Autor: Yolanda Magaña

Cinco mil funcionarios de 113 instituciones públicas se graduaron el viernes en un evento que reunió a varias autoridades de gobierno, entre estos el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y la ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros.

Esta sería la primera graduación del Programa de Certificación en Administración Pública en la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), cuyo rector es Ulloa.

Según Vicepresidencia y el Ministerio de Educación, la formación incluyó áreas de ética, combate a la corrupción, administración pública, derecho administrativo, finanzas, blockchain y bitcoin, activos digitales, ciberseguridad, inteligencia artificial, transparencia, ejecución de proyectos y nuevos marcos legales.

Según la Vicepresidencia, las tres instituciones con mejor desempeño fueron: los ministerios de Gobernación y Educación, y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Felicito a cada empleado por haber culminado este proceso con éxito, especialmente a los 50 colaboradores del Ministerio de Educación”, expresó la ministra Trigueros.

También acudieron a la graduación el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman; el fiscal general, Rodolfo Delgado; el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa; y el secretario jurídico de la presidencia, Adolfo Muñoz. En el acto, pronunciaron discursos varios funcionarios públicos.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Mejía, defendió la asignación presupuestaria de $533.45 millones para el Órgano Judicial alegando que ese monto se da «por mandato constitucional». El presupuesto aprobado para el año 2025 fue de $492.3 millones.

Ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, el funcionario aseguró que no es que la CSJ «pide» ese monto y que no significa que no tengan una política de austeridad.

“Por mandato constitucional, conforme al artículo 172 de la Constitución, pues, se asigna el 6 % de ingresos corrientes, eso no implica que nosotros no tengamos política de austeridad”. Henry Mejía, presidente de la CSJ.

Dos diputados de Nuevas Ideas también afirmaron que el monto presupuesto de la CSJ se da por Constitución y felicitaron a la CSJ por un ahorro de $271,752 en arrendamientos de inmuebles al construir sedes judiciales durante el año.

«Vale la pena recalcar, además, también aclarar estamos cumpliendo precisamente a un mandato constitucional tanto en el estudio del presupuesto general de la nación, como también en la asignación que ya está integrada para la CSJ, que es del 6 %». Giovanny Zaldaña, diputado de Nuevas Ideas.

«Tanto el Gobierno Central como la Asamblea y ustedes han demostrado que también la CSJ se han sumado a esa política de austeridad», dijo el diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, en referencia a un ahorro anual en arrendamientos de inmuebles presentado por el gerente general de la Corte, Julio Alberto Chávez.

La Corte sostuvo que las construcciones realizadas durante 2025 le generó el siguiente ahorro:

• Centro judicial de Apopa: ahorro anual de $19,049.06 anuales.
• Sala de audiencias de Intipucá, La Unión: ahorro de $6,600.
• Sala de audiencia de Anamorós, La Unión: ahorro de $10,800.
• Depósito de gestión documental de Usulután: ahorro en alquiler de bodegas de $105,480.
• Centro judicial contra crimen organizado con 12 salas de audiencias y seis tribunales con 24 despachos judiciales (según la diferencia del total, sería de $129,822.94).

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, instó a preguntar quién se beneficiaba de los contratos de arrendamiento. «Todos estos presupuestos los hacían debajo de la mesa y ocultándoles datos al pueblo y de ahí nace quién se beneficiaba de tanto contrato de arrendamiento en la Corte, quién se beneficiaba y por qué. Felicitarles porque la estrategia de empezar a construir los propios juzgados y centros judicial, yo creo que es una buena medida», dijo. Aseveró que se enteraron que había contratos prolongados.

Navarro también aseguró que el presupuesto de la CSJ «sí es constitucional» pero que algunas personas «de manera malintencionada dice ‘qué barbaridad son más de 500 y algo’ (millones)».

«Pero hay que decirlo que no es que tiran ese dinero a una cuenta y hay que gastarlo en lo que no… Si hay un remanente, ese dinero regresa al Ministerio de Hacienda… Estamos en el mismo barco y hay que sacrificarnos… Les pedimos que hagan su mayor esfuerzo para optimizar los recursos». Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

El diputado Navarro pidió a la CSJ optimizar los recursos.

