El salvadoreño Kilmar Ábrego García regresará este martes a una corte federal de Maryland para continuar su batalla contra una nueva deportación, después de que en marzo de 2025 fue enviado por error al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, pese a una orden judicial de 2019 que impidió su expulsión hacia ese país.
Ábrego García, quien vivía en Maryland con su esposa e hijos, fue deportado después de que la administración del presidente Donald Trump afirmara que pertenecía a la MS-13, acusación que él niega. Funcionarios de inmigración reconocieron posteriormente en documentos judiciales que su envío a El Salvador fue producto de un “error administrativo”.
Tras una decisión de la Corte Suprema que respaldó un fallo para que fuera retornado a Estados Unidos, Ábrego García regresó en junio de 2025 para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee. Posteriormente, la jueza federal Paula Xinis ordenó que fuera liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras esperaba el juicio.
En mayo de 2026, un juez federal desestimó la acusación penal al concluir que la investigación del Gobierno estuvo contaminada «con un motivo vengativo». El Gobierno apeló esa decisión.
La administración Trump, sin embargo, mantiene sus esfuerzos para deportar al salvadoreño hacia un tercer país y anteriormente mencionó a Esuatini, Liberia y Uganda como posibles destinos. Los abogados de Ábrego García sostienen que, en caso de ser expulsado, su opción preferida es Costa Rica, cuyas autoridades han manifestado que podrían ofrecerle estatus de refugiado y una eventual residencia.
«Lo que es inconstitucional es la insistencia del Gobierno en expulsarlo punitivamente a un país africano, con el que no tiene conexión y ha manifestado temor de persecución o tortura, incluso por futura devolución, en lugar del país que designó válidamente, Costa Rica, en represalia por ejercer sus derechos constitucionales y estatutarios», dijeron sus abogados en un expediente judicial en julio.
El caso de Ábrego García se convirtió en uno de los puntos centrales del debate migratorio en Estados Unidos tras su deportación a El Salvador. Todd Lyons, exdirector interino de ICE, sostuvo en un memorando de marzo de 2026 que enviarlo a Costa Rica sería “perjudicial para los Estados Unidos», debido a los recursos y capital político que Estados Unidos había invertido en negociaciones con Liberia para que aceptara ciudadanos de terceros países.
Los esfuerzos para deportarlo a Liberia continuarán incluso después de que Washington alcance un acuerdo con Costa Rica para recibir personas que no pueden ser devueltas legalmente a sus países de origen.
«El gobierno está liderando el mismo rodeo que muchas veces antes. Enviar a Kilmar a Costa Rica está sobre la mesa. Sin embargo, el gobierno continúa castigándolo por ejercer sus derechos constitucionales y busca enviarlo a Liberia», dijo Jossie Flor Sapunar, directora nacional de comunicaciones de We Are CASA, un grupo activista que ha apoyado a Ábrego García y su familia y tiene intención de estar en el tribunal.
«Kilmar se ha convertido en un símbolo internacional del debido proceso, un símbolo que la administración Trump quiere silenciar». Sapunar agregó que la familia merece privacidad, ya sea en Maryland o Costa Rica.
Ábrego García, de 31 años, tiene esposa e hijo estadounidenses y vivió durante años en Maryland, aunque ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente.
En 2019, un juez de inmigración importado que no podía ser deportado a El Salvador porque enfrentaba el peligro de una pandilla que había amenazado a su familia. En marzo de 2025 fue detenido en Baltimore después de recoger de la casa de su abuela a su hijo, quien entonces tenía cinco años, según documentos judiciales, y posteriormente fue enviado a Cecot. La administración Trump lo regresó a Estados Unidos en junio de 2025 después de una orden judicial y en medio de presión pública.
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