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La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa recibirá el próximo martes una solicitud de ratificación de un acuerdo de cooperación que promete fortalecer la pesca artesanal en el país y busca otorgar inmunidad al personal que ejecutará el proyecto financiado por Italia.

El proyecto, financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, se denomina “Desarrollo de las comunidades costeras, fortalecimiento de la pesca artesanal, de la cadena productiva pesquera y de la gestión integrada y sostenible de las costas a través de la intervención en tres zonas pesqueras de El Salvador”.

El acuerdo, enviado por la ministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, fue firmado el 11 de marzo de 2026 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos y el Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari (CIHEAM).

El acuerdo, que otorga 3.8 millones de euros –4.3 millones de dólares– reconoce el Centro de Bari como organismo internacional y le otorga los privilegios e inmunidades temporales por el periodo de la duración del proyecto, le da franquicia para cinco vehículos del proyecto con placas de misión internacional y exención de IVA a las compras relacionadas al proyecto.

El proyecto se aplicará en el Puerto El Triunfo y la Bahía de Jiquilisco, Usulután; La Unión; y en la Barra de Santiago, Ahuachapán. La ejecución está programada para tres años y el acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 pero podrá prorrogarse por periodo de hasta un año.

Los beneficiarios del acuerdo son aproximadamente 3,000 pescadores organizados en al menos 100 cooperativas ubicadas en La Unión, Puerto El Triunfo-Bahía de Jiquilisco y Barra de Santiago; más 15,000 personas como beneficiarios indirectos o familias extendidas de los pescadores y mujeres activas en el sector pesquero.

Una de las proyecciones del compromiso es establecer infraestructuras y gestión comunitaria para la conservación, procesamiento y comercialización de los productos pesqueros con el cumplimiento de requisitos de higiene y calidad nutricional para el mercado local y turístico.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, calificó de concepto muy simple el comportamiento de una gráfica que mostraba el aumento progresivo de la tasa de personas encarceladas desde el año 2000 y la caída de la tasa de homicidios a partir del año 2015.

«Es un concepto muy simple, en realidad», expresó este sábado.

En la gráfica, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes tiende al alza desde el año 2000 hasta 2015, oscilando entre los 40 hasta más de los 100, llegando su pico más alto en 2015, pero bajando estrepitosamente a partir de entonces.

Mientras, la misma gráfica muestra un aumento constante de la tasa de encarcelamiento en todo el periodo 2000 a 2025, sin que haya disminuido e incluso con un pronunciado aumento a partir de 2021.

El comentario del mandatario se dio en respuesta a otro de @ArthurMacwaters, que afirmó que el «1% de las personas representan el 63 % de todos los delitos violentos; 0.2% de las personas cometen asesinato alguna vez, y **el 67% de todos los asesinatos** son cometidos por personas con arrestos previos».

«Puedes literalmente solucionar el crimen simplemente no tolerando a las personas que muestran un historial de ser destructivas para la sociedad», indicó Macwaters, quien se identifica como fundador de Legion Health (@LegionHealth, https://legionhealth.com/), una clínica de telepsiquiatría y plataforma de tecnología médica con sede en San Francisco, California.

Antes, Macwaters afirmó: Simple. «Necesitamos ser más como El Salvador», mostrando una gráfica de la caída del crimen desde el régimen de excepción en El Salvador.

«El botón de «arreglar todo» es literalmente solo para arrestar criminales y mantenerlos en la cárcel. Bukele fue capaz de hacer esto en cuestión de meses. Cuando ves el crimen y la podredumbre en las ciudades occidentales y te sientes inseguro dejando que tu esposa camine por ahí, sabe que es una elección», afirmó.

El gobierno de El Salvador aplica un régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022 que disminuyó más los homicidios que venían disminuyendo desde el año 2015.

Los homicidios bajaron de 1,211 en 2021 a 615 en 2022, año en que inició el régimen; cifras que han disminuido a 194 en 2023, 114 en 2024 y 82 homicidios en 2025.

