El juez Juan Carlos Peinado convocó para este martes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a una audiencia preliminar por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, dentro del procedimiento previsto para un eventual juicio con jurado popular.
Según un auto emitido este lunes, el magistrado programó la audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, y estableció que deberán ser citadas personalmente las acusadas, entre ellas Gómez y su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez.
La convocatoria se produce después de que ambas presentaran sus respectivos escritos de defensa, en los que solicitaron ser absueltas al sostener que no cometieron los delitos que se les atribuyen. La Fiscalía también defiende la absolución de las dos acusadas.
La acusación popular encabezada por Hazte Oír solicita, en cambio, 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez por presunta malversación. La esposa de Sánchez sostiene en su defensa que «en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse» y que «no se apropió» del programa informático desarrollado en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Gómez también argumentó que colaboraba con la universidad «mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno», concretamente desde 2012. Además, rechazó haber utilizado su matrimonio con Sánchez para influir sobre autoridades o funcionarios.
Álvarez, por su parte, negó haber intervenido en el registro, contratación, transferencia o disposición del programa informático de la UCM. La asistente afirmó que actuó «siempre siguiendo instrucciones» de Gómez y bajo el convencimiento de que no estaba realizando ninguna actividad ilegal.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en julio la decisión de Peinado de encaminar el procedimiento contra Gómez hacia un juicio con jurado popular. Sin embargo, el tribunal corrigió parcialmente al instructor al ordenar el archivo de dos delitos incluidos previamente en la causa.
La Audiencia también dispuso levantar las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez, entre ellas la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada 15 días ante una sede judicial. La audiencia de este martes constituye ahora un nuevo paso procesal antes de determinar la continuación del procedimiento.
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