Autor: Yolanda Magaña

  • Estudio actuarial concluye déficit de pensiones del 59 % del PIB hasta 2070

    Estudio actuarial concluye déficit de pensiones del 59 % del PIB hasta 2070

    Un déficit equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB) tendrían los sistemas de pensiones de El Salvador en el periodo 2024 a 2070, según el estudio actuarial emitido por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

    El déficit ocurre porque, mientras el sistema de pensiones tendría ingresos equivalentes al 136.8 % del PIB, sufriría gastos equivalentes al 195.7 % del PIB.

    El estudio actuarial consideró a todas las personas pensionadas y afiliados a los sistemas de pensiones que presentaban al menos una cotización en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) o en el Sistema Público de Pensiones y genera proyecciones hasta el año 2070.

    Generó proyecciones de las contribuciones, pago de pensiones y de la evolución del valor de las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes.

    El sistema privado

    El estudio indica que los ingresos por contribuciones del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) se mantendrían estables en un 4 % del PIB durante el periodo analizado, de 2024 a 2070, pero sus gastos aumentarían del 3.7 % del PIB en 2024 al 8.4 % del PIB en 2070.

    En todo el periodo 2024-2070, el valor presente de los ingresos del SAP sería 136.8 % del PIB, pero el gasto en pesiones sería de 182.2 % del PIB, en su mayoría –$120.1– pensiones por vejez.

    Así, el valor presente neto del déficit en el SAP sería del 45.4 % del PIB en el periodo 2024-2070.

    Al conocido como SAP pertenecen trabajadores cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP), cuyos beneficios dependían de sus cuentas individuales y la rentabilidad de sus ahorros, y de cuyos ahorros se financia la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), lo cual les garantizaría pensiones mínimas vitalicias.

    Según el estudio actuarial, dos de cada tres salvadoreños de entre 30 y 54 años tienen una cuenta en el SAP: 2.1 millones de personas no jubiladas hacia fines de 2024.

    El sistema público

    El valor presente del déficit del sistema público de pensiones es del 13.6 % del PIB en el periodo 2024-2070.

    El estudio indica que el gasto en el Sistema Público de Pensiones (SSP) disminuirá desde 1.7 % del PIB en 2024 hasta cero hacia el año 2050, previendo la salida de los últimos pensionados del sistema.

    En el sistema público, señala el estudio, los ingresos “resultan insignificantes como proporción del PIB”.

    Así, en la tabla incluida en el estudio, las contribuciones del SSP se presentan a cero desde 2024 a 2070.

    Al mismo tiempo que advierte del déficit del flujo de caja de los sistemas de pensiones, el estudio actuarial también señala un aumento en los activos del sistema al 78.7 % del PIB.

    Sin embargo, alerta que la mayoría de activos están en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos del Estado en los cuales son colocados los ahorros de los cotizantes. Esto, alerta el estudio, podría constituir una carga financiera futura para el Estado.

  • Cuentas individuales de pensionados en 2024 se acabarían en dos años y fondo colectivo se agotaría en 2029

    Cuentas individuales de pensionados en 2024 se acabarían en dos años y fondo colectivo se agotaría en 2029

    Las cuentas individuales de la mayoría de personas pensionadas en 2024 en El Salvador se agotarían en los próximos dos años, lo que presionaría la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), la cual a su vez se acabaría en el año 2029, según el estudio actuarial de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) publicado por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2025.

    La CGS es un fondo colectivo que se conformó de las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y que sirve para financiar pensiones de los jubilados cuya cuenta individual se acabó. Funciona, según el estudio, como un seguro de vejez.

    Esta CGS es financiada de la cotización mensual por el salario de los trabajadores aportada por los empleadores –6 puntos del 16 % de cotización–y del 7 % sobre pensiones más altas.

    La pensión mínima es pagada de la CGS cuando a un jubilado se le acaban su cuenta individual, luego de que haya recibido 240 pensiones mensuales y 20 pensiones de Navidad.

