Categoría: Opinión

Con tasas de interés que alcanzan niveles impensables y condiciones abiertamente abusivas, el crédito informal o usura se ha consolidado como el principal obstáculo para el desarrollo de un amplio segmento de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en El Salvador. Lejos de ser un fenómeno marginal, la usura se ha convertido en un componente estructural del ecosistema financiero nacional, sosteniendo el funcionamiento cotidiano de miles de empresas a costa de erosionar sus márgenes de rentabilidad, restringir la inversión productiva y perpetuar la informalidad.

En 2024, las MYPES salvadoreñas obtuvieron de prestamistas informales o usureros un estimado de US$ 1,251.5 millones, monto que equivale al 7.4 % del crédito total otorgado por el sistema financiero formal a sus diferentes clientes. Esta cifra corresponde únicamente al financiamiento dirigido a las MYPES y no al conjunto de la economía, lo que subraya la magnitud del problema. Su persistencia confirma el fracaso de la Ley Contra la Usura, promulgada en 2013 con el propósito de proteger a los prestatarios más vulnerables y reducir las prácticas abusivas.

Las condiciones bajo las que operan estos préstamos son abiertamente desproporcionadas. Las encuestas revelan que las tasas de interés promedio anual alcanzaron 2,628 % en 2019 y 1,869 % en 2022, con casos extremos que superan el 13,500 %, es decir, más de veinte veces las tasas promedio del crédito formal. En la práctica, estos préstamos se conceden por montos pequeños —frecuentemente menores a US$ 500—, con plazos de menos de 30 días y pagos diarios.

Las garantías exigidas van desde pagarés y letras de cambio hasta hipotecas o firmas solidarias, exponiendo a los empresarios al riesgo de perder sus activos ante cualquier incumplimiento. Pese a ello, ocho de cada diez MYPES recurren a los prestamistas informales, atraídas por la exclusión del sistema financiero formal, la inmediatez del desembolso, la ausencia de trámites burocráticos y una flexibilidad que las instituciones financieras formales no les ofrecen. Este círculo vicioso revela una contradicción: el crédito informal es simultáneamente un mecanismo de sobrevivencia y una trampa que impide el crecimiento.

El desglose de las estimaciones evidencia las distintas formas en que las MYPES se vinculan con la usura. De los US$ 1,251.5 millones anuales, alrededor de US$ 661.3 millones provienen de empresas que se autoexcluyen del sistema financiero formal, convencidas de que este resulta inaccesible para su realidad. Otras MYPES —por un monto cercano a US$ 432.4 millones— combinan crédito formal e informal para completar su capital de trabajo, lo que refleja la insuficiencia de la oferta regulada.

Finalmente, unas US$ 157.8 millones corresponden a MYPES que, tras ser rechazadas por las instituciones formales por falta de garantías o historial crediticio, no tienen otra opción que recurrir a los usureros. En todos los casos, la usura se impone como la opción “rápida y segura”, pero a un costo devastador. Estas prácticas drenan la liquidez de los negocios, reducen su capacidad de reinversión y, a mediano plazo, los empujan a la informalidad o al cierre definitivo. La magnitud del fenómeno evidencia que la exclusión financiera no es una excepción, sino una regla en el funcionamiento del sector MYPE salvadoreño.

A una década de su promulgación, la Ley Contra la Usura no ha logrado frenar las prácticas abusivas que pretendía erradicar. El 62.2 % de las MYPES sigue recurriendo a prestamistas informales y pagando tasas exorbitantes. Esta ineficacia se explica por tres debilidades estructurales. Primero, el diseño legal excluye del cálculo de los topes máximos al mercado informal, dejando fuera precisamente el segmento donde la usura opera con mayor intensidad. Segundo, la supervisión estatal es prácticamente inexistente en los territorios y circuitos financieros donde los prestamistas actúan con total impunidad. Y tercero, la ley carece de incentivos para que las instituciones financieras amplíen su cobertura hacia segmentos de mayor riesgo, lo que termina reforzando el círculo de exclusión.

En la práctica, la normativa ha servido más para delimitar los márgenes del crédito formal que para proteger efectivamente a los prestatarios del abuso. Al no atacar la raíz del problema —la falta de acceso y de productos financieros adecuados—, la usura sigue expandiéndose, con una sofisticación creciente en sus mecanismos de cobro y en su capacidad para evadir la acción de las autoridades.

La usura aplicada a las MYPES no es solo un problema financiero, sino un obstáculo estructural para el desarrollo. Constituye un mecanismo de financiamiento de altísimo costo que asfixia la productividad, reduce la inversión y limita la generación de empleos de calidad. Sus efectos multiplicadores son devastadores: impide el encadenamiento productivo, frena la innovación y perpetúa la desigualdad entre empresas formales e informales. Este fenómeno debe entenderse como una señal de alerta para el país. El crédito informal revela la incapacidad del sistema financiero para responder a la realidad de miles de microempresarios que operan con ingresos irregulares, escasa documentación y necesidades de liquidez inmediata. No se trata solo de sancionar la usura, sino de construir alternativas viables que la hagan innecesaria.

Enfrentar este problema requiere una estrategia de múltiples dimensiones. En primer lugar, una revisión integral de la Ley Contra la Usura que incluya mecanismos efectivos de supervisión y sanción en el mercado informal. En segundo lugar, la creación de instrumentos financieros adaptados a las características de las MYPES, con mayor flexibilidad en plazos, garantías y montos, pero dentro del marco regulado. En tercer lugar, el fortalecimiento de la educación financiera, de modo que los empresarios puedan comprender los riesgos de la usura y tomar decisiones informadas. Finalmente, se requiere una alianza entre el Estado, las instituciones microfinancieras formales y la banca de desarrollo para canalizar recursos hacia segmentos actualmente excluidos. Mientras estas reformas no se materialicen, la usura seguirá consolidándose como uno de los principales frenos al desarrollo económico y social de El Salvador: un cáncer financiero que alimenta la desigualdad y erosiona el potencial de miles de MYPES.