El estado de excepción suspende tres derechos constitucionales relacionados al tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas, extendiéndolo a 15 días máximo; suspende el derecho de defensa y la privacidad de las telecomunicaciones.

El gobierno de El Salvador reporta más de 92,300 capturados durante el régimen de excepción. Las organizaciones no gubernamentales reclaman más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias pero también incluyen torturas y malos tratos; y 530 personas fallecidas bajo custodia estatal.

It’s a very simple concept, really. https://t.co/XXXXf0QBCW pic.twitter.com/knKOCR4bMG

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 20, 2026

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente un demanda de inconstitucionalidad contra disposiciones legales que permiten juicios masivos y que extendieron los plazos de instrucción de los procesos penales abiertos bajo el régimen de excepción que inició el 27 de marzo de 2022.

Las disposiciones impugnadas son el artículo 21-A de la Ley contra el crimen organizado y varios artículos las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”.

El artículo 21-A de la Ley contra el crimen organizado prolongó el plazo de instrucción para los procesos penales de régimen de excepción.

“Los procesos penales tramitados con base en esta ley iniciados antes de la entrada en vigencia de este decreto y que se encontraren en la fase de instrucción, esta se ampliará por un plazo de 12 meses contados a partir de este decreto luego del cual se podrá solicitar prórroga hasta 12 meses más, cumpliendo los requisitos dispuestos en el artículo 17 de esta ley”, indica la disposición.

De las disposiciones, la abogada demandante, Roxana Cardona, impugnó la disposición que permite el sometimiento de los imputados “a un solo proceso penal por la pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita” y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción.

Estas disposiciones permitieron que la Fiscalía agrupen por estructura a los acusados de ser pandilleros en una sola causa, teniendo en cuenta criterios como estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros, para lo cual establece un plazo de no más de dos años, en el cual, de no pronunciarse el fiscal, se dictaría sobreseimiento definitivo.

La abogada argumentó que el artículo 17 de la Ley del crimen organizado viola los principios de legalidad, defensa, seguridad jurídica y retroactividad de la ley, concretamente los artículos 2, 11, 12, 15 y 21 de la Constitución de la República, referidos al derecho a la vida, integridad física moral, libertad, presunción de inocencia, derecho a no ser juzgado con base en leyes anteriores al hecho imputado y la irretroactividad de ley.

La Sala declaró improcedente la demanda e hizo algunas valoraciones sobre los argumentos de la demandante, sobre todo sobre la irretroactividad de las leyes. Consideró que en torno a la retroactividad de las leyes, la Sala ha sostenido que “las normas de carácter procesal poseen eficacia inmediata, es decir, rigen todos los procesos que se encuentren en curso a la fecha de su entrada en vigor”, “por lo cual aplicar enseguida una nueva ley procesal no conlleva retroactividad”.

Según la Sala, si un proceso penal está en etapa de instrucción “este proceso se encuentra pendiente, por lo que una nueva norma procesal, como la impugnada o con otro contenido, le es inmediatamente aplicable”.

“Distinto sería un caso en el que ya existiera resolución judicial que expresamente hubiera finalizado la fase de instrucción o que hubiera declarado iniciada la siguiente etapa del proceso”, indicó.

La instancia judicial consideró que, en relación al artículo 21 de la Constitución, “la confrontación se basó en un contenido erróneo del objeto de control” y sobre el inciso segundo de la Ley contra el crimen organizado, la demandante “no precisó el parámetro de control ni argumentó algún contraste normativo”.

Por ello, la Sala aseguró que la demandante atribuye la disposición impugnada a “un contenido erróneo”, pues “esta no supone el uso retroactivo de la ley sino solo aplicación inmediata de la norma procesal nueva a los hechos jurídicos procesales que se están desarrollando dentro de su vigencia”.

La Sala también rechazó el argumento de la demandante sobre los juicios masivos y aseguró que la afirmación de la supuesta violación a las normas de identificación del delincuente no se refiere a un vicio de la norma sino a un “supuesto relativo a su aplicación”.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó esta semana que funcionarios públicos actuales o los que han manejado fondos públicos o desempeñado cargos sujetos a fiscalización durante los últimos cinco años deben actualizar sus datos en la institución.