    La Ley integral del sistema de pensiones aprobada en 2022 estableció que, si se acaba la CGS, la garantía la asume el Estado a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).

    El gobierno aún no ha publicado una propuesta de reforma de pensiones, esta debe publicarla en febrero de 2026 según el compromiso con el FMI. Este estudio actuarial, que advierte el agotamiento de la cuenta colectiva y el aumento de las cuentas individuales de los trabajadores, sería la base para dicha reforma de pensiones.

    Se agotarán en 2029

    El estudio actuarial publicado este 22 de diciembre advierte “un constante deterioro financiero” de esta cuenta colectiva (CGS) y estima que sus fondos se agotarían en el año 2029.

    Esto significa que, a partir del año 2030, se proyecta un déficit o un flujo de caja negativo en la CGS equivalente a -0.1 % del PIB en 2030, -0.3 % en 2040, -0.9 % en 2050, -2.2 % del PIB en 2060 y de -3.7 % del PIB en 2070.

    El valor presente neto del déficit del fondo colectivo es 32.6 % del PIB. Considerando que el PIB de 2024 fue de $35,364.97 millones, el déficit acumulado de este fondo colectivo sería de $11,528 millones.

    El estudio actuarial concluye un déficit de pensiones del 59 % del PIB de 2024 a 2070. Al PIB de 2024, este déficit actualmente sería de $20,865.3 millones.

    El valor presente del déficit en el flujo de caja sería de 32.6 % del PIB, ya que los ingresos serían de 35.3 % del PIB y los egresos de 67.9 % del PIB en el periodo 2024-2070.
    del PIB.

    Este estudio fue un compromiso asumido por el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aprobar una nueva reforma de pensiones en 2026 que contenga los gastos fiscales y así disminuir la deuda del Estado.

    Estudio también menciona: aumentan cuentas individuales

    Además de advertir el déficit para el pago de pensiones y el déficit de la cuenta colectiva, el estudio actuarial menciona un aumento en los activos de las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes de las AFP: de 44.5 % del PIB en 2024, a 50.7 % del PIB en 2030, 60.4 % del PIB en 2040, 68.2 % del PIB en 2050, 71.9 % del PIB en 2060 y 78.7 % del PIB en 2070.

    Esto implica que el estudio advierte también que las cuentas individuales de los trabajadores cotizantes de las AFP crecerán hasta llegar a 78.7 % del PIB, actualmente un equivalente $27,832.2 millones en el año 2070.

  • Nueva deuda de pensiones casi llega al 25 % de lo adeudado al Fondo de Pensiones

    Nueva deuda de pensiones casi llega al 25 % de lo adeudado al Fondo de Pensiones

    La deuda del Estado con el ahorro de los cotizantes administrado por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) llegó a $11,163.45 millones en noviembre de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

    Los datos indican que la nueva deuda de pensiones, emitida por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) desde la reforma que inició en 2023, es el 24.8 % de lo adeudado por el Estado al sistema de ahorro para pensiones administrado por las AFP.

    La nueva deuda de pensiones fue emitida por el ISP a través de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos creados en la reforma aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde el año 2023, y que vinieron a sustituir el mecanismo de los Certificados de Inversión Previsionales (CIP) para que el Estado tome prestados fondos de pensiones para el pago de las pensiones del desfinanciado Sistema Público de Pensiones (SSP).

    Disminuyen emisiones de COP

    Las cifras del BCR indican que, al analizar solo los periodos de enero a noviembre, las emisiones de nuevos certificados COP llegaron a ser $1,009.74 millones en 2023, pero en 2024 bajaron a $914.41 millones; y en 2025, en el mismo periodo, las emisiones de COP han sido $639.03 millones.

    Las emisiones de esta nueva deuda de pensiones han disminuido en un 30.5 % en 2025 respecto a las realizadas en 2023 recién aprobada la reforma.

