Categoría: Politica

  • Población califica con 8.13 a Bukele según encuesta UCA

    Población califica con 8.13 a Bukele según encuesta UCA

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es calificado con un promedio de 8.13 en una escala del 0 al 10, según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) realizada del 5 al 17 de diciembre de 2024 y presentada este jueves.

    La nota más frecuente otorgada al mandatario es 9.

    La nota es menor al promedio de 8.46 obtenido en la encuesta de evaluación al quinto año de gobierno, realizada del 20 de mayo al 4 de junio de 2024. En la encuesta realizada del 16 al 24 de marzo de 2024, el presidente logró un promedio de nota de 8.68.

    El estudio también encontró que un 56.1 % de los entrevistados expresó tener mucha confianza en el presidente, un 20.7 % dijo que tiene «alguna» confianza, un 14.6 % le tiene «poca» confianza y un 8.5 % de la población le tiene «ninguna» confianza.

    En la investigación, los entrevistadores preguntaron a la población cuánta corrupción cree que hay en el presidente de la República y en las distintas instituciones estatales analizadas.

    Un 10 % respondió que «mucha», un 15.4 % que «alguna», un 23.3 % dijo que «poca» y 41.8 % contestó que ninguna. Un 9.6 % no respondió o respondió que no sabía.

    El presidente tiene la mejor notas de las instituciones evaluadas por la encuesta, con el promedio de 8.13, en una escala del 0 al 10, seguido de la Fuerza Armada, con 7.93, la Policía Nacional Civil (PNC), con 7.85, el Gobierno Central, con 7.7, las iglesias evangélicas, con 6.96, y el sistema penitenciario, con 6.85. En los peores puestos están los partidos políticos, con 4.91, alcaldías, con 5.27, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con 5.95, los tres que no superan la nota de 6.

  • El Salvador respalda declaración de rechazo a la investidura de Nicolás Maduro

    El Salvador respalda declaración de rechazo a la investidura de Nicolás Maduro

    El Salvador se sumó a una declaración firmada por 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluido Estados Unidos, que rechazaron el jueves la investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en medio de denuncias de fraude electoral.

    Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay «en el marco de la OEA emitieron una Declaración Conjunta, en la que rechazaron la investidura de Maduro y exigen el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela».

    El gobierno de El Salvador ha denunciado el fraude electoral del 28 de julio de 2024 en Venezuela y el presidente Nayib Bukele ha dicho que no restablecerá relaciones con el régimen de Maduro. Esta semana se conoció que el mandatario salvadoreño conversó con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, a quien ofreció respaldo en su lucha.

    Las 14 naciones resolvieron «RECHAZAR el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025, por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral».

    Maduro, de 62 años, juró el pasado viernes para un tercer mandato seguido de seis años (2025-2031).

    Los países exigieron «al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales».

    La autoridad electoral venezolana proclamó a Maduro ganador de los comicios con 52% de los votos, pero a la fecha sigue sin publicar el escrutinio detallado, como manda la ley. La oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 70% del electorado.

    Los 14 países también reclamaron la liberación de «todas las personas detenidas arbitrariamente» y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.

    Entre el 1 y 11 de enero, 75 personas fueron detenidas por «razones políticas» en los días previos a la investidura, según la ONG Foro Penal.

    El grupo de países de las Américas además instó a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios para abordar la crisis multidimensional en Venezuela.

    Asimismo, urgieron al régimen de Maduro respeto el derecho internacional «cesando cualquier hostigamiento y asedio contra las personas asiladas en instalaciones diplomáticas y consulares en territorio venezolano».

    En marzo, seis dirigentes de la oposición venezolana se refugiaron en la residencia del embajador argentino en Caracas. Uno de ellos abandonó el lugar en diciembre para ponerse a órdenes de las autoridades, que le otorgaron libertad condicional.

    La legación se encuentra desde agosto sin personal diplomático, tras la ruptura de relaciones como respuesta a los cuestionamientos del gobierno del presidente argentino Javier Milei a la reelección de Maduro.

