Categoría: Politica

  • Trump nombrará a subsecretario de Seguridad como embajador en El Salvador, según medios estadounidenses

    Trump nombrará a subsecretario de Seguridad como embajador en El Salvador, según medios estadounidenses

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea designar al actual vicesecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Troy Edgar, como nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, según  fuentes citadas por la cadena de noticias estadounidense CBS.

    Edgar fue confirmado por el Senado estadounidense en marzo, por lo que no requerirá una nueva votación para asumir su próximo cargo diplomático. Aunque aún no se ha definido la fecha oficial para su traslado, fuentes cercanas al proceso señalaron que su inicio podría ocurrir “muy pronto”.

    Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional han emitido comentarios oficiales al respecto. Sin embargo, se conoce que Edgar mantiene una relación cercana y de confianza con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien también fue designada por el presidente Trump.

    ¿Quién es Edgar?

    Troy Edgar es el noveno subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional. Es un veterano de la Marina de los Estados Unidos con más de 35 años de experiencia en consultoría, sector corporativo y público como alto ejecutivo y emprendedor.

    Anteriormente, se desempeñó como alcalde y concejal de Los Alamitos, California, durante 12 años y presidió el Distrito de Saneamiento del Condado de Orange, además de formar parte de numerosas juntas directivas del condado, estatales, filantrópicas y corporativas. Edgar es licenciado en Ciencias y tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad del Sur de California, Los Ángeles.

    La relación entre Estados Unidos y El Salvador ha cobrado relevancia bajo la administración Trump, especialmente por su papel en las medidas más duras contra la migración ilegal. En marzo pasado, el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación con más de 200 años de antigüedad, para justificar el traslado de migrantes venezolanos al CECOT en El Salvador. Los migrantes fueron devueltos a Venezuela como parte de un intercambio negociado por Estados Unidos en julio.

    Edgar sustituirá al embajador William Duncan quien se retiró el 31 de julio pasado tras jubilarse. Actualmente la embajada estadounidense en San Salvador es dirigida por la encargada de negocios, Naomi Fellows.

     

  • Claudia Ortiz descarta "categóricamente" alianza de Vamos con partidos para elecciones 2027

    Claudia Ortiz descarta «categóricamente» alianza de Vamos con partidos para elecciones 2027

    La diputada de Vamos, Claudia Ortiz reiteró este martes que su partido no hará alianzas con ningún otro partido político, solo con líderes de la sociedad civil.

    «Categóricamente tengo que reiterar que no, que nuestro partido y después de consultas con nuestras bases, no estamos considerando ninguna alianza o coalición con otros partidos políticos», afirmó Ortiz.

    Aseguró que lo que sí consideran es darle oportunidad a personas de la sociedad civil que que luchen por la justicia y que busque un cargo público.

    «Hemos reiterado en varias ocasiones, que nosotros lo que vamos a plantear son alianzas con la sociedad civil, para poder darle la oportunidad a ciudadanas, a ciudadanos que han luchado por causas justas, que han liderado luchas sociales que puedan tener un espacio en el partido Vamos para poder aspirar a un cargo público», expresó la diputada.

    Agrego que su partido a «diferencia» de los otros partidos políticos, nació de la inconformidad de la sociedad civil por cómo se ha venido haciendo política partidaria en El Salvador.

    «Nosotros no nos hemos desprendido de ningún partido político, así como Nuevas Ideas que se desprendió de Arena, del Frente, ahí reunieron gente que venía de Arena, del Frente. Nosotros no. Nuestra historia es de un partido de grupos de sociedad civil, de gente que buscó hacer algo por el país y se dio cuenta que la política partidaria en El Salvador estaba podrida, entonces se crea un nuevo partido político con gente que venimos de sociedad civil», aseguró la legisladora.

    Dijo que está segura que pueden dar la batalla para las elecciones de 2027 sin aliarse con otro partido político, pero que sí están abiertos para «gente honesta» y que «justamente la batalla que tienen que dar es cambiar la política desde adentro», aseveró.

