La Defensoría del Consumidor advirtió este martes a los negocios que eviten subir el precio de los productos de manera injustificada alegando el choque económico por la guerra en Irán.
“Estaremos nosotros atentos al monitoreo y que no existan estas prácticas de abuso, como la especulación, como el incremento injustificado de precios”, indicó Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría, en la entrevista Diálogo 21.
Salazar insistió en que los empresarios eviten incrementos sin justificación, al tiempo que recordó que en El Salvador los precios de referencia de los combustibles se fijan cada quincena, un rubro que también vigilan.
El funcionario sostuvo que los salvadoreños pueden adquirir frutas, vegetales, lácteos y productos cárnicos en los agromercados a “precios muy accesibles”. “Disminuye esa presión que se pueda generar de parte de algunos comercios al querer incrementar los precios de la canasta básica”, dijo.
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) rebasó el fin de semana los $100 por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero la jornada de este martes cerró con una rebaja de 11.9 % a $83.4.
La rebaja en el precio responde al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que suspendería algunas sanciones a petroleras para estabilizar los precios y garantizar el flujo.
“Esperamos que el mercado internacional, en los próximos días, se pueda normalizar”, dijo Salazar.
Aumentarán vigilancia en Semana Santa
El funcionario adelantó que contempla “un amplio despliegue” a nivel nacional en vísperas de Semana Santa, la primera gran pausa laboral para los salvadoreños, que arranca el 27 de marzo y concluye el 5 de abril.
“Vamos a estar pendientes de la verificación para evitar cobros indebidos, para el ejercicio del derecho al retracto, venta de productos vencidos”, indicó.
De enero a la fecha, la institución ha realizado más de 6,000 verificaciones en negocios de venta de granos básicos, frutas, verduras, lácteos y carnes. Esto se traduce en una recuperación de $3.7 millones en beneficio de 3,400 consumidores.
De esos, $2.3 millones corresponden al sector inmobiliario en favor de 1,050 consumidores. Salazar indicó que son personas que adquirían una propiedad pero no recibían la escritura.
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