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Uno de los cambios realizados a la nueva Ley para el fomento de la expansión de las inversiones aprobada el miércoles por la Asamblea Legislativa fue la supresión de la Secretaría de Comercio de la Presidencia de la República como entidad calificadora de perfiles del inversionista para que este acceda al incentivo por expansión.

La facultad se le dejó únicamente a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST).

La referencia a la Secretaría de Comercio fue suprimida de los artículos 5, 6 y 7 a solicitud del Ministerio de Economía antes de la aprobación del dictamen en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, el pasado martes.

El proyecto planteaba que también la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia iba a tener la potestad de «calificar su perfil de inversionista», uno de los tres requisitos iniciales para que una empresa pueda aplicar a los incentivos de la expansión. Esto, además de no tener pendientes obligaciones tributarias o aduaneras y tener el Acuerdo de Calificación de la Inversión de Expansión ante el Ministerio de Economía.

La calificación de inversionista del INVEST será uno de los documentos que debe presentar el solicitante que quiera aplicar a los incentivos, junto a información como nombre, edad, ocupación, nacionalidad, domicilio, persona jurídica y número de identificación tributaria, documentos de representantes legales.

También deberán presentar, ante el Ministerio de Economía, la descripción técnica del proyecto de expansión, el cronograma de ejecución, el monto de la expansión a realizar, el porcentaje de ampliación de la operación, los estados financieros auditados y depositados en el Centro Nacional de Registros (CNR) de los últimos diez años previos a la solicitud, evidencia de capacidad para ejecutar el proyecto y una declaración jurada de la veracidad de la información.

El INVEST también podrá dar acompañamiento a las empresas si la solicitud es rechazada.

La nueva ley otorga créditos tributarios equivalentes al 10 %, 20 % y 30 % de la inversión realizada que oscile entre $1 millón y más de $20 millones, aplicables «únicamente sobre el excedente que resulte de restar el mejor resultado de dicho impuesto que el beneficiario haya declarado y computado durante los últimos 10 años de ejercicios fiscales» ajustado según la inflación. También podrá deducirse de la base imponible el activo adquirido como «deducción por depreciación».

La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, este miércoles una ley que promete créditos tributarios para excedentes de Impuesto sobre la Renta, equivalentes al 10 %, 20 % y 30 % del monto de la expansión a empresas que amplíen sus inversiones en El Salvador con montos desde un $1 millón hasta más de $20 millones.

El Ministerio de Hacienda deberá controlar el régimen fiscal a través de su Dirección General de Impuestos Internos, según la ley.

Los créditos tributarios serán equivalentes al 10 % de la inversión si el monto de la misma está entre $1 millón y $10 millones; 20 %, si la expansión se da entre $10,000,000.01 y $20,000,000; y 30 % de la inversión si esta es $20,000,000.01 o más.

La exención se aplicará sobre el excedente del «mejor resultado», ajustado con la inflación, que el beneficiario haya declarado durante 10 años.

Según el artículo 12, la cantidad de crédito tributario acreditable contra el Impuesto sobre la Renta a pagar se aplicará «sobre el excedente que resulte de restar el mejor resultado de dicho impuesto que el beneficiario haya declarado y computado durante los últimos 10 ejercicios fiscales ajustado por el último dato de inflación anual emitido por el Banco Central de Reserva».

Además, las empresas que hagan estas inversiones adicionales podrán deducir el valor de los activos que adquieran en la ampliación de la inversión.

El mismo artículo 12 lo detalla así: «Podrán deducirse de la base imponible del Impuesto sobre la Renta el valor de los activos que se hubieren adquirido como resultado del proyecto calificado, como deducción por depreciación en cuanto sean aplicables los. beneficiados de la presente ley».

La calificación para la expansión será otorgada por el Ministerio de Economía y durará 10 años para la exención. Los proyectos de expansión deben iniciar en un máximo de 18 meses a partir de esta calificación. El Ministerio también podrá revocar la calificación.