    El partido Vamos aún sigue analizando cómo será su participación en los comicios electorales del 2027.

  • Presidente de la Asamblea dice que el presupuesto legislativo será presentado el 19 de diciembre

    Presidente de la Asamblea dice que el presupuesto legislativo será presentado el 19 de diciembre

    El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció este martes que el presupuesto de ese Órgano de Estado será presentado el próximo viernes 19 de diciembre ante la comisión correspondiente, manteniendo, según dijo, la misma reducción aplicada en el ejercicio anterior.

    “Algunos siguen preguntando sobre el presupuesto de la Asamblea, y ya se los dije muchas veces, el presupuesto de la Asamblea sigue igual, no cambia absolutamente nada. Mantenemos la reducción, continuamos con lo mismo que el año anterior. Creo que lo tenemos programado para el viernes 19, que se va a presentar ante la comisión el presupuesto de la Asamblea y luego lo traemos al pleno, en donde los 60 diputados los vamos a discutir”, expresó Castro.

    Hasta la fecha, el detalle del presupuesto de la Asamblea Legislativa no ha sido publicado en el portal de Transparencia Fiscal del gobierno, siendo el único entre los órganos estatales que permanece sin información pública completa. Lo único divulgado por la institución es un documento de dos páginas que contiene el monto global proyectado y justificaciones relacionadas con reducción de gastos y optimización de recursos.

    “El Proyecto de Ley de Presupuesto y Ley de Salario de la Asamblea Legislativa para el ejercicio fiscal 2026 responde a los lineamientos institucionales de austeridad, racionalidad, economía y gestión responsable del gasto público», cita el documento. La directiva sostiene que esta planificación responde a las necesidades operativas del Órgano Legislativo.

    Entre los aspectos destacados, la Asamblea menciona que se continuará con un presupuesto que cubra asignaciones esenciales para el funcionamiento legislativo, el apoyo al programa de becas Dagoberto Gutiérrez, así como la mejora en infraestructura física y tecnológica.

    El documento también señala que el monto presupuestado fue previamente consultado con el presidente de la República. “El presidente respondió de manera afirmativa a dicha consulta”, afirma la Junta Directiva.

    No obstante, el documento no detalla los gastos relacionados con remuneraciones, bienes y servicios, ni desglosa los gastos corrientes o de capital, información que aún permanece pendiente de ser divulgada.

    Castro insistió en que el proceso se encuentra dentro de los plazos legales: “Estamos cumpliendo con los tiempos para el estudio de las asignaciones presupuestarias y el presupuesto en general para el Estado del ejercicio fiscal 2026 será aprobado en tiempo”.

  • Asamblea aprueba $61.3 millones para apoyar agricultura rural

    Asamblea aprueba $61.3 millones para apoyar agricultura rural

    La Asamblea Legislativa autorizó este martes, con 60 votos, la contratación de dos préstamos por un monto total de $61.3 millones, fondos que serán destinados a la implementación del “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”.

    La ejecución del programa estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y tiene como objetivo impactar a 74,000 familias del sector agrícola, mejorando su acceso a infraestructura de riego, tecnología productiva, servicios ecosistémicos y herramientas para fortalecer sus ingresos y el acceso al sistema financiero.

    El plan de desarrollo tendrá una cobertura nacional, con énfasis en las cuencas que alimentan distritos de riego en Zapotitán y Atiocoyo Sur, en el departamento de La Libertad; Atiocoyo Norte en Chalatenango; y Lempa Caguaca, en Usulután y San Vicente.

    Durante la discusión del dictamen, el diputado Christian Guevara afirmó que el financiamiento busca “incrementar los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria de los hogares rurales vulnerables, mediante prácticas agrícolas sostenibles, un mejor acceso a mercados y estrategias de adaptación al cambio climático, también el beneficio a mujeres rurales, cabezas de hogar”.