«Les pedimos que se optimice el recurso financiero. Todas las instituciones del Ejecutivo, del Legislativo, nosotros acá hemos hecho un gran esfuerzo… Teníamos dos bonos, los eliminamos, eliminamos seguros médicos privados, prestaciones como vehículos para los diputados, gasolinas, teléfonos con línea ilimitada. Estamos en el mismo barco y hay que sacrificarnos. Sabemos que las funciones son muy importantes pero les pedimos que hagan su mayor esfuerzo para optimizar los recursos financieros», le dijo Navarro al presidente de la CSJ.

La CSJ mantuvo durante el año 2025 los seguros privados de vida y hospitalarios para los magistrados, jueces y personal en general. En su presentación, el gerente de la Corte detalló que en gastos financieros y seguros destinarán $16,324,360 y mencionó únicamente seguros de bienes muebles e inmuebles, así como impuestos, entre otros.

Hasta septiembre de 2025, según el Ministerio de Hacienda, la Corte presenta una ejecución presupuestaria del 46.8 % de su presupuesto del presente año. Hasta ese mes, la CSJ reporta un total de $230,593,843.30 devengados de un total de $491,848,845 programados para el año 2025, según el Portal de Transparencia Fiscal.

Presupuesto de la CSJ presentado para 2026

• Remuneraciones: $298,871,205
• Servicios básicos y arrendamientos: $91,234,945
• Gastos financieros, incluye seguros (póliza de seguro de bienes muebles e inmuebles, servicio de seguro para vehículos de transporte, impuestos y derechos municipales, permisos de construcción, derechos de matrículas de vehículos, motocicletas y armas, entre otros): $16,324,360
• Transferencias corrientes (pago de préstamo a España): $245,415
• Inversiones en activo fijo (aires acondicionados, transporte, equipo médico para Medicina Legal, plantas telefónicas y alarma contra incendios): $57,273,230
• Infraestructura física: $69,505,845
• Total: $533,455,000

Desde junio del presente año, el Ministerio de Cultura ha contratado a un total de 114 artistas dentro del proyecto “Experiencia Cultural ¡Es para vos!” en la cual realizan presentaciones en diferentes lugares del país.

Las presentaciones han ido aumentando, ya que el un inicio comenzaron los fines de semana. “Evaluamos en lugar para poder colocar la agenda cultural pertinente. Si es música se mandan músicos, también contratamos cantantes”, indicó el ministro de Cultura, Raúl Castillo, a diputados de la Comisión de Hacienda.

Del 21 al 29 de junio se realizaron 7,480 actividades, en julio, 11,367; en agosto, 15,442 y, en septiembre, 16,680 actividades.

Durante los cinco meses que se lanzó esta estrategia, el Ministerio de Cultura ha registrado 75,191 usuarios o visitantes de estas actividades.

En la presentación a los diputados de la Comisión de Hacienda por el ministro de Cultura, Raúl Castillo, se detalló que cada artista contratado por el Ministerio de Cultura para la realización de presentación “es ingresado a la base de RENTCA quedando registro para futuras contrataciones”.

De acuerdo con la presentación, esto es considerado un apoyo para generar “empleos directos” a los artistas nacionales y dinamizar la economía local. “Se han contratado en este periodo a 114 artistas y se han hecho 400 presentaciones de experiencia cultural”, reveló el funcionario.

Castillo sostuvo, en su reunión con los diputados este viernes, que “El Salvador ha entrado en un cambio”. “Queremos que el artista pueda vivir de lo que produce”, indicó durante su presentación.

Los “mayores llenos” se han tenido con la “Orquesta de Centros Penales” y es “una de las que mayor demanda tienen”, según el ministro.

El nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Sosa, aseveró ante los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa que están pidiendo un aumento presupuestario para “fortalecer el trabajo operativo” y elevar “el trabajo de los juicios de cuentas”.

