Autor: Yolanda Magaña

La organización Acción Ciudadana anunció este viernes que realizará un monitoreo y seguimiento sistemático a cada etapa de las elecciones internas de los partidos políticos en El Salvador, un proceso que debe darse según la Ley de partidos políticos en los institutos políticos, desde marzo hasta julio de 2026 para elegir a los candidatos.

Evaluarán el nivel de transparencia y analizarán ciertos estándares básicos de calidad democrática. Este monitoreo, aclaró la AC, “no evalúa la legalidad de las elecciones internas ni sustituye la autoridad electoral”.

En la primera fase el análisis se concentrará en la información publicada por los partidos políticos en sus redes sociales y en sus sitios webs: solo evaluarán información pública y verificable de los institutos políticos. El seguimiento no se dará a cuentas personales.

Evaluación de transparencia de las elecciones internas de los partidos. Criterios de evaluación:

1. Convocatoria y planificación.

2. Marco normativo que regula la elección.

3. La participación y las candidaturas en competencia.

4. Los resultados y el cierre del proceso de las internas.

La escala de puntajes en la evaluación de transparencia será:

0 puntos: no publicado

1 punto: publicación parcial

2 puntos: publicación completa

El máximo que podrá tener un partido político son 16 puntos más 1 punto adicional por información complementaria.

El nivel de transparencia de un partido político podrá ser alto (13 a 17 puntos), intermedio (9 a 12), bajo (5 a 8) y nulo (0 a 4).

Una vez concluidas las elecciones internas, la AC analizará otros tres indicadores sobre la calidad democrática del proceso electoral interno de cada partido político, evaluando tres indicadores:

1. Competencia electoral: alta cuando existen más de dos postulaciones por cargo, media con dos postulaciones y nula si hay una sola candidatura.

2. Participación de la militancia de las internas: alta cuando supera el 60 % de asistencia, media entre el 50 y 60 %, y baja cuando es inferior al 50 %.

3. Inclusión de mujeres: alta cuando es superior al 50 % de candidaturas, media entre el 30 y 50 %, y baja igual o menor al 30 %.

Los resultados del monitoreo se presentarán en avances periódicos desde marzo de 2026 y al finalizar las internas de todos los partidos políticos se presentará un resultado consolidado.

Las convocatorias y las elecciones internas para elegir candidaturas a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes deben realizarse entre el 6 de marzo 2026 y el 29 de julio de 2026, según el calendario electoral publicado por el Tribunal Supremo Electoral, basado en los tiempos que da la Ley de partidos políticos y el Código Electoral.

La junta directiva de los afectados del fraude de la Cooperativa Santa Victoria (Cosavi de RL) presentó el miércoles una carta a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador para solicitar una audiencia.

Entre los afectados que firmaron la carta algunos se identificaron como ciudadanos estadounidenses, como Ana Carolina Castrillo, Marilin Turcios, Matilde Vanegas, Salvador Cáceres y Eduardo Castaneda Soto.

«Soy ciudadana norteamericana, sabemos que Estados Unidos se caracteriza por ser un país democrático, generoso, un país que ayuda y especialmente nosotros necesitamos de la intervención de los Estados Unidos porque tenemos casi dos años peleando, solicitando, tocando puertas y todas se nos cierran. El Estado dice que ya pagó el 90 %, eso no es cierto… A mis 68 años no voy a venir a comenzar a trabajar cuando todo el dinero que he podido ahorrar durante mi vida me ha sido quitado», afirmó una de las afectadas, frente a la Embajada.

“Solicitamos respetuosamente a su digna envestidura una nueva petición de audiencia, la cual sería la tercera solicitud (la primera fue el 30 de julio de 2024, la segunda el 7 de noviembre de 2025)”, indica la misiva.

Insistieron en que no se han reunido con algún representante de la Embajada, como lo aseguraron en enero pasado. La Embajada aclaró que el 7 de noviembre oficiales de la Embajada “hablaron con miembros del grupo para recibir su carta” y que “no ha habido ninguna reunión posterior”.

El presidente de la junta directiva de los afectados, Juan José Ortiz, explicó que durante las dos recientes semanas fallecieron tres personas afectadas del fraude más, totalizando 11 personas fallecidas que eran afectadas del fraude: una doctora en medicina de 69 años, la madre de un socio de Cosavi y Donaldo Turcios, quien falleció de insuficiencia renal.

