Categoría: Politica

Las oficinas de la alcaldía de San Salvador Centro tendrán algunos horarios especiales durante la temporada navideña y de fin de año.

Según los horarios publicados por la cuenta de la alcaldía, estarán abiertas algunas oficinas viernes 26, sábado 27 y sábado 3 de enero; y el cierre navideño afectará del 22 al 25 de diciembre, y del 29 de diciembre al viernes 2 de enero.

Los horarios retornarán a la normalidad desde el lunes 5 de enero.

La alcaldía de San Salvador Centro suspendió la atención de trámites registrales en el Registro del Estado Familiar los días lunes 22 y martes 23 de diciembre, y los reanudará con horarios especiales el viernes 26 de diciembre.

El viernes 26 de diciembre de 2025, se mantendrán abiertas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. sin cerrar al mediodía las oficinas centrales, las oficinas de la zonas 1, 2, 4, 5 y 6, del cementerio La Bermeja, Hospital 1 de mayo, Hospital de Maternidad, Agencia Metrocentro, distrito de Ayutuxtepeque, distrito de Mejicanos, distrito de Ciudad Delgado y distrito de Cuscatancingo.

Los días sábado 27 de diciembre y sábado 3 de enero de 2026, solo estarán abiertas de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, las oficinas de la Agencia Metrocentro y el distrito Mejicanos.

La alcaldía anunció que mantendría cerradas todas sus oficinas de atención los días lunes 22 y martes 23 de diciembre. Se conoció que la alcaldía habría aprobado un puente en esos días.

Puntos de atención empresarial (PAE)

Por otra parte, los puntos de atención empresarial también se mantuvieron cerrados durante lunes 22 y martes 23 de diciembre, y se abrirán el viernes 26 de diciembre de 8:00 a 4.00 p.m. sin cerrar al mediodía los siguientes: PAE Central, agencia Metrocentro, agencia La Mascota, zona 1, 2, 4, 5, 6; distrito Ayutuxtepeque, distrito Mejicanos, distrito Ciudad Delgado y distrito Cuscatancingo.

Durante los sábados 27 de diciembre y 3 de enero, los puntos de atención empresarial estarán abiertos solo en PAE agencia La Mascota, agencia Metrocentro y distrito Mejicanos.

Cementerios

Los trámites para inhumaciones y pagos en colecturía de Cementerios podrán realizarse en oficinas centrales La Bermeja, que estará abierta de 8:00 a.m. a 12:00 m; y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. del 22 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026.

El área de Cementerios reanudará su horario normal a partir del 5 de enero de 2026.

La Asamblea Legislativa aprobó el martes un conjunto de reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización que otorga un plazo adicional de 10 años, ya no de cinco años, de exenciones fiscales a las zonas francas que hayan invertido en una ampliación de zona franca en al menos una extensión igual a la poseída en el momento de la solicitud de exención.

La reforma se realiza “con el propósito de incorporar reformas para incrementar la inversión nacional y extranjera, potenciar la competitividad y productividad del país”, según la solicitud, incorporada hoy mismo por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, diputado Christian Guevara.

El decreto fue aprobado con dispensa de trámites, que fue avalada por 56 diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. Ningún diputado opinó. El contenido del decreto fue aprobado con 57 votos. Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra.

La reforma otorga a los desarrollistas un plazo adicional de diez años para las exenciones contenidas en el artículo 11, es decir, exención total del Impuesto sobre la Renta, exención total de los impuestos municipales, exención total del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces por la adquisición de bienes raíces a ser utilizados en la actividad incentivada.

Actualmente este plazo adicional es de cinco años.

Las Ley de zonas francas, aprobada el 3 de septiembre de 1998, otorgó 10 para las realizadas en el área metropolitana o 15 años para las realizadas fuera del área metropolitana, desde el inicio de operaciones de las inversiones en zonas francas.