Antes de tener la calificación para la expansión, las empresas deben tener la calidad de inversionista.

Será la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST) la entidad encargada de calificar el perfil de inversionista y se suprimió del proyecto que la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia pudiera hacer esta calificación, a solicitud del Ministerio de Economía en la Comisión de Tecnología que se reunió el martes.

Las empresas deberán tener su perfil de inversionista del INVEST, no tener deudas tributarias ni aduaneras y tener un acuerdo de calificación para la expansión del Ministerio de Economía.

Para obtener la calificación de la inversión de expansión, la empresa deberá presentar el proyecto de inversión, sus estados financieros auditados y una declaración jurada de veracidad de la información.

Según la ley el acuerdo de calificación de la inversión de expansión deberá incluir los montos de Impuesto sobre la Renta declarados y computados durante los últimos 10 de jercicios fiscales.

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la llamada Ley especial quincena 25 para otorgar en enero de cada año una quincena adicional a los trabajadores de los sectores público, a partir de 2026, y privado, a partir de 2027.

La dispensa de trámites fue aprobada con 57 votos. El fondo de lo solicitado fue aprobado con 59 votos, de Nuevas Ideas, PDC, PCN, Claudia Ortiz y Marcela Villatoro.

El único cambio al proyecto fue agregar que la ley será “de carácter especial y de orden público” en el artículo 8, a petición de la diputada Suecy Callejas.

El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que la medida busca “arreglar un problema estructural de años”.

La medida aplica para trabajadores de los sectores público y privado que ganan hasta $1,500 mensuales, que no pagará impuestos ni tiene descuentos y tampoco puede embargarse.

Guevara pidió que “no vaya a venir alguien diciendo que esto está desestabilizando a la empresa” ya que se les otorgará un año completo para aplicarlo. Argumentó que “no solo gana el trabajador”. “Mentira, porque con ese salario se dinamizan las economías a todas las escalas”, indicó, los beneficiados son según el político son el 94 % de los asalariados.

“A partir de 2027 será obligatoria, dándole tiempo a la planificación y estabilidad al empleo, nadie puede decir que es una medida que va a tomar de sorpresa a la empresa privada porque se le está dando un año completo. Si alguna empresa lo quiere hacer este año, tendrá exenciones fiscales”, dijo.

La diputada Marcela Villatoro, del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), respaldó la iniciativa aunque con observaciones.

Señaló que son aproximadamente $70 millones para pagarle a los empleados públicos y cuestionó por qué no hay dinero para pagarles las indemnizaciones a 7,000 trabajadores despedidos del sector salud.

“Si el dinero sobra, ¿por qué se siguen haciendo modificaciones de agenda en la Asamblea Legislativa para pedir más dinero y pagar problemas económicos que tiene el Estado?”, cuestionó.

Villatoro se quejó de la falta de apoyo a una iniciativa de Arena para emitir un dictamen recomendable al Ministerio de Salud para que indemnice a los trabajadores despedidos del sector. “Más de 7,000 familias se han quedado sin el sustento diario. Ese es un despido de hecho, eso es ilegal. Quien únicamente tiene la capacidad para hacer la supresión de plazas es la Asamblea Legislativa y aquí no ha venido ningún decreto de supresión de plazas”, afirmó.

La legisladora aseguró que más de un 50 % de salvadoreños no serán beneficiados por la Ley Quincena 25 y reclamó por qué no han aceptado suprimirle el IVA a la canasta básica. “Se verían beneficiados todos los salvadoreños, no un porcentaje”, dijo.

“Qué bueno que consultaron con la gran empresa porque ellos son sus nuevos amigos, los grandes empresarios, esos grandes empresarios que en su momento fueron los cheros de uno pero, cuando uno cae en desgracia, se hacen cheros de los del poder”, exclamó.

Villatoro que ellos sí han hablado con el “salvadoreño de a pie”, como el pequeño empresario que tiene cuatro o cinco empleados. Citó que la propietaria de una boutique le reveló que cerraría una de sus sucursales. “Yo voy a quedar como la mala si yo no entrego ese dinero”, le dijo, relató.