  • Estudio actuarial señala “fuerte deterioro del patrimonio” de los ahorros para pensiones

    Estudio actuarial señala “fuerte deterioro del patrimonio” de los ahorros para pensiones

    Un fuerte deterioro del patrimonio de los ahorros administrados por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) y de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), revela el «Estudio actuarial del sistema de pensiones de El Salvador» firmado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y publicado por el Ministerio de Hacienda.

    Según el estudio, al cierre de 2024, los ahorros de los cotizantes en las dos AFP en El Salvador, suman un patrimonio de $15,995.7 millones: $8,216.8 millones en el fondo de la AFP Confía y $7,779 millones en el fondo administrado por AFP Crecer.

    Este advierte un “fuerte deterioro del patrimonio de los fondos administrados por las AFPs”, por el aumento en la cantidad de jubilados y la reducción del patrimonio de dichos fondos, del equivalente al 50 % al 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2020 y 2024.

    El deterioro patrimonial de los ahorros para pensiones puede verse en términos porcentuales respecto a la producción nacional, desde 50 % del PIB en 2020, a 44.6 % del PIB en 2021, 41.1 % del PIB en 2022, 43 % del PIB en 2023 y 45.2 % del PIB en 2024, según una tabla elaborada con estimaciones del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) citada por el estudio.

    Monetariamente, el patrimonio ha oscilado entre $12,451,803 millones en 2014 y $15,995.7 millones en 2024.

    Déficit del 59 % del PIB

    El estudio actuarial revela un déficit en el gasto de pensiones equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto en el periodo 2024-2070 según el estudio actuarial.

    Un total de $15,836.8 millones de los ahorros de los trabajadores cotizantes administrados por las AFP están invertidos en diferentes títulos valores, $11,564 millones en títulos del Estado, un 73.02 % de los fondos.

    En otras palabras, esta proporción de fondos los ha tomado el Estado como préstamo a través de Certificados de Fondos de Transición (CFT) y Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) para pagar pensiones.

    El estudio detalla que el fondo administrado por la AFP Confía tiene un rendimiento del 6.37 % anual y el de AFP Crecer, del 6.34 % anual.

    ¿Dónde se publicó el estudio y para qué?

    El estudio actuarial fue publicado por el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, sin embargo, hasta la tarde de este lunes, el enlace proveído al público no descarga el documento, pero este puede ser descargado en este enlace.

    El FMI informó que el estudio actuarial había sido publicado pero no proveyó el enlace.

    El gobierno había previsto para septiembre la publicación de este estudio actuarial con el fin de diseñar una nueva reforma de pensiones según compromisos con el FMI, pero este fue publicado entre domingo 21 y lunes 22 de diciembre de 2025.

    La publicación de la propuesta de reforma de pensiones se realizará el 10 de febrero de 2026 para  aplicar la reforma “a mediados de 2026” según el acuerdo con el FMI.

    El FMI ha solicitado expresamente que esta nueva reforma de pensiones contenga los costos fiscales asociados a la reforma de 2022.

    La «Ley de sostenibilidad fiscal para el fortalecimiento de las finanzas públicas» aprobada en junio por la Asamblea Legislativa salvadoreña obligó a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a «entregar al Ministerio de Hacienda» este estudio actuarial. Esta ley compromete al Gobierno a limitar la deuda pública con pensiones al 80 % del PIB para el año 2030, 75 % en 2035 y 70 % en 2045.

  • Esperan mayor competencia en vuelos entre España y El Salvador luego de ratificación modificación de acuerdo

    Esperan mayor competencia en vuelos entre España y El Salvador luego de ratificación modificación de acuerdo

    La Asamblea Legislativa modificó recientemente el acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Reino de España sobre transporte aéreo, para ampliar las frecuencias semanales por cada país de siete a 14, con lo cual esperan que aumente la competencia aérea de dichas rutas.

    Una frecuencia es la capacidad de cantidad de vuelos a la semana que son asignadas por cada Estado, ha explicado Manuel Miranda, coordinador de transporte aéreo de la Autoridad de Aviación Civil, y el acuerdo vigente tiene siete frecuencias para cada país, lo que “limita a todas las líneas aéreas”.

