El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue recibido la tarde de este martes por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Denisse Munive, y el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, a su llegada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.
En declaraciones a presidentes, la vicepresidenta de Costa Rica aseguró que buscan «pegarse a las mejores prácticas» y elogió el liderazgo de Bukele en materia de seguridad en El Salvador.
«Siempre pegarse a las mejores prácticas y con un liderazgo como lo ha tenido el señor Bukele en un país con tanta problemática de inseguridad y que ha sacado adelante esa gran labor y nosotros pegarnos a esa línea de trabajo y poder empezar desde una reunión que hubo, desde el año pasado, sino ya, entregarle una obra como primera piedra, para que vean que las cosas que se dicen se hacen, yo no sé qué más decir, son hechos, no solo palabras», expresó Munive.
La vicepresidenta habló de la colocación de la primera piedra, en la que Bukele participará el miércoles, del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una estructura que busca emular al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
El presidente Nayib Bukele en su arribo a Costa Rica. / Presidencia.
«Ahí es la importancia que tiene no solamente tener buenas juntas, sino también tener esa retroalimentación de experiencias exitosas en otras latitudes, traerlas a las nuestras para poderlas mejorar cada día problemas que afligen a nuestra población», indicó.
Según ella, a su llegada, al darle la bienvenida a Bukele le dijo: «Esperamos que esta visita no solamente sea el inicio de muchas cosas positivas sino que la estadía la disfrute, porque obviamente nosotros tenemos que vender este rinconcito o este pedacito de cielo, que es Costa Rica”.
La funcionaria costarricense aseguró que no sabe cómo van “a desperdiciar una visita de este tipo por el momento país” en el que se encuentra Costa Rica, al reaccionar sobre las críticas de la visita de Bukele a Costa Rica en época de campaña electoral presidencial, ya que las elecciones son el 1 de febrero de 2026. “Qué dicha que tenemos también presidentes de la República de otros países que lo que dicen lo hacen”, insistió.
Bukele es acompañado de la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, y el director de Protocolo, Francisco Merino. / Presidencia.
A su llegada a El Salvador, en un avión oficial, Bukele fue acompañado de la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina; la embajadora de El Salvador acreditada en Costa Rica, Diana Marcela Vanegas Hernández; y el director de Protocolo, Francisco Merino, además del escolta del Estado Mayor Presidencial de El Salvador.
La recepción, que incluyó la entonación de los himnos nacionales de Costa Rica y El Salvador, fue transmitida en la cuenta de YouTube y otras redes sociales de Nayib Bukele.
Bukele participará en la puesta de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) que tendrá una capacidad de 5,100 internos y tendrá una inversión de $35 millones, y que estará a cargo del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.
La cena que se tenía prevista en el Hotel Intercontinental de Costa Rica se modificó debido a una denuncia de amenaza de muerte contra el presidente costarricense Rodrigo Chaves que fue interpuesta por la Dirección de Inteligencia y Seguridad ante el Ministerio Público de Costa Rica.
Fotografía oficial del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a su llegada a Costa Rica, el 13 de enero. / Presidencia.
El avión en el que viaja el presidente salvadoreño. / Presidencia.
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión aprobó al final de la tarde de este martes el dictamen favorable de la Ley para el fomento de la expansión de las inversiones, que otorga incentivos fiscales a empresas que tengan al menos 10 años de estar instaladas en El Salvador y que amplíen sus inversiones a partir del $1 millón a más de $20 millones.
La aprobación del dictamen favorable se realizó luego de suprimir toda referencia a la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia de la República, con el fin de dejarle a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (Invest) la potestad de realizar la calificación de perfil del inversionista para que aplique a los incentivos.
El proyecto de ley otorgaba esta potestad tanto al Invest como a la Secretaría de Comercio, pero esto fue modificado en los artículos 5, 6 y 7. La calificación de inversionista emitida por Invest será uno de los requisitos para tramitar el incentivo.
La segunda modificación fue que el inicio de la vigencia iniciara ocho días después de la publicación en el Diario Oficial. El proyecto establecía que la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
La ley establece que las empresas que apliquen recibirán un “crédito tributario acreditable contra el Impuesto sobre la Renta” utilizable por 10 años, según la siguiente tabla:
-Inversión de $1,000,000 a $10,000,000: un crédito del ISR equivalente al 10 % de la inversión.
