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El presidente de la república, Nayib Bukele, observó las disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego aprobadas el 16 de octubre de 2024, informó este miércoles el presidente de la Asamblea Legislativo, Ernesto Castro.

“Sí, nosotros la tenemos ahí, ha sido observada y nosotros la vamos a ver en su momento”, aseguró el diputado presidente, sobre este decreto que permitirá la legalización de armas que por diferentes razones no se encuentren matriculadas en el registro del Ministerio de la Defensa Nacional, siempre y cuando no hayan sido utilizadas para fines delictivos.

Al consultarle sobre qué tipo de observaciones le hizo el presidente Bukele al decreto, respondió que sí las habían visto, pero que no podía dar detalle en ese momento.

“Sí, pero ahorita no tengo el detalle de eso, en su momento, lo vamos a ver», se limitó a decir el diputado.

Política | Decreto para legalizar armas fue observado por el presidente Nayib Bukele, informa diputado Ernesto Castro, presidente de @AsambleaSV, quien además, informó que entregarán 150 becas el sábado.

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Las disposiciones aprobadas abrían un periodo de 90 días para facilitar el registro de armas de fuego que aún no hayan sido matriculadas en el Ministerio de la Defensa Nacional y para captar armas de fuego, artesanales o hechizas.

Durante este plazo el decreto iba a permitir la devolución voluntaria para su destrucción de armas artesanales o hechizas y prometía no ejercer la acción penal a las personas beneficiadas o que avisen de la ubicación de armas de fuego, de fabricación artesanal o hechiza.

El decreto transitorio también establecía que no podían aplicar al beneficio las personas procesadas o que cumplan condenas por delitos cometidos con armas de fuego, agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo y crimen organizado.

Según la Constitución de la República, si el presidente devuelve un decreto con observaciones, la Asamblea «las considerará y resolverá lo que crea conveniente» y posteriormente «enviará (el decreto) al presidente», quien deberá sancionarlo y mandarlo a publicar. Sin embargo, la norma constitucional no establece un plazo para resolver sobre las observaciones presidenciales.

Las observaciones suelen ser conocidas por el pleno legislativo, luego de que la junta directiva las agende en una sesión plenaria, para que luego sean trasladadas a estudio en la comisión de trabajo correspondiente.

Las observaciones presidenciales realizadas a la reforma Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobada el 25 de enero de 2023 –y que fueron recibidas por el pleno legislativo el 29 de abril de 2024– nunca fueron conocidas públicamente ni aprobadas. Pasaron a estudio de la entonces Comisión de Obras Públicas. En su lugar, el gobierno envió un nuevo proyecto de reformas aprobado el pasado 20 de diciembre de 2024 y que ya está vigente.

Los 60 diputados de la Asamblea Legislativa exoneraron del pago de impuestos la donación de dos vehículos por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en San Salvador.

La exoneración, solicitada al pleno por el diputado Raúl Chamagua (Nuevas Ideas), eximirá a la alcaldía municipal de Sonsonate Este –conformado por los distritos de Izalco, Armenia, San Julián, Santa Isabel Ishuatán, Caluco y Cuisnahuat– del pago de todo tipo de impuestos y bodegaje en la importación de dos pick ups Nissan Frontier, color blanco, del año 2025.

«La Embajada de los Estados Unidos, que apoya muchísimo a las alcaldías, le queremos dar las gracias por este importante donativo», dijo Samuel Martínez, diputado de Nuevas Ideas por Sonsonate.

Los vehículos servirán para el Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), según el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas.

La exención incluye Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), impuestos municipales y costos de bodegaje.

Los diputados de Nuevas Ideas, el partido oficial, agradecieron a Estados Unidos. «Sin lugar a dudas se van a seguir fortaleciendo en los años o meses próximos», dijo Raúl Chamagua sobre las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. «Esta amistad de larga data se va a seguir fortaleciendo con el paso del tiempo», exclamó el diputado cian.

«Estamos dispuestos a sumarnos y a ser ese puente de enlace entre las instituciones de gobierno y en este caso con la Embajada de EE.UU., que en muchas ocasiones ha demostrado su buena voluntad». Raúl Chamagua (Nuevas Ideas).