* William Pleites es director de FLACSO El Salvador

Escribo, desde Medellín, una ciudad pujante con gente encantadora, que considera, al menos con las decenas de personas que conversé, que el primer gobierno de izquierda del país ha sido un completo desastre y que un segundo mandato que responda a esa proyección política conduciría a la nación a su destrucción.

La mayoría de las personas con las que trabé conversación, gente aguda con amplio vocabulario y excelente memoria, consideran al mandatario Gustavo Petro como un hombre inepto, falto de disciplina y sin otra meta que el poder, aunque ignorara qué hacer con él. Más de uno de ellos me dijo que el presidente era más incapaz que Hugo Chávez y Nicolás Maduro juntos, porque no había logrado concretar la mayoría de las metas de su administración que se había propuesto, ni aun, aquellas que harían posible el continuismo de sus propuestas de gobierno.

Por mi parte confieso haberme equivocado. Tenía la idea de que Petro era un hombre disciplinado, trabajador e inteligente, lo contrario a lo que me demostraron sus compatriotas y que aprecio por su fracasada gestión de gobierno en las que hay destacar sus precarias relaciones con Washington, su posición contraria a Israel en la que apoya a los palestinos sin mencionar los crímenes de la agrupación terroristas de Hamás y su actitud mezquina ante el Premio Nobel de la Paz otorgado a la lideresa María Corina Machado.

Debo recordar que en casi todas las conversaciones se habló de un personaje que al parecer para mis interlocutores es una mezcla extremadamente peligrosa entre el místico ruso Grigori Rasputín con el francés Jose Fouché, dos genios tenebrosos que manipularon con extrema habilidad a su favor situaciones complicadas, logrando ambos, una sobrevivencia política que escapaba a toda lógica.

Este sujeto es el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, sin dudas un hombre hábil y de notables recursos.  Fue concejal de Bogotá entre 1998 y 2000, posteriormente fue electo diputado por la capital, llegando al senado en el 2006, posición que ocupó durante 16 años, incorporándose a la campaña presidencia de Petro en el 2022, luego de haber presidido la Cámara Alta.

Benedetti más allá de los talentos que pueda poseer es considerado un hombre particularmente controversial. Su primer cargo en la administración fue embajador en Venezuela, pero antes de cumplir un año en esas funciones presentó su renuncia al presidente Petro, tras la publicación en los medios de comunicación de grabaciones de conversaciones telefónicas, en las que el embajador amenazaba a la jefa de gabinete del presidente, Laura Sarabia, con divulgar información sobre el financiamiento de la campaña electoral que podría derrocar al gobierno y enviar personas a prisión, renunció al cargo de embajador ocupando otras posiciones, hasta ser nombrado ministro del Interior.

No voy a pasar por alto que la mayoría de la población de esa región es partidaria del expresidente Álvaro Uribe, razón por la cual cuando el tribunal de Bogotá absolvió al exmandatario de los cargos en su contra expresaron una gran satisfacción, mientras, el presidente Petro criticaba severamente la decisión judicial, a pesar de haber manifestado en el primer fallo condenatorio que respetaba las sentencias que dictaran los tribunales.

Por otra parte, aprecié una vez más, que es una ciudadanía particularmente pendiente de las relaciones entre su país y Estados Unidos, condición que se evidenció cuando el presidente Donald Trump decidió cortarle la ayuda militar al gobierno de Petro y lo situó casi en el mismo nivel que al capo Nicolás Maduro al calificarlo de ser un líder del narcotráfico las personas expresaron gran satisfacción, valoración que subió de tono cuando se supo que el mandatario junto a su esposa, hijo mayor y el ministro, Armando Benedetti, habían sido incluido en la Lista Clinton, nombre que se le aplica a una lista negra que reúne empresas y personas vinculadas a la posesión de dinero proveniente del narcotráfico mundial.

Las elecciones presidenciales en Colombia son el próximo año y al parecer cada vez es menos probable que el candidato oficialista Iván Cepeda acceda al palacio de Nariño. Cepeda obtuvo muchísimos menos votos que Gustavo Petro en las primarias que lo llevaron a la presidencia y es considerado por muchos más extremista políticamente que el actual mandatario. Ojalá, los electores no vuelvan a equivocarse.

* Pedro Corzo es periodista cubano

En toda sociedad que atraviesa momentos de convulsión o transformación, el sistema de justicia se convierte en el termómetro más fiel del equilibrio institucional. No hay instrumento más sensible que el Derecho cuando el poder y el miedo comienzan a caminar de la mano. La historia enseña que los pueblos pueden sobrevivir a crisis económicas, políticas o sociales, pero no a la erosión silenciosa de su legalidad. Y cuando la legalidad se debilita, también se diluye la capacidad del Estado para reconocer los errores y sanar las heridas que dejan los procesos injustos.

El Salvador vive una etapa decisiva. El deseo legítimo de seguridad ciudadana ha impulsado medidas extraordinarias que, en efecto, han reducido la criminalidad visible. Sin embargo, también han generado una tensión latente entre eficacia y legalidad, entre la necesidad de control y el deber de garantizar derechos. Este dilema no se resuelve con consignas ni con aplausos, sino con madurez jurídica. La grandeza de un Estado no radica en la severidad de sus castigos, sino en la firmeza con que protege las garantías que limitan el poder de castigar.

Esa grandeza se mide también por su capacidad de rectificar. Miles de salvadoreños fueron privados de libertad sin haber pertenecido jamás a estructuras criminales, sin prueba técnica, sin defensa efectiva. Son hombres y mujeres trabajadores, padres, hijos, hermanos, cuyas vidas quedaron suspendidas en el aire entre el estigma y el silencio. Solo quien ha llorado por un ser querido injustamente preso entiende que la justicia tardía no consuela: duele. El Derecho penal moderno no es un instrumento de revancha, sino un sistema racional que pretende contener la violencia mediante la razón.

