La política de paz y la política de seguridad de Colombia han fracasado, dice senador opositor

Los atentados contra un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) y contra la Escuela Militar de Aviación en Cali, que dejaron 20 muertos y más de 70 heridos la semana pasada en Colombia, evidencian el fracaso de la política de seguridad del presidente Gustavo Petro, según el senador Ariel Ávila, uno de los mayores expertos en el conflicto armado colombiano.

“Yo creo que la política de paz ha fracasado, pero el problema no es la política de paz, es la política de seguridad que también está fracasando”, dijo Ávila en una entrevista con EFE.

El legislador de la Alianza Verde advirtió que las Fuerzas Militares enfrentan una crisis presupuestal y de personal, lo que ha generado parálisis operativa en medio de la creciente violencia.

Aunque reconoció que Colombia no vive una situación como la de los años 90 o inicios de los 2000, cuando la guerrilla y los carteles golpeaban con mayor fuerza, Ávila subrayó que la seguridad “está peor que hace diez años”.

Agregó que los próximos ocho meses serán difíciles y llamó a fortalecer la brigada de inteligencia militar, reformar la vigilancia policial y aumentar en al menos 20,000 efectivos la fuerza pública.

El senador y analista político colombiano Ariel Ávila. EFE

El senador también criticó la estrategia de paz total impulsada por Petro, que buscaba negociar con el ELN, las disidencias de las FARC y someter judicialmente al Clan del Golfo. Señaló que los ceses al fuego sin protocolos fueron un error y que la bonanza de economías ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de migrantes, incentiva la expansión de los grupos armados.

Ávila ilustró el crecimiento criminal con datos: al final del gobierno de Juan Manuel Santos las disidencias de las FARC estaban en 56 municipios; tras la gestión de Iván Duque llegaron a 123 y hoy alcanzan unos 180. El ELN pasó de 99 municipios con Santos a 163 con Duque y actualmente opera en más de 220. El Clan del Golfo, en cambio, ya tiene presencia en casi 300 de los 1,104 municipios del país.

“Se juntó el hambre con las ganas de comer: errores del Gobierno y bonanza criminal. Ningún grupo tiene interés en negociar en medio de tanto dinero ilegal. Esa es la vida real de esto”, concluyó Ávila.