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El Salvador ocupó el décimo segundo lugar en la lista de países con más migrantes atrapados en 2025, con un total de 5,353 encuentros de salvadoreños en todo Estados Unidos, de los cuales 3,598 ocurrieron en la frontera sur de dicha nación.

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), publicados el viernes, indican un total de 394,741 encuentros de migrantes extranjeros en Estados Unidos durante 2025, una baja del 83 % respecto a los 2.3 millones de encuentros de 2024.

El ranking de nacionalidades de los migrantes encontrados por su estatus irregular en territorio estadounidense se ha modificado.

Se mantiene México en primer lugar, con un total de 121,782, mucho menos que los 562,223 mexicanos encontrados en todo Estados Unidos en el año 2024.

Después de México, ahora aparecen países que no se encontraban en el top 10: Canadá, Filipinas, India y China, países que juntos tuvieron más de 100,000 encuentros de migrantes.

Sin embargo, mientras Guatemala, Venezuela, Honduras, Colombia y Cuba, aunque están entre los primeros 10, bajan entre uno y cinco peldaños; mientras El Salvador subió dos peldaños, del lugar 14 al 12.

Las mayores tasas de encuentros de migrantes por cada 100,000 habitantes de sus países de origen las tienen Honduras, con 131; Guatemala, con 104; México, con 92; El Salvador, con 84; y Canadá, con 77, por cada 100,000 de sus habitantes respectivos.

Países con más migrantes encontrados en todo EE.UU. de enero a diciembre de 2025

La Mesa de Trabajadores por una Pensión Digna propone un sistema mixto de pensiones en El Salvador que distribuya el 16 % correspondiente a la cotización de los trabajadores en 2 % para cuenta individual y 13.2 % para una cuenta de reparto.

Actualmente, al ahorro para las pensiones se dirige un equivalente del 16 % del salario mensual que devengan los trabajadores o del subsidio respectivo de incapacidad, si ese fuera el caso.

A dicho ahorro contribuyen tanto los trabajadores como los empleados o las empresas que los contratan, así: el 7.25 % lo aporta el trabajador y el 8.75 % lo aporta el empleador.

Ese equivalente del 16 % del salario del trabajador se reparte, actualmente, así:

-9 % se dirige a la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP): el 7.25 % proviene del trabajador y 1.75 % del empleador.

-6 % se dirige a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), la cual garantiza la pensión vitalicia a los cotizantes del sistema privado.

-1 % es la comisión para las AFP.

Patricio Pineda, representante de la Mesa, detalló que según su propuesta la distribución quedaría así:

-13.20 % para un sistema de reparto o un pilar de reparto.

-2 % para cuentas individuales.

-0.8 % para la comisión de la administradora.

Pineda explicó que con esta propuesta se eliminaría la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) y que el pago de pensiones del sistema público se financiaría de un recorte en la comisión que actualmente tienen las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), lo que, señala, bajaría más “si es una sola institución” que administre los dos fondos.

La otra fuente de financiamiento es el interés por las inversiones que se hagan para obtener mayor rentabilidad con los fondos de pensiones.

La propuesta sugiere una rentabilidad del 5.5 %. Aseguró que según su propuesta todas las personas “tendrían un ajuste” en sus pensiones y se establecería que la pensión mínima en ningún caso puede ser menor a $400. Actualmente, consideró, la ley solo establece una aproximación que no aplica para todos.

“Se va a unificar la fórmula de cálculo, nuestro sistema mixto lo que hace es darle una nueva configuración a la famosa Cuenta de Garantía Solidaria. La CGS, que en este caso la hace de pilar de reparto, su objetivo no es óptimo. Se ha convertido en la caja chica de los políticos y en una carga para los trabajadores”, criticó. Según Pineda, la propuesta de la Mesa “permite más ahorros y le pone candados al Gobierno”.

Uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de El Salvador en el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es la presentación de una propuesta de reforma de pensiones a más tardar el 26 de febrero de 2026 para su aprobación y consiguiente aplicación este mismo año.

Las empresas pueden pagar la llamada quincena 25 de manera voluntaria en enero de 2026 y deberá hacerlo obligatoriamente de manera permanente a partir de enero de 2027. En ambos casos recibirán un incentivo fiscal relacionado a su pago del Impuesto sobre la Renta (ISR).

Sin embargo, según la redacción del decreto, si el pago de la Quince 25 se realiza voluntariamente en enero de 2026, el incentivo será un crédito tributario, equivalente al 100 % del monto del pago, que puede usarse para pagar el Impuesto de la Renta de 2026.

En cambio, de manera permanente, la ley siempre considerará como gasto deducible este gasto en remuneraciones extra que realizarán las empresas, es decir, reduce la base gravable de renta.

Transitorio: crédito tributario para Renta 2026

Para el año 2026, las empresas, podrán acreditar el monto pagado como crédito tributario contra el Impuesto sobre la Renta 2026.

