servicios y bienes cada año.

La Asociación Nacional de Regidoras Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas –@Andrysas_sv, entregaron un reconocimiento a la Representante de ONU Mujeres en El Salvador, Miriam Bandes, quien esta siendo asignada a otra oficina de la región. pic.twitter.com/U5XjKl1Hk4

— ONUMujeresElSalvador (@onumujeressv) March 27, 2025

El Ministerio de Educación nombró una directora de Planificación en funciones atendiendo a una nueva estructura organizativa según el acuerdo 15-0291/2025 tomado el 4 de febrero de 2025.

El 25 de febrero, el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, nombró a Ana Marta Najarro Espinoza como nueva directora de Planificación en funciones.

La nueva funcionaria podrá nombrar a los administradores de órdenes de compra y administradores de contratos en los procesos de comparación de precios que permite la ley actual al Ministerio.

El Ministerio también tomó el acuerdo 15-0378 para nombrar como director financiero institucional a José Arturo Martínez Díaz, quien también podrá nombrar a los administradores de órdenes de compra y administradores de contratos en los procesos de comparación de precios.

Uno de los desafíos del Ministerio de Educación para este año es la construcción y remodelación de centros escolares. Sin embargo, se desconoce si los nombramientos están vinculados a los procesos relacionados a las escuelas.

En marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de disposiciones transitorias que permitirá que el Ministerio de Educación agilice proyectos de construcción o remodelación de escuelas, permitiendo la contratación con la sola aceptación y comunicación con el contratista seleccionado.

Las disposiciones transitorias tendrán una vigencia de dos años, en las que el Ministerio de Educación podrá elegir de «una lista corta».

La Organización Mundial de Migración (OIM) contabiliza 74,094 muertes o desapariciones de migrantes de todas las nacionalidades desde el año 2014, de los cuales 274 eran personas de origen salvadoreño, según su base de datos actualizada hasta el 23 de marzo.

A través de los años, la mayoría de las muertes o desapariciones han ocurrido los dos últimos años, en los cuales se registraron cifra récords de 8,747 migrantes en 2023 y 8,962 migrantes en 2024. El año con menos tragedias de migrantes fue 2020, el año pandémico: 4,314.

De los 74,000 casos, 43,797 se registran como muertes y al menos 30,255 desapariciones.

Hasta el 23 de marzo de 2025, la OIM ya registra 1,042 muertes o desapariciones de migrantes en el mundo, 14 de estos son migrantes centroamericanos, pero ninguno salvadoreño.

La mayoría de las muertes de migrantes han ocurrido por ahogamiento (15,823), pero también por accidente de vehículos (6,515), condiciones climáticas (4,185), violencia (5,141), enfermedades (2,711) y muertes accidentales (1,189), de acuerdo con una tabla dinámica elaborada a partir de la base de datos que puede descargarse del sitio web de la OIM.

Desde 2014, la OIM ha registrado un total de 274 migrantes salvadoreños fallecidos o desaparecidos: la mayoría de casos ocurrieron en los años 2014 (83), 2016 (36) y 2019 (29 salvadoreños). En 2021, la OIM registró 23 muertes de migrantes salvadoreños.

Más recientemente, los casos de salvadoreños muertos en su camino migrante fueron 16 en 2022, ocho en 2023 y ocho en 2024.

En lo que va del año 2025, la OIM ha registrado 112 muertes o desapariciones de migrantes de todas las nacionalidades, 14 son centroamericanos: 6 en enero, 6 en febrero y 2 en marzo. Ninguno es salvadoreño, las víctimas provienen de Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

Del total de salvadoreños muertos o desaparecidos desde 2014, las causas de muerte mayoritarias han sido: 50 por las condiciones ambientales, 30 por ahogamiento, 26 accidentes de vehículos, 20 casos de violencia, 9 por enfermedad, 5 muertes accidentales y 53 por causas varias o desconocidas.

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La Dirección General de Centros Penales (DGCP) denegó información sobre los deportados, sus condenas y su vinculación con la pandilla «Tren de Aragua», luego de una solicitud de información de la asociación Cristosal, informó dicha oenegé.

La organización aseveró, luego de la denegación de información, que esta denegatoria de información puede implicar detenciones secretas, desapariciones forzadas y posibles delitos de «lesa humanidad».

El 16 de marzo recién pasado, el gobierno salvadoreño publicó la deportación de al menos 261 personas provenientes de Estados Unidos que fueron trasladadas al sistema penitenciario salvadoreño e internadas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El gobierno de Donald Trump ha señalado que 238 de estos deportados son miembros del Tren de Aragua, declarada como organización terrorista el primer día de su gobierno, aunque ha dicho que deportó a 111 de ellos bajo la norma migratoria Título 8.