Su legitimidad no depende de cuántos encarcelamientos produce, sino de cuánta confianza genera en el ciudadano. El poder punitivo es un bisturí, no un martillo: debe aplicarse con precisión, no con furia. El bisturí representa la administración del castigo bajo la lógica del diagnóstico, la proporcionalidad y la técnica jurídica; el martillo, en cambio, simboliza la violencia institucional desprovista de discernimiento. El bisturí corta lo necesario para sanar; el martillo destruye incluso lo que está sano. Un Estado que usa el bisturí del Derecho actúa con control, evalúa consecuencias, calibra la medida del daño y de la pena; un Estado que usa el martillo confunde justicia con venganza, y poder con impunidad.

El bisturí respeta la anatomía del Estado de Derecho; el martillo la fractura. Por ello, el poder punitivo no puede ser emocional ni masivo: debe ser racional, proporcional y humano. Su precisión no lo debilita, lo legitima. Porque cuando el castigo se ejerce sin método, deja de ser justicia y se convierte en una forma sofisticada de violencia estatal. La grandeza del Derecho radica en saber cuándo cortar, cuánto cortar y, sobre todo, cuándo detener la mano antes de dañar lo que aún puede sanar. Y una sociedad solo puede sanar sus heridas cuando libera al inocente, cuando repara al injustamente privado de libertad y devuelve el nombre, el trabajo y la honra a quienes nunca debieron estar tras las rejas.

El reto salvadoreño es mayúsculo: mantener la eficacia del control delictivo sin degradar los principios del debido proceso. En palabras sencillas, no se trata de liberar culpables, sino de no encarcelar inocentes. Porque un sistema que ignora las reglas para alcanzar resultados inmediatos puede ganar batallas, pero pierde legitimidad. La legalidad es lo único que da al castigo su carácter moralmente aceptable. Por ello, se vuelve indispensable crear una vía institucional de revisión, seria y humanitaria, que permita examinar con rigor los miles de expedientes en los que la detención se produjo con vicios procesales.

No para debilitar la política de seguridad, sino para purificarla y devolverle su credibilidad. En el ámbito judicial, los desafíos son más profundos. El juez no puede convertirse en un ejecutor automático de decisiones de poder. Su función no es aplaudir la autoridad, sino someterla al examen de la razón jurídica. La independencia judicial no se mide por la retórica institucional, sino por la capacidad de decidir conforme a derecho, incluso cuando la verdad jurídica incomoda al contexto político. La imparcialidad no es heroísmo; es deber técnico de los que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Y dentro de ese deber técnico debe incluirse la revisión de las resoluciones que afectaron a personas sin vínculo real con las pandillas, permitiendo su pronta excarcelación sin temor ni presión mediática. Por su parte, el abogado tiene la misión de ser la voz del equilibrio. Defender el procedimiento no equivale a obstaculizar la justicia; significa preservar el único marco que la hace posible. Cuando el jurista calla ante la arbitrariedad, contribuye a normalizarla. El miedo a perder un cargo, una relación o una aprobación social ha sido, históricamente, más dañino que la corrupción misma. Las naciones no se derrumban por el abuso del poder, sino por el silencio ante los abusos.

Por ello, se debe crear una Comisión Nacional de Revisión de Casos, apolítica y humanitaria: integrada por jueces honorarios, académicos, representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, y organizaciones sociales, que evalúe expedientes, escuche a las familias y recomiende liberaciones conforme a parámetros objetivos y verificables. El derecho procesal es la forma visible de la civilización. Cada audiencia, cada defensa y cada sentencia son expresiones de un pacto que sostiene a la república: Si ese pacto se debilita, la ley se convierte en retórica, y la justicia, en un discurso vacío.

Por eso, el procedimiento no es una formalidad: es la frontera moral entre el Estado y la arbitrariedad. Esa frontera debe permitir un proceso ágil de revisión judicial especial para detenidos sin acusación firme o con sobreseimientos omitidos, en el que la libertad no se vea como un favor, sino como una restitución de derechos. Hablar de justicia en tiempos de miedo no es un acto de desafío, sino de fidelidad. El miedo ha sido siempre el peor enemigo del Estado de Derecho, porque distorsiona la percepción del deber. Hace que la prudencia se confunda con cobardía, y que el silencio parezca sabiduría.

El Salvador necesita un modelo de justicia que combine firmeza y humanidad. La seguridad no debe construirse sobre la erosión del derecho, sino sobre su perfeccionamiento. No hay contradicción entre castigar y respetar, entre proteger y garantizar. Al contrario, es en la fidelidad a las reglas donde el Estado demuestra su verdadera fortaleza. La autoridad no se mide por el miedo que infunde, sino por la confianza que inspira. Esa confianza crecerá cuando el Estado reconozca, revise y libere a los inocentes, y demuestre que la fuerza de la justicia no está en la dureza, sino en su capacidad de rectificar.

La justicia que humilla pierde su sentido ético; la que corrige y restituye eleva la dignidad humana. La seguridad duradera nace del equilibrio, no de la venganza. Por eso, la Comisión Nacional de Revisión de Casos se erigiría como un acto de madurez jurídica: no para debilitar al Estado, sino para purificar su justicia, reparar lo irreparable y evitar que el dolor de los inocentes se herede a las próximas generaciones. El desafío de nuestro tiempo es mantener viva la conciencia jurídica en medio del ruido, la pasión y la presión. Recordar que la función del derecho no es castigar al débil ni proteger al fuerte, sino garantizar que todos —gobernantes y gobernados— sean medidos con la misma vara.

Solo así El Salvador podrá mirar hacia adelante, con seguridad y con honor, sin renunciar al rostro humano que toda república debe conservar: el de una justicia que no teme al poder, porque sabe que su poder verdadero es la razón. “El juicio será sin misericordia para el que no hiciere misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio». (Santiago 2:13)

Hace cuatro años decidí independizarme laboralmente y comenzar a recibir mi pensión. Después del periodo de pandemia me sentía agotado física y mentalmente; además, necesitaba independencia institucional para continuar escribiendo mis columnas de opinión. Sigo activo profesionalmente, aunque de forma independiente, y continúo escribiendo.

