Categoría: Opinión

De acuerdo con la reciente publicación en The Lancet Regional Health – Americas sobre la plataforma de telemedicina asistida por inteligencia artificial Doctor-SV, este modelo aborda cuatro áreas problemáticas del sistema nacional de salud de El Salvador: financiación limitada, disparidades en el acceso, calidad de la atención y deficiencias en la formación de profesionales de la salud.

El modelo se implementa en dos fases. La primera, iniciada en noviembre de 2025, cubre el diagnóstico y tratamiento de enfermedades leves no complicadas, como infecciones comunes, salud maternoinfantil y salud mental. La segunda, iniciada en abril de 2026, incorpora el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.

Aunque existen preocupaciones en ciertos sectores de la población sobre el manejo de la información personal, estas no han limitado de forma significativa la utilización del sistema. Según reportes de la prensa gubernamental, la plataforma ya registra aproximadamente 1.1 millones de personas usuarias y más de 1.5 millones de citas médicas realizadas. Además, atiende alrededor de 18,000 llamadas diarias, con capacidad de ampliarse hasta 30,000.

Se espera que estos niveles de uso continúen en aumento, especialmente con el lanzamiento de la segunda fase. La tendencia observada no es únicamente cuantitativa, sino también estructural: la plataforma está comenzando a funcionar como puerta de entrada al sistema de salud, generando derivaciones hacia servicios presenciales cuando la telemedicina resulta insuficiente y contribuyendo a descongestionar hospitales y centros de salud.

Las proyecciones oficiales sugieren que el sistema podría alcanzar a unos 4.5 millones de personas salvadoreñas. Esto implicaría que un número significativo de pacientes evitaría desplazamientos y tiempos de espera para consultas de baja complejidad.

¿Cómo impactará DoctorSV al sistema actual de atención primaria?

Si se cumplen las proyecciones gubernamentales sobre el uso de DoctorSV, es esperable una disminución considerable en la demanda de consultas presenciales en unidades y centros de salud. En consecuencia, será necesario replantear el rol actual de estos establecimientos, orientándolos hacia funciones más resolutivas, de mayor complejidad clínica, seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y fortalecimiento de actividades comunitarias y preventivas.

Los centros de salud seguirán siendo necesarios para la atención de urgencias y sospecha de gravedad, procedimientos que requieren contacto físico (vacunación, curaciones, procedimientos de enfermería, controles de crecimiento y desarrollo, y tamizajes físicos), y acompañamiento social y comunitario como el manejo de determinantes sociales (violencia, salud mental, vulnerabilidad). En este sentido, la proyección es que los centros de salud se conviertan en “portales de resolución física” y nodos de red comunitaria, en lugar de ser únicamente el único punto de acceso para cualquier consulta.

La proyección realista es que DoctorSV no reemplazará a los centros de salud, sino que reconfigurará su existencia y su rol: pasarán de ser un único punto de entrada a convertirse en nodos presenciales clave para lo que no puede hacerse por pantalla, con menos carga de consultas rutinarias y más foco en urgencias, procedimientos y trabajo comunitario.

¿Impactará la medicina privada?

Definitivamente. DoctorSV tiende a reducir la demanda de consultas básicas y de seguimiento crónico en la medicina privada, sobre todo en población que acepta la telemedicina pública gratuita. Al mismo tiempo, fortalece el papel de laboratorios, radiología y farmacias del sector privado como parte de la cadena de valor financiada por el Estado, lo que crea un mercado derivado del sistema público. La medicina privada seguirá existiendo, pero su estrategia probablemente se virará hacia servicios de alta complejidad, complementariedad y planes de pago, en vez de basarse en la consulta de primer nivel generalizada.

En un país de ingresos medios, este modelo plantea un panorama de coexistencia tensionada: más acceso para la población, pero más presión sobre la rentabilidad de ciertos segmentos de la medicina privada, lo que puede impulsar tanto innovación como concentración y desigualdad según cómo se regule el sistema.

¿Es sostenible un sistema con estas características en nuestro país?

DoctorSV se sitúa dentro de una estrategia de modernización del sistema de salud, su viabilidad está condicionada a que el sistema de salud entero lo integre como herramienta de prevención y eficiencia. En este sentido, la verdadera sostenibilidad dependerá de que el sistema logre demostrar que el gasto en servidores, conectividad, licencias, personal de salud y mantenimiento de infraestructura se compensa con ahorros en complicaciones y hospitalizaciones por diabetes, hipertensión y enfermedad renal, que ya concentran buena parte del presupuesto en salud (cerca del 60–62 % del total nacional).

Un programa de salud digital es sostenible cuando mejora la prevención, aumenta la eficiencia y reduce costos totales, no cuando solo añade capas tecnológicas al gasto existente. Actualmente, el programa cuenta con un respaldo formal: la Asamblea Legislativa autorizó un préstamo de hasta 75 millones de dólares de la CAF para la segunda fase, dirigido a consolidar la plataforma, instalar 400 kioscos de dispensación de medicamentos y ampliar la cobertura en atención primaria. Esto sitúa a DoctorSV dentro de una estrategia de modernización del sistema de salud, más que en el ámbito de una iniciativa aislada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva semana inicia y con ella la entrada en vigencia de la pena de prisión perpetua revisable, hay un cambio trascendental ya que el sistema de justicia y penal se modifica para los delitos mas gravosos que estudia la Criminología. Desde la perspectiva de la justicia criminal, El Salvador al finalizar el cuarto mes del 2026 se encuentra en una fase transformadora en su política punitiva con la implementación de la pena de prisión perpetua revisable.