El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, exhortó a la Embajada de Estados Unidos a ayudar a otras municipalidades y departamentos, por la pobreza que sufren. «De verdad, se lo digo, embajador», afirmó.

Quiero hacer el llamado al embajador… para que también pueda poner sus buenos oficios y colaborar con los demás departamentos, hay departamentos pobres pero hay otros que de verdad son más pobres y que no tienen cómo salir adelante». Reynaldo López Cardoza (PCN).

Los legisladores también felicitaron al alcalde de Sonsonate Este, Gabriel Serrano, por la gestión de esta ayuda.

En una sesión plenaria de una hora, el lunes la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles el “Acuerdo sobre transporte aéreo” firmado por los cancilleres de El Salvador y Costa Rica durante la visita que realizó en noviembre pasado el presidente Nayib Bukele al vecino país.

La sesión plenaria se abrió con 49 diputados presentes y el pleno acordó, con 48 votos, llamar a diputados suplentes para sustituir a 10 diputados: Suecy Callejas, Caleb Navarro, Felipe Interiano, Eduardo Amaya, Estuardo Rodríguez, Mauricio Ortiz, Helen Jovel, Salvador Chacón, Maricela de Guardado y Johathan Hernández.

El “Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el gobierno de la República de El Salvador y el gobierno de la República de Costa Rica”, suscrito el 11 de noviembre de 2024, que consta de preámbulo, 29 artículos y un anexo, no fue leído en el pleno ni publicado en el sitio web de la legislatura.

Fue el primer punto de agenda: fue ratificado con 59 votos: 53 votos de Nuevas Ideas, 2 de Arena, 2 del PCN, 1 de Vamos y 1 del PDC, según el conteo público y oficial de la Asamblea Legislativa.

Según el dictamen, las partes se comprometen a respetar convenios sobre infracciones contra la seguridad de las aeronaves (Tokio, 1963; La Haya, 1970; Montreal, 1971 y 1988; Palermo, 2000) o cualquier otra convención multilateral o sus modificaciones ratificadas por ambas partes, así como deberán exigir que los operadores de aeropuertos en su territorio respeten las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El acuerdo pretende el más alto grado de seguridad y protección de los servicios aéreos internacionales y reafirmar la grave preocupación de ambos Estados por los actos o amenazas contra la seguridad de las aeronaves que ponen en peligro la seguridad de las personas y los bienes.

También, busca impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación civil.

«Los aspectos más importantes es cuidar la vida, la seguridad de todos los pasajeros, no permitir que ningún pasajero o una persona extraña pueda ingresar a abordar un avión con cualquier armamento o equipo, o se le ocurra documentar un equipaje con cargamento o municiones». Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas.

Este es el décimo sexto acuerdo de transporte aéreo ratificado por El Salvador según Cancillería; sin embargo, Nuevas Ideas aseguró que los anteriores gobiernos engavetaban los acuerdos.

«Desde 2021 hemos venido ratificando acuerdos en beneficio de la población salvadoreña, muchas veces antes se quedaban literalmente engavetados». Ana Figueroa (Nuevas Ideas).

Al referirse al acuerdo de transporte aéreo, la diputada Ana Figueroa, del partido oficial, se refirió a la seguridad interna de El Salvador: «En un mundo moderno, es vital que establezcamos marcos normativos que salvaguarden la seguridad de la población, nosotros ya sabemos cómo el presidente Nayib Bukele ha implementado estas políticas de seguridad nacional pero obviamente necesitamos cuidar adonde sea que ellos se encuentren».

Más de 10,000 salvadoreños radicados en el extranjero tramitaron su Documento Único de Identidad (DUI) durante diciembre de 2024, de acuerdo a los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, una cantidad 13 % menor que el mes anterior.

Según los datos de la Dirección del Servicio Exterior publicados en el Observatorio Digital sobre Movilidad Humana de Cancillería, solo en diciembre de 2024, al menos 10,185 connacionales emitieron su DUI en las representaciones consulares en el exterior.