Pero, ¿qué ocurre con el resto de colegas en El Salvador?

En nuestro país, la jubilación no es obligatoria al alcanzar la edad legal de retiro. Los trabajadores pueden continuar laborando si así lo desean. Según la Ley Integral del Sistema de Pensiones, la edad para acceder a la pensión por vejez es de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, siempre que se hayan acumulado al menos 25 años de cotización. No existe, por tanto, una jubilación forzada o automática; la decisión depende del trabajador y del empleador.

La edad de retiro es únicamente una referencia para acceder al beneficio de pensión, no una obligación de cesar actividades. Tampoco existe una normativa específica que obligue a los médicos a jubilarse al cumplir la edad mínima general. La práctica médica puede continuar mientras el profesional mantenga vigente su licencia y autorización emitida por el Consejo Superior de Salud Pública.

¿Debería regularse la práctica médica en profesionales mayores de 60 años?

La medicina es una de las profesiones que más demandan precisión, juicio clínico y actualización constante. Por ello, en muchos países se ha debatido si debiese establecerse una regulación específica para los médicos mayores de 60 años. Este debate enfrenta dos valores esenciales: la seguridad del paciente y el respeto a la experiencia profesional.

Regular la práctica médica en mayores de 60 años puede considerarse necesario desde una perspectiva de seguridad. El envejecimiento no implica necesariamente pérdida de competencia, pero puede afectar la agudeza visual, la memoria o la rapidez de reacción, elementos fundamentales en el ejercicio clínico. Además, la constante evolución del conocimiento médico exige una actualización continua.

Por tanto, implementar evaluaciones periódicas de aptitud física, cognitiva y técnica podría garantizar que los profesionales sigan ejerciendo con plena capacidad.

Países como Japón, Corea del Sur, China, Francia, Italia y España establecen edades de retiro obligatorio del sistema público entre los 60 y 70 años, aunque permiten que los médicos que demuestren sus competencias continúen ejerciendo en la práctica privada.

No obstante, imponer un límite de edad o una jubilación obligatoria también puede considerarse una forma de discriminación. Muchos médicos con décadas de experiencia mantienen habilidades sobresalientes y aportan un valor incalculable en la docencia, la toma de decisiones complejas y la atención empática. La edad, por sí sola, no determina la calidad del ejercicio médico; lo hacen la competencia, la ética y el compromiso profesional.

Por ello, más que fijar una edad de retiro, los sistemas de salud deberían optar por evaluaciones individualizadas. Este enfoque equilibra la seguridad de los pacientes con el respeto a la experiencia acumulada. En conclusión, la regulación no debe centrarse en la edad cronológica, sino en la capacidad real para ejercer la medicina con excelencia y responsabilidad.

¿Qué opinan los médicos?

Aunque en El Salvador no existen estudios sobre este tema, en México sí se ha investigado la postura de los médicos ante la jubilación. Los resultados muestran que entre los profesionales menores de 45 años, la mayoría proyecta retirarse entre los 50 y 60 años (25% y 33% respectivamente). En cambio, entre los mayores de 45 años, el 21% desea trabajar hasta los 70 y el 13% hasta los 80 o más.

Las principales razones para jubilarse fueron el desgaste profesional y la expectativa de una pensión económicamente cómoda. Los médicos jóvenes consideran que la edad es un factor determinante para continuar o dejar la práctica, mientras que los mayores de 45 años valoran más la capacidad individual. Sin embargo, ambos grupos coinciden en que a partir de los 71 años un médico podría considerarse demasiado mayor para ejercer.

En el contexto salvadoreño, con una población envejecida y un déficit de personal de salud, una jubilación obligatoria sería contraproducente. No obstante, en aras de la seguridad del paciente, sería recomendable implementar evaluaciones anuales de competencia médica para los profesionales mayores de 60 años.

De este modo, se equilibraría la protección del paciente con el aprovechamiento de la vasta experiencia de quienes han dedicado su vida a la medicina.

*El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional.

Imaginemos una feria sin toldos: millones de salvadoreños descubren y compran desde una pantalla. En ese mercado sin fronteras, la MYPE que combina su oficio con herramientas digitales y analítica de datos, capta atención, mejora sus ventas y fideliza clientes. En ese proceso ocupa un lugar central la creatividad. No es adorno, sino parte de una estrategia que, al cruzarse con lo digital, aumenta las ventas, abre mercados, fortalece la marca y proyecta identidad cultural.

En El Salvador, el encuentro de las MYPES y la digitalización avanza de forma desigual. El Informe Estado de la MYPE 2025 (Observatorio MYPE y FLACSO) revela que más del 60 % de las microempresas usa la tecnología sólo para comunicarse, mientras que menos del 15 % ha incorporado herramientas de gestión (inventario, facturación, CRM) o comercio electrónico.

Un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), de 2024, muestra que, en El Salvador, la digitalización está dando un aporte a las Industrias Culturales y Creativas (ICC) en sectores como la publicidad, el diseño, la moda y el turismo creativo.

Aunque no fueron consideradas en el mencionado estudio de la OEI, las artesanías — jarrones hechos con técnicas ancestrales, joyería artesanal a base de productos reciclados o jabones hechos con productos orgánicos, entre otros — son una de las ICC que tienen hoy una ventana de oportunidad con el auge turístico que experimenta el país. Con más de 3.4 millones de visitantes y US $3,600 millones en ingresos en 2024, los pequeños talleres que den el salto al mundo digital pueden convertir ese flujo de visitantes y gasto turístico en ventas sostenidas y empleo local.

La artesanía y el mundo digital

La oportunidad es ahora: integrar artesanía y turismo puede multiplicar ingresos y encadenar beneficios en los territorios. Pero para lograrlo, no basta “estar en internet”: el reto es crear valor con lo digital

Las empresas no deben limitarse a presentar sus productos en redes; también deben producir catálogos bilingües y construir relatos que destaquen los valores intangibles del proceso artesanal, como la identidad y el origen de los productos, los cuales se convierten en ventajas competitivas.