  • Todo lo que debe saber sobre la reinscripción para el TPS en Estados Unidos

    Todo lo que debe saber sobre la reinscripción para el TPS en Estados Unidos

    Este viernes 17 de enero inicia el proceso de reinscripción de salvadoreños para continuar protegidos en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) por sus siglas en inglés.

    Estos son los documentos que debe presentar en los consulados salvadoreños para completar el proceso.

    Si desea completar la reinscripción del TPS en un consulado salvadoreño, puede hacer una cita en el https://portalcitas.rree.gob.sv/portal habilitado por Cancillería o consultar al consulado virtual (503) 7070-1071.

    La reinscripción de beneficiarios del TPS estará habilitada por 60 días que inician el 17 de enero y culminan el 18 de marzo de 2025. El llenado de formularios en los 28 consulados y en la embajada salvadoreña es gratuito.

    Estos son los documentos requeridos:

    • Copia de ambos lados del último documento de autorización de empleo.
    • En caso de problemas con la justicia, hay que llevar original y copia de la decisión de la Corte y todos los documentos relacionados al proceso.
    • Si esta documentación ya fue presentada en preinscripciones pasadas, se necesitan copias legibles.
    • Dos fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco.
    • Si ha realizado viajes fuera de los Estados Unidos, debe presentar una copia del pasaporte con el que viajó.
    • Copia del Advanced Parol o autorización de viaje emitido por el Serviccio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) por sus siglas en inglés.
    • Copia del último formulario y registro de entrada y salida.
    • Si es la primera vez que se reinscribirá en un consulado salvadoreño, debe llevar copias de los formularios anteriores de reinscripción.
    • Dos cheques o money orders dirigidos a US Department of Homeland Security.

    Al respecto, la embajadora de El Salvador en Washington D.C., Milena Mayorga, recordó a los salvadoreños amparados en el TPS que «esta no es una extensión automática», por ello, deben reinscribirse «para seguir gozando del estatus».

    La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró ayer que en el último proceso de reinscripción, de los 234,000 salvadoreños beneficiarios del TPS, solo 137,000 completaron su registro para la ampliación anunciada por el gobierno norteamericano.

    La extensión del TPS iniciará el 10 de marzo de 2025 y finalizará el 9 de septiembre de 2026. Según Cancillería, los salvadoreños amparados en el TPS no serían «elegibles para las deportaciones» anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

  • TSE inicia planificación de las elecciones 2027 de diputados y alcaldes

    TSE inicia planificación de las elecciones 2027 de diputados y alcaldes

    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició esta semana la planificación de las elecciones municipales y legislativas de 2027, anunció la institución en su cuenta de X, en donde mostraron imágenes de una reunión que la magistrada presidenta, Roxana Soriano, sostuvo con la Comisión de Trabajo Institucional, conformada en su mayoría por nuevos técnicos contratados por el organismo colegiado.

    Para las elecciones de 2027, de mantenerse las reglas electorales actuales, los salvadoreños deberán elegir 44 concejos municipales y 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

    Según la institución, esta primera reunión los ha encaminado «a la organización, desarrollo y vigilancia» del futuro proceso electoral dirigido por un equipo técnico casi nuevo en su totalidad luego del despido de jefes de unidades y departamentos del TSE.

    El TSE informó en sus redes sociales que han comenzado con el desarrollo de:

    • El plan estratégico institucional, en el que se plasma la metodología de trabajo de la institución.
    • Calendario electoral, en el que se detallan las actividades y plazos para desarrollar cada acción del próximo evento electoral.
    • Plan General de Elecciones (Plagel), en el que se detallan las responsabilidades de cada uno de los programas conformados para ejecutar las elecciones.

    En las fotografías se puede observar al nuevo equipo de técnicos que asumieron sus funciones a propuesta de Soriano, quien fue propuesta para el cargo por Nuevas Ideas. El único técnico conocido es Roberto Mora Ruiz, jefe de la Unidad de Planeación Estratégica y Gestión de Calidad.