Esta medida constitucional, ratificada el 26 de marzo de 2026 mediante la reforma al artículo 27 de la Constitución, se erige como la sanción máxima para delitos de extrema gravedad en nuestra sociedad: homicidio, violación y actos de terrorismo. Sin embargo, la aplicación de esta pena no es indiscriminada en el tiempo. El pilar fundamental que rige su entrada en vigencia es el principio de irretroactividad de la ley penal, consagrado en el artículo 21 de nuestra Constitución. Como experto en criminología y justicia criminal, deseo subrayar que la prisión perpetua es, por definición, una norma sustantiva de carácter gravoso. Bajo la premisa que la pena aplicable es exclusivamente la que estaba vigente al momento de la consumación del crimen o delito.

Por lo tanto, la operatividad de la pena de prisión perpetua revisable es estrictamente prospectiva. Esto implica que solo podrá solicitarse para delitos cometidos después de que la reforma y adecuación de leyes secundarias, especiales y de la Corte Suprema de Justicia cumplió  su respectivo periodo de vacancia de la ley de treinta días tras su publicación en el diario  oficial que fue el 27 de marzo del 2026. Pretender su aplicación a hechos ocurridos antes de esta reforma constitucional y legales  constituiría un vicio de fondo y una vulneración al debido proceso que traería como consecuencia  la nulidad absoluta de las condenas en instancias superiores. Espero que no se llegue a este punto.

La fundamentación de este nuevo marco normativo descansa en mi opinión en tres principios esenciales:

Legalidad penal: Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes dictadas con anterioridad al hecho. El Estado tiene vedado endurecer las consecuencias jurídicas de forma sobrevenida para hechos pasados.
Seguridad jurídica y previsibilidad: El ciudadano debe conocer la consecuencia exacta de su conducta al momento de realizarla. La firmeza de las sentencias obtenidas por la Fiscalía ganadas en sede judicial  depende de que estas se ajusten a los límites de legalidad existentes al tiempo de la acción.

Favorabilidad: La retroactividad solo es admisible cuando la nueva ley favorece al condenado. Dado que la pena de prisión perpetua revisable  agrava severamente la situación jurídica del imputado respecto a las penas temporales previas, su aplicación retroactiva es jurídicamente inviable.

Es imperativo distinguir este rigor sustantivo de la normativa procesal. Mientras la pena es prospectiva, las reformas adjetivas o procedimentales, como las nuevas reglas de competencia para los Jueces de lo Criminal son de aplicación inmediata. Estas rigen los actos pendientes en procesos en curso, siempre que no afecten derechos sustantivos ya adquiridos o actos procesales consumados.

Es mi posición que la pena de prisión perpetua revisable en El Salvador se presenta como una herramienta firme de política criminal y de persecución penal diseñada para combatir la impunidad en los crímenes más atroces. No obstante, su eficacia real no reside en la severidad por si, sino en su solidez jurídica. El respeto irrestricto a la irretroactividad garantiza que el sistema de justicia penal salvadoreño opere con coherencia, proporcionalidad y, sobre todo, bajo el imperio de la Constitución.

*Por Ricardo Sosa /doctor en Criminología / Egresado doctorado en Justicia Criminal /@jricardososa 

Cuando caiga la noche de este 27 de abril, se habrán cumplido 55 años del evento más despreciable que el totalitarismo castrista ejecutó sobre el arte y la cultura cubanos: la tristemente célebre “autocrítica” del poeta Heberto Padilla (1932-2000) ante un grupo de destacados miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), luego de permanecer 37 días en prisión acusado de mantener actitudes críticas contra la Revolución.

El Caso Padilla (como se conoce desde entonces) constituyó un verdadero parteaguas, un quiebre de lanzas, tanto dentro como fuera de la Isla. Autores que hasta ese momento se habían mostrado incólumes en su respaldo al proceso revolucionario, entendieron con dolor —de golpe y porrazo— que el castrismo no era mejor que el estalinismo en su tolerancia a la disidencia inteligente y a la reprobación creativa. Incluso aquellos que siguieron siendo fieles al socialismo caribeño, por emoción o por pragmatismo, llegaron a preguntarse qué tan lejos había llegado Cuba en eso de imponer límites al arte y la cultura dentro de su sistema que se decía democrático.

Y no es que hubieran faltado, por cierto, los avisos. Además del infame discurso de junio de 1961 en el que Fidel Castro dejase claro cómo concebía él la “responsabilidad” de los artistas e intelectuales en el marco del proyecto histórico que lideraba —“…Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”—, a veces se olvida que bastante antes, en octubre de 1959, se había conformado la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas, adscrita al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), entidad que empezó a censurar filmes considerados “problemáticos” por su contenido.

Obras como Una vez en el puerto, de Alberto Roldán, o Un poco más de azul, de Fausto Canel, vieron prohibida su difusión dentro de la Isla en 1964, la primera porque documentaba con realismo la vida de los barrios habaneros que miraban al mar y la segunda por abordar el siempre espinoso tema del exilio. Ambos realizadores sufrieron, claro está, las consecuencias de sus actos “reaccionarios”: quedaron excluidos del Icaic (del que habían sido fundadores), se les restringió su libertad de expresión y terminaron abandonando Cuba. (Roldán murió en Miami, a los 81 años, en 2014, y Canel vivió en Francia y España antes de instalarse también en Estados Unidos, donde reside).