El funcionario argumentó que “donde hay recursos públicos ahí tiene que estar la Corte de Cuentas” y que deben “garantizar que cada dólar se utilice de una manera transparente”. “Nosotros como Corte de Cuentas, necesitamos más recursos para que la fiscalización llegue a cada rincón del país”, aseveró el titular de la institución.

El presupuesto de la Corte de Cuentas para el presente año fue $50,448,939 y solicita para el próximo año un presupuesto de $55,820,585, más de cinco millones de dólares adicionales.

Un total de $26.1 millones del presupuesto se destinaría a la Dirección y Administración de la institución, un 47 % del presupuesto. El control y la auditoría comprende el 53 % del presupuesto, $29 millones.

Lo que busca, detalló, es realizar el 100 % de las auditorías y modernizar los procesos de fiscalización según estándares internacionales e implementar acciones de control en la modalidad virtual hacia el servicio exterior.

“A todos los consulados, a todas las embajadas como CCR, los vamos a estar auditando por medio de un sistema de auditoría virtual”, anunció Sosa.

Abrirán Dirección Anticorrupción

El presidente de la Corte de Cuentas aseguró que la institución tendrá un papel trascendental en la Ley Anticorrupción, ya que van a “implementar la Dirección Anticorrupción” dentro de la institución.

Dijo que deben garantizar la certificación bajo la norma ISO 37001 2016 antisobornos. “Se va a buscar que se elimine totalmente el soborno en la institución”, expresó.

Dentro de las metas para 2026, el funcionario detalló que se han proyectado realizar 522 auditorías en 2026, cuando en 2025 harán 442 auditorías; así mismo, proyectan sustanciar 732 procesos de juicios de cuentas cuando en 2025 hicieron 486.

“Vamos a llegar a cada rincón del país con auditorías reales, eficientes y sobre todo de calidad”, prometió.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, le preguntó si aumentarán personal en la institución, dado que aumentarán la cantidad de las auditorías. El funcionario respondió que buscan fortalecer el talento humano. Navarro insistió en preguntar si aumenta el personal. “A partir de cómo vayamos ejecutando el plan de auditorías”, respondió el funcionario.

Sosa indicó que cuando llegó a la Corte de Cuentas había gestiones en distintas instituciones que no eran auditadas.

“Cuando yo llego veo que hay gestiones de diferentes instituciones que no eran auditados en 2020, buscamos realizar auditorías de calidad, uno de los planes 2025 es auditar a los 16 ministerios y a las cuatro autónomas al año de gestión 2024”, explicó.

La Asamblea Legislativa recibió el martes una petición de exoneración de todo tipo de impuestos para la introducción de 965 cajas de medicamentos para el tratamiento de pacientes con cáncer del Hospital Nacional Especializado Rosales.

La donación fue realizada por The Max Foundation mediante un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud.

The Max Foundation es una organización sin fines de lucro que ha desarrollado programas de acceso de tratamientos para el cáncer dirigidos a personas de escasos recursos económicos.

La donación consiste en 500 cajas de medicamento Glivec FCT 400 mg., además de 465 cajas de medicamento Glivec FCT 100 mg.

La exoneración se aplicará a todo tipo de impuestos, Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), IVA, tarifas por servicios marítimos y portuarios, costos de bodegaje y manejo sobre la importación.

The Max Foundation es una organización sin fines de lucro registrada en Estados Unidos que recibe donaciones individuales y corporativas, como del Grupo Tanner Pharma, que apoya iniciativas de acceso a medicamentos.

Los cinco espacios culturales más populares de El Salvador concentraron el 75 % de las visitas que reciben los espacios culturales del país, según las cifras del Ministerio de Cultura brindadas este viernes por el ministro Raúl Castillo a diputados de la Comisión de Hacienda, que está recibiendo a los funcionarios públicos para que expliquen sus presupuestos para el año 2026.