Solo en noviembre de 2024, Cancillería reportó la emisión de 11,756 duis en el exterior y, para diciembre del mismo año, se emitieron 10,185 o sea 1,571 menos, lo que representa una disminución del 13 % en las emisiones de duis en el último mes.

Diciembre fue el quinto mes con más emisiones de duis durante 2024, según los datos de Cancillería. Lo superó enero con 13,511; le siguió julio con 11,770; luego noviembre con 11,756 duis; después febrero con 11,671 y finalmente diciembre con 10,185 documentos emitidos.

Por otro lado, Cancillería no ha actualizado la cantidad de duis entregados en el exterior en los primeros siete días de 2025. Solo ha reportado la emisión de 1,939 pasaportes salvadoreños.

El trámite del DUI tiene un costo de $10.31 para los salvadoreños en el territorio nacional y en el exterior tiene un costo de $35.

Los datos estadísticos de la institución no detallan los centros de servicios donde se han entregado los documentos, solo muestra la cantidad mensual de duis o pasaportes entregados a los connacionales.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), aseguró este miércoles que no solo se debería auditar los fondos recibidos por el partido político durante los últimos 20 años, sino también al Consejo Ejecutivo Nacional (Coena) actual.

El martes 7 de enero, el presidente del Coena, Carlos García Saade, anunció una auditoría financiera con un equipo externo para conocer el destino de los $72 millones que el partido político han recibido en los últimos 10 años luego de que descubrieran que parte de la deuda de más de $7 millones que dejaron dirigencias anteriores «es una deuda ficticia». «Empezamos a ver cosas extrañas», dijo.

Política | «No solo que se haga con los Coenas anteriores, sino con el Coena actual», responde la diputada Marcela Villatoro, sobre la auditoría que anunció Arena a $72 millones de financiamiento recibido por el partido político.

«Toda búsqueda de transparencia es bueno, es la forma de que la gente conozca dónde han ido estos fondos, al final, son fondos de la deuda (política), que son fondos públicos y la gente debe conocer cuál es el destino de ellos», dijo Villatoro.

La diputada de Arena dijo que toda búsqueda de transparencia es buena para que la gente conozca dónde van a parar los fondos que ha recibido el partido de derecha.

Según Acción Ciudadana, los partidos políticos han recibido $160 millones en financiamiento público y privado durante las últimas dos décadas, de los cuales solo Arena ha recibido al menos $72.6 millones, más de la mitad del total.

Los trabajos de terracería en el lugar en donde se construiría el Estadio Nacional de El Salvador, cuya primera piedra se puso hace más de un año, continúan en enero de este año según pudo constatar Diario El Mundo en el terreno de la Escuela Capitán General Gerardo Barrios, ubicado sobre el kilómetro 5 y medio de la carretera a Santa Tecla, en el distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este.

De acuerdo con los datos registrados en proceso de aprobación del permiso ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el área total del terreno incluido el parqueo es 175,960 metros cuadrados, de los cuales será construida una superficie de 57,500 metros cuadrados.

Según el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), la construcción del Estadio Nacional de El Salvador a cargo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes) aún está «en proceso de evaluación», es decir, su proceso de solicitud de permiso ambiental no aparece finalizado ni aprobado. El gobierno no ha informado oficialmente de los avances en los procesos ambientales de la construcción.

Bajo el identificador «NFA965-2022» registrado el 12 de julio de 2022 a las 11:14 a.m., la construcción del Estadio, financiada por la República Popular China, aparece «en proceso de evaluación» en este sistema que divulga las fases de los procesos de estudios de impacto ambiental en El Salvador.

El sistema informa del estado o fase del proceso en la que se encuentra cada proyecto, obra o actividad que inicia la evaluación del Impacto Ambiental o formulario ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El Estadio Nacional de El Salvador, según la descripción del proyecto citada por el MARN, incluiría:

• Un «campo profesional de fútbol» con una tribuna de 50,000 asientos.
• Salas de espectadores.
• Salas de deportistas.
• Salas de gestión.
• Salas de prensa.
• Medio de comunicación.
• Salas de VIP y VVIP.
• Salas de operación del estadio.
• Salas de equipamiento.
• Dos campos de baloncesto al aire libre.
• Una cancha de fútbol rápido para 5 personas.
• Parqueo para 2,000 vehículos.
• Pavimento de la plaza exterior.