    La modificación ampliaría a 14 frecuencias de cada país.

    Esto permitirá a El Salvador que comience a trabajar con otras aerolíneas, dijo la subdirectora de relaciones económicas de Cancillería, Alba Sánchez, ya que actualmente solo hay dos opciones aéreas. El objetivo, añadió, es convertir a El Salvador en un hub regional.

    Esta modificación permitiría una mayor flexibilidad operativa a las aerolíneas, la promoción de la competencia y la ampliación de las opciones de conectividad entre ambas naciones, así como “flexibilizar las disposiciones relativas a la designación de aerolíneas, derechos de tráfico, capacidad, tarifas y operaciones comerciales”.

    Esto adecuaría el régimen de rutas y frecuencias a las actuales condiciones del mercado aeronáutico internacional.

    El acuerdo, firmado en Madrid, España, el 10 de marzo de 1997 y ratificado el 12 de junio del mismo año, establece el objetivo de un desarrollo ordenado, seguro y eficiente del transporte aéreo entre ambos países. La modificación fue suscrita el 12 de noviembre de 2025 en Punta Cana, República Dominicana.

    La ratificación de la modificación al acuerdo se dio en la Asamblea Legislativa con 60 votos.

  • Juzgados de Ciudad Barrios y Chinameca pasarán sus casos penales a instrucción luego de conversión a mercantiles

    Juzgados de Ciudad Barrios y Chinameca pasarán sus casos penales a instrucción luego de conversión a mercantiles

    La reforma a la Ley Orgánica Judicial aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa convirtió a los juzgados de primera instancia de Ciudad Barrios y Chinameca en juzgados de lo civil y mercantil, debiendo trasladar sus procesos penales a los juzgados 1º, 2º y 3º de San Miguel, y laborales al juzgado de lo laboral de San Miguel.

    El personal de los juzgados convertidos “se integrarán a los juzgados cuarto y quinto de lo civil y mercantil de San Miguel” y la reestructuración será determinada por la Corte Suprema de Justicia según la disponibilidad de recurso humano y necesidades de servicio.

    El decreto “garantiza el pleno respeto de los derechos laborales de todo el personal de los juzgados convertidos”.

    Ambos juzgados convertidos deberán remitir los procesos activos en un máximo de 90 días al Juzgado de lo Laboral de San Miguel, y a los juzgados de 1º, 2º y 3º de instrucción de San Miguel.

    El cambio, aprobado con 60 votos de la Asamblea Legislativa, buscaría “garantizar un sistema de justicia efectivo, equitativo y accesible”.

    ¿Cómo se convierten?

    El juzgado de primera instancia de Ciudad Barrios (municipio de San Miguel Norte) se convierte en Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, pero conservará su sede en Ciudad Barrios.

    El juzgado de primera instancia de Chinameca (San Miguel Oeste) se convierte en Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, conservando su sede en Chinameca.

    Los juzgados 1º, 2º y 3º de lo civil y mercantil de San Miguel conocerán los procesos civiles y mercantiles de todos los distritos del departamento de San Miguel, y la distribución de su carga laboral se hará mediante la Secretaría receptora y distribuidora de demandas de San Miguel. Esta podrá recibir demandas por medios tecnológicos y podrá comunicarse así con el suario y las autoridades judiciales.

    El juzgado de lo laboral de San Miguel tendrá competencia laboral que tenían los juzgados de primera instancia de Ciudad Barrios y Chinameca.

    Los juzgados 1º, 2º y 3º de instrucción de San Miguel asumirán la nueva carga en materia penal según el territorio que tenían asignados los juzgados de primera instancia de Ciudad Barrios y Chinameca. La carga penal en trámite será distribuida “equitativamente” entre los juzgados 1º, 2º y 3º de instrucción de San Miguel, a través de la Secretaría receptora y distribuidora de demandas de San Miguel.

    La Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente conocerá en segunda instancia de los procesos sustanciados por los juzgados 4º de lo civil y mercantil de San Miguel.