-Inversión de $10,000,000.01 a $20,000,000.00: un crédito del ISR equivalente al 20 % de la inversión.
-Inversión de $20,000,000.01 en adelante: un crédito del ISR equivalente al 30 % de la inversión.
El presidente del Invest, Rodrigo Ayala, dijo en la Comisión de Tecnología que son 144 empresas las que están haciendo «cola» para aplicar a la nueva normativa. Ayala aseguró que la ley es la respuesta luego de escuchar a empresarios que ya están establecidos en el país.
Los beneficiados también estarían exentos del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces por la adquisición de inmuebles para la expansión a utilizarse al menos durante cinco años.
Podrán aplicar empresas de textiles, confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, químico farmacéuticos, productos para la construcción, fabricación de papel y productos de papel para ampliar infraestructura, comprar vehículos, maquinarias, entre otros.
Con modificaciones, la Comisión de Tecnología e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este martes el dictamen favorable de reforma a la Ley de servicios internacionales para que la inversión se realizan «desde los primeros seis meses operaciones» y ya no «en» los primeros seis meses o «en» el primer año como indica actualmente la normativa.
Este martes, Marta Solís, directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, explicó que la reforma busca fomentar la inversión. “De alguna manera se amplíe la inversión de las inversiones ya existentes”, dijo.
Solís pidió que modificar los artículos 4 y 5 del proyecto para que las inversiones se exijan “a partir de los primeros seis meses de la operación”.
El proyecto de reforma también busca que las empresas beneficiadas puedan “adicionar una o más actividades beneficiadas” y también puedan distribuir el área verde exigida del 30 % del área total en 10 % dentro del parque de servicios y el otro 20 % dentro o fuera del parque de servicios. Una reforma similar ya se realizó a la Ley de zonas francas.
Actualmente, para usuarios directos se establece el requisito de inversión para que se cumpla “en los primeros seis meses” y “en el primer año” para servicios médico hospitalarios y atención a ancianos.
El cambio: “Desde los primeros seis meses”
La normativa regula el plazo para que se cumplan los requisitos de inversión y de empleo, y actualmente establece un monto mínimo de inversión en activos según el rubro económico “en los primeros seis meses de operaciones” o “en el primer año de operaciones”.
La reforma no modifica los montos de inversión mínima que deben realizar las empresas incentivadas pero establece para todos los rubros que esta inversión se deba realizar “desde los primeros seis meses de operaciones”, así:
1. Para usuarios directos, $150,000 desde los primeros seis meses de operaciones.
2. Para servicios médico hospitalarios, usuarios directos, $1 millón desde los primeros seis meses de operaciones.
3. Para atención a ancianos y convalecientes como usuarios directos, $250,000 desde “los primeros seis meses de operaciones”.
4. Para centros de servicios, de procesos empresariales, tecnologías de inversión y cinematografía, $250,000 desde los primeros seis meses de operaciones.
5. Para centros de servicios, de servicios médico-hospitalarios: $2 millones desde los primeros seis meses de operaciones.
6. Para centros de servicios de atención de ancianos y convalecientes, $500,000, desde los primeros seis meses de operaciones.
7. Para servicios especializados para aeronaves, que sean centros de servicios, la inversión no podrá ser menor de $500,000, desde los primeros seis meses de operaciones.
La Ley de servicios internacionales aprobada, en 2007, otorga incentivos fiscales y aduaneros a empresas que se establezcan en El Salvador y que dan servicios internacionales, es decir, a clientes fuera del país. Incluye call centers, servicios de procesos empresariales, tecnologías de información, servicios médico hospitalarios, atención a ancianos y convalecientes, entre otros. Les otorga exenciones de Impuesto sobre la Renta, impuestos municipales, Impuesto sobre transferencia de Bienes Raíces y aranceles.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegará la tarde de este martes a Costa Rica para reunirse con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, quien lo hará participar en la inauguración, el miércoles, del proyecto de construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), en La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
El proyecto, que sería lanzado en plena campaña electoral costarricense, es una megacárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) construida por el gobierno de Bukele en el distrito de Tecoluca, municipio de San Vicente Sur.
Casa Presidencial de El Salvador no ha informado sobre la agenda del presidente ni sobre su viaje. Infobae publicó que la llegada está programada para las 5:00 p.m.
La visita ocurre dos semanas antes de las elecciones generales de Costa Rica del domingo 1 de febrero de 2026.