Avanzar en esta dirección exige desatar algunos nudos: formación intermitente y poco especializada; financiamiento que no entiende los ciclos creativos; articulación frágil entre MYPES, academia y Estado; y comercialización con baja presencia en plataformas de comercio electrónico.

Desatar esos nudos no requiere una gran reforma, sino decisiones coordinadas: tender puentes de formación entre universidades, empresas, gremios y territorios; abrir laboratorios de prototipado con metas verificables; trazar rutas de comercialización en alianza con plataformas de comercio electrónico y operadores logísticos; crear catálogos bilingües y fichas técnicas; y, muy importante, establecer un sello de autenticidad con criterios de origen, técnica y calidad.

Uno de los mayores hitos de la artesanía salvadoreña tuvo su origen en el talento y la visión de Fernando Llort, artista plástico, humanista y promotor cultural. Inspirado en el paisaje montañoso, la vida cotidiana y los personajes campesinos de La Palma, Chalatenango, Llort desarrolló un lenguaje visual propio, colorido y simbólico, que conjugaba la espiritualidad popular, la geometría ingenua y la alegría de lo cotidiano.

Su estilo fue replicado y reinterpretado por numerosos talleres artesanales, consolidando una de las expresiones más reconocibles del arte salvadoreño contemporáneo. Llort demostró que una artesanía con raíces culturales sólidas puede convertirse en una marca país.

En la era digital, donde la copia y la saturación visual son comunes, preservar una identidad auténtica es clave para destacar y conectar emocionalmente con el público. Llort demostró no solo vendía objetos, sino un relato de identidad, esperanza y color que impulsó el desarrollo local. Hoy, la digitalización puede ampliar estos beneficios si los artesanos logran posicionarse en mercados internacionales, sin perder el equilibrio entre producción, ética y comunidad.

Como lo reconocen la UNESCO y otros organismos, las ICC son un pilar del desarrollo sostenible y de la diversidad cultural, por su aporte económico y simbólico. Tanto la OEI como el Observatorio MYPE coinciden: la transformación digital se sostiene en el conocimiento y también en la creatividad. Una política de innovación con identidad puede alinear economía y cultura: apoyando al talento local, protegiendo la creatividad y convirtiéndola en valor sostenible. La tecnología impulsará la innovación y la cultura aportará sentido.

La ascensión de la República Popular China (RPC) a la cúspide del poder global en tan solo siete décadas es un fenómeno fascinante de estudio desde la criminología, la seguridad y defensa nacional que son mis áreas de interés y, es frecuente, que desconcierta a Occidente. Desde la perspectiva de la criminología y la ciencia política, que estudian el orden, el control social y la arquitectura del poder, la «grandeza» de China no es un accidente histórico ni el simple resultado de la casualidad, sino la manifestación de una planificación estratégica rigurosa, incesante y a largo plazo que ha hecho predecibles sus resultados alcanzados.

La planificación como arquitectura de la estrategia

El éxito de la RPC en la consecución de objetivos masivos como sacar a cientos de millones de personas de la pobreza (que para mí es el que más destaco) construir una infraestructura de clase mundial, establecerse como líder en tecnología 5G e inteligencia artificial puede entenderse a través de lo que denomino preliminarmente el «Síndrome de la Planificación Centenaria». A diferencia de las democracias occidentales, cuyos ciclos políticos de cuatro a cinco años limitan la visión a un horizonte electoral, ya que, aunque gane el mismo partido político, lo cambian todo porque no corresponde al período político de ese líder o grupo de poder el Partido Comunista Chino (PCCh) opera con una visión de décadas, a menudo proyectándose hasta el centenario de la RPC en 2049. Puede usted estimado lector apreciar esta enorme diferencia para nuestros países en América Latina.

Esta mentalidad de planificación se filtra a través de los denominados Planes Quinquenales, que no son meras directrices económicas, o cumplimientos de formalidades, sino documentos fundacionales que dictan la dirección de toda la sociedad. En un Estado la planificación se convierte en la herramienta principal para la gestión del riesgo social y la prevención de la desestabilización o crisis a cualquier nivel. Si un gobierno occidental ve la congestión urbana como problemas a mitigar, el PCCh los ve como amenazas para el desarrollo de sus habitantes, como posibles problemas de salud mental, que retrasara el bienestar de su población y por consecuencia el logro de sus objetivos que deben ser eliminadas mediante la ingeniería social, la creatividad, la participación ciudadana y la inversión masiva

El diseño de una gran nación no es casualidad

En criminología, estudiamos cómo la teoría del control social explica que el orden se mantiene cuando las instituciones tienen la capacidad de hacer cumplir las normas. En China, esta capacidad es inigualable. La planificación de Beijing es un «Diseño de la Cima» un concepto clave que asegura que cada política—desde la reforma educativa y cada una de sus políticas esté alineada con el objetivo estratégico final de la «Gran Rejuvenecimiento de la Nación China.»

Lo que distingue a China no es solo la ambición de sus planes, sino su capacidad de ejecución y cumplimiento, son ejecutores. Los proyectos son concebidos con una firme determinación y los recursos se dirigen sin las fricciones burocráticas o las obstrucciones políticas comunes en otros sistemas. El resultado es un país que puede construir ciudades enteras en una década, desplegar redes de alta velocidad por miles de kilómetros, o movilizar a su población en respuesta a crisis, todo ello siguiendo una hoja de ruta preestablecida.

La «grandeza» de China, por lo tanto, desde mi punto de vista, reside en su disciplina estratégica. Es una grandeza que se mide en megaproyectos completados, en metas de reducción de pobreza alcanzadas, y en el orden interno mantenido a través de una supervisión omnipresente. Los cimientos de su poder no se construyeron improvisadamente; fueron calculados, proyectados y cumplidos a través de 70 años de rigurosa adherencia a un plan maestro. El mundo solo está empezando a comprender las implicaciones de un poder cuyo motor principal es la planificación ininterrumpida. No se trata de un milagro es planificación estratégica que tiene continuidad de 70 años y que les permite buscar el logro de los objetivos nacionales permanentes. Esta columna será leída en treinta años y todas las metas abran sido sobrepasadas. La planificación paga bien.