    En el calendario electoral de las elecciones de 2024, la primera actividad establecida fue la «divulgación institucional de información sobre la suspensión de modificación de residencia», pues el Código Electoral establece que, un año antes de las elecciones, se suspende la inscripción de cambios de residencia en el registro electoral.

  • Los Acuerdos de Paz es algo que no podemos olvidar: Marcela Villatoro

    Los Acuerdos de Paz es algo que no podemos olvidar: Marcela Villatoro

    Los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado en El Salvador, se firmaron el 16 de enero de 1992, hace 33 años, entre el gobierno salvadoreño bajo el mandato de Félix Cristiani, de Arena, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

    Al consultarte a la diputada Marcela Villatoro, de Arena, su opinión su opinión sobre si El Salvador ha avanzado o se ha estancado en democracia, luego más de tres décadas después, ella se enfoca en que los Acuerdos de Paz son parte importante de la historia de El Salvador y no se pueden dejar de lado.

    “Los Acuerdos de Paz es algo que en definitiva no podemos olvidar y es algo que nuestra historia nos ha enseñado a todos los salvadoreños, cuando el país se vio inmerso en una guerra que cada quien tenía sus posiciones del porqué había tomado determinado tipo de bando, al final se logró consensuar con todas las aristas para que el país tuviera paz, esa paz que nos costó muchísimos años y muchas vidas, por eso, es algo que nadie de nosotros lo debe olvidar, porque es parte de nuestra historia”, expuso.

    «Estamos viendo nuevamente aquel odio»

    La legisladora cuestiona que actualmente se estén dando situaciones “de odio” que en aquel momento también originaron la guerra.

    “Es lamentable que a la fecha se esté haciendo de lado esta parte de la historia y se esté tratando de olvidarla; y nos estamos viendo nosotros nuevamente y es aquel odio que se está dando entre salvadoreños y es algo que fue muy grave y ahora podemos ver que se sigue repitiendo”, dijo.

    El actual presidente de la República, Nayib Bukele, ha sido férreo crítico de los Acuerdos de Paz y, al contrario de conmemorarlos, habló en 2021 de “un grupúsculo de aprovechados” que se «lucraron» de «muertes en un negocio llamado guerra y en otro negocio al que llamaron acuerdos de paz”.

    La diputada de Arena exhortó que es necesario se respeten los derechos humanos de todos los salvadoreños y que cada uno recuerde el costo de esos acuerdos. “Ojalá que se respeten los derechos humanos de los salvadoreños, que fue una de las razones por las que también se dio la guerra; y ojalá que recordemos todos lo que nos costó la paz y que luchemos por mantenerla”, finalizó.

    Con los Acuerdos de Paz se suprimieron los cuerpos de seguridad utilizados para perseguir a los opositores, como la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, dio nuevas funciones a la Fuerza Armada y creó la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

    En el primer mandato de Bukele, en 2021, ordenó duplicar a los elementos de la Fuerza Armada, en 2022 implementó un régimen de excepción como respuesta a la ola de violencia de las pandillas, que sigue ejecutándose a la fecha, pero que las organizaciones sociales critican por detenciones de personas inocentes dentro de los capturados.

  • Detenciones de migrantes salvadoreños en EEUU bajaron 33.2 % en 2024

    Detenciones de migrantes salvadoreños en EEUU bajaron 33.2 % en 2024

    El año 2024 cerró con 45,362 retenciones de salvadoreños con estatus migratorio irregular en todo el territorio estadounidense, un 33.2 % menos de las 67,905 reportadas en el año 2023, según datos de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

    Durante 2024 Estados Unidos ha realizado el doble de retenciones de salvadoreños que hizo en el año pandémico 2020 pero la mitad de las que ejecutó en 2021.

    La tendencia a la baja inició en 2022, año en el cual la detección de migrantes salvadoreños disminuyó un 26.6 %, con 86,018 encuentros de salvadoreños; y continuó en 2023, con una baja del 21.1 %, a los 67,905 encuentros.