    El Órgano Judicial aún no ha informado cómo distribuirá su presupuesto luego de la reducción presupuestaria de $164 millones a partir del año 2026, recorte que fue aprobado dos días después de una reforma constitucional que suprimió el mínimo del 6 % de ingresos corrientes del presupuesto para el Órgano Judicial.

  • Órgano Judicial ha ejecutado 5 % de los proyectos de inversión programados en 2025 según Hacienda

    Órgano Judicial ha ejecutado 5 % de los proyectos de inversión programados en 2025 según Hacienda

    El Órgano Judicial había ejecutado $3.2 millones, 4.7 % de los $69.4 millones programados de inversión pública en el año, según el informe de ejecución de inversión pública publicado por el Ministerio de Hacienda con datos hasta octubre.

    La proyección de inversión del Órgano Judicial hasta octubre era $57.12 millones, es decir, lleva ejecutado un 5.6 % respecto a su programación.

    Para el año 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene programados 18 proyectos, de los cuales cinco presentan un monto ejecutado. Uno de ellos es la construcción de la edificación para estacionamiento en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas en San Salvador, por $10.7 millones, de los cuales se habían ejecutado $1.7 millones hasta octubre.

    Un total de 13 proyectos no presentaban ejecución hasta octubre, entre estos, la construcción de centros judiciales en Santa Ana, Ahuachapán, San Martín, San Miguel e Ilopango. Tampoco aparecen con ejecución presupuestaria la construcción de una pasarela sobre la Diagonal Universitaria y la construcción de un centro de desarrollo formativo y atención social para personal del Órgano Judicial.

    El proyecto de presupuesto del Órgano Judicial para el año 2026 sufrió un recorte de $164 millones, de $533.4 millones solicitados a $334.5 millones. Ni el Órgano Judicial ni el Ministerio de Hacienda ha detallado la reestructuración del presupuesto del Órgano Judicial después del recorte.

    El proyecto planteaba una inversión en activos fijos por $126.7 millones de los cuales $72.4 millones estaban asignados a infraestructura física. También proyectó $15 millones para seguros y comisiones, $298.8 millones de remuneraciones y $91.2 millones en bienes y servicios.

    Otras carteras de Estado

    En general, el Órgano Judicial presentó una ejecución de su presupuesto de 53.3 %, mientras el Legislativo presenta una ejecución del 67.5 % y el Ejecutivo, del 66.6 %, siempre en los primeros 10 meses de 2025.

    En el Estado, las mayores ejecuciones presupuestarias son realizadas por carteras de Estado con mayores gastos en remuneraciones y no inversión, por ejemplo, Defensa Nacional (89 %), Procuradurías (más del 80 %), Trabajo (83.9 %), Medio Ambiente (78 %) y Tribunal Supremo Electoral (78.8 %).

    Las carteras de Vivienda, Economía y Obras Públicas presentan una ejecución presupuestaria por debajo del 50 % en estos 10 meses del año.

    En inversión pública, Vivienda programó una inversión de $7.08 millones y ha ejecutado $2.48 millones hasta octubre; Economía programó $36.03 millones en el año y ha ejecutado $11.21 millones hasta octubre; y Obras Públicas programó $598.79 millones y ha ejecutado $117.09 millones hasta octubre. Los programas de inversión en general llevan una ejecución del 58.4 % en el Estado.

  • Préstamos financiarán subvenciones a negocios rurales y educación financiera a agricultores en El Salvador

    Préstamos financiarán subvenciones a negocios rurales y educación financiera a agricultores en El Salvador

    Dos préstamos otorgados a El Salvador por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, programa de las Naciones Unidas) y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional incluyen subvenciones para 74,000 familias rurales y el establecimiento de 150 cooperativas de crédito rurales con 20 fondos rotatorios. Ambos préstamos por $61.3 millones fueron aprobados por la Asamblea Legislativa el 9 de diciembre.