“Vencido el plazo de las exenciones totales, los usuarios de zona franca tendrán derecho a un plazo adicional de diez años, se comprueba que durante el periodo de la exención total o su respectivo plazo adicional, han aumentado su inversión en un cien por ciento con relación a su inversión inicial”, indicó.

Según la reforma al artículo 17, el monto de la inversión para un usuario de zona franca “en ningún caso podrá ser menor a $500,000, así como comprobar un aumento en el número de empleos equivalente al 100 % con relación al promedio de empleos activos de los últimos tres años”; según el artículo 19, para un establecimiento declarado Depósito para Perfeccionamiento Activo (DPA) la inversión mínima es $800,000. Los DPA son aquellos que transforman, mejoran o reparan las mercancías, como ensamblaje o maquilas textiles.

Como disposición transitoria, el decreto de reforma otorga un periodo de gracia de dos años, contados a partir del vencimiento del plazo de su respectivo Acuerdo, para continuar gozando de exenciones del Impuesto sobre la Renta respecto a utilidades o dividendos de socios o accionistas y realizar las inversiones. Si no se concreta esa inversión, advierte el decreto, “estarán obligados a cancelar los derechos e impuestos que resulten aplicables y que se habrían generado” en ese periodo.

El plazo adicional de exenciones podrá ser solicitado en más de una ocasión.

El decreto permite también establecer parte de las áreas verdes que les exige la normativa –un 20 % del total– fuera de la zona franca, así: 10 % dentro del área o en un área colindante, y otro 10 % dentro o fuera.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la 46a prórroga del régimen de excepción, que iniciará el 1 de enero y concluirá el 30 de enero de 2026.

Según el gobierno, bajo régimen de excepción, implementado desde el 27 de narzo de 2022, se han capturado 90,600 personas vinculadas a pandillas.

Con esto, el estado de excepción mantiene suspendidas tres garantías constitucionales, relacionadas al derecho de defensa, máximo plazo de detención administrativa y a la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defiende el régimen de excepción y se alistan a aprobar la 46a prórroga que iniciará el uno de enero de 2026. Video: Jessica Guzmán. pic.twitter.com/JHnmPVbA7T

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) December 23, 2025

Con 57 votos a favor, dos diputados ausentes de Arena. y un voto en contra de Vamos, la Asamblea legislativa aprobó la 46a prórroga del régimen de excepción, los diputados oficialistas celebran. Video de Jessica Guzmán. pic.twitter.com/luovpRu3At

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) December 23, 2025

«Los diputados tenemos la responsabilidad de legislar siempre a favor de los salvadoreños… Desde la implementación en el año 2022 del régimen de excepción, hemos sido testigos de una transformación sin precedentes en nuestro país y ya esta Asamblea Legislativa lleva 46 meses continuos que hemos logrado a través de estos votos aprobar el régimen de excepción y, por ende, se han salvado vidas», expuso el diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

Navarro señaló que solo el que se beneficiaba con las extorsiones de las pandillas o apoyan criminales no están de acuerdo con la extensión del régimen de excepción.

«La extensión del régimen de excepción es crucial en estos momentos para evitar la reorganización de estructuras criminales. Solo aquel que apoya criminales no está de acuerdo con el régimen de excepción, solo aquella persona, solo aquel ciudadano que se beneficiaba de la extorsiones, no está de acuerdo con el régimen de excepción», enfatizó.

Luego tomó la palabra la diputada Sharon Salazar, de Nuevas Ideas, quien dijo que ella vota por el régimen porque quiere que El Salvador viva en paz.

«Con el poder que nos ha conferido el pueblo quiero decirles que con toda convicción y responsabilidad, yo voto por el régimen de excepción, porque ahora El Salvador vive en paz y porque quiero que esta paz se mantenga, se fortalezca y continúe mejorando para todas las familias salvadoreñas en una época tan significativa como nuestra Navidad», dijo.