Los datos, según la institución, deben ser actualizados en el “Módulo de Notificación Electrónica (MNE)”, un sistema que según la institución mantiene informados a los exempleados o exfuncionarios, empleados o funcionarios, sobre los procesos de los sujetos obligados.

Según la CCR, los funcionarios, exfuncionarios o terceros sujetos a fiscalización deben completar y verificar sus datos en dicho módulo.

En sus redes sociales, la institución explicó que deben introducir su número de Documento Único de Identidad (DUI), carné de residencia o pasaporte, correo electrónico y número telefónico institucionales del lugar donde labora o haya laborado, y datos de contacto personales.

“Aplican para actualizar los datos servidores del sector público, organismos y personas que reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos, terceros sujetos a fiscalización que hayan desempeñado sus funciones durante los últimos cinco años”, detalló la CCR.

La institución dispuso este correo para consultas: consultasmne@cortedecuentas.gob.sv.

La Corte de Cuentas debe realizar investigaciones o auditorías a funcionarios o empleados públicos por posibles actos de corrupción o enriquecimientos a costa de la hacienda pública o municipal, y debe remitir las auditorías con hallazgos u observaciones a la Fiscalía General de la República.

La Ley Anticorrupción, una normativa cuya aprobación fue uno de los compromisos adoptados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), requiere que todos los funcionarios y empleados públicos obligados a declarar su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia declara activos y pasivos junto a su declaración de renta; si no declaran deben ser cesados o destituidos según la ley. Estos informes serán de acceso irrestricto a la Corte de Cuentas.

Esta normativa establece como sujetos obligados a todos los funcionarios, empleados públicos, servidores públicos, agentes de autoridad y autoridades públicas de cualquier órgano de gobierno, instituciones del Estado, de las municipalidades, instituciones oficiales autónomas y desconcentradas, así como los particulares ya sean personas naturales o jurídicas en términos establecidos por la ley.

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador aseguró que el presidente salvadoreño Nayib Bukele tiene un compromiso incesante con la seguridad en la región al reaccionar sobre la incautación de 6.68 toneladas de cocaína publicada este viernes por el mandatario.

La incautación se realizó el jueves 18 de junio al detectar dos embarcaciones, una con tres narcotraficantes, dos colombianos y un ecuatoriano, que transportaban 3.425 toneladas de cocaína a bordo de una embarcación LPV a 1,074 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo del Estero de Jaltepeque.

La otra embarcación a 1,172 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, con dos colombianos y un ecuatoriano que transportaban 3.255 toneladas de cocaína, sumando en total 6.68 toneladas por un valor de $167 millones, récord nacional de decomiso en una sola operación.

Las autoriades de El Salvador han decomisado 13.286 toneladas de cocaína en lo que va de 2026, valoradas en $332.15 millones.

La viceministra la Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, se reunió con el cónsul honorario de Suiza en El Salvador, Luis Letizelar, quienes abordaron la búsqueda de “mejores oportunidades para la población retornada” y de la prevención de riesgos de la migración irregular.

Según la funcionaria, también se reunieron para robustecer las relaciones económicas, comerciales y de cooperación.

De Suiza, uno de los mayores cooperantes ha sido la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact), con iniciativas formativas, emprendedoras y de reintegración laboral para la población retornada.

Su programa “Nuevas Oportunidades” inició como fase piloto en 2016 y que posee áreas en certificación de competencias laborales, desarrollo de habilidades blandas, intermediación laboral y promoción del emprendimiento.

Este programa registra que aproximadamente el 30 % de 140 personas retornadas por día a El Salvador tienen una amplia experiencia laboral en el extranjero.

La Embajada de Estados Unidos en San Salvador reconoció a casi 80 salvadoreños que han formado parte del programa de becas de la Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas, con motivo del décimo aniversario del programa.