Sugirió también que una parte de la quincena 25 “vaya para cuota alimenticia de los menores”: solo votaron los tres legisladores de oposición.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló que la propuesta se presentó una semana después de su propuesta de reducción del IVA.

Aunque anunció el apoyo a la medida señaló que “esta no es una propuesta integral” ya que el costo de la vida seguirá siendo alto e insistió en bajar el IVA a la mitad.

La legisladora comparó la situación con una persona que tiene deudas con un ciudadano y que, sin pagarle, le da un regalito en Navidad, manteniendo su deuda, advirtiendo que el Estado sigue tomando dinero del Fondo de Pensiones.

El diputado Francisco Lira, de Arena, aseguró que este es un “salto al vacío”. “Están lanzando a los micro, pequeños y medianos empresarios a los leones. Dicen que han consultado a las grandes empresas, ¿pero en qué momento han consultado a los micro, pequeños y medianos empresarios?, recuerdan que ellos representan el 90 % de la actividad económica en el país”, advirtió.

Lira aseguró que esto “no es un regalo del gobierno”. “Son sus impuestos”, dijo. Exhortó a no replicar modelos de “dictadores venezolanos” y calificó la medida de populista.

“Esta es una improvisación más de este gobierno, la solución es bajar los costos de la vida de los salvadoreños”, indicó, sugiriendo quitar el IVA a los insumos agrícolas y a los productos básicos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, participó este miércoles en la colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel inspirada en parte en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que se construyó hace dos años en El Salvador.

El acto fue transmitido por la cuenta de Nayib Bukele en YouTube.

Bukele hizo un recuento de la experiencia en seguridad de El Salvador. “Nosotros teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos, tuvimos que cambiar todo, Corte, jueces, fiscales, leyes, Asamblea, en las elecciones, por supuesto”, expresó, en una conferencia conjunta con el presidente costarricense Rodrigo Chaves. El presidente advirtió que en El Salvador aún no se han encontrado los cuerpos de más de 100,000 personas asesinadas.

El mandatario salvadoreño, luego, lanzó recomendaciones a Costa Rica y advirtió que, si no resuelven el tema de la criminalidad, “van a morir más costarricenses” y “la gente ya no va a poder salir a las calles como pasaba en El Salvador”. Además, les advirtió que «desaparece el turismo» y pierde perspectivas de desarrollo.

“Así como era la enfermedad así tuvo que ser la medicina. Costa Rica tiene la ventaja que no está ni por cerca de donde estaba El Salvador… Con hacer la tercera parte que hizo El Salvador, ya queda sobrado”, indicó.

Bukele dijo que en El Salvador “no hay un solo peligroso” y que no hay lugar en donde puedan robarles las pertenencias a las personas. Uno de los pilares, dijo, fue la construcción del CECOT. “Fue vital para la estrategia de seguridad”, dijo.

“Muchas cosas le tocan a un Estado pero la principal es que el Estado sea el único que tenga el monopolio de la violencia, no puede haber otro cuerpo ejerciendo la violencia. De eso se trata el Escudo de las Américas”. Nayib Bukele, presidente salvadoreño.

 

La cárcel CACCO, con celdas de aislamiento y lugares de visitas

Sin embargo, la megacárcel no es un calco del CECOT. Según medios costarricenses, el CACCO tendría una capacidad de 5,100 internos, será construido con una inversión de $35 millones en un terreno de 91,000 metros cuadrados, tendrá 20 celdas de aislamiento, cinco consultorios médicos, 25 aposentos de visita íntima, un registro de visitas y siete fortines, entre otros.

El CECOT tiene 256 celdas para 40,000 reos en ocho pabellones con 32 celdas cada uno. Sin embargo, en el CECOT no hay visitas.

En su informe anual, el Viceministerio de Justicia de Costa Rica registró la visita al CECOT, del 3 al 6 de abril de 2025, como una forma “para identificar aspectos de mejora de infraestructura carcelaria”.

