El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este miércoles una renovación en el gabinete de seguridad tras la fuga de 20 reclusos, presuntamente miembros de la pandilla Barrio 18, considerada organización terrorista internacional por el Gobierno de Estados Unidos.
“La evasión de la justicia de 20 criminales peligrosos no es un simple fallo operativo. Es una falta grave contra cada guatemalteco que confía en el Estado para protegerlo”, afirmó Arévalo en un mensaje dirigido a la nación, luego de varios días sin pronunciarse debido a un viaje oficial a Europa.
El mandatario aceptó la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, así como de la viceministra de Asuntos Antinarcóticos, Claudia Palencia, y el viceministro de Seguridad, José Portillo. Los nombres de sus sustitutos serán anunciados “próximamente”, indicó.
Como parte de las medidas para enfrentar la crisis carcelaria, Arévalo anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad para 2,000 reclusos, que estará listo en un plazo de doce meses. Además, se reforzarán las capacidades de las cárceles existentes para evitar que el control caiga en manos de los criminales.
El gobierno guatemalteco también iniciará un censo nacional de la población penitenciaria, y pondrá en marcha una fuerza de tarea especial para revisar procesos administrativos, combatir la corrupción interna y corregir fallos en la Policía Nacional y el sistema penitenciario.
Arévalo aseguró que estas acciones contarán con el respaldo del FBI y otras agencias de seguridad estadounidenses, en una colaboración directa para desarticular redes del crimen organizado y evitar nuevas fugas.
Fuga durante viaje oficial
La fuga masiva ocurrió durante el fin de semana, mientras el presidente se encontraba de gira en Europa, lo que retrasó su respuesta ante un hecho que ha generado fuertes cuestionamientos a su administración. En su mensaje, denunció la existencia de actores políticos “oportunistas” vinculados a redes delincuenciales, que estarían buscando aprovecharse de la crisis.
El caso ha generado gran preocupación en la población guatemalteca, que demanda respuestas contundentes ante la creciente infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.