Según Salazar, el hecho de que «una artista de talla mundial como Shakira esté queriendo tener su residencia en El Salvador para su gira es gracias a la imagen turística y positiva que ahora tiene El Salvador» y que por ello vota por el régimen de excepción.

El diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, hizo uso de la palabra para señalar que no pueden dejar atrás cuál fue la coyuntura que inició a partir del sábado 26 de marzo del 2022, cuando se convocó a una plenaria extraordinaria para aprobar el régimen de excepción.

«No podemos olvidar lo que nos llegó a eso, fue el fin de semana más trágico de la historia de nuestro país. Las pandillas, las maras comenzaron a asesinar desde el día anterior a la plenaria extraordinaria, a asesinar a los salvadoreños. El día sábado, creo que la cifra andaba entre 84 u 86 salvadoreños que habían asesinado. Las maras estaban haciendo esto porque querían que este gobierno hiciera lo que hicieron los gobiernos anteriores que era negociar con las pandillas, transar con ellos», señaló.

Reiteró que la medida del régimen de excepción está en la Constitución de la República y que ningún gobierno de los anteriores la quiso implementar… «El régimen de excepción es la medida más humana que ha existido en la historia de este país porque se están salvando vidas», indicó.

El diputado presidente agradeció al presidente de la república, Nayib Bukele, al gabinete de seguridad, a la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, a quienes llamó «héroes» por ejecutar el régimen y dio gracias a las comunidades «que han decidido no dar marcha atrás».

La prórroga fue aprobada en votación nominal y pública con 57 votos a favor del oficialismo y sus aliados, la diputada Claudia Ortiz votó en contra y los diputados de Arena no estaban presentes.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pidió este martes modificar la agenda de la sesión plenaria para introducir una iniciativa mediante la cual se derogaría la Ley General de Minería.

«Lo que buscamos mi colega Francisco Lira y yo es derogar la Ley de Minería, que justamente este día cumple un año. Nos han estado escribiendo varias personas, varias organizaciones para que se buscara la forma de que ya no existiese la minería metálica en nuestro país, nosotros también pensamos que es importante», inició la legisladora.

La diputada de Arena argumentó sobre los daños al medio ambiente que ocasiona la minería metálica.

«Contamina el agua, destruye los ecosistemas, nuestro país se encuentra en estrés hídrico, los riesgos a la salud que se ha tenido por parte de los países que explotan la minería y también el impacto medioambiental”, argumentó para pedir la modificación de agenda.

Villatoro recordó que la Iglesia católica entregó 150,000 firmas a la Asamblea Legislativa para derogar la Ley de Minería.

“Gracias, diputada, por favor, haga llegar su solicitud a esta presidencia”, le respondió el diputado Ernesto Castro.

Al momento de la votación, la petición de la diputada Villatoro no tuvo los votos del oficialismo, solo contó con los dos votos de Arena.

Momentos después, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, se incorporó a la plenaria y pidió se agregara su voto a favor de la iniciativa de Arena. Sin embargo, esto fue negado por el diputado presidente, quien argumentó que ella no estaba cuando fue la votación.

«Señor presidente, quiero solicitarle que se incorpore mi voto a favor de la propuesta que hizo la diputada Marcela Villatoro. Es una ley que fue probada hace un año de una forma abusiva y exprés, y que no le da ningún beneficio a la población… Así que pido se incorpore mi voto», expuso la diputada Ortiz.

«Gracias diputada, con todo gusto lo haríamos pero, en ese momento, usted no estaba conformando pleno, por lo tanto, no podemos incorporarla», respondió Castro, y continuó con el desarrollo de la plenaria.

El 23 de diciembre de 2024, hace un año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Minería Metálica con 57 votos: 54 de Nuevas Ideas, dos del PCN y uno del PDC, y derogó la Ley de Prohibición de Minería Metálica que estuvo vigente en el país desde 2017. Arena y Vamos votaron en contra.