    Un año atrás se registró una alza de más del 400 % con más de 117,000 retenciones de salvadoreños respecto a las escasos 21,000 realizados durante 2020.

    Solo en la frontera sur estadounidense, si cada retención corresponde a un solo salvadoreño, esto implicaría que en un quinquenio han sido detenidos 330,786 salvadoreños.

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    Un total de 42,047 retenciones fueron reportadas al cierre de 2024 por la CBP, un promedio de 3,500 encuentros mensuales. Es decir, un 93 % de las detenciones de salvadoreños se realizaron en la frontera sur de los Estados Unidos.

    A diferencia del año 2023, cuando aumentaron las detenciones de migrantes de todas las nacionalidades respecto al año 2022, el año 2024 marcó una baja.

    En 2024, las retenciones de migrantes de todas las nacionalidades fueron 895,691 menos que 2023, un 35.2 %. En 2023, aunque los encuentros de salvadoreños bajaron en un 21 % no ocurrió una disminución de detecciones del resto de migrantes, ya que incluso subieron los encuentros en 113,775 o un 5 %.

  • El Salvador vive con temor a 33 años de la paz dice Claudia Ortiz

    El Salvador vive con temor a 33 años de la paz dice Claudia Ortiz

    En el 33 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, este 16 de enero, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, cuestiona que “no ha habido un cambio sustancial entre El Salvador antes de la guerra y hoy”.

    Según la diputada Ortiz, la situación que vivió El Salvador durante más de una década, con detenciones y desapariciones de inocentes, militarismo, temor y autocensura, es «similar» a lo que está viviendo en la actualidad.

    “El Salvador sigue teniendo personas que han sido detenidas y que han sido desaparecidas siendo inocentes; El Salvador tiene gente exiliada por sus opiniones políticas; El Salvador vive en una sociedad militarizada; El Salvador vive temor en su población que se autocensura por temor a dar su opinión política, eso, a 33 años, parece que no ha habido un cambio muy sustancial entre El Salvador antes de la guerra y hoy”, cuestionó la legisladora.

    El Salvador vive bajo un régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022 como medida para parar una ola de homicidios que sumaron más de 80 en tres días cometidos por pandillas, un fenómeno de violencia que se generó después de los Acuerdos de Paz.

    Según el gobierno, desde su implementación han capturado a 84,260 personas, presuntos pandilleros, sin embargo, Socorro Jurídico lleva un registro de 354 muertes en centros penitenciarios, de los cuales asegura que el 94 % “no tenían vínculos con pandillas”.

    Sugiere agenda de país

    Ortiz aprovechó para hablar de una propuesta de paz que promueve su partido, basada en temas que afectan a la población. “¿Cuál es nuestra propuesta para que exista una verdadera paz?: la paz se logra a través de la justicia, a través de que el Estado permita que haya una vida digna para la gente. Si queremos realmente solventar aquellos temas que fueron las causas de la guerra, tenemos que abordar temas como agua, soberanía alimentaria, vivienda, salud, trabajo, educación, justicia, inclusión, esos temas”, detalló.

    La legisladora sugirió trabajar una agenda de país en la que todos los sectores se involucren para una paz duradera y no cíclica. “Si logramos una agenda de trabajo como nación, vamos a poder lograr una paz más duradera y que no sea cíclica de entre relativa paz y luego violencia, porque la pobreza, la exclusión, el autoritarismo genera violencia en la sociedad”, cuestionó la diputada de Vamos.

  • Salvadoreños amparados al TPS no serían elegibles para deportaciones masivas: viceministra

    Salvadoreños amparados al TPS no serían elegibles para deportaciones masivas: viceministra

    Los salvadoreños que se encuentran amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) no serían «elegibles para las deportaciones» masivas que ha anunciado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró la viceministra de Diálogo y Movilidad Humana, Cindy Portal.