Según el El Observador de Costa Rica, Bukele podría reunirse con José Aguilar, candidato presidencial del partido Avanza, ya que su esposa es prima hermana del mandatario salvadoreño. Tampoco descartan una reunión con Laura Fernández, candidata a la Presidencia por el partido oficial Partido Pueblo Soberano (PPSO), aunque la diputada Pilar Cisneros dijo que aún no tenían el programa.
La llegada del presidente salvadoreño se realizaría poco después de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, que declaró sin lugar una solicitud de amparo para evitar la visita del mandatario salvadoreño debido a que Costa Rica se encuentra en campaña electoral.
El Tribunal costarricense declaró “sin lugar” el recurso de amparo el 12 de enero porque consideró que los ciudadanos demandantes, Alex Solera Cordero y Óscar Quesada Rodríguez, “no acreditaron” de qué forma la visita del mandatario salvadoreño les afecta sus derechos fundamentales político electorales, según un comunicado del mismo Tribunal.
Sin embargo, los magistrados citaron la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas para decir que las delegaciones extranjeras están obligadas a “no inmiscuirse en los asuntos internos” de. Otros Estados, porque violarían el derecho internacional público.
La nueva cárcel del presidente tico promete albergar 5,100 reos de alta peligrosidad en cinco módulos. Para un experto en relaciones internacionales citado por el medio Monumental de Costa Rica, para Chaves significa un espaldarazo de Bukele y para el presidente salvadoreño subrayar su política de influencia en la región.
El 3 de octubre de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó el permiso ambiental a la sociedad Global Developers, S.A. de C.V., para la ubicación y la construcción del proyecto Ciudad Marsella segunda etapa.
Algunas de las viviendas de la urbanización, ubicada en el kilómetro 34.5 de la carretera a San Juan Opico-Quezaltepeque, cantón El Jabalí, distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, se inundaron con la lluvia de la tarde del sábado 10 de enero.
Marsella II es un proyecto habitacional ubicado en un terreno de 1,413,027.49 metros cuadrados que, según el permiso ambiental otorgado, debería disponer de servicios básicos de agua potable con dos pozos propios, dos plantas de tratamiento, ocho obras de paso y dos lagunas de laminación. Esta resolución ambiental fue firmada por el actual ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga.
La resolución ambiental establece que un dictamen técnico del MARN emitido el 24 de septiembre de 2024 forma parte de la misma resolución y que dicho dictamen es de “obligatorio cumplimiento”. El dictamen obliga a la empresa a realizar un Programa de Manejo Ambiental en la zona.
El permiso ambiental otorgado en octubre de 2024, sin embargo, aclaró que no daba derecho a la empresa a iniciar el funcionamiento terminada la construcción, ya que “una vez concluidas las medidas ambientales” la empresa debía pedir a la Gerencia de Cumplimiento Ambiental una auditoría de evaluación ambiental.
Ese dictamen técnico, emitido el 26 de mayo de 2025 y que forma parte de la resolución de permiso ambiental, detalló que en el terreno de Marsella segunda etapa “predominan complejos epiclásticos” por flujos de lavas por erupciones y que el uso del suelo del lugar del proyecto era «agrícola con cultivos en abandono».
Mapa del proyecto incluido en el dictamen técnico del Ministerio de Medio Ambiente.
Lagunas de laminación para descargas controladas
Una conclusión del análisis hidrológico e hidráulico del proyecto, según el dictamen, fue que los caudales máximos por la escorrentía superficial en su condición natural eran 3.18 metros cúbicos por segundo pero, con el desarrollo del proyecto, llegarían a ser 20.67 metros cúbicos por segundo, por lo que establecen la necesidad de construcción de dos lagunas, para mitigar el impacto que generará la construcción.
Según el dictamen, una laguna de laminación tendría capacidad de 23,000 metros cuadrados con una tubería de desfoque de 750 milímetros; y la otra, 17,000 metros cúbicos y 600 milímetros.
“Para el control de la escorrentía superficial, a efectos de mitigar el impacto hidrológico, consecuente por el desarrollo del proyecto, se construirán dos lagunas de laminación y así generar descargas controladas hacia la quebrada La Alcantarilla”, establece el dictamen técnico, emitido por técnicos de la Gerencia de Evaluación Ambiental del MARN y que fue base para la resolución de permiso ambiental.