En esa ocasión, la diputada Elisa Rosales dijo que están «garantizando que en el centro de la toma de decisiones estará el bienestar de los salvadoreños y el bienestar del país» y que «esta es una apuesta de mediano y largo plazo, no es que ahora aprobaremos esta ley y que el día de mañana ya se estará generando la extracción de estos recursos».

La Asamblea Legislativa extendió, por 18 meses más, el periodo que tendrán los concesionarios y permisionarios para que culminen el proceso de renovación de unidades de transporte, sustituyendo las unidades que cumplieron 20 años de fabricación en 2024, 2025 y 2026.

El decreto explica que “actualmente varios concesionarios y permisionarios no han culminado el procedimiento de renovación de unidades”, por lo que es necesario habilitarlos para que renueven sus unidades y regularicen sus contratos de concesión. El plazo vencía el 17 de julio de 2026

El decreto mantiene las líneas activas de los buses o microbuses que van cumpliendo 20 años de fabricación aunque estos salgan de circulación.

La dispensa de trámite y el decreto se aprobó con 57 votos. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra. Hace un año, el diputado Salvador Chacón, de Nuevas Ideas, hizo un llamado a los transportistas “para que se puedan poner al día”.

La reforma se hizo a las «Disposiciones transitorias para la sustitución de vehículos, refrenda de permisos, cambio de concesionario y permisionarios, ampliación de plazo de contratos de concesión y adopción de medidas provisionales», aprobadas en el decreto legislativo 774 del 20 de junio de 2023.

El decreto otorgó originalmente 18 meses para que los concesionarios o permisionarios de las unidades de trnasporte público tipo colectivo que no renovaron las unidades de 20 años de antigüedad en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, como lo dicta el artículo 34 inciso primero de la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, lo hagan.

“Los concesionarios y permisionarios de unidades que cumplan los 20 años de antigüedad durante la vigencia del presente decreto podrán continuar provisionalmente con la operación de la línea durante el plazo de un año a efecto de realizar la correspondiente sustitución”, indica el artículo 1 del decreto.

La autorización será emitida por la Dirección General de Transporte Terrestre luego de la presentación de la revisión técnica vehicular y documentación de gestión de financiamiento.

Con la reforma, el Viceministerio de Transporte otorgará 18 meses adicionales para los contratos de concesión vencidos en 2024, 2025 o que venzan en 2026.

El decreto también suspendió los juicios ejecutivos civiles y mercantiles de embargo a las unidades de transporte público de pasajeros tipo colectivo en contra de los concesionarios o permisionarios beneficiarios.

El Diario Oficial de El Salvador publicó los decretos de reforma constitucional para extender el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para eliminar el mínimo presupuestario del Órgano Judicial.

La publicación se dio en las últimas horas en la edición del Diario Oficial del miércoles 17 de diciembre de 2025.

El decreto 481, mediante el cual se ratificó el acuerdo de reforma constitucional número 4, aprobado el 16 de diciembre, estableció que el TSE duararán seis años –y ya no cinco– en sus funciones y que los actuales magistrados terminarán su periodo el 1 de julio de 2027 y ya no el 1 de julio de 2029.

El decreto indica que su vigencia inicia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, inicia su vigencia el 25 de diciembre.

El decreto 482, mediante el cual se ratificó el acuerdo de reforma constitucional número 5, aprobado el 16 de diciembre, suprime la disposición que establecía que el “Órgano Judicial dispondrá anualmente de una asignación no inferior al seis por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado” y lo sustituye por que el “Órgano Judicial dispondrá anualmente según las necesidades razonables que dicha institución presente, de una asignación de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado”.

De la misma manera, el decreto 482 “entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial”, es decir, iniciaría su vigencia el 25 de diciembre.

La Asamblea Legislativa acordó ambas reformas y las ratificó en dos sesiones plenarias diferentes celebradas el mismo 16 de diciembre; en una sesión plenaria del 18 de diciembre, la Asamblea aprobó un presupuesto general del Estado 2026 con un recorte al Órgano Judicial.