Cristosal relató ayer que solicitó información a la DGCP sobre: «La cantidad exacta de las personas venezolanas que fueron deportadas a El Salvador desde EE.UU que se trasladaron al CECOT, el listado con sus nombres, cuántas tenían una condena previa en Estados Unidos, y quiénes están vinculadas a la pandilla denominada Tren de Aragua».

Sin embargo, cuenta que, el 27 de marzo, la DGCP resolvió denegar el acceso a la información solicitada, argumentando que “se trata de datos personales (confidenciales) y porque se ha establecido una reserva en virtud del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en sus literales b, d, f y g; relativos a información sobre la defensa nacional, la seguridad pública, la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de terceras personas, la que pueda interferir en la investigación de delitos o en estrategias estatales en procesos en curso”.

La organización no gubernamental consideró que «las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos» sobre la deportación y el ocultamiento de datos «ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales» viola el derecho internacional de los Derechos Humanos y «pueden constituirse como detenciones secretas y generar condiciones para la desaparición forzada de personas sometidas a custodia de ambos Estados».

En su análisis jurídico, Cristosal recalcó que el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada establece que ninguna persona será detenida en secreto y que norma obligaciones estatales para prevenir que las personas en custodia de autoridades penitenciarias sean víctimas de desaparición forzada.

También, advirtió que las personas sometidas a custodia del Estado tienen derecho a comunicarse con sus familiares, abogados o cualquier persona de su elección, así como a recibir visitas. «Lo anterior presupone que los Estados deben mantener registros públicos oficiales de las personas detenidas y ponerlos a disposición de las distintas entidades y autoridades que puedan tener interés en la identificación de personas que pueden ser víctimas de desaparición forzada«, señaló.

La organización citó que el artículo 20 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada reconoce que el acceso a la información sobre personas en custodia del Estado solo puede restringirse bajo supervisión judicial y por causas excepcionales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece, en el artículo 7, que la deportación o traslado forzoso y la desaparición forzada son delitos de lesa humanidad que habilitan la competencia de la Corte.

El gobierno salvadoreño llegó a un acuerdo con la administración Trump para recibir criminales extranjeros de los Estados Unidos, recluyéndolos en el CECOT, a cambio de una tarifa que asegura podrá sostener parte del costo del sistema penitenciario salvadoreño. Por los 238 venezolanos, EE.UU. pagaría $6 millones anuales. La reclusión es por un año renovable.

Los salvadoreños podrán consultar edictos judiciales de forma electrónica a partir del 1 de abril, informó la Corte Suprema de Justicia, que detalló pretenden fortalecer el acceso a la información y la celeridad procesal en los tribunales.

“La Corte Suprema de Justicia informa a la ciudadanía y a las partes procesales de los tribunales contra el crimen organizado que, en cumplimiento del Acuerdo No 3-P de fecha 25 de febrero de 2025, se ha implementado la plataforma digital “Edictos Judiciales – El Salvador”, indicó.

Será un espacio oficial donde podrán consultarse «de manera ágil y segura» los edictos judiciales emitidos por estos tribunales.

La plataforma comenzará a funcionar el próximo martes 1 de abril. La CSJ busca facilitar de esa forma, «el acceso a la información judicial» y la «eficacia en los procesos», según el artículo 163 del Código Procesal Penal, que establece «la posibilidad de utilizar medios digitales para la publicación de resoluciones cuando se desconozca el paradero de la persona a notificar”.

La CSJ recalca que esto es parte de la modernización del sistema judicial para fortalecer el acceso a la información y la celeridad en los tribunales del crimen organizado.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, visitará la Casa Blanca en Washington, la capital estadounidense el próximo mes, donde sería recibido por el presidente de ese país, Donald Trump.

Con un reposteo y la frase: «Llevaré varias latas de Coca-Cola light», el mandatario salvadoreño confirmó la visita al republicar un post del periodista Nick Sortor quien informaba de la visita.

«Última hora: El presidente Trump recibirá al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Casa Blanca el próximo mes. El Salvador ha demostrado ser uno de nuestros mejores aliados, al recibir a cientos de pandilleros del Tren de Aragua deportados para encarcelarlos», señaló la publicación del periodista.

En enero pasado, ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica tras la asunción de Trump. Bukele sería el primer mandatario del hemisferio occidental en ser recibido por el presidente estadounidense.