    Portal aseguró en Canal 21 que el presidente Trump, al hablar de deportaciones masivas, se refiere a las expulsiones de «aquellos malos residentes» que «llegan a incumplir las leyes o a irrumpir el orden social y la paz nacional».

    Le puede interesar: Solo el 58 % de los beneficiarios del TPS se registraron en la reinscripción de 2023

    Aunque, según una entrevista ofrecida por el político norteamericano a la NBC News, la ola de deportaciones iniciará con los criminales convictos pero se extenderá a otros sectores paulatinamente.

    «Si estas personas gozan de un estatus de protección, estas personas no son elegibles para deportaciones porque están bajo un estatus de protección».
    Cindy Portal, viceministra de Diálogo y Movilidad Humana.

    «Estamos empezando con los criminales y tenemos que hacerlo. Y luego empezaremos con los demás y veremos cómo va», dijo el magnate en la entrevista.

    Trump aseguró en esa entrevista que, en el caso de las familias con estatus migratorios mixtos –unos miembros legales y otros ilegales– al no querer separar a las familias, tendrá «que enviarlos a todos de regreso» a sus países de origen.

    Sin embargo, la viceministra aseguró que están «abogando desde siempre» para obtener una «solución migratoria integral, justa pero sobre todo permanente».

    Por ello, han sostenido reuniones «de alto nivel» para negociar posibles medidas para los salvadoreños con estatus migratorio irregular en Estados Unidos.

    Inicialmente, los salvadoreños beneficiarios del TPS eran cerca de 234,000; según una presentación de Diálogo Interamericano son 180,375.

    El Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano prevé al menos 14,000 salvadoreños deportados anualmente durante el gobierno de Trump.

  • A 33 años de la firma del Acuerdo de Paz: «Ni enfrentamientos, ni riesgo de ser capturado por ser joven»

    A 33 años de la firma del Acuerdo de Paz: «Ni enfrentamientos, ni riesgo de ser capturado por ser joven»

    Hace exactamente 33 años, un 16 de enero de 1992, la población salvadoreña daba testimonio del fin de una guerra que por más de una década sometió a miles de salvadoreños a enfrentamientos, persecuciones, asesinatos, torturas, secuestros y masacres.

    Tras una larga negociación, la noticia de la paz llegó a las familias salvadoreñas la noche del 31 de diciembre de 1991 desde Nueva York, un día de fiesta que terminó con abrazos de paz dentro de las familias y que se selló con la firma dieciséis días después. Ahora, un grupo de miembros de organizaciones, representantes de víctimas del conflicto o de crímenes cometidos en esa época, subrayan la importancia del fin del conflicto aunque aún ven desafíos.

    María Luz Rivas, representante legal de Comadres, quien nunca más volvió a ver a su padre desde que fue detenido y desaparecido en 1987, cuenta que, cuando se firmó la paz, sintió «alegría», pero que hoy ve «una gran deuda histórica» con las víctimas del conflicto armado como una Ley de Justicia Transicional que garantice justicia, verdad y no repetición.

    «Lo peor que me ha pasado durante la guerra es ese vacío que no se llena con nada, que es la pérdida de un padre, fue detenido y desaparecido justo en los años que una hija más lo necesita, cuando estaba sufriendo violencia de personas cercanas». María Luz Rivas (Comadres).

    «La firma de los Acuerdos de Paz significó paz y esperanza. Es importante que conozcamos la verdadera historia, que nos empaticemos con ella, que la reconozcan y que empaticen con las víctimas del conflicto armado». María Luz Rivas, Comadres.

    Dos militares pintan carteles sobre la paz en el cerro de Guazapa, el 15 de enero de 1992. / AFP.

    «Ni el riesgo de ser capturado por ser joven»

    Ramón Arita, sobreviviente de tortura, ahora miembro del Comité de Expresos Políticos (Coppes), fue capturado en septiembre de 1985 y sufrió torturas durante más de 10 días en la entonces sede la Policía Nacional (PN). «Nada justifica la tortura, ni el disentimiento político», dice. Pero en la época del conflicto, cuenta, «por el mero hecho de disentir» una persona «corría el riesgo de que alguien fuera capturado, torturado, asesinado o desaparecido».