“Junto a nuestra Encargada de Negocios, Naomi Fellows, celebramos el décimo aniversario de @ylainetwork Young Leaders of the Americas Initiative y reconocimos a casi 80 salvadoreños que han formado parte de esta red desde 2016. Sus historias reflejan el impacto de la innovación, la colaboración y el emprendimiento en el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó la oficina diplomática en redes sociales.

El programa YLAI fue lanzado en 2015 por el Departamento de Estado de Estados Unidos con el objetivo de empoderar a empresarios emergentes del Hemisferio Occidental y fomentar la creación de empleo, además de construir redes de jóvenes empresarios y líderes empresariales y sociales en América Latina, el Caribe, Canadá y Estados Unidos.

Los jóvenes que pueden aplicar al programa deben tener entre 25 y 35 años, tener un historial demostrado de éxito en el crecimiento de su propio negocio o emprendimiento durante al menos dos años, no ser ciudadano estadounidense ni residente permanente de los Estados Unidos, ni empleado del gobierno de los Estados Unidos, dominar la lectura, escritura y el hablá del inglés, entre otros.

Entre los países elegibles están El Salvador, Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, panamá, Perú, Paraguay, Venezuela, Cuba, entre otros.

La canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco firmó un acuerdo con el ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini, para el reconocimiento recíproco de licencias de conducir.

El acuerdo es considerado histórico para la diáspora salvadoreña en Italia.

“Firmamos el acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir que beneficiará a miles de salvadoreños y sus familias al facilitar su movilidad en ese país”, indicó la ministra.

Se trata, dijo, de una petición histórica de la comunidad salvadoreña en Italia.

El convenio busca facilitar el acceso al empleo y que los compatriotas cuenten con documentación válida y actualizada conforme a la legislación italiana, así como reducir costos.

En Italia, los consulados de Roma y Milán ofrece servicios de renovación de licencias.

Un acuerdo similar también fue suscrito por El Salvador y Italia en enero de 2009, un convenio que en esta ocasión fue ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 13 de mayo de 2009.

La Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche) llamó a las autoridades y al sector industrial de productos lácteos a abrir espacios de diálogo luego de que la Asamblea Legislativa eliminara la prohibición de comercializar productos lácteos hechos de leche en polvo reconstituida o recombinada.

“Hacemos un llamado a las autoridades, al sector industrial y a todos los actores involucrados para abrir espacios de diálogo que permitan construir soluciones integrales en beneficio de El Salvador”, indicó el jueves la asociación.

En el comunicado, la asociación reveló que las empresas procesadoras de lácteos les han notificado a ganaderías y productores de leche de todo el país «su disposición de suspender la compra de leche fresca producida en sus hatos, limitando la producción nacional de leche fresca y aumentando seguramente el uso de leche en polvo reconstituida o bases análogas».

Proleche cuestionó la falta de consulta de la reforma y preguntó específicamente cómo se garantizará que los consumidores distingan claramente entre leche fresca y leche reconstituida, además de los productos lácteos elaborados con ambos procesos. Así mismo, cuestionó sobre los mecanismos de supervisión y control de estándares de calidad, inocuidad y etiquetado, incluido los controles a los productos importados.

La gremial exhortó a la «igualdad de condiciones para toda la cadena» y «evitar generar ventajas exclusivas para determinados sectores».

Según Proleche, la producción de leche fresca genera más de 150,000 empleos directos y más de 500,000 indirectos en El Salvador.

El miércoles, la Asamblea Legislativa eliminó la prohibición de comercializar productos lácteos con leche en polvo reconstituida o recombinada, que estaba vigente desde octubre del año 2000. Pese a la prohibición, ganaderos han asegurado que el uso de la leche en polvo reconstituida ha sido una práctica común en la elaboración de productos lácteos.

En el acuerdo comercial con Estados Unidos anunciado en enero de 2026, El Salvador se comprometió a permitir las importaciones de productos lácteos de Estados Unidos de origen bovino, ovino y caprino siempre que tengan certificado sanitario estándar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y le prohíbe que adopte medidas discriminatorias o preferenciales que pongan en desventaja las exportaciones de Estados Unidos.