Trabajos de terracería continúan en el terreno de 175,960 metros cuadrados en Antiguo Cuscatlán en el cual se construirá el Estadio Nacional El Salvador.

Videos de Yolanda Magaña. pic.twitter.com/eFoDTq798v

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) January 8, 2025

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha publicado las actas y acuerdos que ha tomado el nuevo organismo colegiado, pero aseguró a Diario El Mundo que está trabajando en las versiones públicas para divulgarlas.

A través de una solicitud de información, la Secretaría General del TSE informó a El Mundo que las actas y acuerdos del nuevo organismo colegiado “se encuentran en proceso de elaboración” en la versión pública para “su publicación de conformidad” a la Ley de Acceso a la Información Pública.

El 21 de octubre, El Mundo solicitó al Tribunal: copia de las actas y acuerdos tomados por el colegiado actual, que asumió funciones en septiembre de 2024, y también copia del acuerdo en el que decidieron solicitar la renuncia de jefes, directores y personal de unidades de la institución.

La información fue solicitada por la Oficina de Información Pública a la Secretaría General, quien respondió que las actas y acuerdos «se encuentran en proceso de elaboración de su versión pública para su publicación» de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Por ello, el oficial de información notificó que no era «posible proporcionar la información solicitada».

Actas no actualizadas

En el portal de transparencia del TSE, se encuentran disponibles algunas de las actas desde 2012 hasta 2017; desde entonces, no se han divulgado las actas de las sesiones que sostienen los magistrados.

Según la Ley de Acceso a la Información Pública, la institución debe divulgar los proyectos de agenda, elaborados por la presidenta de la institución, en este caso, Roxana Soriano; pero las agendas no son publicadas desde 2021.

El director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, consideró que no extraña que la cantidad de información pública del ente electoral esté disminuyendo dados los antecedentes de la nueva presidenta Soriano, en instituciones como la Corte de Cuentas de la República (CCR).

A inicios de 2024, la CCR tenía más de un año de no dar a conocer las actas de sesiones de organismo, así como los informes de viaje pagados con fondos públicos. La última acta divulgada corresponde al período del expresidente Roberto Anzora.

Durante, la gestión de Soriano en la CCR, no se publicaron las actas de sesiones. Soriano fue nombrada como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública por el presidente Nayib Bukele y ha sido presidenta de la Corte y del TSE por propuesta de Nuevas Ideas.

«En esa medida no extrañaría que se dé una baja de información que anteriormente el Tribunal Supremo Electoral publicaba, que por sí, tal vez no ha sido de las instituciones más transparentes, pero sí tenía cierta información».

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.

En ese contexto, Escobar considera que Soriano está en el TSE «cuidando los intereses del gobierno». «Así como se le colocó en la Corte de Cuentas, así como estuvo en el Instituto de Acceso a la Información Pública», afirmó.

La ley de acceso establece que el Tribunal debe publicar proyectos de agenda, actas, resoluciones, calendario electoral, listados de candidatos, resultados de escrutinios y la conformación organismos electorales temporales.

Alianza Republicana Nacionalista (Arena) acordó realizar una auditoría interna a las finanzas del partido durante los últimos 20 años porque desconocen el destino de los $72 millones en financiamiento que habría recibido el instituto político desde 2014.

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena), Carlos García Saade, aseguró este martes en un vídeo publicado en redes sociales que realizarán una auditoría financiera con un equipo externo para conocer el destino de los $72 millones que han recibido en los últimos 10 años.

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Saade aseguró que «les preocupa» que las antiguas dirigencias les dejaron una deuda de más de $7 millones, de la cual, una parte está respaldada legalmente, pero otra parte han «descubierto que es una deuda ficticia».

«Nos preocupa que las antiguas dirigencias nos dejaran una deuda de más de $7 millones, una deuda que mucho sí está respaldada con documentos legales y otra hemos descubierto que es una deuda ficticia». Carlos García Saade, presidente de Arena.