    «En los acuerdos de Chapultepec se logró silenciar las armas. Era muy angustiante para la población saber que en cualquier momento podría ser víctima de fuego cruzado, la captura de gente inocente por mera sospecha o vendettas personales. Muchas veces se utilizaba la delación falsa sobre gente que no tenía ninguna participación».

    No creíamos que se debía negociar y llegar a un acuerdo de paz, pero el hecho llevó tranquilidad a la población, ya no iba a haber enfrentamientos y, en las ciudades, el correr riesgo de ser capturado sencillamente por ir pasando, por ser joven, había una persecución sobre la población civil tremenda. No digamos alguien que fuera señalado por ser líder de un gremio. Ramón Arita, sobreviviente de tortura.

    Él no creía en la firma de la paz, pero la aceptó. Ahora la define como «una paz aceptable» y advierte que «los crímenes no deben ser repetidos». La garantía de «no repetición» es una de las exigencias de la sentencia de la Sala de lo Constitucional –del año 2016– que anuló la amnistía absoluta decretada en 1993.

    Según Humberto Sánchez, presidente de Coppes, fueron más de 20 años de momentos difíciles en el país que se manifestaban contra «el libre tránsito, el libre pensamiento o la libre expresión individual o colectiva». Por eso, no cree la firma de la paz sea una farsa. «Represión, desapariciones, capturas, desplazamientos y una serie de otras condiciones, no se puede decir que los Acuerdos de Paz fueron una farsa», dice.

    «Es un tema que no se desarrolla en los colegios»

    Luis V. Villaherrera, un líder juvenil salvadoreño que no había nacido cuando se firmó la paz, cree que hablar de lo que sucedió en la guerra es una forma de no repetir la experiencia de la guerra, pero no ve una conciencia suficiente en los jóvenes.

    «Si yo lo hablo con amigos con diferentes partes del país, hay poco conocimiento. Si nos vamos a jóvenes y niños, hay casi nulo conocimiento de lo que sucedió y la lucha que se creó durante ese momento», reconoce.

    Luis es un promotor de la democracia de 29 años y finalista del Premio de la Democracia Kofi Annan por su trabajo como presidente de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).

    Históricamente yo no oía sobre este conflicto armado. Lo poco que escuché era que la gente se escondía, que eran dos bandos y eso era todo. En el colegio lo conocí muy brevemente. Es un tema que no se desarrolla en los colegios y es algo que debería marcar la historia salvadoreña. Contar el relato es muy importante y redignificar a las víctimas. Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

    Para las mujeres que sufrieron persecución de sus familiares durante la guerra fue imprescindible terminar con esa época.

    Antes de que iniciara oficialmente la guerra ya existía una persecución contra personas civiles. Comadres, como se conoce el Comité de Madres y Parientes de prisioneros, desaparecidos y mártires políticos de El Salvador, fue precisamente una organización creada en diciembre de 1975 por madres de víctimas de la masacre estudiantil ocurrida 30 de julio de 1975. ​​​​​​Este miércoles, otra de las integrantes de Comadres relató cómo a su hermano se lo llevaron y lo torturaron porque estudiaba en la Universidad de El Salvador (UES) en una época en que, recuerda, estudiar en una universidad o pertenecer a una organización era motivo de amenazas, capturas o torturas.

    Sin embargo, ahora las organizaciones señalan deudas con las víctimas del conflicto armado y no creen que la paz en El Salvador sea plena. Una de estas tiene que ver con tener un Estado de Derecho que vele por los inocentes que están pagando penas injustas pese a que ahora hay seguridad.

    Puede ser una paz simulada. La paz debe tener cimientos de justicia, igualdad y equidad. Sí creo que a este país le hace falta mucho para que sea un país justo, inclusivo y democrático. Hablar de paz yo creo que es hablar de una paz simulada. Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos.