Aseguró que Turcios “tenía dos cuentas de $75,000 cada una” cuando desde el 30 de octubre de 2025 estaba habilitada la capa de los $70,000 de devolución de los fondos a los socios de la cooperativa.

La Fiscalía General de la República informó en mayo de 2024 que estaban procesando judicialmente a 32 personas, entre ellos 8 directivos de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (COSAVI, de R.L.), por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. El fraude asciende a $35 millones; sin embargo, la captura del exgerente de COSAVI, Manuel Alberto Coto Barrientos, por autoridades hondureñas, terminó en una tragedia en donde también falleció el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas y otros dos altos mandos de la PNC de El Salvador.

Puede leer: Cronología: cómo fue la captura y la muerte del gerente de COSAVI

La devolución del dinero a los socios a Cosavi va por la capa de los $70,000 anunciada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en octubre y habilitada desde el 1 de noviembre en la agencia de la calle Gabriela Mistral de San Salvador.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó el miércoles que han iniciado una auditoría financiera en el Hospital Nacional de Ilobasco «Dr. José Luis Saca», en Cabañas.

“Estamos evaluando a detalle el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Nuestro equipo técnico, liderado por la Regional de San Vicente, verificará la ejecución presupuestaria para asegurar que los recursos beneficien a los salvadoreños”, indicó la institución en redes sociales.

La institución también inició una auditoría en el Hospital San Jerónimo Emiliani, en Sensuntepeque, para verificar la elaboración y ejecución de sus estados financieros del ejercicio 2025.

En 2025, también informaron de auditorías en el Hospital Nacional de Chalchuapa; otra auditoría en el Hospital Nacional Dr. Mazzini Villacorta en Sonsonate; en el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana, Hospital Nacional Francisco Menéndez, de Ahuachapán; Hospital Nacional Dr. Jorge Arturo Mena, de Santiago de María, en Usulután; Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Cojutepeque; Hospital Nacional de Suchitoto, Cuscatlán Norte; Hospital Nacional de San Juan de Dios, de San Miguel; Hospital Nacional General de La Unión; Hospital Nacional Santa Teresa, de Zacatecoluca.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó en redes sociales que inició la auditoría externa de su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS).

En redes sociales informó que la auditoría es realizada por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) bajo la norma ISO37001:2016.

“Este proceso evaluará la eficacia de los controles, la gestión de riesgos, los canales de denuncia y los registros que respaldan el sistema, reafirmando la política de cero tolerancia al soborno y la mejora continua institucional”, indicó la institución.

“Con la absoluta claridad que todos y cada uno de los que conformamos esta institución, la CCR, estamos totalmente comprometidos con el sistema de gestión antisoborno, entendemos que la implementación exitosa de este sistema no descansa únicamente con la aprobación normativa que como alta dirección lo hicimos, sino que es una responsabilidad individual y colectiva de cada servidor público de la institución”, indicó el presidente de la CCR, Walte rSosa, en el video publicado de una reunión.

El primer magistrado de la CCR, Julio Bendek, aseguró que la institución no solo debe ser técnica e “independiente” sino debe tener credibilidad.

“Nosotros somos como la sombrilla que abraza al resto de instituciones”, dijo por su parte el segundo magistrado, José Rodrigo Flores.

El OSN es una institución de derecho público con personería jurídica propia que ofrece consultas y asesoría en materia de normalización y forma parte de organizaciones internacionales de normalización.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró ayer, en una conversación con creadores de contenido que el legislador publicó en X, que aún no han recibido la iniciativa de reforma de pensiones del Poder Ejecutivo y que todas las propuestas mencionadas, como aumento de la edad de jubilación, son “especulación”.

“Obviamente es un tema bien delicado y, como lo decía ayer, yo ahorita todo lo que están diciendo, es lo único que hay que dejar bien claro, que si le van a subir, que si le van a quitar, que si le van a hacer para lo otro, hasta el día de ahora, todo eso es especulación porque no hay nada oficial”, indicó.