Este top 5 de lugares culturales más visitados, encabezado por la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), ha recibido 2,915,862 visitantes en el último año. Durante ese mismo año, desde octubre de 2024 hasta octubre de 2025, ha habido un total de 4,027,350 en espacios cultalres, dijo esta mañana el ministro de cultura, Raúl Castillo.

El top 5 de los espacios culturales más visitados en El Salvador son: la BINAES, construida en 2023 por China Popular y ubicada en el Centro Histórico de San Salvador; el Palacio Nacional, construido entre 1905 y 1911 y remodelado en 2024; el Parque arqueológico Tazumal, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste; el Museo de Historia Natural, construido en 1976; y el Teatro Presidente, inaugurado en 1971.

El ministro reveló que el Ministerio que dirige ha realizado más de 2,300 actividades dentro de la BINAES y que en estas ha atendido a 1.6 millones de salvadoreños.

“La BINAES se consolida como el pilar fundamental en desarrollo cultural y educativo del país, nosotros empezamos a llamar a la BINAES no como una Biblioteca sino como un centro de conocimiento”, dijo esta mañana el funcionario.

Dentro de estas visitas, el gobierno registra un aumento del 28.4 % en los turistas extranjeros que visitaron estos lugares culturales, de 175,936 a 225,917 turistas extranjeros, siempre en los periodos de enero a octubre de 2024 a 2025. En el mismo periodo de 2023, Cultura registró solo 47,175 turistas extranjeros; y en 2022, 28,842.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) registró un total de 4,112 salvadoreños deportados desde el extranjero, vía aérea, en el periodo de julio a septiembre de 2025, el 94 % provino de los Estados Unidos; y el resto de México y otros países.

Durante el tercer trimestre del año, hubo 366 salvadoreños más deportados que el mismo periodo de 2024, lo que representó un incremento del 9.8 % en las deportaciones por vía aérea.

Con la actualización del tercer trimestre, al menos 10,154 salvadoreños han sido deportados en nueve meses del año 2025, un promedio de 37 cada día y una leve disminución de aproximadamente 11 % respecto al mismo periodo del año pasado.

La tendencia, según las cifras de Migración, muestra que durante los últimos tres años, de 2022 a 2024, la cantidad de compatriotas deportados se ha mantenido entre 13,000 y 14,000 anuales, luego de mostrar una baja en 2020 y 2021, lapso en que se declaró la pandemia por covid-19.

En años anteriores, Migración registraba más deportaciones: 21,752 salvadoreños deportados en 2015, un total de 28,934 en el año 2016 y 20,410 en el año 2019.

La cifra de Migración es cercana a la divulgada por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, quien indicó el 11 de noviembre pasado que El Salvador había recibido 145 vuelos federales desde Estados Unidos con 10,025 salvadoreños deportados.

En diez años, de 2015 a 2024, la DGME ha registrado 165,733 salvadoreños deportados o retornados del extranjero, mayoritariamente de Estados Unidos. Los informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) reportan 143,709 salvadoreños deportados en el mismo periodo, con caídas durante 2021 a 2023 pero que cerró en 15,284 en 2024.

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) elaboró un plan de reasentamiento involuntario que busca compensar a las personas y los bienes afectados por el proyecto de construcción del bypass de Apopa y las estructuras relacionadas, con financiamiento del Banco Mundial.

El reasentamiento involuntario es el desplazamiento obligatorio o forzoso de personas que tengan inmuebles en los lugares en donde se realice la construcción de una obra pública, para lo cual se establecen compensaciones.

La Asamblea Legislativa recibió el martes el proyecto de decreto transitorio que facultaría al MOPT a suscribir acuerdos para adquirir, compensar o restituir los inmuebles a las familias y brindarles soluciones habitacionales, estrictamente las que tengan que ver con el financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el bypass con puente atirantado que se construirá en Apopa.

El Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) para el bypass de Apopa fue aprobado el 4 de agosto de 2025, luego de una verificación sobre las normas del Banco Mundial sobre “Adquisición de tierras, restricciones al uso de la tierra y reasentamiento involuntario” que busca garantizar la “compensación, mitigación y atención a las personas y bienes afectados por el proyecto”, según el proyecto de decreto enviado por el ministro, Romeo Rodríguez.

La Norma EAS5 del Banco Mundial indica que, cuando no pueda evitarse la adquisición de tierras o las restricciones sobre su uso, el Banco ofrece a las personas afectadas compensación al costo de reposición y otro tipo de asistencia necesarias o restablece sus estándares de vida o medios de subsistencia. Esta norma establece indicaciones para compensar a las personas que posean tierras agrícolas, urbanas o viviendas y que salgan afectadas por el proyecto.

El decreto facultaría al MOPT a dar soluciones habitacionales temporales a las familias afectadas, donar inmuebles al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) y prohibirían a las familias transferir los bienes que reciban por 20 años.

La construcción tendría una duración de seis años el bypass de cuatro carriles sobre la Carretera de Oro, entre las comunidades San Pablo y Los Elías hasta el kilómetro de la carretera Troncal del Norte, 12 obras de paso a desnivel, una carretera de circunvalación de 13 kilómetros, iluminación, señalización, paradas de buses, y una estructura atirantada de 320 metros de longitud con dos pilones, un claro central de 160 metros y dos de 80 metros.

El abogado Guillermo García manifestó este jueves que hasta hoy desconoce el estado de salud de su cliente, José Santos Melara Yanes, líder del movimiento Alianza Nacional El Salvador en Paz que fue arrestado y acusado de planificar actos de terrorismo en la toma de posesión del segundo gobierno de Nayib Bukele.

García dijo que evalúa establecer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Lo estamos valorando, justamente porque en el caso del compañero José Santos Melara Yanes, por su condición de salud y de privación de libertad fácilmente puede ser aceptado en la CIDH”, indicó.

El abogado estuvo en una conferencia este jueves en donde la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Anvegfmln) exigió la liberación de Melara Yanes, también líder de la asociación; además del directivo Julio Alfonso Mira Dimas y del colaborador Luis Orlando Alberto Menjívar.

El abogado aseguró que la situación de Melara Yanes “es complicada”.

“No puedo guardar silencio ante las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en este país. Adolece de enfermedades crónicas, degenerativas e incurables. Han pasado por tratamiento antes de su captura. Hasta esta fecha se desconoce el estado de salud de nuestro compañero Pepe”, aseguró.

Según García, la más reciente solicitud sobre un reconocimiento médico para Melara Yanes fue realizada el 25 de noviembre, pero dijo que no ha recibido respuesta. “Desconozco si el centro penal occidental ha permitido el ingreso de los médicos para que realice el reconocimiento de salud”, indicó.

Melara Yanes cumple un año y seis meses de estar privado de libertad. Fue arrestado entre el 30 y 31 de mayo, cuando se realizó un operativo de capturas contra líderes del movimiento de izquierda Alianza El Salvador en Paz, así como al comunicador de Chalatenango Luis Menjívar y el excomandante del FMLN, Atilio Montalvo, acusados de estar vinculados a un plan supuestamente de “detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas” que se llevaría a cabo el 1 de junio de 2024 según las autoridades salvadoreñas.

La asociación Anvegfmln considera que estas detenciones fueron arbitrarias y “sin tener prueba alguna del cometimiento de delitos”. “La prolongada reclusión, sumada a su delicado estado de salud representa un riesgo inaceptable para su integridad física y emocional de nuestros compañeros”, expresó la asociación en un comunicado.

Antes de la segunda toma de posesión de Bukele, en diciembre de 2023, Melara Yanes participó en una conferencia de prensa en donde diferentes líderes de izquierda, incluido el exembajador Rubén Zamora, se manifestaron por una “insurrección pacífica, en paz y sin armas”. En diciembre de ese mes, un juzgado emitió una orden de captura contra Zamora acusado de aprobar la amnistía de 1993 y encubrir la masacre de El Mozote, algo que su familia consideró una persecución política.