    El acuerdo de paz que tuvimos fue lo mejor que se pudo tener en ese momento y los gobiernos que le siguieron, pues, tuvieron que haber construido país. Es algo que no se hizo porque se sembró esta polarización». Luis V. Villaherrera, presidente de Tracoda.

    Una guerrilla salvadoreña (izq.) observa una ambulancia en Mejicanos, el 12 de noviembre de 1989. / Francisco Campos-AFP.

    El presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (izq.) estrecha la mano de los líderes guerrilleros salvadoreños (de izquierda a derecha): Schafik Handal, Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez y Francisco Jovel tras la firma de un acuerdo de paz en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el 16 de enero de 1992. El tratado pone fin a 12 años de guerra civil. (Foto de DAVID HERNÁNDEZ / AFP)

    El entonces presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (izq.) estrecha la mano de líderes guerrilleros Schafik Handal, Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez y Francisco Jovel, tras la firma del acuerdo de paz en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. / David Hernández-AFP.

  • Organizaciones insisten en derogación de ley minera y llaman a la «resistencia»

    Organizaciones insisten en derogación de ley minera y llaman a la «resistencia»

    Al menos 30 organizaciones sociales y religiosas insistieron este miércoles al gobierno salvadoreño en la derogatoria de la nueva Ley general de minería metálica porque consideran es la única forma de evitar «consecuencias ambientales, sociales y económicas irreversibles».

    Guadalupe Cortés, obispa de la iglesia luterana, leyó el comunicado de las organizaciones en el que lamentan que el gobierno y la Asamblea Legislativa «no hayan escuchado el clamor de la gran mayoría de la población que rechaza la minería metálica e instaron a los salvadoreños a «la resistencia ciudadana y popular» para mantenerse en contra de la nueva ley.

    «Nos sumamos a las múltiples llamadas a revertir esta ley, consideramos que las autoridades competentes todavía tienen en sus manos la posibilidad de evitar una catástrofe nacional de graves proporciones y de consecuencias ambientales, sociales y económicas irreversibles». Guadalupe Cortés, obispa de la iglesia luterana.

    Cortés recordó que, según publicaciones de medios de comunicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) «ha admitido que no cuenta con ningún estudio técnico que valide» la reactivación de la explotación minera en el territorio nacional.

    Las organizaciones reconocieron y «abrazaron» el acompañamiento de la iglesia católica y demás sectores «en la lucha de las comunidades» amenazadas que se encuentran situadas en zonas «de potencial minero».

    Peter Nataren, de Ades Santa Marta, señaló que toda empresa que realice explotación minera debe tomar en cuenta «los riesgos de cualquier conflicto social con las comunidades, debe de pensarlo».

    «Este gobierno no va a ser eterno, el oro no se saca en meses, son procesos de años, nadie garantiza que Bukele va a estar en los próximos 20 años todavía gobernando, entonces, las empresas deben pensar lo que van a hacer».
    Peter Nataren, de Ades Santa Marta.

    Por su parte, el obispo de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, David Alvarado, aseveró que la minería «es muerte para el pueblo salvadoreño» tomando en cuenta que «todas las cuencas hidrológicas de este país van a dar» al río Lempa.

    Alvarado advirtió no solo la muerte del medio ambiente por las consecuencias de la contaminación minera sino de fauna, flora y de vidas humanas. «Nos unimos a decir ‘no a la minería’, la vida es más importante», afirmó.

    En la sesión plenaria de ayer, la diputada de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Marcela Villatoro, pidió la derogación de la ley minera vigente desde el 7 de enero, pero su petición obtuvo solo tres votos de la oposición.

    El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo anoche en una conferencia de prensa que «los ríos de El Salvador no están contaminados por la minería» sino que estarían contaminados «por otra cosa».

    Sin embargo, un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) indica que desde 1870 hubo explotación minera en El Salvador hasta mediados del siglo XX en la mina de San Sebastián en La Unión. En 2017 se aprobó una prohibición a la minería metálica.