El ecosistema digital de El Salvador opera bajo un modelo que prioriza la vigilancia, el control punitivo y tolera vacíos legales críticos en materia de privacidad, reveló un informe publicado el martes por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
«En la práctica, el ecosistema digital salvadoreño opera bajo vacíos legales críticos y un entorno político que prioriza el control punitivo sobre la gobernanza multistakeholder», señala el informe elaborado por la Escuela de Administración de la UPF Barcelona (UPF-BSM) y la I4T Global Knowledge Network, con apoyo de la Unesco y la Unión Europea.
El informe evalúa el cumplimiento, por parte de los países de Centroamérica, México y República Dominicana, de las directrices de la Unesco sobre la gobernanza de las plataformas digitales. Para ello, se revisaron los esquemas regulatorios mediante consultas documentales y encuestas a reguladores, autoridades legislativas y electorales, así como a organizaciones de la sociedad civil.
Sobre El Salvador, la investigación concluye que existe una «falta de alineamiento estructural y práctico» con el marco de directrices de la Unesco sobre plataformas digitales, pese al crecimiento continuo en el uso de redes sociales y dispositivos conectados a internet.
Un país más conectado, pero con deficiencias
En la revisión se encontró que los salvadoreños cuentan con más de 11 millones de conexiones móviles, lo que se traduce en una penetración del 170 %. Además, el mercado está dominado por los servicios prepago, que representan el 90 % de las líneas.
El mercado de telecomunicaciones salvadoreño está concentrado en las operadoras Tigo y Claro, con posiciones dominantes en telefonía móvil y acceso a internet. Sin embargo, el Gobierno salvadoreño otorgó en 2024 una concesión de 10 años a Starlink para operar una frecuencia de internet satelital.
Según el reporte, en 2025 había 3.90 millones de usuarios activos en redes sociales en El Salvador, equivalente al 61 % de la población total y al 87 % de las personas mayores de 18 años.
El ecosistema de Meta y las plataformas de video concentran la mayor parte de la audiencia.
Revisión de marcos legales
Pese a que la Constitución de la República establece la protección de la libertad de expresión, en la práctica el país se aleja de ese enfoque.
El reporte menciona que esto se debe a la imposición del régimen de excepción desde marzo de 2022, que suspende de facto la inviolabilidad de las telecomunicaciones y legaliza una vigilancia estatal irrestricta. Además, se ha documentado el uso de software de espionaje militar (Pegasus).
«Existen preocupaciones acerca de que en El Salvador se ha configurado un entorno digital restrictivo (…) Las campañas de estigmatización impulsadas por granjas de trolls pueden desacreditar el trabajo de la prensa independiente y de las organizaciones de la sociedad civil, pero también pueden generar un efecto paralizante entre la ciudadanía, que cada vez más opta por la autocensura en las plataformas por temor a represalias legales», señala el reporte.
Asimismo, indica que El Salvador no cuenta con una ley moderna para establecer un régimen de «puerto seguro» o «responsabilidad condicionada» para intermediarios de internet, por lo que no existen incentivos ni obligaciones legales para que las redes sociales establezcan políticas transparentes de moderación de contenidos y evalúen riesgos sistemáticos.
El reporte también destaca que el país no tiene un código digital único ni cuenta con una ley moderna que clasifique y regule las redes sociales como intermediarios de información.
Tampoco existe un marco regulatorio electoral, añade el informe. El Código Electoral establece normas de control para las campañas en procesos análogos y la pauta en medios tradicionales. Sin embargo, el debate político ha migrado a los ecosistemas virtuales y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) carece de facultades sancionatorias para auditar la financiación opaca de publicidad y frenar operaciones de desinformación.