Sin embargo, el político sostuvo que evaluarán si hay que hacer cualquier “observación o ajuste” que haya que hacer.

Afirmó que el problema del sistema de pensiones “tiene un pecado de origen” y compartió un audio del exdiputado Mario Ponce en el cual dice que votaron por la “privatización de las pensiones sin buscarle fuente de financiamiento”.

“Nosotros como diputados todavía no hemos recibido esa iniciativa del Ejecutivo… Que si le van a quitar, que si le van a hacer para lo otro, hasta el día de ahora todo es especulación porque no hay nada oficial”. Ernesto Castro, presidente de Asamblea Legislativa.

Diferentes economistas han mencionado como alternativas de financiamiento del sistema de pensiones la revisión de la comisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el cambio de la fórmula del cálculo de la pensión, la renovación del periodo de gracia que tiene el Estado para amortizar a su deuda con el fondo de pensiones, la inversión de los ahorros de los cotizantes en instrumentos con rentabilidad del 9 %, la mejora de salarios y, la propuesta más frecuente, el aumento de la edad de jubilación y la tasa cotización.

Castro destacó que antes de la reforma de 2022 había pensiones superiores a los $6,000 y que la erogación para las pensiones de unas 648 personas era aproximadamente $6.5 millones. “En aquella reforma que se hizo eso se cortó, primero se dejó un mínimo de $400, ya nadie puede recibir menos de $400 y se le puso un tope, que son $3,000”, señaló.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el gobierno se comprometió a publicar el 10 de febrero de 2026 una propuesta de reforma de pensiones para implementarla a partir del año 2026.

El estudio actuarial emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) publicado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Hacienda concluyó que habrá un déficit en el gasto de pensiones equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2024 hasta el año 2070 y que hubo un «fuerte deterioro» –del 50 al 45 % del PIB– del patrimonio de los ahorros en las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) entre 2020 y 2024.

El artículo 7 de la «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas», aprobada por la Asamblea Legislativa en junio de 2025, compromete al Gobierno a limitar la deuda pública con pensiones al 80 % del PIB para el año 2030, 75 % en 2035 y 70 % en 2045.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró el jueves que “es una leyenda” que los muertos en las cárceles se deban al régimen de excepción. Un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportó 470 muertes bajo custodia estatal de 2022 a 2025.

Según Ulloa, Centros Penales le reportó entre 200 y 350 muertes anuales de reos durante la última década. “Las personas se mueren en la cárcel, se mueren en el hospital, se mueren en todo sitio, pero no es que por el régimen de excepción han muerto 348. Es una leyenda que se ha desarrollado, no sé cómo”, dijo, en la tribuna organizada por EFE en Madrid, España.

Según Ulloa, el gobierno tiene un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que puedan vigilar presencialmente cada uno de los centros penitenciarios y sostuvo que “son ellos” quienes les han recomendado mejoras y soluciones para mejorar condiciones pero “no en hotel de cinco estrellas”.

“Son ellos los que nos han señalado y recomendado las reformas, las mejoras y las soluciones que hay que hacer para que los reos estén en condiciones, no de hotel cinco estrellas… No tenemos ese tipo de prisiones, pero sí prisiones seguras donde la dignidad humana se respeta, donde la Cruz Roja certifica condiciones de salud, de internamiento”. Félix Ulloa, vicepresidente salvadoreño.

Ulloa mencionó en Madrid, ante las preguntas de periodistas sobre las muertes en las cárceles salvadoreñas, que en los últimos tres años las cárceles de España han tenido 602 muertos de los cuales 345 fueron forma violenta.

“Que la gente se muere en la cárcel, se muere. La mayor denuncia que yo escuché era que habían muerto 348 muertos durante el régimen de excepción, o sea, en cuatro años”, expresó.

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) publicó en enero el “Informe de muertos en prisiones de El Salvador durante el régimen de excepción 2022-2025” que indica tienen un registro informal de 470 muertes de detenidos en los diferentes centros penitenciarios del país. En enero esta entidad reportaba 480 fallecidos.