El golpe más duro a la libertad creativa había sido, sin embargo, el que sufrió en 1961 el documental PM de Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante, prohibido y confiscado por las autoridades señalándolo de ofrecer “una pintura parcial de la vida nocturna” de La Habana porque, “lejos de dar al espectador una correcta visión de la existencia del pueblo cubano en esta etapa revolucionaria, la empobrecía, desfiguraba y desvirtuaba…”. Fue precisamente a raíz del escándalo provocado por la condena de este corto, de apenas 14 minutos de duración, que Fidel Castro en persona blandió sus temibles Palabras a los intelectuales.

El pavoroso “todo o nada” del régimen encontró su siguiente víctima en Heberto Padilla, cuyo excelente poemario Fuera del juego había sido reconocido por la Uneac (un poco a regañadientes) con el Premio Nacional de 1968. A pesar de haber obtenido el galardón por la decisión unánime del jurado, la entidad hizo una extraña “declaración” en la que consignaba que el libro sería publicado —junto al de Antón Arrufat en la rama de teatro— con una nota “expresando su desacuerdo” por considerarlos “que son ideológicamente contrarios a nuestra revolución (sic)”.

Tres años después, en enero de 1971, Padilla se atrevió a protagonizar en la Uneac un recital con su nuevo libro, Provocaciones. Y así fue considerada, en efecto, su actitud: provocadora. Unas semanas más tarde, el 20 de marzo, Heberto y su esposa, la también escritora Belkis Cuza Malé, eran arrestados por agentes de la Seguridad del Estado y conducidos a las bartolinas de Villa Marista. El cargo que pesó sobre ellos fue el de “actividades subversivas contra el gobierno”.

“¿Te creías intocable, el artista rebelde…?”, recordaba Padilla que le dijeron en la cárcel los esbirros. “¿[Creías] que te íbamos a perdonar todas tus travesuras contrarrevolucionarias?”. Luego del brutal interrogatorio, en el que el poeta fue golpeado, despertó en un hospital militar donde recibió la inesperada visita de Fidel en persona. “Sí”, dice Heberto en La mala memoria (1989), “tuvimos tiempo para hablar, o para que él hablara y se explayara a su gusto, y se cagara en toda la literatura del mundo”.

Entonces se le “sugirió” al escritor que redactara un largo texto enumerando sus “errores”, documento que hace 55 años recitó de memoria en aquella reunión privada en la Uneac. El material grabado de la “autocrítica” fue conocido por fin, en 2022, cuando el cineasta cubano Pavel Giroud lo rescató y lo usó para armar un extraordinario documental titulado El caso Padilla, nominado a varios prestigiosos premios fílmicos.

En este momento, las tres horas y media de la confesión del escritor pueden verse en YouTube, algo que me permito recomendar a toda persona que desee ahondar en los procesos de censura que el castrismo instituyó para convertir el arte en propaganda y a los escritores en voceros obligados de una revolución que terminó devorando sus ilusiones.

Las universidades deben reinventarse, aplicar investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); además, deben utilizar la mejora continua. El Instituto Key ofrece, por el momento, cuatro ingenierías, las cuales cuentan con un modelo educativo innovador; ya que, trabajan con créditos académicos y cuentan con laboratorios especializados. En un año de fundación, está rompiendo paradigmas.

Tuve el honor de entrevistar a Griselda Miguel, directora de atracción y mercadeo. ¿Cuál es el paradigma innovador de Key? El paradigma innovador de Key Institute se basa en transformar la educación superior tradicional hacia un modelo flexible, internacional y centrado en el estudiante, estructurado bajo el sistema de créditos académicos. Este modelo no solo reorganiza el plan de estudios, sino que redefine toda la experiencia universitaria, integrando clases, proyectos, investigación, prácticas, actividades co-curriculares y desarrollo personal dentro de un mismo ecosistema formativo. A esto se suma una pedagogía basada en competencias y aprendizaje por proyectos (aprender haciendo), que rompe con los esquemas tradicionales y posiciona a Key como un referente innovador en la educación superior en El Salvador. En esencia, el paradigma de Key consiste en pasar de una educación rígida y teórica a una educación dinámica, práctica, interdisciplinaria y alineada con estándares globales.

¿Cuál es el enfoque de sus carreras? Las carreras en Key están diseñadas con un enfoque transdisciplinario, práctico e internacional, orientado a responder a las demandas del mundo actual. Se estructuran bajo un modelo de ingenierías de cuatro años, lo que representa un cambio significativo frente al esquema tradicional de cinco años en el país, permitiendo trayectorias más eficientes y flexibles para los estudiantes. El enfoque incluye aprendizaje basado en proyectos reales desde etapas tempranas, uso intensivo de laboratorios y tecnología avanzada, integración con la industria mediante retos y prácticas, y el desarrollo de habilidades humanas como liderazgo, comunicación y pensamiento crítico. De esta forma, las carreras no solo forman ingenieros técnicamente sólidos, sino profesionales capaces de adaptarse, innovar y generar soluciones en contextos reales.

¿Cuál es su misión como modelo educativo? La misión del modelo educativo de Key es formar profesionales integrales capaces de liderar la transformación tecnológica y productiva del país y la región. Esto implica brindar una educación de clase mundial desde El Salvador, desarrollar talento con visión global y fomentar el aprendizaje continuo en un entorno cambiante. Key busca no solo preparar estudiantes para incorporarse al mercado laboral, sino para crear soluciones, emprender y contribuir activamente al desarrollo económico y social, conectando la academia con la empresa privada y el entorno global.