Los técnicos consideraron que con esas lagunas “se puede controlar” y “no causarán impacto negativo”.
El MARN sugirió construir dos lagunas de laminación a la empresa en Marsella segunda etapa.
Zonas de inundación
El dictamen del MARN habla de un análisis hidráulico que realizaron, en el cual se establecieron “las áreas de inundación de las quebradas que atraviesan el proyecto”.
“La zona de estudio posee ciertas zonas planicies de inundación” provocadas por la topografía del lugar, detalló el dictamen, que también indicó que, con obras de terracería y de mitigación, “mejora las condiciones”.
El análisis, sin embargo, indica que “el proyecto no cuenta con amenaza de inundaciones”, mientras cita un «Informe climatología, hidrología e hidráulica’ presentado en EsIA».
El dictamen del MARN también advirtió que el proyecto colinda con el Área Natural Protegida Chanmico y que el MARN solicitó a la empresa un estudio de impactos en el área protegida.
Dicho estudio consideró que en la zona de amortiguamiento el uso de suelo es habitacional y el MARN recomendó un vivero de 25 metros de ancho. También, emitió “lineamientos” como plan de rescate, traslocación y liberación de fauna silvestre, un plan de gestión de residuos sólidos, reforestación, entre otros.
Pasó a ser de «uso habitacional de alta densidad»
El proyecto de la segunda etapa de Ciudad Marsella, según el dictamen, se ubicaba en la “Zona de Conservación», según las «Directrices para zonificación ambiental» y los «Usos de suelo de la región noroccidental» y el «Mapa de la zonificación ambiental».
Según el mapa, la zona del proyecto contiene tres zonas: de protección y restauración, de restauración y aprovechamiento, y de protección y aprovechamiento: en la primera se encuentran restringidos los proyectos urbanísticos; y en las otras dos, no.
El «Estudio hidrológico e hidráulico y análisis de inundaciones del proyecto», mencionado en el dictamen, determinó la necesidad de “franjas de protección para las quebradas, obras de mitigación a realizar” y que «no generaría problemas de inundación”. La franja de protección, según el dictamen, fue avalada por la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés.
Luego de explicar las diferentes zonas que hay en el área del proyecto, el dictamen indica, sin dar más detalles, que el gobierno local “mediante acuerdo municipal” resolvió que “todo el inmueble objeto de este estudio ha pasado a ser a uso habitacional de alta densidad”.
Zonificación del lugar del proyecto de segunda etapa de Ciudad Marsella (delimitación rosada), y diferentes zonas de uso de suelo. / Dictamen técnico MARN.
El director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, aclaró que no le compete a la OPAMSS.
Convenio de compensación con la ASA
El dictamen también establece un Convenio de compensación ambiental suscrito con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) por $335,481.33, por la tala de 2,920 árboles y un área de impermeabilización de 370,698 metros cuadrados o 37.06 hectáreas, y un área de afectación a paisaje y vida silvestre de 1,413,027.49 metros cuadrados o 141.30 hectáreas.
El monto total de las medidas ambientales recomendadas en el dictamen ascendían a $32,740 por un periodo de tres años.
Una resolución del MARN del 26 de mayo de 2025 resuelve que la empresa debe “atender las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría de Evaluación Ambiental” para “mitigar la generación de material particulado por las obras” y reconoce que las medidas ambientales se encuentran “en proceso, por lo que deben seguir ejecutándose”.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, ratificó que la política migratoria no sufrirá ningún cambio y que se trata de “políticas mucho más estrictas” que consisten en fronteras cerradas.
La funcionaria destacó la caída en la cantidad de personas que buscan cruzar la frontera sur hacia los Estados Unidos aunque no se atrevió a afirmar que disminuiría o aumentaría este año 2026 la cantidad de salvadoreños deportados.
Se inclinó por mostrar que el gobierno estadounidense busca promover la autodeportación, a través de la aplicación CBP Home, ya que consideran que es un mecanismo más seguro y tranquilo de deportación.
«En términos de política migratoria, yo creo que las visitas que nosotros hemos patrocinado para reporteros para ir a la frontera se puede ver claramente cuál es la política de migración de nuestra administración, es una frontera mucho más cerrada, son unas políticas mucho más estrictas, que se están siguiendo y eso no va a cambiar. Esa es una de las grandes prioridades de nuestra administración, de verdad traer un nivel de control al flujo migratorio que estaba entrando a los Estados Unidos», fueron las palabras de Fellows.