*Por Ricardo Sosa, Doctor y máster en Criminología 

Experto en seguridad nacional 

En 1974 la Editorial Plaza&Janez publica 12 crónicas escritas entre 1957 y 1959 por quien sería décadas después laureado con el Nobel de literatura, Gabriel García Márquez. Crónicas que viajaban entre lo fantástico y el hecho real reseñado como periodista, mientras trabajaba para la revista Bohemia de Venezuela (originalmente de origen cubana, pero editada posteriormente por sus propietarios, a raíz del triunfo de la revolución cubana).

Fueron doce, escritos que presagiaban obras mayores convertidas en novelas y cuentos que le haría famoso a nivel universal. Dos de ellas, son de lacerante y emocionante actualidad: “El clero en la lucha” y “Caracas sin agua”. Digo emocionante, pero en realidad pareciere escritas para repetirse una y otra vez, cuan si fuera un Sísifo.

Escribe el autor, que una vez  mirando Caracas desde el balcón de su apartamento, en medio de una crisis de ausencia de agua en toda la ciudad que ya se prolongaba por más de una semana, su vecino, se la pasaba mirando el cielo desde su balcón, para desaparecer en  breves minutos, y volver a repetir su acción hasta que el sol se iba en el horizonte.

Una mañana el novel periodista al dirigirse a la sala de redacción de la revista, observó el mismo fenómeno de la acción de su vecino, el del balcón; en la calle, vio que este fenómeno se repetía, muchas personas al detenerse en la esquina antes de cruzar alzaban su mirada al cielo, y movían la cabeza. Fue intrigante para él, ¿qué le pasaba a los caraqueños?, se preguntaría el novel periodista. Seguramente oraban para que pronto cayera la dictadura del General Pérez Jiménez, respondería para sí.

Al atardecer al regresar a su hogar, se asomó de nuevo al balcón y allí estaba de nuevo el vecino, estático, absorto, mirando al cielo; no resistió la impertinencia y se decidió a preguntarle ¿por qué usted y todo el mundo en la calle mira tanto al cielo?. El vecino ladeó su rostro, le miró detenidamente y le dijo: no se ha dado cuenta que tenemos más de una semana sin agua, sin poder lavar los trastos, bañarnos, poder bajar el retrete o tan siquiera asearnos? Me asomo a ver si ya va a llover, le contestó.

La otra crónica que relaciono con la anterior, fue la del “El clero en la lucha”. En esta, García Márquez narra las peripecias, posturas y acciones que asumió el clero venezolano frente a la dictadura de Pérez Jiménez y las amenazas de Pedro Estrada Director de la Seguridad Nacional, de su mano derecha Miguel Silvio Sanz, y del propio Ministro de Relaciones Interiores Laureano Vallenilla-Lanz Planchart.

Allí quedaron para la historia venezolana y la reciedumbre de sus sacerdotes. Quizás por lo importante de su pastoral debemos comenzar por nombrar al Arzobispo de Caracas, Monseñor Rafael Arias, inquieto, luego de muchas peripecias, decidió que se debía leer en todos los templos de Venezuela, el mismo día y a la misma hora, la misma Pastoral que debería estar en cada parroquia el 29 de abril de 1957, para ser leída el 1 de mayo, el Día del trabajador. Y así se hizo, y allí se desencadenó el hostigamiento al clero en la lucha.

Monseñor Rafael Arias, autor de la Pastoral, el padre Hernández Chapellín, director del diario La Religión, el padre José Sarratud, el padre José Osiglia, Monseñor Moncada, el padre Rafael María Alvarez, y cientos más de ellos, esparcidos en todo el territorio, en Caracas como centro de accionar que  desencadenaron el primero de enero de 1958 y luego el 23 de enero de ese mismo año, el fin de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez. “Con la Iglesia hemos topado, Don Sancho”, le susurraría Pedro Estrada al General Pérez Jiménez.

Cincuenta años después, de nuevo la tiranía, esta vez no de militares nacionalistas, graduados en Francia o en la famosa Academia Militar de Chorrillo de Perú, como fue el caso del General Marcos Pérez Jiménez, sino por militares y civiles admiradores de Fidel Castro y su revolución marxista y por antiguos guerrilleros venezolanos de la década de los sesenta, que quisieron edulcorar sus intenciones aviesas con el estrambótico nombre de Socialismo del Siglo XXI, pero que quedó finalmente atrapado por el narcotráfico, los “bolichicos” que transformaron ilusiones en euros y dólares a buen resguardo, y terminaron conformando la organización criminal más poderosa del mundo, dueña total de un estado  gobernado  actualmente Cartel Internacional del Crimen Organizado, instalado en el Palacio de Miraflores y en Fuerte Tiuna.

Verdadero enemigo de la humanidad, que finalmente se ha topado con la Iglesia. Ya no son nuestros héroes del púlpito con su constante denuncia de violación de los derechos humanos, desde que el felón Teniente Coronel Hugo Chávez Frías traicionó su juramento militar y razón de ser, de defender la Constitución y leyes de la República, así como la soberanía nacional (entendida como territorio y ciudadanía), hasta esta insólita ocupación territorial, ideológica y económica que sufre y soporta Venezuela, con el ignaro Nicolás Maduro y sus cómplices que usurpan el poder y martiriza a sus ciudadanos.

*Juan José Monsant Aristimuño es diplomático venezolano retirado, fue embajador de Venezuela en El Salvador

Este escrito va para todos los lectores, es que los seres humanos somos sociables por naturaleza, tal como lo manifestó Aristóteles. Un niño, por ejemplo, no le pregunta a otro ser humano por su edad, en dónde vive, qué posición social tiene, qué cargo ostenta en un determinado empleo, un niño no discrimina, no tiene diferencias. El adulto es el que pone barreras. Por lo tanto, un infante es más sociable.