    El convenio de financiación con el FIDA para el «Programa de desarrollo económico sostenible inclusivo y nutricional de las zonas rurales (Progresar rural)» por $31.3 millones; y el contrato de préstamo con el Fondo OPEP por $30 millones fueron publicados en el Diario Oficial del 11 de diciembre.

    Según el cuadro de asignaciones de los préstamos del FIDA por un total de $31.3 millones, se destinarán $9.74 millones para donaciones y subvenciones a negocios rurales.

    De los fondos, también se destinarían $1 millón para vehículos, equipos y materiales; $1 millón para asistencia técnica, $6.65 millones para obras de infraestructura y $5.21 millones para salarios y costos operativos, además de fondos sin asignación.

    Este primer programa busca beneficiar a 74,000 familias rurales de la agricultura familiar en condición de vulnerabilidad: al menos 50 % mujeres, 25 % jóvenes y 4 % población indígena.

    Estos incluyen: productores rurales en zonas pobres o extremadamente pobres afectados por «la doble carga de la desnutrición y alta vulnerabilidad ambiental y climática», mujeres rurales que pertenezcan a organizaciones o dispuestas a organizarse, jóvenes entre 18 y 29 años, entre otros.

    Según el convenio, el programa priorizará las regiones central, paracentral y occidental del país, aunque también se detalla que habría acciones en el distrito de riego Lempa Acahuaca y el financiamiento de emprendimientos para jóvenes rurales en la región oriental atendida por Rural Adelante.

    Cooperativas de crédito e innovación para la venta de los productos agrícolas

    Mientras, un segundo préstamo del Fondo OPEP por $30 millones financiará, entre otros, la educación financiera para más de 120,000 agricultores y el establecimiento de 150 cooperativas de crédito rurales con 20 fondos rotatorios.

    El programa financiado por el Fondo OPEP se denomina «Programa de desarrollo económico sostenible, inclusivo y nutricional de las zonas rurales» (Progresar Rural). También está dirigido a pequeños agricultores, mujeres y jóvenes y poblaciones indígenas, para fortalecer sus capacidades productivas.

    El proyecto busca transformar los sistemas agroalimentarios en sistemas «sostenibles, saludables e inclusivos» para familias rurales en situación de pobreza. Incluyen inversión en infraestructura para riego, viveros y laboratorio de alimentos.

    Uno de los resultados que esperan del programa es la «reducción de escasez del agua de 26,562 hogares».

    El componente de transformación productiva y comercial sostenible incluye inversiones en negocios para organizaciones de productores y mecanismos de comercio electrónico para el acceso a los mercados de los pequeños productores tanto a nivel nacional como internacional, lo que les permitiría vender directamente a los consumidores y las empresas.

    También, promete «establecer 150 cooperativas de crédito rurales y al menos 20 fondos rotatorios junto con mejoras en los planes de seguros agrícolas y climáticos».

    Según el documento esperan el aumento de las ventas de al menos 200 organizaciones de productores, la creación de 5,820 puestos de trabajo, incluidos 2,087 para jóvenes, la participación del 40 % de las familias en innovaciones comerciales y la educación financiera para más de 120,000 agricultores.

    Dentro del financiamiento del Fondo OPEP, se incluye el financiamiento rural inclusivo, que promete acceso al crédito y servicios financieros, con grupos de ahorro rurales y fondos rotatorios y educación financiera para los beneficiarios.

  • Extienden la vigencia de los permisos de factibilidad de aguas lluvias de la Opamss y establecen nueva tarifa

    Extienden la vigencia de los permisos de factibilidad de aguas lluvias de la Opamss y establecen nueva tarifa

    Los permisos de factibilidad de aguas lluvias emitidos por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) para los proyectos de construcción tendrán una duración de cuatro años y ya no de un año.

    El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss) amplió la vigencia del trámite de factibilidad de drenaje de aguas lluvias porque consideran que mantienen su validez técnica durante los cuatro años y que ello contribuirá a la “eficiencia administrativa y reducción de trámites repetitivos para los usuarios”.