La encargada de la misión admitió que el TPS para El Salvador, cuyo vencimiento está previsto para el 9 de septiembre de 2026, ha sido tema de conversación interna y también entre los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos. Afirmó que este tipo de temas, como las deportaciones, forman parte del diálogo constante que mantienen ambos gobiernos.
Ante una pregunta sobre si El Salvador está listo para recibir a sus connacionales deportados, respondió: «Esa pregunta le diría a usted que se la dirija al Gobierno de El Salvador, ellos saben bien qué están haciendo y si están listos».
En términos de diálogo, es constante, siembre estamos hablando de este tema, tenemos colegas con el cual cooperamos muy efectivamente en el proceso. El número ha bajado drásticamente (en la frontera). Y no creo que eso vaya a cambiar. Naomi Fellows, encargada de negocios de la Embajada de EE.UU. en El Salvador.
Aunque el año 2025, cerraría con más de 5,000 migrantes salvadoreños detenidos en todo Estados Unidos, de los cuales 3,600 fueron hallados en la frontera sur, la tendencia es una caída en esta cantidad es de un 90 % en un año, ya que en 2024 se registraron 45,351 migrantes salvadoreños encontrados.
Las deportaciones, si bien registran un leve aumento respecto a 2021 –de 9,152 a 14,986– muestran niveles menores a los periodos históricos con mayores deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, que fueron registrados de 2014 a 2016, e incluso el año 2019, según cifras oficiales de Migración salvadoreña.
Según cifras oficiales de autoridades migratorias estadounidenses (ICE y DHS), los años de mayor deportación fueron de 2007 a 2019, ya que la cantidad de deportados osciló entre los 15,445 (2018) y la más alta, 27,180 (2014).
El presupuesto del Órgano Judicial pasó de tener un presupuesto de $533.4 millones incluido en el proyecto de presupuesto 2026 a un total de $369.2 millones en la Ley de presupuesto aprobada, luego del recorte que se reorientó a Educación, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Hacienda.
¿Pero cómo se reorientaron estos fondos?
Una revisión a la Ley de presupuesto 2026 permite ver los cambios que tuvo cada cartera de Estado, respecto al proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa.
En el Ministerio de Hacienda, el presupuesto para funcionamiento quedó intacto, en $120.7 millones. Sin embargo, hay un aumento de$23.84 millones en la unidad presupuestaria «Obligaciones generales del Estado», cuyo total pasa de $215.8 millones en el proyecto de presupuesto a $239.6 millones en la Ley de presupuesto 2026.
Un total de $40 millones se reorientaron a Educación, en donde se destinó a infraestructura escolar.
En ese presupuesto, el activo fijo pasó de $413,779,085 a $373,779,085, una diferencia de $40 millones redirigidos a «Proyectos de inversión reforma educativa», que pasa de $301.1 millones a $341.1 millones, concretamente al programa «Mi nueva escuela», que consiste en infraestructura educativa, formación docente, curricular y tecnología educativa.
Dentro del presupuesto de Educación, las transferencias corrientes pasaron de $191,820,658 a $189,616,408, una diferencia de $2.2 millones, por aumento al «Apoyo a otras instituciones, 01 Programas educativos a través de socios estratégicos», que tenía asignados $12.9 millones y ahora tendrá $15.2 millones. En el presupuesto de Educación, solo se detalla la distribución de $2.2 millones para asociaciones como Edytra, que recibe $700,000; y Fitexal, $400,000.
En el Ministerio de Salud, las transferencias corrientes pasaron de ser $653,843,631 a $674,286,590, una diferencia de $20.4 millones y la unidad «Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades» aumenta de $740.3 millones a $760.8 millones. Ello ocurre porque el presupuesto del Hospital Nacional El Salvador sube de $142,387,250 a $162,387,250, es decir, $20 millones, que está dentro de esta cartera de Estado.
También, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la línea «Abastecimiento y seguridad alimentaria» de laDirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento aumentó de $52.9 a $60.9 millones, es decir, $10 millones. La línea «Fomento a la producción vegetal y ganadera» de Sanidad Vegetal aumenta de $4.2 millones a $14.1 millones.