“El objetivo era conocer de primera mano el funcionamiento, la infraestructura y el modelo de gestión del Cecot a fin de explorar la posible adaptación en Costa Rica, en el marco de una estrategia regional para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia”, indica en su informe el Viceministerio.

El informe indica que esta experiencia en El Salvador permitió “elementos de análisis fundamentales para valorar la posible adaptación de algunas de estas estrategias en Costa Rica” pero agrega: “Siempre dentro del respeto al marco jurídico nacional y los principios de derechos humanos como parte de una estrategia regional para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia”. Según este informe, emitido hasta junio de 2025, no se había logrado en Costa Rica la construcción suficiente de espacios para eliminar el hacinamiento carcelario.

Con nuevas modificaciones solicitadas por la diputada Elisa Rosales, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Servicios Internacionales para establecer que los montos de inversión mínimos que estas empresas deben realizar se hagan «desde el primer año de operaciones» en la mayoría de casos.

Según la lectura realizada por la diputada de Nuevas Ideas, los usuarios directos de centros de servicios internacionales deberán hacer una nueva nueva inversión –capital de trabajo y activo fijo– por un monto no menor a $150,000 «desde los primeros seis meses de operaciones».

Para los servicios médico hospitalarios que también sean usuarios directos, el monto es $1,000,000 «desde el primer año de operaciones»; para los servicios de atención a ancianos y convalecientes, $250,000 «desde el primer año de operaciones».

Si las empresas no cumplen con estas condiciones no podrán gozar de los incentivos fiscales ofrecidos por la ley.

La diputada también pidió volver a modificar los plazos de inversión para prestar servicios de procesos empresariales, tecnologías de información y cinematografía en centros de servicios, $250,000 desde los primeros seis meses de operaciones; para servicios médico hospitalarios, $2,000,000 desde el primer año de operaciones; servicios de atención a ancianos, $500,000 desde el primer año de operaciones; y servicios especializados para aeronaves, $500,000 desde el primer año de operaciones.

En la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, ayer, la directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, Marta Solís, había solicitado cambiar el proyecto de ley para establecer estos montos mínimos de inversión «desde los primeros seis meses de operaciones» en todas las categorías; sin embargo, este miércoles, el proyecto sufrió cambios nuevamente.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió este miércoles introducir un proyecto de “Ley de protección, transparencia y rendimiento justo del ahorro previsional” para prohibirle al Estado endeudarse con el Fondo de Pensiones de manera indefinida y establecer que el plazo máximo de dicha deuda sea un año.

Ortiz explicó que su propuesta de ley incluye los siguientes puntos:

• Se le prohibiría al Estado endeudar el fondo de pensiones de manera indefinida y con montos excesivos; y si toma prestado del fondo de pensiones, debe devolverlo en un año.
• Establece un límite del 25 % de la deuda estatal con el Fondo de Pensiones.
• Que los trabajadores puedan retirar el 25 % de sus ahorros para pensiones.
• Que Hacienda restituya la deuda del Estado con el ahorro de las pensiones en un plazo de 18 meses.
• Que en el estado de cuenta de cada trabajador cotizante, se exponga explícitamente cuándo de su dinero está siendo usado por el Estado, a qué tasa de interés y por cuánto tiempo.

Según Ortiz, lo que hace el Estado es “una especie de confiscación” del Fondo de Pensiones.

“El que es dueño del dinero tiene derecho a saber qué es lo que se está haciendo con el dinero”. Claudia Ortiz (Vamos).

La legisladora cuestionó por qué, si el Estado puede acceder al Fondo de Pensiones, “¿por qué no puede acceder el trabajador también?, tienen que poder acceder y ambos en las mismas condiciones”.

La iniciativa solo tuvo tres votos, de los legisladores de Vamos y de Arena. Ningún diputado de Nuevas Ideas opinó al respecto.

El diputado de oposición Francisco Lira criticó la nueva ley aprobada que otorga una quincena adicional, cada año, a los trabajadores del sector público, a partir de 2026; y a los trabajadores del sector privado a partir del año 2027.