La organización, que recolectó los datos de información brindada por familiares y fuentes abiertas, detalla que el 31.8 % murieron por causa violenta, el 31.6 % por falta de atención médica a enfermedades y el 4.7 % por enfermedad terminal. Un 62.6 % de las muertes ocurrieron en los hospitales, un 30.4 % en el centro penal y un 3.8 % en su vivienda luego de ser liberados, según el SJH. El informe sostiene que el 94 % no eran pandilleros.

Durante ese periodo el SJH registró 192 casos en el centro penal de Izalco, 89 en la penitenciaría La Esperanza o Mariona, 49 en el penal de Apanteos, 34 en el penal de Quezaltepeque, 20 en bartolinas policiales, 18 en la granja de Zacatecoluca, 15 en el centro de cumplimiento de penas de Santa Ana, 5 en Ilopango, 5 en la Granja de Santa Ana, 4 en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), 3 en el penal de San Vicente, 3 en el penal de Ciudad Barrios, 2 en Zacatecoluca, 2 en San Miguel, 1 en Ilobasco, 1 en San Francisco Gotera, 1 en El Espino y en 24 dice que el centro de reclusión se desconoce.

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) registró una amortización efectiva de $7 millones a la “deuda previsional” de un presupuesto que ascendió a $814.5 millones según su propio informe de ejecución presupuestaria hasta el 31 de diciembre de 2025.

El informe indica que tenía presupuestados $7.4 millones para “amortización deuda previsional” de los cuales usó $7 millones.

Los mayores gastos del ISP fueron $357.5 millones en el rubro de “prestaciones de la seguridad social” y $222.8 millones para transferencias corrientes.

De acuerdo al informe semestral de ejecución presupuestaria publicado en enero por el Ministerio de Hacienda, las transferencias corrientes del ISP consisten en el traslado de recursos a la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS) para el pago de pensiones.

Los gastos financieros del ISP sumaron $166.4 millones, una erogación que el informe de Hacienda la ubica en “intereses y comisiones de títulos valores en el mercado nacional”.

Además, el ISP también destinó $6.4 millones a remuneraciones, $3 millones a bienes y servicios. El informe puede ser encontrado en el Portal de Transparencia del ISP en el apartado de balances financieros.

El ISP fue la institución creada que sustituyó al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) pero con una nueva facultad de emitir Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para poder pagar las pensiones de aproximadamente 88,000 beneficiarios del sistema público.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el Estado debía $11,241.13 millones al Fondo de Pensiones, de los cuales $8,394.19 es deuda heredada antes de la reforma de 2022 (Certificados de Inversión Previsional, ahora Certificados de Fondos de Transición) y $2,846.94 millones en COP, después de la reforma.

Las AFP están pagando las pensiones de 128,000 jubilados y perciben cotizaciones de unos 950,000 trabajadores, según el FMI.

Según el informe semestral de ejecución presupuestaria de Hacienda, el ISP tuvo un presupuesto votado de $855.3 millones para 2025, de los cuales devengó $789.3 millones, siendo la institución autónoma con más ingresos ejecutados.

El ISP es una entidad descentralizada no empresarial cuyo presupuesto no está incluido en la Ley de presupuesto general del Estado.

 

La Oficina de la Zar Antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, aseguró en X que la alianza con El Salvador es un “ejemplo del compromiso de Estados Unidos con el fomento de la seguridad y la prosperidad mutuas” con los países del hemisferio occidental.

“Nuestra alianza con El Salvador es solo un ejemplo del compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la prosperidad mutuas con nuestros vecinos del hemisferio occidental mediante la cooperación en materia de aplicación de la ley”, escribió la ONDCP, dirigida por Sara Carter.

Carter fue recibida por la embajadora de El Salvador en Washington, Estados Unidos, y los embajadores latinoamericanos, en la Embajada de El Salvador. “Estados Unidos y El Salvador son aliados vitales gracias al liderazgo inquebrantable” de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele, indicó la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

La oficina de la zar antidrogas de Estados Unidos fue invitada por la embajadora Mayorga a la sede diplomática de El Salvador en Washington, así como a embajadores y encargados de misiones diplomáticas acreditadas en los Estados Unidos “para hablar sobre la importancia de seguir trabajando juntos y combatir el narcotráfico en el hemisferio”, informó el pasado martes 17 de febrero.

“Se reconoció el trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele, destacándonos como el muro del pacífico”, indicó la embajadora.