¿Cómo evalúa su enfoque en el proceso enseñanza–aprendizaje con aprender haciendo? El enfoque de aprender haciendo en Key se evalúa a través de un modelo integral donde el aprendizaje se mide por la aplicación práctica del conocimiento. Bajo el sistema de créditos académicos, cada actividad del estudiante, clases, proyectos, laboratorios, investigación o experiencias en la industria; forma parte de su evaluación, lo que permite una medición más completa de su formación. Esto significa que el estudiante aprende resolviendo problemas reales, que la teoría se complementa constantemente con la práctica y que los docentes actúan como mentores que guían el proceso. En este modelo, el éxito no se limita a solo aprobar exámenes, sino a demostrar la capacidad de crear, innovar y aplicar conocimientos en contextos reales, asegurando un aprendizaje significativo y relevante.

Es de recalcar que el Instituto Key nació con planificación estratégica educativa, desde el momento de tener alianzas con universidades de prestigio extranjeras como el Tecnológico de Monterrey de México y Olin College of Engineering, su visión de liderazgo quedó sustentada en un modelo educativo innovador.

En el futuro se acreditará con el Ministerio de Educación y tendrá certificaciones internacionales. Eso hace que las IES tengan mejor representatividad, calidad y renombre. El Instituto Key tiene un potencial, el de conectarse con la industria y con empresas tecnológicas. La fortaleza de sus estudiantes será que podrán incorporar sus aprendizajes y conocimientos en las empresas de la región. Enhorabuena para el empresario Roberto Kriete, quien es el fundador de esta universidad innovadora.

*Fidel López Eguizábal, Docente e investigador Universidad Nueva San Salvador

fidel.lopez@mail.unssa.edu.sv

 

Somos seres en camino y el movernos es una batalla continua, que ha de mantenerse en el amor verdadero como tranquilidad y para poder persistir en las adversidades, con el coraje del buen hacer y mejor obrar. En efecto, se trata de reconstruirse y de superarse diariamente, ante la multitud de los desafíos, con la voluntad de ayudarnos mutuamente, pues el mejor propósito del espíritu es servir, mostrando compasión en todo momento. Así, y con renovada pasión, yo mismo me hago a diario persistentes llamamientos de trabajar unidos, más que con hazaña política con voluntad poética, a fin de acrecentar la cohesión social de pulsos, con sus pausas oportunas, para que nos hagan reflexionar; y, de este modo, poder tomar el camino adecuado, a pesar de las dificultades que nos acorralan.

Hemos de ordenar existencias, quizás también la nuestra, para ser gentes de paz y de diálogo. No podemos continuar con estas atmósferas destructivas, que todo lo corrompen y arruinan por intereses partidistas. Tenemos que reafirmar con energía que la tutela del derecho a la vida, es el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano. En consecuencia, una sociedad sólo está sana y en justo desarrollo, cuando protege la mística de todo caminante y se esfuerza activamente por promoverla, trabajando al unísono. El multilateralismo no es, por consiguiente, opcional. A mi juicio, es el medio más eficaz para lograr los objetivos de conciliación, además de un progreso sostenible inclusivo y derechos humanos para todos.

Vivir desvivido por los demás puede producir un cansancio infinito, pero es también algo muy gratificante; lo importante es saber que uno existe en hálito donante y en constante sorpresa, con una continua sucesión de coyunturas para sobrevivir. Hacer cada vez más visible esta dimensión relacional y de alianza, es uno de los principales retos para el futuro, sobre todo en un mundo fragmentado por las discordias, las divisiones y las guerras. Cultivar, pues, el papel de la mediación va a ser decisivo. Se trata de aliviar tiranteces antes de que desemboquen en conflictos; o, si el trance estalla, actuar rápidamente para contenerlo y resolver sus procedencias subyacentes. Por este motivo, la habilidad preventiva es fundamental, para no morar quejándonos y acabar cayendo desilusionados.

Sea como fuere, no hay que estar cercano de quienes causan las pugnas sino de quienes las sufren y pagan las consecuencias. Ocuparse por crear puentes de savia y, sobre todo, preocuparse por el destino de las víctimas, también significa alejarse de la lógica de la polarización y el pensamiento único. Por otra parte, hay que reforzar la rendición de cuentas. No podemos permitir una licencia para matar y mucho menos rechazar la idea de que el derecho internacional es obsoleto. La verdadera pujanza se declara en el servicio a un justo proceder viviente. Para ello, se requiere volver a revolvernos contra la usura, que lo único que originan son rivalidades, para creer en la ternura, en la moderación y en la buena sintonía, porque se sigue abatiendo la crónica, sin derecho y sin piedad alguna.

Indudablemente, una cooperación mundial eficaz es cada vez más necesaria para nuestra supervivencia, pero es complicada de ejecutar en un entorno de desconfianza, en el que nadie se fía de nadie, sustentada por una mentalidad de miedo como jamás. Sin embargo, a pesar de tantos dolores y densas sombras, la esperanza es audaz, sabe mirar más allá de nuestros mundanos horizontes, para abrirse a grandes sueños, componiendo una bella historia.  Cada cultura necesita asegurar que los valores se transmiten. Con la constancia nada se resiste, porque si esto no sucede se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus variadas maneras, la apatía y, en suma, un relato sellado a toda trascendencia y clausurado a lucros individuales.

Durante décadas, El Salvador vivió bajo el yugo de grupos que, al inicio —en los años 90—, eran «jóvenes» clasificados por muchos estudiosos de la época como «muchachos desorientados» o «excluidos». Ese infantilismo y esa mirada romántica les permitió transformarse en organizaciones criminales perfectamente estructuradas, casi como un ejército irregular. Sin embargo, el problema no solo fue su crecimiento, sino la complicidad política: durante los 20 años de ARENA y los 10 del FMLN, lejos de un combate frontal, estos partidos decidieron no solo ignorarlos y dejarlos crecer hasta que dominaron comunidades y barrios completos, sino pactar con ellos con fines electorales.

Pactos plenamente documentados que dejaron a la población a merced del asedio criminal.

No necesitas un doctorado en sociología o política para saber que, ante este agotamiento y la traición de los partidos tradicionales, la población llegó a un punto de quiebre y desesperación que los obligó a tomar la medida más desesperada: entregarle el poder al Caudillo que prometía soluciones definitivas. Tras dos años iniciales sin gobernabilidad legislativa —en razón al cálculo más torpe de la oposición ya defenestrada en ese momento, que buscaba seguir mandando y chantajeando al que estaba en el poder—, se generó un escenario que se usó con tanto éxito que en 2021 la oposición fue masacrada electoralmente.

Esto permitió la instauración en 2022 de un régimen de excepción que, aunque fue alabado al principio por el alivio inmediato que experimentó la población —un alivio que persiste a pesar de las múltiples denuncias de abusos—, demostró con el tiempo que la medicina podía ser más amarga que la enfermedad. La operatividad arrasó con miles de inocentes que todavía están detenidos, evidenciando que la eficacia no justifica la arbitrariedad.

Dentro de este contexto de persecución de voces disidentes y entrega de reportes a lo largo de cuatro años, lo que vimos en la **Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos** del Congreso de los EE. UU. fue la cereza del pastel de una estrategia coordinada. En estas últimas semanas, se presentó documento tras documento y se forzó una audiencia temática en la CIDH; pero, al parecer, no lograban ganar la narrativa y llegaron finalmente a lo absurdo en la audiencia ante el Senado. **Susana SáCouto**, Directora del *War Crimes Research Office*, afirmó que cualquier acción contra miembros de las maras bajo el régimen de excepción debe ser considerada un ataque directo del Estado hacia un grupo de «población civil». Esta premisa es un insulto profesional a quienes sufrieron el terrorismo de las pandillas: las maras no son población civil, vulnerable y desarmada; son, en realidad, los peores victimarios que crecieron bajo la negligencia política y académica.

No logro entender —y créanme que quiero hacerlo— a los directores de organizaciones consideradas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué Sergio Arauz (APES/El Faro), quien conoce la crueldad de las maras desde hace 15 años, se negó a reconocerlas de esa manera en el foro? ¿Por qué Noah Bullock, director de Cristosal, se centró en figuras políticas, dejando de lado a los sectores que no tienen esos privilegios? Si bien es cierto que Arauz y Ruth Eleonora López son víctimas indiscutibles del ejercicio del régimen, estos poseen redes de apoyo a nivel nacional e internacional que les brindan una plataforma y seguridad que el ciudadano común no tiene. Ruth cuenta con una familia ya resguardada fuera del país y un caso tan mediatizado que difícilmente sufrirá el desamparo total; Sergio cuenta con el respaldo para operativizar su exilio.

Desde mi perspectiva, ellos no necesitaban una silla en esa audiencia; en realidad, perdieron la oportunidad histórica de llevar a las «víctimas más vulnerables», a esas personas que sin redes de apoyo ni reflectores sufren lejos de los foros de premios. Bullock, por su parte, posee una ciudadanía norteamericana que le otorga una inmunidad que el salvadoreño de a pie no tiene. Esta élite de los derechos humanos parece haber caído en una burocratización del dolor, donde cada audiencia o documento es una vía para acceder a fondos de cooperantes. Se han vuelto mercenarios de la solidaridad que, en su afán por obtener la etiqueta de «crímenes de lesa humanidad», no dudan en desdibujar la realidad hasta convertir a los peores agresores en las «víctimas civiles» más importantes de su narrativa.

Concluyo con mucha claridad que entre la soberbia de ciertas organizaciones y protagonistas —tan evidente que las ha llevado a victimizar al victimario para ganar el titular mediático— y el oficialismo que pretende ignorar el dolor de las familias de los inocentes capturados o muertos en custodia del Estado, la realidad es desgarradora. Más allá de hablar de luces y sombras del régimen, hay que establecer con claridad que las evidentes violaciones cometidas y disfrazadas como margen de error, no justifican el relato sesgado de las élites. Al final del día, las víctimas reales —tanto las que sufrieron el terror de las maras como las que hoy sufren los atropellos del régimen— están solas.

El Salvador no necesita burócratas de los derechos humanos ocupando sillas ajenas, ni «mercenarios de la solidaridad» que justifican su fin último de poner una etiqueta internacional si esto pasa por volver a los peores agresores de los últimos 25 años en las víctimas civiles más importantes. Necesitamos justicia real para todos y todas: víctimas de maras y del régimen.

El Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM) nació en una época muy dura: en septiembre de 1981. En este 2026 cumplirá 45 años, aunque en sus inicios se llamó Comité Pro Libertad de Presos Políticos y Desaparecidos de El Salvador. Lamentablemente, su figura más emblemáticas acaba de fallecer. Se trata de Guadalupe Mejía viuda de Mejía, quien a finales del próximo mayo arribaría a los 83 años; alrededor de la mitad, los dedicó a defender a las víctimas. Originaria del cantón La Ceiba, entonces parte del municipio Las Vueltas en Chalatenango, desde adolescente comenzó su noviazgo con Justo Mejía quien a sus veintisiete años era una década mayor que ella. Terminaron casados y tuvieron, entre hijos e hijas, nueve criaturas.

Por predicar la palabra de Dios y promover la creación de la organización que se conocería como Unión de Trabajadores del Campo y formaría parte del Bloque Popular Revolucionario, Justo fue salvajemente asesinado por guardias nacionales el 9 de noviembre de 1977 cuando se disponía a participar en la primera toma del Ministerio de Trabajo realizada por dicho frente de masas. Monseñor Romero denunció cuatro días después, en la homilía dominical, su desaparecimiento; en la siguiente expresó que se le había horrorizado el corazón, al ver a la esposa con su prole cuando llegó a informarle que lo encontraron “con señales de tortura y muerto”.

“Su cadáver lo hicieron destrozado”, declaró ella. Por eso ‒agregó‒ nuestro ahora santo decía que “había sufrido la pasión de Cristo” pues “le quebraron los brazos, le sacaron el ojo, le quitaron las uñas con las boquillas de los fusiles y lo colgaron de los árboles”. Fue así que la vida de esta legendaria y digna luchadora cambió: comenzó “a ser padre y madre”, además de dedicarse a trabajar en la milpa con la ayuda de sus hijos más grandes. Y como ya se apuntó, posteriormente se entregó a la causa de los derechos humanos; sobre todo, a reclamar la presentación con vida de las personas desaparecidas entre las cuales se encontraba su hermano Gilberto. Así siguió hasta el recién pasado jueves 16 de abril.

Entre quienes fueron alcanzados por el flagelo de nuestra “noche y niebla” también está Mauricio Aquino Chacón. “Noche y niebla” fue la orden secreta emitida por Adolfo Hitler el 7 de diciembre de 1941, para desaparecer a las personas que eran consideradas una amenaza para el nazismo. Lo mismo ocurrió acá y en ese marco Mauricio fue secuestrado en la misma fecha que falleció Guadalupe Mejía, solo que en 1981; el hecho ocurrió después de la ofensiva guerrillera iniciada el 10 de enero del mismo año por el recién nacido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

“Pido a nuestra virgencita –clamó en su desgarrador testimonio la madre de este joven, a quien conocí en el colegio jesuita– que interceda en este drama desgarrador de personas desaparecidas y que no permita estos capítulos nunca más. Y que todo ciudadano tenga el justo derecho de ser juzgado si ha cometido algún delito”. ¡Nunca más! Este debió ser el propósito nacional después de que conseguimos se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía protectora de criminales, tras veintitrés años de vigencia.

Faltan alrededor de un par de meses para cumplirse una década desde que logramos dar ese paso necesario en el camino por derrotar la impunidad pero, al día de hoy, dicho fallo de la Sala de lo Constitucional ha terminado siendo un simple “papel mojado”; es decir, un documento que no produjo los efectos jurídicos esperados. En el mismo, se mencionó “una eventual legislación secundaria relacionada con las medidas de la justicia transicional salvadoreña”. Pero nada. Nada más allá de los intentos por aprobar una “amnistía maquillada” durante las legislaturas anteriores a las dominadas por el partido de Nayib Bukele, junto a la falsa “consulta” montada a partir del 2021 por esta facción que cumplirá ya cinco años dominando a plenitud el Legislativo.

¿Será que así como no incluyen la cadena perpetua para el delito de corrupción, también en este asunto están “matando su chucho a tiempo” o “curándose en salud”? Puede que sí, sobre todo tras publicarse el informe del Grupo internacional de expertas y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en El Salvador conocido como el “GIPES, en el cual se concluye ‒entre otras‒ que en “el contexto de la política de seguridad enmarcada en el régimen de excepción”, hay hechos “que pueden constituir crímenes de lesa humanidad”; es decir, que trascienden a la víctima individual porque ofenden a la humanidad entera. Y estos gravísimos delitos, ¡no prescriben!

La narrativa del terror cinematográfico no se fundamenta únicamente en el miedo, sino en un contrato moral implícito entre la obra y el espectador. Según Noel Carroll en su teoría del art-horror, la efectividad de este género depende de la creación de un «monstruo» que amenaza el orden cultural y la integridad física de los protagonistas. Cuando el victimario finalmente sufre o muere, el espectador experimenta una liberación emocional: la catarsis. Sin embargo, este fenómeno traspasa la pantalla y se manifiesta hoy en la realidad sociopolítica salvadoreña, donde la violencia histórica de las pandillas ha reconfigurado los umbrales de la empatía ciudadana frente al Régimen de Excepción.

La construcción del «monstruo» y la satisfacción punitiva

En el cine de terror, la audiencia busca la supervivencia de la víctima. No obstante, existe un subgénero donde el placer deriva del castigo infligido al antagonista. Esta «satisfacción punitiva» se basa en la deshumanización previa del agresor. En El Salvador, décadas de una violencia pandilleril agresiva y omnipresente funcionaron como un prólogo de terror real, desplazando a la sociedad hacia un estado de hipervigilancia y trauma colectivo.

Como señala la psicóloga social Adriana Clemente, cuando el miedo se vuelve estructural, el «otro» deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en una amenaza biológica. Esta premisa explica por qué una parte considerable de la población percibe las noticias sobre detenciones arbitrarias o muertes en centros penales no como una tragedia humanitaria, sino como un «final necesario». La violencia de las pandillas fue tan lacerante que anestesió la capacidad de distinguir entre la justicia y la venganza.

La erosión de la empatía por el inocente

El aspecto más crítico de esta comparación radica en el daño colateral. En una película, el guion nos asegura quién es el culpable. En la realidad jurídica, esa certeza debería otorgarla el debido proceso. Sin embargo, bajo el Régimen de Excepción, la línea entre el victimario y el inocente se ha difuminado deliberadamente en el discurso oficial.

«La deshumanización no solo afecta a quienes son considerados culpables, sino que expande su manto sobre cualquier individuo que caiga en los engranajes del sistema, eliminando la presunción de inocencia como valor social».

La sociedad, agotada por el horror previo, parece haber aceptado un intercambio utilitarista: la pérdida de derechos humanos de miles de inocentes a cambio de una sensación de seguridad. Es aquí donde la analogía con el cine se vuelve amarga. Mientras que en la ficción la muerte del villano restaura el orden, en la realidad, la indiferencia ante la tortura o la detención ilegal de ciudadanos sin vínculos criminales no restaura el tejido social, sino que lo descompone bajo una nueva forma de violencia estatal.

El tránsito de la emoción a la norma

Esta satisfacción que produce el castigo del «villano», tan propia de la catarsis cinematográfica, opera bajo una lógica de seguridad ilusoria: la creencia de que siempre seremos los espectadores y nunca los protagonistas del horror. Sin embargo, la construcción de una nación funcional no puede basarse en el entusiasmo de la grada, sino en la solidez de sus reglas de juego. Es en este punto donde la ética política de John Rawls nos obliga a encender las luces de la sala y abandonar la comodidad del juicio visceral. Para Rawls, la validez de un contrato social no se mide por el alivio de la mayoría, sino por la protección que este brinda a cualquier individuo, independientemente de su posición, a través del ejercicio intelectual del «velo de la ignorancia».

El «Velo de la Ignorancia» como imperativo ético

Para cuestionar la validez moral de un sistema que sacrifica a inocentes en nombre de la seguridad colectiva, resulta ineludible citar a John Rawls y su obra A Theory of Justice. Rawls propone un experimento mental conocido como la «posición original», en la que los ciudadanos deben diseñar las leyes de su sociedad bajo un «velo de la ignorancia»; es decir, sin saber qué rol ocuparán en ella.

Si los ciudadanos salvadoreños tuvieran que elegir las reglas del Régimen de Excepción sin saber si mañana serán el civil protegido o el inocente capturado por error, difícilmente optarían por un sistema que elimina las garantías judiciales. Bajo el velo de la ignorancia, la justicia no es el triunfo del más fuerte ni la satisfacción de la mayoría, sino la garantía de que el sistema no atropellará al individuo más vulnerable.

«La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento». — John Rawls.

La justicia no es un juego de suma cero

La comparación con el cine de terror se vuelve aquí más profunda: en la ficción, el espectador sabe que está a salvo en su butaca, por lo que puede permitirse el lujo de la sed de sangre. Sin embargo, Rawls nos recordaría que en la vida real nadie tiene garantizada esa «butaca». Al perder la empatía por el detenido inocente, la sociedad ha olvidado que, en un sistema sin debido proceso, cualquiera puede ser la próxima víctima del error administrativo o el abuso de poder. La justicia, según la óptica rawlsiana, no puede ser un intercambio donde el bienestar de unos se logre a costa de la violación de los derechos fundamentales de otros.

Hacia una justicia sin espectáculo

El filósofo institucionalista Robert Cover afirmaba que «interpretar la ley es un acto que siempre conlleva violencia». No obstante, cuando esa violencia se celebra como un espectáculo de justicia poética, se corre el riesgo de normalizar la barbarie.

No podemos permitir que el trauma del pasado dicte una ceguera moral en el presente. La pérdida de empatía por las víctimas del Régimen de Excepción —aquellos padres, hijos y trabajadores detenidos sin pruebas— es el síntoma de una sociedad que, tras haber vivido en una película de terror real, ha decidido cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno con tal de no volver a sentir miedo. Recuperar la capacidad de indignación ante la injusticia, incluso en un contexto de seguridad recuperada, es el primer paso para transitar de una catarsis violenta a un verdadero Estado de Derecho.

Glenda Isabel Hernández, oriunda de Texistepeque, era una hermosa, saludable y joven mujer de 28 años de edad y madre de familia. La gustaba hacer ejercicio y ser amable y llevadera con todo mundo. Vivía con su hija de ocho años en el barrio San Rafael de la ciudad de Santa Ana, donde la tarde del domingo pasado fue asesinada con arma blanca.

Fue su hija la que llamó a las autoridades policiales para reportar que su madre había sido asesinada supuestamente por Diego Santos Villanueva, un taxista que desde hace algún tiempo periódicamente le hacía viajes a la víctima, por lo que se había ganado su confianza y supuestamente se había convertido en su pareja sentimental.

La Policía Nacional Civil (PNC) con ayuda de las cámaras de seguridad municipal y en coordinación con su homóloga guatemalteca, capturaron el lunes en territorio del vecino país, al sospechoso, quien deberá enfrentar la justicia salvadoreña por el delito de feminicidio agravado, el cual hasta el 26 del mes corriente, es sancionado con una pena máxima de 50 años de cárcel. Después del 26 el referido delito conllevará una pena de prisión perpetua.

Desde luego en los tribunales se tiene que demostrar que Santos Villanueva es el autor material del feminicidio. Todo indica que el sujeto es el culpable, pues se cuenta con la declaración de la hija de la víctima, pero será un juez el que con base a las pruebas determine la inocencia o culpabilidad del imputado.

Por la naturaleza del hecho es muy probable que los juzgados le decreten reserva total, por lo que todo lo que se diga quedará como especulación, lo que si se tiene la certeza es que víctima y victimario se conocían y hasta habían desarrollado algún tipo de confianza, situación que aparentemente aprovechó el sujeto para cometer su atroz crimen que de inmediato genera el repudio general de la población.

Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) en lo que va de 2026, con la muerte de Isabela, ya suman siete los casos de feminicidios, donde el patrón es el mismo o parecido. Es decir, la víctima conoce al victimario y generalmente el hecho es originado tras una discusión.

No se trata de juzgar o cuestionar a las víctimas, pero muchos de estos casos de feminicidio pudieron evitarse a través de la denuncia oportuna y a tiempo. El feminicidio, casi siempre, es antecedido por violencia doméstica y en ocasiones  por la ingesta del alcohol y/o consumo de drogas por parte del victimario.

Las mujeres deben auto cuidarse y saber denunciar ante las respectivas autoridades, por ninguna razón deben aceptar o admitir un relación de hostigamiento o intolerancia, nadie tiene derecho a maltratarlas o a verlas de menos, mucho menos a agredirlas física o verbalmente. La violencia puede ser psicológica, física, verbal, material, económica, etc. Si la mujer se siente incómoda en una relación debe analizar si es porque está siendo objeto de maltrato o por otra razón. En una relación de pareja nadie debe estar forzado.

Denunciar ante las autoridades no necesariamente conlleva la intención de meter a la cárcel al denunciado. Al contrario, puede ser en busca de ayuda institucional del Estado para la pareja y como una medida preventiva para evitar una agresión mayor que culmine con un feminicidio en grado de tentativa o en un feminicidio agravado.

La Fiscalía General de la República, los juzgados, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República, algunas ONG y hasta las alcaldías son instituciones que pueden procesar o encausar por los canales legales las denuncias de maltrato. Cada institución sabe qué hacer ante estas situaciones. Ninguna mujer debe callar, para evitar hechos lamentables como el de Isabela, una joven y hermosa mujer víctima de la violencia hacia las mujeres.

Ojalá que en este caso se haga justicia y que mediante el debido proceso se juzgue al sospechoso y si es culpable que le caiga todo el peso de la ley. Asimismo, ojalá que a la niña sobreviviente el Estado le brinde todo el apoyo psicológico y material que necesitara para seguir con su vida, y que se haga conciencia social de la importancia de la denuncia a tiempo de las situaciones de maltrato y violencia familiar, ya que estos casos horripilantes y repudiables de feminicidio pueden ser evitables.

*Jaime Ulises Marinero es periodista

Durante la última década, el mundo miró a Suecia como el faro de la modernidad educativa. Sus aulas, despojadas de libros físicos y saturadas de iPads, eran el sueño de Silicon Valley hecho realidad. Sin embargo, el experimento ha fallado. Ante una caída histórica en la comprensión lectora y la capacidad de atención de sus estudiantes, el gobierno sueco ha decidido dar un paso que muchos tildan de «retroceso», pero que en realidad es un acto de supervivencia pedagógica: el regreso masivo al lápiz, el papel y el libro de texto.

La decisión de la ministra de Educación, Lotta Edholm, de frenar la estrategia de digitalización no es un capricho nostálgico. Es una respuesta a datos alarmantes. El informe PIRLS (Estudio Internacional del Progreso en Comprensión Lectora) mostró que los niños suecos están perdiendo la habilidad de entender lo que leen.

La ciencia es clara: el cerebro humano procesa la información de manera distinta frente a una pantalla que frente al papel. La lectura en digital tiende a ser fragmentada, superficial y llena de distracciones (hipervínculos, notificaciones, multitarea).

En contraste, el libro físico exige una «lectura profunda», fomenta la memoria muscular al escribir a mano y permite una conexión cognitiva que el píxel simplemente no puede replicar.

El error de Suecia y de muchos países que hoy intentan imitarla  fue confundir herramientas con pedagogía. Se priorizó la adquisición de hardware sobre la formación docente y el desarrollo cognitivo. Las escuelas se convirtieron en centros de consumo tecnológico bajo la promesa de que la tecnología, por sí sola, democratizaría el conocimiento.

Lo que ocurrió fue lo opuesto: la brecha educativa se acentuó. Los estudiantes con menos recursos, que ya pasan horas frente a pantallas en casa, perdieron en la escuela el único refugio de concentración y pensamiento crítico que les quedaba. Al eliminar el libro, eliminamos la quietud necesaria para aprender.

¿Significa esto que debemos quemar las computadoras? Absolutamente no. Pero sí significa que los sistemas educativos que hoy priorizan lo digital deben reevaluar su jerarquía de valores. Aquí una propuesta para un modelo resiliente:

El «Derecho al Analógico»: Las bases de la alfabetización (lectura y escritura inicial) deben ser 100% analógicas. El desarrollo de la motricidad fina y la lectoescritura en papel debe ser innegociable hasta los 10 o 12 años.

Tecnología como «Asignatura», no como «Entorno»: La tecnología debe enseñarse como una herramienta específica (programación, ética digital, investigación), pero no debe ser el medio a través del cual se consume toda la materia.

Prohibición de Dispositivos Móviles Personales: Al igual que Suecia, los sistemas deben avanzar hacia la prohibición de celulares en los recreos y aulas. La escuela debe recuperar su función como espacio de socialización física y juego no mediado por algoritmos.

Inversión en Bibliotecas Escolares: Menos licencias de software y más libros físicos. La biblioteca debe volver a ser el corazón de la escuela, un lugar donde el silencio sea un valor y no un castigo.

En conclusión Suecia nos está enviando un mensaje desde el futuro: la digitalización total es una vía agotada. El regreso al papel no es una derrota, es una rectificación valiente. Para que nuestros estudiantes puedan navegar el complejo mundo digital de mañana, primero deben aprender a concentrarse en el mundo físico de hoy. La verdadera innovación educativa, irónicamente, podría estar en recuperar aquello que nunca debimos abandonar.