«Los patronos que realicen voluntariamente el pago referido, además de los beneficios ya reconocidos por las leyes vigentes, tendrán derecho a un crédito tributario acreditable contra el pago del Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2026, por el monto total pagado a sus trabajadores o empleados por dicho concepto», reza parte del artículo transitorio 6 de la ley.

Si en el momento de liquidar el Impuesto sobre la Renta de 2026, el crédito tributable excede el pago que debe realizar de impuesto, «el remanente del mismo podrá utilizarse para atender el cumplimiento de otras obligaciones sustantivas relacionadas con el Impuesto sobre la Renta.

Sin embargo, si la empresa es usuario de zona franca o Depósito para Perfeccionamiento Activo o tiene incentivos de la Ley de Servicios Internacionales, tendrá derecho a negociar su crédito tributario si excede al Impuesto sobre la Renta que deba pagar, y transferido a cualquier título.

Deducible de la renta

En el inciso segundo del artículo 4, la nueva Ley especial Quincena 25 indica que «los montos pagados en concepto de Quincena Veinticinco constituirán gasto deducible para el patrono siempre que hayan sido efectivamente pagados y debidamente documentados, conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta».

Los gastos deducibles hacen disminuir el ingreso o renta neta, que es la renta «imponible», es decir, la base sobre la cual se calcula el Impuesto sobre la Renta.

La Ley del Impuesto sobre la Renta explica qué gastos son «deducibles» de la renta obtenida: los gastos propios del negocio, las remuneraciones por servicios prestados en la producción de la renta gravada, indemnizaciones, gastos de viaje y viáticos vinculados al negocio, arrendamientos, seguros, tributos, entre otros. Así, según la Ley especial de la Quincena 25 también será deducible de su renta neta el gasto que realice la empresa en el pago de medio salario extra a los empleados que ganen hasta $1,500.

Las alcaldías de San Salvador Centro, Santa Ana Centro, San Salvador Sur, Cabañas Este, Cuscatlán Norte, La Paz Este, Santa Ana Oeste, San Salvador Este, San Vicente Sur, Usulután Este, La Unión Norte y La Paz Oeste también anunciaron que han aplicado el decreto 499.

El alcalde de La Unión Norte, Edwin Serpas, aseguró el viernes que había un “compromiso de esta municipalidad de salvaguardar, dignificar y reconocer a quienes a quienes desempeñan sus funciones con responsabilidad y vocación de servicio hacia nuestra población”.

“Acompaño y respaldo esta iniciativa impulsada por el presidente @nayibbukele, reafirmando nuestro compromiso municipal de fortalecer el ingreso económico de quienes cada día sirven con dedicación a nuestra población santaneca”, indicó el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, en X.

También, el gobierno municipal de La Paz Oeste informó, hace dos días, que habían hecho el pago. «Apoyamos el bienestar laboral y el desarrollo económico de nuestros colaboradores y del país», indicó en su cuenta oficial de Facebook.

La Ley especial Quincena 25 aprobada mediante el decreto legislativo 499 el pasado 14 de enero autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir cualquier tipo de acuerdo o resolución para garantizar su “correcta y adecuada aplicación”.

El decreto 499 obliga a todas las instituciones del Estado, incluidas las 44 municipalidades, a pagar a los empleados que tengan un salario mensual hasta de $1,500, a pagar un equivalente al 50 % de su salario a más tardar el 25 de enero de 2026.

No todas las instituciones públicas informaron en redes sociales si habían cancelado la quincena 25 a sus empleados; hasta ayer, entre las instituciones que sí lo hicieron están algunos ministerios y municipalidades.

La aplicación efectiva del decreto en el Estado ha sido comunicada, poco a poco, por algunas instituciones públicas.

De los 126,820 empleados que laboran en el Gobierno, Educación tiene 46,400 plazas y Seguridad, 34,191. Le sigue el Ministerio de Salud, con 15,677 y el Órgano Judicial, con 10,716. La medida solo aplica para los empleados que perciban un salario de $1,500 o menor.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, anunció el viernes que “ya se hizo efectivo el pago de la Quincena 25 a los miembros” de la Fuerza Armada que cumplen las disposiciones exigidas. No informó el monto que se erogó ni la fuente de financiamiento.

El Ministerio de Vivienda, así como el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo) y el Fondo Social para la Vivienda (FSV), anunciaron la aplicación del decreto a través de la ministra de Vivienda, Michelle Sol. También lo anunciaron empresas estatales como la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal).

El decreto 499 inició su vigencia el 14 de enero, el mismo día de su aprobación, ya que será publicado bajo esa misma fecha según el Diario Oficial.

EL decreto permite hacer los pagos entre los días 15 y 25 de enero de cada año, es decir, hasta el domingo próximo.

A las empresas privadas el pago les permitirá deducir el 100 % del monto pagado en el Impuesto sobre la Renta; pero en 2026, si lo hacen voluntariamente, podrán obtener créditos tributarios contra el Impuesto sobre la Renta por el equivalente erogado.