    Por su parte, el legislador Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), valoró el apoyo al agro salvadoreño: “Me alegra que con el programa se apoyará a Chalatenango, especialmente a Atiocoyo, en el sistema de riego. La agricultura hay que reactivarla. Se dice que en 2026 tendremos un déficit de comida, no solo en el país, sino a nivel internacional, que habrá un 8 % de déficit. Por eso es fenomenal activar la agricultura nacional”.

    La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, también respaldó la iniciativa señalando que “los agricultores necesitan, de manera urgente, que la ayuda les llegue. De cada diez salvadoreños, siete dicen que les preocupa la economía, les preocupa la comida. Así que, como grupo parlamentario, una vez más, estamos a favor de todo aquello que pueda llegar a la gente más vulnerable… la seguridad alimenticia es un derecho humano”.

    Ambos préstamos fueron aprobados de forma separada, con 60 votos en cada uno de los dictámenes.

     

  • CCR no auditó partidos políticos ni proceso electoral 2024 por priorizar fiscalización municipal, según AC

    CCR no auditó partidos políticos ni proceso electoral 2024 por priorizar fiscalización municipal, según AC

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) habría cerrado el 2024 sin auditar a los partidos políticos salvadoreños ni el proceso electoral 2024 por haber priorizado su Plan de fiscalización municipal del año pasado según informó a través de una solicitud de información a la organización Acción Ciudadana (AC).

    La AC informó que envió una solicitud de información a la CCR para solicitar información sobre los partidos políticos auditados en 2024 y el proceso electoral de ese año, pero la institución fiscalizadora le respondió que «para el año 2024 era prioridad el cumplimiento del Plan de fiscalización municipal 2024, por lo que, la mayoría de esfuerzos se enfocaron en dicho plan».

    Por ello, Acción Ciudadana concluye que la Corte no realizó «auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral». En el portal de transparencia de la entidad no están publicadas los informes de auditorías de 2023 y 2024, mientras que el año pasado, dijo que presuntamente estaba auditando «en tiempo real» las elecciones, pero el informe respectivo no se conoció. En ese entonces, la CCR era dirigida por la ahora presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.

    «La Corte de Cuentas de la República informó que durante 2024 su prioridad fue el plan de fiscalización municipal, por lo que, no se realizaron auditorías especificas a partidos políticos ni al proceso electoral… Esto debilita los mecanismos de control». Acción Ciudadana en su informe sobre transparencia de partidos políticos.

    La organización aseguró en el «Informe sobre el financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2025» que esta falta de fiscalización evidencia que la opacidad en la transparencia del financiamiento de los institutos políticos no solo es partidaria sino institucional.

    Además, considera que esta falta de auditoría debilita los mecanismos de control sobre los partidos y dificulta la fiscalización, por lo que, se abren «espacios para riesgos de financiamiento irregular». Para el proceso electoral de 2027, los partidos solo podrán recibir fondos de privados, debido a la eliminación de la deuda política.

    Por otro lado, la AC dijo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a entregar reportes sobre el financiamiento de los partidos, a pesar que el año pasado se inauguró la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos (UFFPP) para controlar los fondos que reciben los institutos políticos.

    En la resolución, el Tribunal alegó que no es la entidad competente de divulgar datos financieros de los partidos. Lo que impediría «conocer si se llevaron a cabo procedimientos de verificación o si se aplicaron sanciones ante posibles incumplimientos».

    Mientras, que el Ministerio de Hacienda no entregó a Acción Ciudadana los listados de donantes de los partidos políticos y solo se limitó a publicar los montos generales que entregó en deuda política, sin detallar el monto para cada partido, limitando así «la capacidad de seguimiento sobre cómo se asignan estos recursos públicos».

    El artículo 22 de la Ley de partidos políticos establece que los institutos deben llegar contabilidad formal y tener auditorías internas en los períodos que señalan los estatutos sobre el uso de su patrimonio y de los fondos de financiamiento privado y público.

  • FMLN, Nuevas Ideas y Gana sin entregar información sobre sus donantes y estados financieros en 2024

    FMLN, Nuevas Ideas y Gana sin entregar información sobre sus donantes y estados financieros en 2024

    Los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Nuevas Ideas (NI) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) se mantienen sin entregar los datos financieros sobre los fondos públicos y privados que recibieron durante 2024 según Acción Ciudadana (AC).

    A través del «Informe sobre el financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2025» la organización indicó que solicitó a ocho partidos los estados financieros, detalles de gastos, listados de donantes, comprobantes de donaciones y montos recibidos en deuda política durante el año pasado.

    FMLN, NI y Gana no respondieron ni de recibidas las solicitudes de información. El Partido de Concertación Nacional (PCN) sí admitió la solicitud, pero no entregó la información solicitada. Acción Ciudadana indicó que trató de establecer contacto con la unidad de información de Fuerza Solidaria (FS) para solicitar los datos, pero no pudieron concretar la solicitud por falta de divulgación de los contactos.

    «Se evidencia un retroceso significativo, varios partidos políticos no entregaron información financiera pese a la importancia de su divulgación para garantizar la rendición de cuentas». Acción Ciudadana en la presentación de su informe sobre financiamiento y transparencia de partidos políticos.

    En ese sentido, la AC detalló que el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) «solo entregó información parcial». Mientras que Vamos, Democracia Salvadoreña y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) sí entregaron la información completa. Por lo que, la mayoría de los partidos se encuentran en «niveles bajos o nulos de transparencia», pero que «ninguno alcanza niveles altos».

    Para la organización, estos resultados del monitoreo revelan que los partidos tienen limitaciones para divulgar información completa y verificable sobre los fondos que reciben de públicos y privados para financiar sus actividades partidarias y proselitistas. Esto no permitiría que los institutos realmente rindan cuentas sobre los fondos que reciben y el uso de los mismos.

    Acción Ciudadana sostiene que la negativa de entregar estos datos impide a la ciudadanía conocer a los institutos políticos, bajo qué intereses los donantes entregan fondos a los partidos y cómo se utilizan estos fondos por los dirigentes partidarios. La falta de divulgación de estos datos también impide que se conozca la cantidad real del financiamiento de todos los partidos durante 2024 que fue un año electoral en el que se celebraron comicios generales.

    La AC concluyó su informe aseverando que los cuatro partidos que no entregaron la información mantienen «un patrón de opacidad» porque no es la primera vez que no entregan los datos de su financiamiento sino que es un comportamiento sostenidos por varios años.  «Este comportamiento evidencia la persistencia de prácticas que limitan la rendición de cuentas» afirmó.

  • Presidente de Costa Rica visitará El Salvador y recorrerá el CECOT el viernes

    Presidente de Costa Rica visitará El Salvador y recorrerá el CECOT el viernes

    El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, confirmó que realizará una visita oficial a El Salvador este jueves 12 de diciembre, atendiendo una invitación del mandatario Nayib Bukele. Dentro de su agenda destaca una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, San Vicente.

    A través de sus redes sociales, el mandatario costarricense anunció que su gira tiene como objetivo “estrechar los lazos de amistad y cooperación” entre ambos países centroamericanos. Como parte de la agenda oficial, está previsto que el viernes 13 de diciembre, Chaves y Bukele visiten juntos el penal de máxima seguridad, inaugurado este año por el gobierno salvadoreño con capacidad para albergar hasta 40,000 reos.

    “Este jueves y viernes visitaré El Salvador producto de una amable invitación extendida por su excelencia Nayib Bukele… Como parte de la agenda, realizaremos juntos una visita al CECOT el viernes. Dios bendiga a nuestros países”, escribió el mandatario costarricense.

    Chaves ya había adelantado en noviembre que planeaba una visita a territorio salvadoreño durante el mes de diciembre, con el fin de firmar nuevos acuerdos de cooperación y dar seguimiento a los compromisos establecidos durante la visita de Bukele a Costa Rica en noviembre de 2024.