Así mismo, las transferencias corrientes pasaron de $83,644,222 a $89,634,222. Entre los fondos reasignados, se asignaron $70,000 a la Asociación Patitas de la Calle, $120,000 a la Asociación Alianza Agropecuaria Salvadoreña y $400,000 a la Fundación Centro de Capacitación de El Salvador (Fucaes), entre otros. También, se aumentó de $52.6 millones a $58 millones el presupuesto del Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA).
Y, en Obras Públicas, los $50 millones de aumento se reorientan a la «construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional», aunque también se reorientan $517,500 a la Asociación Felicidad a través de este Ministerio.
En el presupuesto del MOPT se aumenta de $19,920,729 a $69,920,729, una diferencia de $50 millones, a adquisiciones de bienes y servicios clasificados como gasto de capital.
Respecto al presupuesto proyectado la composición de algunos presupuestos institucionales se modifica. Por ejemplo, en Presidencia de la República, se aumentaron las transferencias corrientes, de $44.4 millones a $47.2 millones.
La empresa Global Developers firmó este lunes un acta ante representantes de tres instituciones de Gobierno en la cual promete que «concentrarán todo su personal en terminar la construcción de obras urbanas y las obras de mitigación» que están obligados a realizar en la segunda etapa del proyecto Ciudad Marsella, ubicado en San Juan Opico, La Libertad Centro.
La reunión entre personal legal, técnico y social del Ministerio de Vivienda, de la Defensoría del Consumidor y de la Superintendencia de Competencia (SC) fue informada por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien publicó fotografías de dos representantes de la empresa Global Developers, S.A. de C.V., desarrolladora del grupo de Salazar Romero, con diferentes funcionarios.
Global Developers es la empresa encargada de la segunda etapa de Ciudad Marsella, de San Juan Opico, cuyas viviendas sufrieron inundaciones el domingo pasado.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, informó que en la reunión les reiteraron “de forma oficial” sobre las medidas comunicadas, entre las cuales se menciona que concluirán las medidas de mitigación y que pagarán daños en las viviendas, desde artículos personales hasta vehículos.
Estas fueron las medidas que según la ministra les reiteraron:
La empresa asumirá el 100% del costo de los daños, desde artículos personales hasta vehículos.
Se prohíbe a la empresa Salazar Romero y a sus empresas aliadas continuar realizando cobros a las familias en concepto de crédito inicial o cualquier otro pago relacionado, mientras el proceso se encuentre en revisión.
No se permitirá el desalojo de las familias ni se va a generar intereses a favor de la empresa.
Todo monto cancelado a la empresa deberá ser descontado del valor total pactado de la vivienda.
La funcionaria detalló que «los representantes de la empresa Global Developers, S.A. de C.V., desarrolladora del grupo de Salazar Romero, firmaron el acta aceptando el cumplimiento de todos los puntos» y que «concentrarán todo su personal en terminar la construcción de obras urbanas y las obras de mitigación necesarias de los quartier 10, 11, 12, 13, 14».
Dictamen de Medio Ambiente exigía dos lagunas de laminación para la escorrentía
No se detalló si conversaron con la empresa sobre el dictamen técnico medioambiental y el permiso ambiental otorgado por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga, en octubre de 2024, y si las medidas ambientales exigidas se han cumplido por parte de la empresa; y las consecuencias de ello.
El permiso ambiental se otorgó el 3 de octubre de 2024 por el ministro de Medio Ambiente para la construcción del proyecto habitacional, luego de un dictamen técnico que exigía la construcción de dos lagunas de laminación, una de 23,000 metros cúbicos y otra de 17,000 metros cúbicos.
El dictamen técnico de la Gerencia de Evaluación Ambiental del MARN le exigía al proyecto construir dos lagunas de laminación para generar descargas controladas hacia la quebrada La Alcantarilla, con el fin de controlar la escorrentía superficial. Según dicho dictamen, el caudal en su condición natural es 3.18 metros cúbicos por segundo y por el desarrollo del proyecto, de 20.67 metros cúbicos por segundo.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, reveló hoy que la empresa no había concluido una laguna de laminación. Se ignora si el Ministerio de Medio Ambiente conocía al respecto.
Para asegurar la ejecución de un programa de manejo ambiental, el MARN recibió el 17 de septiembre de 2024 la Fianza de Cumplimiento Ambiental por $32,740 por tres años y un Convenio de Compensación Ambiental suscrito por la empresa y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) por $335,481,33 que paga en cuotas por la empresa.