    El Coamss también argumentó que buscan “asegurar la viabilidad de los proyectos y proteger la inversión realizada por los interesados” y, además, sostuvo que los trámites en otras instituciones “tanto públicas como privadas pueden experimentar demoras debido a la complejidad técnica de los proyectos”.

    La nueva vigencia aplicará también a las resoluciones favorables de factibilidad de drenaje de aguas lluvias emitidas por la OPAMSS con anterioridad y aún en vigencia con el inicio en vigor del decreto, que iniciaron su vigencia el 9 de diciembre.

    Sin embargo, el Coamss también modificó la tarifa, debido a que consideraron que habría una disminución de ingresos por la ampliación de la vigencia del trámite y la reducción en la frecuencia de solicitudes.

    La nueva tarifa quedó en $273 como tarifa base hasta 200 metros cuadrados de terreno más $0.50 por cada metro cuadrado excedente para una vivienda unifamiliar o duplex en lote individual, y $1 por cada metro cuadrado de terreno excedente para más de una vivienda unifamiliar o duplex, condominios horizontales, verticales u otros proyectos.

    Según el documento “Servicio ofrecidos en OPAMSS”, la factibilidad de drenajes de aguas lluvias es una resolución en donde se define el punto y las condiciones para realizar la descarga final de las aguas lluvias que provendrán de un proyecto de construcción.

    Para presentar una solicitud de factibilidad de lluvias, los proyectistas buscan evitar la inundación de calles, minimizar riesgos ante tormentas y evitar que se produzcan mayores caudales a los producidos antes del proyecto.

  • Diputado de Nuevas Ideas: «Esas cláusulas pétreas tienen que irse transformando poco a poco y eso estamos haciendo»

    Diputado de Nuevas Ideas: «Esas cláusulas pétreas tienen que irse transformando poco a poco y eso estamos haciendo»

    El diputado Walter Coto, del partido Nuevas Ideas, aseveró esta semana que las conocidas cláusulas pétreas en la Constitución de la República deben irse modificando y que efectivamente es lo que poco a poco están haciendo en El Salvador.

    «Lo hemos discutido en muchos lugares, en campos de debates de abogados, en donde decíamos, mire, es que es importante que nosotros también hagamos transformaciones. Esas cláusulas pétreas, que estaba escrito a piedra las cosas, no, tienen que irse transformando poco a poco y eso estamos haciendo», aseveró el martes pasado el diputado oficialista.

    El legislador consideró que se encontraba en una sesión plenaria «que está transformando el país».

    «La Constitución como tal no es una pieza de un museo, es decir que poco a poco se va renovando, tanto así que la historia nos establece que a medida que la sociedad va creciendo, va transformándose, como es el caso de El Salvador, también se tienen que ir transformando sus leyes secundarias y también la ley primaria o la Constitución», señaló, al inicio de su intervención.

    Coto explicaba así la reforma constitucional que estaban aprobando el 16 de diciembre para suprimir el mínimo presupuestario del Órgano Judicial. El artículo 172 establecía un mínimo del 6 % de ingresos corrientes del presupuesto general del Estado para el Órgano Judicial.

    «Otros países tienen esa posibilidad, que la Corte Suprema de Justicia emite su presupuesto y va a la Asamblea Legislativa, no somos los únicos», indicó.

    En la Constitución salvadoreña, las cláusulas pétreas están básicamente en el artículo 248.

    El artículo 248 de la Constitución dice en su último inciso: «No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República».

    Este año fue reformado el artículo 248 de la Constitución para que cualquier modificación constitucional pueda ser aprobada en una sola legislatura y no en dos, como lo establecía.

    Esa reforma permitió que Nuevas Ideas habilitara, el 31 de julio de 2025, la reelección presidencial indefinida. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial en periodos continuos, una de las cláusulas que eran consideradas pétreas. La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República era otra cláusula pétrea.

    A inicios de diciembre, el abogado Miguel Ángel Cardoza, quien fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral, sugirió revisar la Constitución y las cláusulas pétreas que se han ido «reinterpretando» en El Salvador.