    El presidente costarricense aseguró que su paso por San Salvador incluirá una amplia agenda de temas y adelantó que “habrá sorpresas”. Tras la visita del mandatario salvadoreño a la cárcel “La Reforma” en Costa Rica, el gobierno de ese país anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario con capacidad para 5,000 internos.

     

     

  • Asamblea tiene 23 días para aprobar la Ley del Presupuesto general 2026

    Asamblea tiene 23 días para aprobar la Ley del Presupuesto general 2026

    La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto cerró el ciclo de audiencias públicas con instituciones del Estado que acudieron a explicar sus requerimientos financieros para el próximo año fiscal. Durante ocho jornadas consecutivas, los diputados escucharon a distintos titulares justificar sus gastos y planes proyectados para 2026.

    Durante las entrevistas, los diputados de la Comisión se enfocaron en evaluar la eficiencia del gasto público, la ejecución de proyectos y la planificación financiera de las entidades del Ejecutivo. Sin embargo, algunas instituciones claves quedaron fuera del proceso, como el Ministerio de Trabajo, que no fue convocado, y la propia Asamblea Legislativa, cuyo presupuesto sigue sin ser público.

    El proyecto de presupuesto general de El Salvador para 2026 contempla un monto total de $10,555.5 millones, lo que representa un incremento de $892.5 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025, que fue de $9,663 millones. No obstante, ese monto ya sufrió modificaciones a lo largo del año.

    Hasta octubre de 2025, el presupuesto modificado ascendía a $10,395 millones, tras incorporaciones adicionales destinadas, principalmente, a proyectos estratégicos. Según el portal de Transparencia Fiscal, ya se han comprometido $8,473.4 millones y devengado $7,897.4 millones, reflejando un avance del 76% en la ejecución presupuestaria.

    La falta de discusión sobre el presupuesto del Órgano Legislativo ha generado cuestionamientos desde sectores de sociedad civil que demandan mayor transparencia. En años anteriores, la Asamblea ha recibido críticas por aumentos en gastos operativos sin justificación clara ante la ciudadanía.

    El Ministerio de Hacienda ha justificado el aumento del presupuesto para 2026 en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, sin embargo, no se han detallado públicamente todos los rubros que explican el crecimiento de casi $900 millones respecto al año anterior.

    Se espera que, como en años anteriores, la aprobación del presupuesto se concrete en diciembre, posiblemente cerca del 17 de ese mes, fecha en la que en 2024 se autorizó el plan de gastos con una modificación de última hora para incluir $10 millones dirigidos a escalafones salariales de Salud y Educación.

    El proyecto de ley tiene que ser aprobado por mayoría calificada antes del 31 de diciembre para evitar un cierre del ejercicio fiscal sin un nuevo presupuesto aprobado. En ese caso, la ley vigente prevé una prórroga automática del presupuesto anterior, lo cual podría limitar la implementación de nuevas políticas públicas.

    De momento, el Ejecutivo y la Asamblea continúan en fase de ajustes técnicos. Aunque el proceso se mantiene con bajo perfil mediático, las decisiones tomadas en estas semanas serán clave para la ejecución de programas sociales, inversión pública y estabilidad fiscal en 2026.

     

  • CSJ ha usado más de $372,000 en seguros de vida y hospitalarios desde 2022

    CSJ ha usado más de $372,000 en seguros de vida y hospitalarios desde 2022

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha usado $372,583.85 en seguros de vida y hospitalarios desde 2022 hasta septiembre de 2025 según reporta el reporte de siniestralidad divulgado por la institución. El mayor gasto reportado es de seguros de vida por más de $200,000.

    La institución reporta que el año con mayor gasto fue 2023 con $130,722.72; le sigue el 2025 sin haber concluido con $128,252.71; luego se encuentra el 2024 con $87,829.45 y por último el 2022 con la menor cifra de $25,778.97. Solo en 2022 y 2024 no se reportó gasto por seguros de vida.

    Solo en 2023 y en 2025, la Corte ha gastado $220,000 pues en cada año erogó $110,000 en seguros de vida para los 15 magistrados que instalan las Salas de lo Constitucional, Civil, Penal y de lo Contencioso Administrativo. El reporte de siniestralidad fue anexado a la oferta de compra de seguros para 2026.

    Sin embargo, desde el 14 de abril de 2020 hasta enero de 2025, la Corte registró en los mismos reportes de seguros un gasto de $29,735,319.95 en seguros de vida y hospitalarios. El rango de edades de los magistrados asegurados por la Corte es de 41 y de más de 70 años.

    La Corte publicó la semana pasada, en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros), una oferta de compra de servicios para pólizas de vida y hospitalaria para 14 magistrados por $209,287.96 para el período que iniciará el 1 de enero y que concluirá el 31 de diciembre de 2026.

    Para el seguro de vida, la CSJ propone una erogación de $119,000 y para el seguro hospitalario otros $90,287.96 y los fondos provendrían de fondos del gobierno central. Cada seguro otorga a cada magistrado una póliza de vida y una hospitalaria por $100,000 con cobertura mundial.

    El seguro médico cubre:

    • Tratamiento médico o quirúrgico relacionado con insuficiencia venosa.
    • Ambulancia aérea y terrestre.
    • Transplante de órganos por máximo $100,000.
    • Cirugía ambulatoria.
    • Hospitalización.
    • Cobertura dermatológica.
    • Cirugía de cataratas.
    • Citología y mamografías.
    • Prostatectomías e histerectomías.
    • Cateterismo.
    • Insuficiencia renal.
    • Brazos y piernas artificiales.
  • ISBM tendría reducción de $4.7 millones y Bases Magisteriales dice el sistema “está quebrado”

    ISBM tendría reducción de $4.7 millones y Bases Magisteriales dice el sistema “está quebrado”

    El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) experimentaría una baja de $4,771,390 en su presupuesto del próximo año según el proyecto de presupuesto 2026 presentado por el Ministerio de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Bases Magisteriales ya califica el sistema de salud docente como «quebrado» por carencias.

    El ISBM dispuso de $71,244,685 para prestación de servicios médicos, infraestructura física y administración, sin embargo, para el próximo año el monto se reduciría a $66,472,755, lo que significa una reducción de $4.7 millones equivalente al 7 %.

    El área de servicios médicos hospitalarios tendría una reducción de $5,546,335 para el próximo año. En 2025 este rubro recibió un financiamiento de $64,247,210 pero para el próximo fiscal podría bajar a $58,700,875 de ser aprobada esta propuesta por los diputados de la Asamblea Legislativa.

    En ese sentido, en un foro realizado por Bases Magisteriales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), Rafael Aguirre, explicó a los docentes que la reducción de esos fondos se traduciría en menos especialistas y subespecialistas para atenderlos.

    El presupuesto para la administración también se reduciría en $415,155 sin embargo, los fondos destinados para infraestructura aumentarían en un 1,983 % porque pasaría de $60,000 de este año a $1,249,560 para el próximo año para construcciones y mejoras en los bienes inmuebles de la institución.

    Mientras tanto, la gremial de maestros Bases Magisteriales Salvadoreñas asegura en el comunicado de cierre del año escolar que el sistema del ISBM «está quebrado» porque los docentes y sus familiares sufren diariamente la falta de medicamentos, «la imposibilidad» de pasar consulta con especialistas y la carencia de fondos para exámenes.

    «Este abandono pone en riesgo por completo la salud de los pilares de la educación salvadoreña» dice el comunicado publicado el fin de semana. Además, se refirieron al sistema de pensiones y «las pensiones de hambre» que califican como «una injusticia dolorosa» para los docentes.

    Indicó que la pensión que reciben los docentes pensionados desde 2018 son tan bajas que los «condena a una vejez de pobreza y desamparo».

    La Asamblea Legislativa ya concluyó las entrevistas previstas con funcionarios para el estudio de sus presupuestos para así decretar los fondos finales que serán distribuidos para cada institución para el 2026. La nueva Ley de presupuesto tendría que ser aprobada antes de que termine este año.