“El Salvador no necesita populismo, necesita alimentos a bajos precios y una economía que funcione”, indicó el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Por su parte, el economista Rafael Lemus cree que es magnífico que se incremente una quincena del salario, pero preguntó de dónde saldrá el dinero de los empleados públicos y por qué se pagará primero a los empleados públicos y solo será obligatorio en el 2027 para el sector privado.

“¿Por qué cuando se definen estrategias pro crecimiento no se incluye subir salarios?”, añadió también a sus preguntas.

Los diputados de oposición han presentado otro tipo de iniciativas de alivio económico como congelar los precios de la canasta básica y quitarles el IVA durante un año. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó reducir el IVA del 13 % al 6.5 %. Ambas propuestas no han recibido los votos de Nuevas Ideas para que sean ingresadas a la agenda de la sesión plenaria y estudiadas en una comisión.

El presidente Nayib Bukele anunció el martes que presentó un proyecto de Ley Quincena 25 ante la Asamblea Legislativa que obliga al Estado a entregar, en enero de cada año desde 2026, una quincena adicional no embargable y sin descuentos de impuestos ni cotizaciones a todos los trabajadores que ganen hasta $1,500 mensuales; y a las empresas del sector privado, en enero de cada año a partir de 2027.

Aunque Bukele aseguró que en enero de 2026 el ingreso complementario será voluntario, anunció que si lo hacen habrá incentivos fiscales.

La empresa Súper Selectos, del empresario Carlos Calleja, excandidato presidencial de Arena, anunció que se sumarán voluntariamente a la medida, que calificó de «histórica» y señaló que «fortalecerá la economía de los hogares salvadoreños».

«Como uno de los mayores empleadores del sector privado, reafirmamos el compromiso con nuestros colaboradores, la dignificación del trabajo y con el desarrollo del país», indicó Súper Selectos en su cuenta oficial.

Al explicar cómo nació el proyecto de Ley para el fomento de la expansión de inversiones, Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest), aseguró que El Salvador no solo goza de seguridad física sino política.

“Escuchábamos mucho de que hay incentivos para diferentes industrias, para diferentes sectores, pero no había un incentivo como tal, tanto internacionales como nacionales como empresas domésticas también, es decir internacionales que llevan años de estar domiciliadas en el país, para expandirse”, explicó Ayala.

El funcionario aseguró que “al escuchar este clamor” de los empresarios, empezaron a trabajar un proyecto “de la mano con estos sectores”.

“Si yo soy la persona o la ventana a la cual miran los inversionistas a la hora de venir al país o plantearse la idea de venir al país, una de las cosas que más mencionan es la seguridad que se siente y que se tiene en El Salvador y no solo hablo de seguridad física, de la integridad física de una persona, sino también de la seguridad y estabilidad política que se tiene porque, pese a los diferentes conflictos que puedan existir entre diferentes bandos, entre diferentes partidos, la persona que está pensando en negocios, no está pensando en eso”, fueron las palabras del presidente del Invest, ayer, en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión.

La Asamblea Legislativa recibirá en el pleno dos dictámenes favorables que podrían ser aprobados en la sesión de este miércoles.

Uno para aprobar la Ley para el fomento de la expansión de inversiones, que otorga incentivos del 10 al 30 % de las inversiones extra que hagan las empresas como créditos tributarios de Impuesto sobre la Renta. Según Ayala, son 144 “están decididas ya a expandir” en El Salvador y están “en cola” para aplicar a la normativa.

Ayala dijo que a veces hay que “trabajar un poquito más” para que las empresas decidan expandirse en El Salvador. Aseguró que son más de 3,000 que se podrán beneficiar de los incentivos fiscales.

Un segundo proyecto es una reforma a la Ley de Servicios Internacionales para que el monto mínimo exigible de las inversiones de servicios internacionales se aplique desde los primeros seis meses de operación de las empresas y no «en el primer año» o «en los primeros seis meses».