Representantes de Global Developers, desarrolladora de Salazar Romero, firman el acta al finalizar la reunión del lunes con el Ministerio de Vivienda, Defensoría y Superintendencia de Competencia. / Fotografía del Ministerio de Vivienda.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, consideró que las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador continúan muy estrechas y cercanas.
“En términos de nuestras relaciones con El Salvador, continúan siendo unas relaciones muy estrechas, muy cercanas. Somos colegas en temas de seguridad, de desarrollo económico, colegas en términos de migración y en tantos tantos temas. Y continuamos con esa relación, va a seguir siendo una relación muy cercana”, afirmó este lunes en una conferencia de prensa sobre los 250 de la independencia de los Estados Unidos de América.
Fellows indicó que hay lazos personales entre ambos países como familia, amigos y viajes de turismo que todos han hecho a los Estados Unidos. “Eso crea una relación que continúa y que siempre será fuerte”, consideró.
En la conferencia de prensa, recordó que ambos gobiernos mantienen un diálogo constante sobre las deportaciones de migrantes en El Salvador pero subrayó que en esta materia promueven el uso de la aplicación CBP Home a través del cual los migrantes, incluidos salvadoreños, pueden autodeportarse.
Ambos gobiernos también son socios en el combate al narcotráfico, en temas de seguridad y desarrollo económico.
El acuerdo que marcó el año 2025 entre Estados Unidos y El Salvador fue el que permitió recibir, entre marzo y abril, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a más de 250 personas consideradas criminales por el gobierno de los Estados Unidos, un hecho que fue cuestionado por organizaciones internacionales que han sostenido que fueron torturados en la megacárcel salvadoreña.
El 18 de julio, estas personas fueron intercambiadas por presos políticos de Venezuela en una operación anunciada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en X: “Hoy entregamos a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves”.
El 3 de enero de 2026, la administración Trump capturó al líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.
El intercambio de venezolanos con opositores venezolanos fue propuesto en abril de 2025 por Bukele a Maduro, quien había solicitado “pruebas de vida” de los venezolanos.
Ante el próximo vencimiento del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) en septiembre de 2026, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Naomi Fellows, explicó hoy que hay un proceso de consulta intergubernamental, pero que la decisión está en la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional.
En una conferencia de prensa sobre los 250 años de independencia de los Estados Unidos, la representante de Estados Unidos en El Salvador se refirió brevemente al TPS, que fue prorrogado por la administración Biden y que no ha sido cancelado por la administración Trump.
El TPS para El Salvador tiene vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026.
«En términos de TPS, ese es un proceso que lo lidera nuestro Departamento de Seguridad Nacional, hay un proceso de consultación interna, intergubernamental, que toma lugar del cual Departamento de Estado, la cual yo represento y toma lugar. Pero honestamente las decisiones finales serán tomadas por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional, entonces, le refiero cualquier pregunta sobre eso al Departamento de Seguridad Nacional», respondió ante la pregunta sobre si hay pláticas sobre el próximo vencimiento.
En enero de 2025, antes del inicio de la administración Trump, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos extendió por 18 meses el TPS para El Salvador, bajo el cual están amparados unos 200,000 salvadoreños.
La administración Trump canceló, entre enero y julio, el TPS para Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Afganistán y Camerún, pero no lo ha suspendido para El Salvador. Sin embargo, jueces estadounidenses han declarado ilegales las cancelaciones.
El pasado 31 de diciembre, la jueza federal para el Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, Trina L. Thompson, declaró ilegales las cancelaciones de los TPS para Nicaragua, Honduras y Nepal por considerar que no se tomó en cuenta las condiciones de estos países.
Y, en septiembre de 2025, el juez federal para el Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, Edward Chen, frenó la suspensión de los TPS para haitianos y venezolanos por considerarla arbitraria.
Respecto al TPS El Salvador, Estados Unidos ha enviado diferentes mensajes.
El presidente Donald Trump fue preguntado al respecto en junio de 2025. “Nosotros echaremos un vistazo. Vamos a hablar sobre El Salvador, mucho respeto”, dijo, a una pregunta sobre por qué aún no cancelan el TPS a El Salvador si lo consideran uno de los países más seguros del hemisferio occidental y si fue parte del trato para recluir extranjeros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Sin embargo, en marzo de 2025, el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos respondió que no habrá un trato preferencial para los salvadoreños indocumentados y que el acuerdo entre ambos países “no fue una negociación, no se trató de un intercambio de favores”.