De acuerdo a Saade, con la renovación del partido «es importante transparentar las cuentas y así evitar los errores que cometieron en el pasado algunos dirigentes».

Un monitoreo de información de Acción Ciudadana revela que los partidos políticos recibieron desde 2014 hasta 2023, al menos $160 millones en financiamiento público y privado.

El informe señala que solo Arena habría recibido $72,663,529.13 de los fondos, es decir, el 53 % de los $160.4 millones. La actual dirigencia de Arena asegura que cuando asumieron la dirigencia «empezamos a ver cosas extrañas».

«¿Qué se hizo ese dinero?» cuestionó Saade sobre los $72 millones que habría recibido el partido. Saade aseguró que le dijeron que el dinero se gastó en campaña, pero que la actual dirigencia desea saber en qué se gastó exactamente.

En ARENA estamos convencidos de que la ética y la transparencia son esenciales para renovar nuestro partido y contribuir al desarrollo del país. Por eso, hemos decidido llevar a cabo una auditoría completa de los últimos 20 años. #AquíEstamos #RenovacionARENA #UnificarArena pic.twitter.com/QFucYlukJw

— ARENA (@ARENAOFICIAL) January 7, 2025

El senador norteamericano Andy Kim urgió este lunes al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños, para permitir que se mantengan unidas «miles de familias».

El senador Kim argumenta que la continuidad del TPS para las familias salvadoreñas las protegerá «de la inestabilidad y el daño», por ello, exhortó al gobierno del presidente Joe Biden a «hacer todo lo posible en sus últimas semanas para extender» la protección que otorga el TPS, según reportó el medio Insider NJ.

«No hay razón para que el Departamento de Seguridad Nacional retrase o niegue lo obvio: Los salvadoreños deben continuar calificando para el Estatus de Protección Temporal (TPS), que mantendrá a miles de familias juntas y las protegerá de la inestabilidad y el daño».

Andy Kim, senador norteamericano.

Kim aseguró que la ampliación del TPS le dará a las familias beneficiarias «la certeza que merecen», mientras trabajan «para hacer cambios al por mayor» a fin de «arreglar nuestros sistema migratorio».

El senador consideró en sus declaraciones que el TSE «es un programa crítico y uno bajo el fuego del presidente electo, Donald Trump», quien ha anunciado desde su campaña una ola masiva de deportaciones.

El programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano ha previsto que al menos 14,000 salvadoreños sean deportados anualmente a partir de la anunciada nueva política migratoria que implementaría Trump.

Actualmente, el TPS está vigente para El Salvador hasta el 9 de marzo de 2025. Trump ha asegurado que con su nuevo gobierno daría por terminado el TPS y el programa de Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) por sus siglas en inglés.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ya supera los 1,400 pasaportes emitidos a salvadoreños en el exterior durante los primeros seis días de 2025, de acuerdo a los datos del Observatorio Digital sobre Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta el 2 de enero se reportaban 326 pasaportes entregados, por lo que, en los últimos cuatro días de enero se han entregado al menos 1,178 documentos de viaje a los connacionales en el extranjero, sumando unos 1,414 pasaportes hasta el lunes 6 de enero.

En enero de 2024, la Cancillería salvadoreña reportó la emisión de 16,552 pasaportes. Es decir, que el promedio diario de entregas de pasaportes fue de 533. Con esos datos se situó como el tercer mes de 2024 con más pasaportes emitidos.

Cancillería aún no reporta la cantidad de Documentos Únicos de Identidad (duis) entregados en representaciones y sedes consulares para salvadoreños en el extranjero en los primeros días de 2025.

Actualmente, Relaciones Exteriores cuenta con 81 consulados y representaciones en el exterior que cuentan con el servicio de entrega inmediata de pasaportes salvadoreños en el extranjero. El trámite se realiza en un promedio de 40 minutos.

La emisión de pasaportes en el extranjero tiene un costo de $35 y se debe presentar el DUI para adultos y para el caso de niños se debe presentar la partida de nacimiento y duis de los padres.

La memoria de labores de Cancillería indica que desde 2023 hasta 2024 entregaron 153,629 pasaportes, de ellos, unos 153,218 eran ordinarios y otros 411 provisionales.