Tras su llamada, el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo una visita a El Salvador en donde se reveló el envío de convictos a la megacárcel salvadoreña, a cambio de una tarifa. Esta semana, también llegó al país la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien visitó la prisión.

Bukele y Trump se reunieron personalmente durante 35 minutos en Estados Unidos cuando ambos estaban en su primer periodo presidencial, en septiembre de 2019. En esa reunión, Trump aseveró que Bukele «ha hecho un trabajo increíble contra la MS-13, él sabe qué clase de amenaza representan».

Este año, tras retomar el poder, Trump designó a la MS-13 como organización terrorista.

El anuncio de la visita ocurre casi dos semanas después que Estados Unidos enviara tres aviones con 238 migrantes venezolanos que tenían estatus migratorio irregular en el país del norte, pero que los presidentes Trump y Bukele señalaron de pertenecer a la banda Tren de Aragua. Abogados, familiares y el gobierno venezolano han denunciado que muchos de los detenidos no son criminales, sino migrantes con estatus irregular que buscaban el sueño americano.

La organización Acción Ciudadana (AC) determinó que el proceso de evaluación para la elección del fiscal general de la República, de donde resultó reelecto Rodolfo Delgado para el período 2025-2028, tuvo una calificación del 29.6 en una escala de 0 al 100.

Según la AC, los cuatro criterios de evaluación que se utilizan según estándares internacionales tuvieron una baja calificación: publicidad y transparencia (45.4%); igualdad de condiciones y no discriminación (50%); estándar de participación de la sociedad civil (20%) y el estándar de selección con base al mérito y capacidades, este último tuvo el cumplimiento más bajo con (6.2%).

Entre algunos de los aspectos (de los 15) que no se le dio cumplimiento en este estándar (de selección con base al mérito y capacidades) es que no se utilizó un baremo que tuviera la manera de calificar, por ejemplo, la trayectoria, la experiencia de los candidatos, tampoco hubo un cuestionario estandarizado de preguntas, que permitiera ahondar y profundizar en los conocimientos de forma amplia de los dos candidatos”.
Norma Orellana, investigadora del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana.

Esto también lo justifica el informe, con un detalle de cómo se realizaron las entrevistas a cada uno de los dos únicos candidatos que se postularon para titular de la Fiscalía General de la República que fueron el abogado Gonzalo Octavio Ayala López y Rodolfo Delgado, el fiscal electo desde el 1 de mayo de 2021, que buscaba la reelección.

“Un aspecto clave respecto a otras elecciones es que en este proceso hubo escasas participación de candidatos, situación que podría estar relacionada con la desconfianza, en tanto existían motivos para considerar que la Asamblea Legislativa se inclinaría por la reelección de Delgado, afectando la legitimidad del proceso”, explicó.

En las entrevistas que realizó la Comisión Política de la Asamblea Legislativa a los dos postulantes, se observaron grandes diferencias, desde la duración total de las entrevistas como el número y tipo de preguntas a cada uno.

La entrevista de Gonzalo Octavio Ayala López duró 41 minutos con 90 segundos y los diputados le lanzaron 11 preguntas.

En cambio, la entrevista a Rodolfo Delgado duró 2 horas 3 minutos y 14 segundos, con un total de 22 preguntas.

Acción Ciudadana también cuestionó, entre los aspectos que no se cumplieron, que no hubo convocatoria de participación a la sociedad civil para asistir a las entrevistas, para que pudieran emitir opiniones y recomendaciones.

Para finalizar, Acción Ciudadana, con base al monitoreo de mapa de riesgo, calificó con bandera roja la elección de Delgado por las deficiencias que se evidenciaron en el cumplimiento de los estándares internacionales.

Recomendaciones

Las recomendaciones que da Acción Ciudadana a la Asamblea Legislativa para elecciones de segundo grado, en primer lugar, que elabore un manual de selección de funcionarios, con el que defina el perfil, requisitos para optar al cargo, procedimiento, plazos, criterios de evaluación, cumplimiento de estándares internacionales. Además de un cuestionario de preguntas estandarizado, un baremo para evaluar experiencia y trayectoria profesional de los candidatos, que la Asamblea publique toda la información y de acceso a la población.

El concejo de La Libertad Este dejó sin efecto dos reformas a la Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Antiguo Cuscatlán aprobadas en julio y octubre de 2024 para que la misma fuera de aplicación general en todos los distritos que desde mayo se unieron por ley al municipio.

En diciembre del año pasado, se dio a conocer que el concejo de La Libertad Este aplicaría las tasas de Antiguo Cuscatlán al resto de sus distritos.