¿Qué es la sociabilidad? La sociabilidad es un término que se usa para describir la predisposición innata de los seres humanos a asociarse, interactuar y formar relaciones con otros. Esta definición la podemos llevar hasta en la era en donde los humanos tenían que asociarse en grupos para poder cazar animales grandes.

En la actualidad, el ser humano ha cambiado, tal parece que los teléfonos inteligentes le han anulado, casi en su totalidad, las relaciones humanas. Byung-Chul Han manifestó en su discurso como ganador del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades que: “Es el teléfono inteligente el que nos utiliza a nosotros, y no al revés. No es que el smartphone sea nuestro producto, sino que nosotros somos productos suyos. Muchas veces sucede que el ser humano acaba convertido en esclavo de su propia creación”.

En la casa se ha evidenciado que cada quien está como atalaya vigilando su celular, está pendiente de las notificaciones, las cuales no cesan. El celular es muy importante; sin embargo, no cuesta nada saludar a las personas, en una oficina, por ejemplo, alguien entra y saluda y notamos que nadie le contesta el saludo. Todos están hipnotizados con el celular. Recuerdo que en una ocasión, en unos restaurantes en Francia les decían a sus clientes que tenían que conversar y no estar usando los celulares. Estas tecnologías están haciendo que las personas sean asociables.

La pandemia fue un ejemplo de volver a la socialización. De conversar entre familia. Es importante recalcar que la sociabilidad inicia en el hogar. A la hora de ingerir nuestros alimentos, es momento oportuno para que inicie la conversación, que nos preguntemos qué tal nos fue en la faena diaria. En otro contexto, en algunas familias hubo conflictos; ya que, no lograron conectar después de estar sin relaciones humanas por mucho tiempo.

Es importante practicar las relaciones sociales, las cuales son cruciales para el aprendizaje y el bienestar emocional. Mientras tanto, una persona que se aísla tiende a ser apática y se le nota la tristeza. Según la psicología, las personas asociables no son emocionalmente capaces de enfrentar los retos, pierden el sentido de pertenencia y son ansiosas. La soledad es dañina para la salud mental.

En mis cátedras les exhorto a mis alumnos que la clave del éxito de todo ser humano son las relaciones humanas. Entre más amistades tengamos nos irá mejor en la vida. Es importante hasta socializar en las redes sociales. Si alguien, por ejemplo, anhela una plaza laboral, que mejor hacerlo a través de Linkedln. Las redes sociables son una red en donde se nos posibilita acrecentar más las amistades.

Recordemos el título de la canción del brasileño Roberto Carlos, “Un millón de amigos”. Nos deja un mensaje en donde todos somos capaces de abrir los brazos, ser empáticos y tener muchas amistades. Acá se corrobora la hipótesis, mientras más amistades se tengan, incrementa la posibilidad de poder conseguir los propósitos en la vida.

Una persona exitosa es la que practica las relaciones humanas, es la que no busca pretextos o impone barreras. En conclusión, para tener excelentes relaciones humanas, se debe ser amable, generoso, comunicativo, carismático y servicial.

*Fidel López Eguizábal es docente e investigador Universidad Nueva San Salvador

fidel.lopez@mail.unssa.edu.sv

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, encabeza actualmente una campaña militar intensificada contra redes de narcotráfico en el Caribe y en zonas cercanas a Venezuela, bajo la administración Trump. Hasta este 24 de octubre, la operación ha dejado un saldo de 43 personas muertas en 10 ataques contra embarcaciones sospechosas de mantener vínculos con grupos como el Tren de Aragua, catalogados por EE. UU. como organizaciones terroristas.

El gobierno de Trump sostiene que estas acciones reducirán de forma significativa el tráfico de narcóticos hacia el país del norte. Sin embargo, expertos en narcotráfico advierten que la campaña tendrá un impacto limitado, cuando no nulo, sobre el flujo ilícito de drogas.

En los últimos quince años, el negocio de las drogas ilegales ha experimentado una transformación profunda. Hoy, las redes de narcotráfico operan como corporaciones globales, utilizando criptomonedas, la “dark web” y complejos sistemas financieros internacionales. La producción de estupefacientes ya no está centralizada en los grandes carteles tradicionales ni se limita a América Latina o Asia. Actualmente, las drogas sintéticas —como el fentanilo— se fabrican en laboratorios pequeños y móviles distribuidos en diversos países, incluidos algunos centroamericanos, como Honduras, Guatemala y Belice.

África Occidental y los Balcanes se han consolidado como corredores estratégicos hacia Europa. Los nuevos carteles emplean inteligencia artificial, drones y submarinos para evadir la vigilancia de las autoridades. El narcotráfico, cada vez más tecnificado y flexible, logra adaptarse con mayor rapidez que las políticas antidrogas, manteniendo una rentabilidad estimada en más de 500 mil millones de dólares anuales.

La producción de drogas ilícitas ha pasado de depender de cultivos agrícolas en regiones específicas a una industria química globalizada, impulsada por la tecnología y los mercados digitales. El control se ha dispersado: ya no hay “grandes carteles” dominantes, sino redes flexibles y transnacionales que adaptan la producción según la demanda y la presión de las políticas antidrogas. La tendencia global de producción de drogas ilícitas es claramente ascendente. Por ejemplo, la producción de cocaína aumentó cerca de un 50 % entre 2021 y 2023, alcanzando más de 3 000 toneladas en 2023, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El mercado más grande para la cocaína ilícita continúa siendo el de las Américas, especialmente Estados Unidos, seguido por Norteamérica, Europa Occidental y Central, y Sudamérica, que en conjunto conforman los principales centros de consumo a nivel mundial. Simultáneamente, aunque la producción asciende, debido al aumento de la demanda el precio al consumidor también se ha elevado. Así un kilo de cocaína en Estados Unidos oscila entre $28 mil y $70 mil dólares, En Australia, el precio por kilogramo puede llegar hasta los $240 mil dólares y en Irlanda el precio al por mayor ha subido a mas de $40 mil dólares por kilogramo.

Impacto global de la guerra contra las drogas:

La llamada guerra contra las drogas, iniciada formalmente en 1971 por el presidente estadounidense Richard Nixon, buscaba erradicar la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas a través de políticas de represión, militarización y criminalización. A pesar de las enormes inversiones —estimadas en billones de dólares— los resultados han sido limitados y, en muchos casos, contraproducentes. Si bien algunos gobiernos lograron debilitar temporalmente a grandes carteles, la producción y el consumo de drogas no han disminuido. Por el contrario, la industria del narcotráfico se ha adaptado y expandido. Uno de los efectos más notorios ha sido la militarización y el aumento de la violencia, especialmente en países productores o de tránsito como Colombia, México y Honduras.

La ofensiva antidrogas ha generado cientos de miles de muertes, desplazamientos y violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, la criminalización del consumo ha provocado una crisis carcelaria mundial, con millones de personas encarceladas por delitos menores, en su mayoría jóvenes y de bajos recursos.

La guerra contra las drogas también ha debilitado instituciones, fomentado la corrupción y erosionado la confianza ciudadana, mientras que las políticas de erradicación forzada han causado daños ambientales y afectado gravemente a comunidades rurales. Ante estos resultados, y aunque el gobierno de Trump mantenga su cerco ante Venezuela, varios países se han replanteado este enfoque represivo, adoptando estrategias centradas en salud pública, la prevención, y la reducción de daños. Modelos como los de Portugal, Canadá y Uruguay muestran que las políticas alternativas pueden reducir la criminalización y los daños sociales sin aumentar el consumo.

* El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional.

Los escenarios de guerra son proclives para los sinceramientos. Lo que ‘no se puede decir’ en público, en los mensajes secretos, durante las guerras, aparece con claridad y retrata al personaje. Y esto aplica quizá para cualquier guerra.

Durante la segunda guerra mundial hubo a diversos niveles mensajes secretos, que examinados ahora arrojan luz sobre perspectivas, propósitos y talantes.

Un poco antes del estallido de la segunda guerra mundial, Stalin y sus mariscales y sus confidentes quisieron pasarse de listos y gestaron un pacto de no agresión con Hitler y su gendarmería. Y, por un momento, parecía que sí, esas dos potencias enemigas era posible que interpusieran un muro. El cabo Hitler, en un arranque de ansiedad, les ordenó a sus generales lanzarse contra la Unión Soviética, quizá sin haber estudiado un poco lo que le pasó a Napoleón Bonaparte cuando en el siglo XIX se dispuso a avanzar sobre Moscú. Y, claro, pronto llegó el empantanamiento de las tropas alemanas y los jerarcas nazis a lo mejor no lograron comprender a tiempo que se habían descuadrado y habían ―por empeñarse en llegar a Moscú― comprometido sus otros frentes de batalla.

Así, la correspondencia secreta entre Stalin y Churchill comenzó con un mensaje personal que el primer ministro inglés le envió al ‘Sr. Stalin’, y que fue recibido el 8 de julio de 1941, es decir, apenas solo unos días después de que Alemania inició su invasión a la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941.

De algún modo, para los soviéticos, aquello fue sorpresivo, puesto que el pacto Ribbentrop-Mólotov (‘tratado de no agresión’) se había firmado el 23 de agosto de 1939.

Si se sopesa con cuidado ese giro de timón de Alemania, es fácil descubrir la ausencia de elementos de peso para provocarlo. Solo en la enfebrecida mente del cabo Hitler semejante dislocación de fuerzas y recursos podía tener un saldo favorable para el proyecto de dominación mundial pretendido por los nazis.

Pues bien, una vez roto el pacto entre Alemania y la Unión Soviética, sir Churchill se adelantó a ponerle la alfombra ‘roja’ a Stalin, quien después de  dudas / consultas / elucubraciones le respondió el 18 de julio de 1941.

Son bastantes mensajes secretos los que intercambiaron Stalin y Churchill. Hay uno que para los pelos ―fue recibido el 10 de abril de 1942―, y no porque lo dijera Stalin (que a esas alturas venía de ganarse la fama de matarife de sus compatriotas; y es que los Procesos de Moscú son solo un capítulo de aquel pandemónium de liquidación de opositores), sino porque lo escribió Churchill, a quien años después se le concedería el Premio Nobel de Literatura.

Dice así esa joya de sinceramiento: ‘Contesto a su mensaje del 29 de marzo [de 1942]: 1) A principios de mayo haré una declaración por la que los nazis quedarán advertidos de que emplearemos gases tóxicos en respuesta a ataques análogos a su país. La advertencia, claro está, concerniría también a Finlandia con el mismo motivo y también se la mencionará, aunque no veo la forma de que lleguemos hasta allí [¡!]; 2) Tenga la bondad de enviar su especialista en cuestiones de defensa y contraataque anti químicos para valorar exactamente qué materiales necesita recibir de Inglaterra el gobierno soviético. Haremos entonces todo lo que de nosotros dependa para atender sus deseos.; 3) Naturalmente que, si le precisa incluso antes de que se nos entregue el comunicado de su especialista, podemos proporcionarle a usted, por el primer barco que zarpe, un mínimo de mil toneladas de iperita y mil de cloro. La aspersión de iperita representa mayor peligro para las tropas en campo abierto que para los habitantes de las ciudades’. [¡!]

La respuesta de Stalin, el 22 de abril de 1942, es alucinante, porque dice que muchas gracias por la oferta de la iperita y el cloro, pero que él quisiera mejor hipoclorito de calcio y cloramina, y si eso no se puede, pues cloro líquido en bombonas. Todo eso es un desvarío químico de dementes que saben que morirán miles de personas como consecuencia del uso de esos preparados.

Si Stalin o Churchill hubieran dicho esto en una conferencia de prensa, por ejemplo, habría sido un escándalo, y por eso lo hacen por medio de mensajes secretos. En público guardaban las apariencias, pero en el marco del ‘top secret’ desataban sus demonios.  En el discurso público trataban de ser pundonorosos, pero debajo de la mesa no se andaban con chiquitas.

*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones