Categoría: Politica

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial aprobó los estatutos de la Asociación Salvadoreña de Vapeadores (Asovape SV o ASV), que son las personas que usan dispositivos para inhalar vapor con o sin nicotina, conocidos también por la población como cigarrillos electrónicos.

Los estatutos fueron aprobados el 16 de diciembre de 2024, avalados por Gobernación el 26 de marzo de 2025 y publicados en el Diario Oficial el 7 de noviembre de 2025.

El presidente de la asociación es Jorge Isaí Beltranena Romero; el vicepresidente, George Alejandro Geltranena Artero; y el secretario, Marvin Alexander Olmedo Mejía.

Según sus estatutos, la asociación tiene como objetivos difundir “investigaciones científicas de fuentes confiables relacionadas con el vapeo y la reducción del daño causado por el tabaquismo” y “concientizar” en el “uso del vapeo en mayores de edad como un método de reducción del daño para los usuarios del tabaco”.

Autoridades sanitarias estadounidenses tienen publicaciones que señalan consecuencias dañinas para la salud de las personas tanto del tabaquismo, la nicotina como de los cigarrillos electrónicos o vapeo.

La asociación plantea en sus objetivos que uno de sus objetivos es “ser escuchados” en las iniciativas que buscan “regular, limitar o prohibir la venta, uso o consumo de artículos relacionados con la actividad del vapeo con líquidos con o sin nicotina”.

Según una publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, del 31 de enero de 2025, el aerosol de los cigarrillos electrónicos puede contener sustancias dañinas y potencialmente dañinas, como nicotina, productos químicos que causan cáncer, metales pesados como níquel, estaño y plomo, partículas que se pueden inhalar proundamente en los pulmones y compuestos orgánicos volátiles.

En dicha publicación, los CDC advierten que estas sustancias dañinas en los llamados “vapes” pueden incluir “aromas como el diacetilo”, un químico que los CDC aseveran que está “vinculado a una enfermedad pulmonar grave” y que algunos pueden usarse “para comer pero no para inhalar porque los pulmones procesan sustancias de manera diferente al intestino”.

Esta publicación también asevera que el “vape” tiene “menos productos químicos nocivos que la mezcla mortal de 7,000 productos químicos en el humo de los cigarrillos” pero señala que “esto no hace que los cigarrillos electrónicos sean seguros” y advierte que aún se está investigando sobre sus efectos a corto y largo plazo.

Además, advierte que algunas personas que usan cigarrillos electrónicos “han experimentado convulsiones” y “pueden causar lesiones no deseadas”.

La recomendación de la CDC es que los vapes “no deben ser utilizados por jóvenes, adultos jóvenes o mujeres que están embarazadas”: señalan que la mayoría tienen nicotina, que es adictiva y es tóxica para los fetos en desarrollo, puede dañar el cerebro y los pulmones, y el uso de vapes se asocia a un bajo peso al nacer y al nacimiento prematuro.

Una publicación de mayo de 2024 indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha aprobado los vapes para ayudar a las personas a dejar de fumar. Esta organización ha aprobado siete medicamentos para ayudar a las personas a dejar de fumar pero recomiendan usarlos con asesoramiento conductual.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el viernes el dictamen favorable para extender por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, el periodo para eximir de cobros o aranceles en el Registro de Comercio la inscripción de sociedades por acciones simplificadas conocidas como SAS.

El dictamen fue aprobado de manera unánime luego de una reunión con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, quien en su presentación indicó que desde su implementación en 2023 hasta el 18 de noviembre de 2025, ha habido 6,065 SAS inscritas, con un capital social de $16.2 millones.

Más de 63 % sociedades son unipersonales, es decir están constituidas por una sola persona.

Un total de 256 empresas bajo esta esta modalidad SAS tienen 435 derechos de propiedad intelectual inscritos y 230 inmuebles registrados en el CNR ya tienen como titulares SAS, según Trigueros.

El trámite para constituir una SAS puede realizarse a través de CreaEmpresa.gob.sv con un capital social mínimo de $1. Se eliminó la solvencia municipal para facilitar la constitución de estas empresas y en general de sociedades anónimas.

El CNR proyecta que sumarán 7,700 inscripciones de comerciantes en todo 2025, de los cuales 986 serían comerciantes individuales, 2,526 jurídicos, y 3,897 serían SAS. Esta cifra superaría los 6,042 comerciantes inscritos en 2024 y los 4,460 de 2023.

En su presentación, el funcionario indicó que en el quinquenio 2004-2009 se inscribieron 11,224 comerciantes inscritos, en el quinquenio 2009-2014, 11,639 inscritos; en el periodo 2014-2019, un total de 13,688 inscritos; y aumentó a 19,094 inscritos en el quinquenio 2019-2024, de las cuales 572 fueron SAS.

A partir del quinquenio que inició en 2024, contabiliza 11,196 comerciantes inscritos de los cuales 5,482 son SAS.

En la solicitud del Ministerio de Economía, argumenta que busca facilitar la formalización de los comerciantes a través de la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que desde 2023 pueden inscribirse con un único accionista, persona natural, a diferencia de las sociedades anónimas.

El abogado y activista salvadoreño David Morales denunció este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos una docena de abogados han salido de El Salvador durante este año por temor a ser capturados arbitrariamente, en un contexto de creciente autoritarismo, represión contra voces críticas y cierre del espacio cívico.

Durante una audiencia en Miami, en el marco del 194 período ordinario de sesiones de la CIDH, Morales aseguró que las restricciones al ejercicio de la abogacía en el país han escalado en áreas como el sistema penal, la lucha contra la corrupción, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.

“En mi país, la consolidación del autoritarismo ha tenido como consecuencia las restricciones al ejercicio de la abogacía”, afirmó Morales, miembro de la organización Cristosal. Según explicó, los ataques públicos desde el Gobierno hacia abogados y organizaciones sociales han sido reiterados, y la situación se agravó en 2025 con al menos cinco profesionales detenidos.

López y Anaya, en prisión y sin contacto

Entre los casos mencionados está el de la abogada Ruth López, exjefa del área Anticorrupción de Cristosal, quien fue arrestada el 18 de mayo bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito. La CIDH le otorgó medidas cautelares, señalando que enfrenta un “riesgo de daño irreparable” a sus derechos fundamentales. Lo mismo ocurrió con el abogado Enrique Anaya, otro jurista crítico del Ejecutivo salvadoreño, también detenido.

Morales denunció que tanto López como los demás abogados privados de libertad “permanecen en total incomunicación, sin contacto con familiares ni abogados defensores”, lo cual ha sido constatado por la CIDH.

Ley de Agentes Extranjeros cierra espacios cívicos

El activista también expuso ante la CIDH los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que permite al Estado cerrar organizaciones sociales, cancelar su personería jurídica, imponer multas de hasta $250,000 y aplicar un impuesto del 30 % a los fondos provenientes de cooperación internacional.

“La LAEX busca cerrar el espacio cívico y controlar de forma arbitraria a las organizaciones sociales”, afirmó. Morales advirtió que este marco legal ha obligado a instituciones como Cristosal y Fespad a cesar parte de sus operaciones.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la normativa tiene fines punitivos, ya que facilita la censura, el monitoreo estatal y la imposición de sanciones discrecionales contra quienes critican al Gobierno.

La procuradora adjunta para la defensa de los derechos humanos, Mireya Tobar Navarrete, anunció a los diputados que la procuradora, Raquel de Guevara, ha dado instrucciones para “deshacerse” de un edificio de la institución debido al recorte presupuestario que enfrenta hacia el año 2026.

“Hoy la procuradora dio instrucciones al secretario general para tomar medidas sobre un edificio en el cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se va a deshacer para irnos acomodando por el recorte presupuestario, el cual nos va a impactar”, anunció.

La funcionaria, quien asistió en lugar de la titular de la institución, advirtió que tendrán una “reducción bastante significativa” en el presupuesto.

“El presupuesto de este año, que correspondía de $10,765,707 tiene una disminución de $1,926,951, que impacta en un 18 % de disminución, quedando un monto presupuestario para 2026, de $8,838,756”, observó a los diputados.

Sin embargo, mencionó que la procuradora ha tenido la iniciativa de “contar con un edificio propio”. “Ese es parte de los sueños”, dijo. Los legisladores no hicieron preguntas ni comentarios.

Recortarán un 10 % del presupuesto equivalentes a $393,856 al área de monitoreo y protección de derechos humanos y recortarán un 12 % equivalentes a $60,170 a educación, promoción e investigación de derechos humanos. Disminuirán las remuneraciones en un 20 % y los bienes y servicios en un 12 %.

El papel de la PDDH ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales debido a su pasividad ante denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportan más de 6,500 denuncias, en su mayoría de capturas arbitrarias.

La Procuraduría General de la República (PGR) proyecta que al final del año sumarán un total de 518,182 servicios de la Unidad de Defensa Pública Penal a privados de libertad, dijo el procurador general, René Escobar, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El funcionario presentó un presupuesto de $35.9 millones, de los cuales $24.4 millones se dirigen a remuneraciones.

“Hemos garantizado la defensa pública penal a todas las personas privadas de libertad, hemos brindado la atención a los familiares de estas personas para poder garantizar la defensa técnica y obviamente las garantías constitucionales”, indicó a los diputados.

La defensa pública penal que ejerce esta institución estatal alcanzó las 627,650 atenciones en 2022, cuando inició régimen de excepción que acumula casi 90,000 personas capturadas señaladas de ser pandilleros desde el 27 de marzo de 2022.

En 2023, las atenciones disminuyeron a 587,974; y en 2024 cayeron a 470,622. Sin embargo, en agosto, van 468,237, y se prevé un aumento a 518,182 al final del año.

Los servicios de defensa penal han disminuido en un 25 % en el año 2024 respecto a 2022, el año del inicio del régimen de excepción. De enero a agosto de 2025, se registran 468,237.

El funcionario aseguró que la PGR que, si una persona es culpable, no se valdrán de tecnicismos para que estos salgan en libertad, y negó que sean «juez y parte».

Según el procurador, la institución también ha logrado sustituir la detención de más de 4,700 personas pero señaló que esto no significa que estas personas sean inocentes.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa está recibiendo a diferentes funcionarios para que expliquen sus acciones realizadas durante 2025 y sus proyectos de presupuestos para el año 2026. Para el próximo viernes, recibirán a los titulares de Cultura, Corte de Cuentas de la República y Órgano Judicial.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, anunció este viernes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que realizarán un “Estudio de factibilidad de zonas francas en el oriente del país”, ya que ven en esta región “una gran oportunidad para el establecimiento de empresas de manufactura, parques logísticos” y centros de almacenamiento.

El objetivo del estudio según la funcionaria es “dotar de información a las empresas interesadas” en invertir en el oriente de El Salvador.

Mencionó esto se une a la mejora del puesto fronterizo integrado en El Amatillo, una reactivación del Puerto de La Unión –que fue entregado en concesión a la empresa turca Yilport junto al Aeropuerto de Comalapa por 50 años– y la construcción del Aeropuerto del Pacífico financiada con préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de España que aportan $320 millones y $17 millones para una cúpula envolvente de una terminal.

En abril pasado, el Minec aseguró que hay cuatro zonas francas en proceso de establecerse en el país pero no dio detalles de dónde se ubicarán las cuatro zonas francas.

La funcionaria presentó a la Comisión de Hacienda un presupuesto de $64.5 millones para el Ministerio de Economía en el año 2026; un 65 % del presupuesto lo ocuparán sus instituciones adscritas, un 21 % irá a la inversión y un 14 %. La funcionaria no explicó por qué el Ministerio de Economía presenta la ejecución presupuestaria más baja de las instituciones del Gobierno Central. A septiembre, ha ejecutado el 32.6 % de su presupuesto asignado para 2025, según el informe del Ministerio de Hacienda.

También mencionó a los diputados que en 2024 se establecieron 5,361 nuevas empresas, “un 65 % con respecto al 2023”. “Esta meta esperamos sea superada significativamente para el año 2025”, proyectó.

En su presentación, Economía también reportó que las exportaciones de bienes y servicios bajaron de $8,057 millones a $6,117 millones de 2019 a 2020, pero aumentaron a $8,351 millones en 2021, a $10,164 millones en 2022, $10,629 millones en 2023 y a $11,586 millones en 2024. “Un crecimiento de un 9 % de 2019 a 2024”, dijo.

La funcionaria destacó que en El Salvador las empresas “se están estableciendo en todo el territorio”. Mencionó que hay interés de inversión de una empresa alemana y otra de Estados Unidos especializada en autopartes, también empresas coreanas y españolas.

“Inversión extranjera directa, hemos llegado a 2024 a $11,390 millones; en el primer semestre de este año, se ha experimentado un incremento de 118 % en nuestra inversión extranjera directa, así que esa tendencia positiva que hemos en 2024 también la hemos visto en 2025, esperando cerrar el año 2025 con muy buenas noticias en cuanto a crecimiento económico”, exportaciones y remesas, indicó.

Así mismo, reportó que 77 empresas se han amparado al régimen de la «Ley de fomento a la innovación y manufactura de tecnologías» que exonera el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) desde junio de 2023.