Desde el 1 de mayo de 2024, La Libertad Este es conformado por los distritos Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza, luego de que la Asamblea Legislativa y el gobierno decidieran reducir los 262 municipios a 44.

El concejo de La Libertad Este explicó que, hasta el 3 de marzo, la aplicación de la ordenanza no había dado “los resultados esperados” debido a las diferencias entre Antiguo Cuscatlán y el resto de distritos, diferencias que fueron detectadas en información catastral y la base tributaria de los distritos.

“Al tener este concejo municipal la obligación de gobernar en forma eficiente, se considera que mientras no se genere una ordenanza municipal que contemple las características y circunstancias propias de cada distrito, es conveniente mantener las ordenanzas municipales que en materia de tasas se aplicaban con anterioridad al proceso de reestructuración municipal”, indicó el concejo.

El decreto que da un paso atrás en igualar u homologar las tasas de Antiguo Cuscatlán con el resto de los distritos de La Libertad Este fue aprobado el 3 de marzo de 2025, fue publicado el 25 de marzo e iniciará su vigencia el 2 de abril, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial del 25 de marzo.

El decreto municipal es firmado por la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas; el síndico, Edwin Orellana Núñez, el primer regidor, Héctor Hernández Dale, la segunda regidora, Claudia Ventura de Umanzor, el cuarto regidor, Juan José Alas, y la secretaria municipal, Flor de María Flamenco.

La derogatoria, sin embargo, no menciona la reforma a la ordenanza de convivencia de La Libertad Este, que aumentó multas.

¿Cuáles son los decretos que se dejan sin efecto en La Libertad Este?

1. Reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales en Antiguo Cuscatlán: había sido aprobada el 29 de octubre de 2024, derogaba todas las disposiciones que contravinieran la ordenanza de Antiguo Cuscatlán, así como ordenanzas de San José Villanueva, Zaragoza y Huizúcar, y únicamente dejaba igual los cobros no mencionados en la ordenanza de Antiguo Cuscatlán.

2. Reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios del municipio de Antiguo Cuscatlán: había sido aprobada el 19 de julio de 2024, incorporaba los decretos de las ordenanzas reguladoras de tasas de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Vilanueva y Huizúcar, en la ordenanza.

El régimen venezolano intensificó este jueves sus ataques contra el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tras el encarcelamiento de más de 200 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, condenó públicamente la detención masiva y calificó al mandatario salvadoreño de “nazifascista”, un término que suele repetir contra otros presidentes.

“Muchachos que fueron a buscar una mejor vida, hoy están secuestrados. Bukele es un nazifascista, niega acceso a los abogados y oculta la identidad de los detenidos”, afirmó Maduro, quien acusó a Estados Unidos y El Salvador de violar sistemáticamente el debido proceso.

Mientras tanto, durante una sesión transmitida por el canal estatal ANTV, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, calificó el hecho como “uno de los eventos más espantosos, deleznables y vergonzosos” de la historia del continente, asegurando que los migrantes están «secuestrados» por Bukele, a quien acusó de instalar campos de concentración en territorio salvadoreño.

“Eso no es una cárcel, es un campo de concentración. Están siendo secuestrados por Marco Rubio y Nayib Bukele”, sentenció Rodríguez.

Irónicamente, el régimen venezolano es uno de los más cuestionados por violaciones de Derechos Humanos en el mundo.

Las críticas se desataron luego de que la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, visitara este miércoles el CECOT como parte de su gira regional. Acompañada por funcionarios salvadoreños y un amplio dispositivo de seguridad, Noem recorrió las instalaciones, incluyendo la celda 8, donde se encuentran algunos de los venezolanos deportados.

En un video publicado en sus redes sociales, Noem agradeció al Gobierno salvadoreño por “su asociación con Estados Unidos” para detener a individuos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, originada en Venezuela. Aseguró que estas acciones muestran las consecuencias para quienes “han perpetuado violencia en comunidades estadounidenses.”

Por su parte, el número dos del régimen y ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, comparó la visita de Noem con un paseo por un zoológico.

“Así fue, como si estuviera viendo animales”, expresó durante su programa semanal en VTV. Cabello acusó a Bukele de “traficar con personas” y de recibir dinero por cada detenido.

“Los tiene como esclavos, haciéndolos trabajar forzosamente”, aseveró.

El gobierno salvadoreño no ha respondido al régimen venezolano al que no reconoce tras las fraudulentas elecciones del 28 de julio de 2024. El Salvador no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela.