El portal de transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene desactualizada la publicación de las actas de las reuniones en donde los magistrados toman decisiones del órgano electoral. El acta más reciente que fue publicada data del 27 de diciembre de 2017.
La institución debe colocar en el apartado “Información oficiosa del TSE” la información que por ley tiene la obligación de publicar y que, por el momento, no ha actualizado, como actas del pleno, el proyecto de agenda de sus sesiones ordinarias y extraordinarias, las resoluciones de las peticiones, denuncias o recursos. Sí ha publicado el calendario electoral de las elecciones 2027.
Así mismo, el TSE no actualiza las estadísticas del registro electoral. El artículo 15 indica que el registro electoral “es permanente y público”, y que los partidos “tendrán derecho de vigilancia sobre la elaboración, organización, publicación y actualización del registro electoral”.
Además de su carácter público y permanente, el artículo 24 obliga al TSE a “llevar una lista de inscripciones y cancelaciones al registro electoral, las cuales hará publicar sin expresión de causa cada tres meses por medios electrónicos” y remitir copia “a los partidos políticos inscritos”.
Diario El Mundo consultó en qué afecta al ciudadano común la falta de actualización de este tipo de información electoral.
“La autoridad electoral toma decisiones sobre varios elementos del proceso electoral, esas decisiones deben ser del conocimiento de la población general y de contendientes del proceso electoral”, indicó la organización Acción Ciudadana, que hace una semana presentó un informe sobre la transparencia en el TSE.
La AC remarcó que es importante publicar dichas actas para conocer qué decisiones está tomando el TSE, por qué razones y cuáles serán las implicaciones de esas decisiones. Puso como ejemplo si el TSE no revela que decidió no contratar una empresa y optó por otra con alguna vinculación política.
Publicar las estadísticas del registro electoral actualizadas, según Acción Ciudadana, permite darle certeza a todos los contendientes sobre el universo de votantes que existe, en cuáles departamentos y municipios residen.
Según Acción Ciudadana, esto permite a todos los contendientes ajustar sus estrategias electorales y les permite a los ciudadanos como detectar irregularidades al confrontarlo posteriormente con el escrutinio. “Certeza electoral. Saber que en mi municipio hay 200,000 personas habilitadas para votar pero que de repente aparezcan 300,000”, ejemplificó.
La organización Acción Ciudadana argumentó que el Tribunal es una institución pública y como tal “se le aplica el criterio general de transparencia” porque realizan una función pública, no privada.
“Se encarga de realizar, organizar, ejecutar uno de los procesos más importantes y delicados de un sistema democrático, dado que la relevancia de las elecciones y que el Tribunal ejecuta una función pública, es obligación poner a disposición toda la información que establece la ley y los casos específicos sobre el proceso electoral”.
Otro especialista consultado, quien pidió su anonimato por razones de seguridad, advirtió que, a menos de un mes de que venza el plazo para que los ciudadanos puedan modificar su domicilio en el registro electoral, no hay forma de saber si estas modificaciones se están aplicando o no. “Cuando venga la consulta, en agosto, ya no habrá forma de corregir cualquier error”, indicó.
Para este especialista, no saber cuántos electores hay en El Salvador es ilegal ya que el registro electoral es la base de una elección y el ciudadano debe conocer el dato.
“Con las actas, nos entera del trabajo del organismo colegiado, esas actas deberían ser públicas, como todo lo que hace el Tribunal”, indicó.
Para el académico e investigador Óscar Picardo, la falta de actualización de las actas y del registro electoral “dice mucho de las perspectivas de los magistrados respecto a los ciudadanos y a la concepción de la democracia”. Según Picardo, esto puede conllevar en “típicas sorpresas de cambios y reformas, secretos, decisiones a espaldas de la gente” en materia electoral.