Mientras la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, advirtió que el presupuesto es inconstitucional porque los acuerdos de reforma constitucional no estaban publicados materialmente en el sitio del Diario Oficial el 16 de diciembre y, además, iniciarían su vigencia ocho días después de su publicación; la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, aseveró en su intervención que el presupuesto estaría vigente desde el 1 de enero de 2026.

La Asamblea Legislativa 2024-2029 ha reformado otros artículos de la Constitución de la República de El Salvador: el artículo 248 de la Constitución, para permitir la reforma constitucional en una sola legislatura, y a otros artículos para eliminar la deuda política, suprimir la participación de El Salvador en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), hacer coincidir las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales; y para permitir la reelección presidencial indefinida.

Un déficit equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) tendrían los sistemas de pensiones de El Salvador en el periodo 2024 a 2070, según el estudio actuarial emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

El déficit ocurre porque, mientras el sistema de pensiones tendría ingresos equivalentes al 136.8 % del PIB, sufriría gastos equivalentes al 195.7 % del PIB.

El estudio actuarial consideró a todas las personas pensionadas y afiliados a los sistemas de pensiones que presentaban al menos una cotización en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) o en el Sistema Público de Pensiones y genera proyecciones hasta el año 2070.

Generó proyecciones de las contribuciones, pago de pensiones y de la evolución del valor de las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes.

El sistema privado

El estudio indica que los ingresos por contribuciones del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) se mantendrían estables en un 4 % del PIB durante el periodo analizado, de 2024 a 2070, pero sus gastos aumentarían del 3.7 % del PIB en 2024 al 8.4 % del PIB en 2070.

En todo el periodo 2024-2070, el valor presente de los ingresos del SAP sería 136.8 % del PIB, pero el gasto en pesiones sería de 182.2 % del PIB, en su mayoría –$120.1– pensiones por vejez.

Así, el valor presente neto del déficit en el SAP sería del 45.4 % del PIB en el periodo 2024-2070.

Al conocido como SAP pertenecen trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), cuyos beneficios dependían de sus cuentas individuales y la rentabilidad de sus ahorros, y de cuyos ahorros se financia la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), lo cual les garantizaría pensiones mínimas vitalicias.

Según el estudio actuarial, dos de cada tres salvadoreños de entre 30 y 54 años tienen una cuenta en el SAP: 2.1 millones de personas no jubiladas hacia fines de 2024.

El sistema público

El valor presente del déficit del sistema público de pensiones es del 13.6 % del PIB en el periodo 2024-2070.

El estudio indica que el gasto en el Sistema Público de Pensiones (SSP) disminuirá desde 1.7 % del PIB en 2024 hasta cero hacia el año 2050, previendo la salida de los últimos pensionados del sistema.

En el sistema público, señala el estudio, los ingresos “resultan insignificantes como proporción del PIB”.

Así, en la tabla incluida en el estudio, las contribuciones del SSP se presentan a cero desde 2024 a 2070.

Al mismo tiempo que advierte del déficit del flujo de caja de los sistemas de pensiones, el estudio actuarial también señala un aumento en los activos del sistema al 78.7 % del PIB.

Sin embargo, alerta que la mayoría de activos están en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos del Estado en los cuales son colocados los ahorros de los cotizantes. Esto, alerta el estudio, podría constituir una carga financiera futura para el Estado.

Las cuentas individuales de la mayoría de personas pensionadas en 2024 en El Salvador se agotarían en los próximos dos años, lo que presionaría la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), la cual a su vez se acabaría en el año 2029, según el estudio actuarial de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) publicado por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2025.

La CGS es un fondo colectivo que se conformó de las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y que sirve para financiar pensiones de los jubilados cuya cuenta individual se acabó. Funciona, según el estudio, como un seguro de vejez.

Esta CGS es financiada de la cotización mensual por el salario de los trabajadores aportada por los empleadores –6 puntos del 16 % de cotización–y del 7 % sobre pensiones más altas.

La pensión mínima es pagada de la CGS cuando a un jubilado se le acaban su cuenta individual, luego de que haya recibido 240 pensiones mensuales y 20 pensiones de Navidad.

La Ley integral del sistema de pensiones aprobada en 2022 estableció que, si se acaba la CGS, la garantía la asume el Estado a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

El gobierno aún no ha publicado una propuesta de reforma de pensiones, esta debe publicarla en febrero de 2026 según el compromiso con el FMI. Este estudio actuarial, que advierte el agotamiento de la cuenta colectiva y el aumento de las cuentas individuales de los trabajadores, sería la base para dicha reforma de pensiones.

Se agotarán en 2029

El estudio actuarial publicado este 22 de diciembre advierte “un constante deterioro financiero” de esta cuenta colectiva (CGS) y estima que sus fondos se agotarían en el año 2029.

Esto significa que, a partir del año 2030, se proyecta un déficit o un flujo de caja negativo en la CGS equivalente a -0.1 % del PIB en 2030, -0.3 % en 2040, -0.9 % en 2050, -2.2 % del PIB en 2060 y de -3.7 % del PIB en 2070.

El valor presente neto del déficit del fondo colectivo es 32.6 % del PIB. Considerando que el PIB de 2024 fue de $35,364.97 millones, el déficit acumulado de este fondo colectivo sería de $11,528 millones.

El estudio actuarial concluye un déficit de pensiones del 59 % del PIB de 2024 a 2070. Al PIB de 2024, este déficit actualmente sería de $20,865.3 millones.

El valor presente del déficit en el flujo de caja sería de 32.6 % del PIB, ya que los ingresos serían de 35.3 % del PIB y los egresos de 67.9 % del PIB en el periodo 2024-2070.
del PIB.

Este estudio fue un compromiso asumido por el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aprobar una nueva reforma de pensiones en 2026 que contenga los gastos fiscales y así disminuir la deuda del Estado.

Estudio también menciona: aumentan cuentas individuales

Además de advertir el déficit para el pago de pensiones y el déficit de la cuenta colectiva, el estudio actuarial menciona un aumento en los activos de las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes de las AFP: de 44.5 % del PIB en 2024, a 50.7 % del PIB en 2030, 60.4 % del PIB en 2040, 68.2 % del PIB en 2050, 71.9 % del PIB en 2060 y 78.7 % del PIB en 2070.

Esto implica que el estudio advierte también que las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes de las AFP crecerán hasta llegar a 78.7 % del PIB, actualmente un equivalente $27,832.2 millones en el año 2070.

La deuda del Estado con el ahorro de los cotizantes administrado por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) llegó a $11,163.45 millones en noviembre de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Los datos indican que la nueva deuda de pensiones, emitida por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) desde la reforma que inició en 2023, es el 24.8 % de lo adeudado por el Estado al sistema de ahorro para pensiones administrado por las AFP.

La nueva deuda de pensiones fue emitida por el ISP a través de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos creados en la reforma aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde el año 2023, y que vinieron a sustituir el mecanismo de los Certificados de Inversión Previsionales (CIP) para que el Estado tome prestados fondos de pensiones para el pago de las pensiones del desfinanciado Sistema Público de Pensiones (SSP).

Disminuyen emisiones de COP

Las cifras del BCR indican que, al analizar solo los periodos de enero a noviembre, las emisiones de nuevos certificados COP llegaron a ser $1,009.74 millones en 2023, pero en 2024 bajaron a $914.41 millones; y en 2025, en el mismo periodo, las emisiones de COP han sido $639.03 millones.

Las emisiones de esta nueva deuda de pensiones han disminuido en un 30.5 % en 2025 respecto a las realizadas en 2023 recién aprobada la reforma.