El exdiputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de organización de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), aseveró que el partido Gana decidió no participar en las elecciones presidenciales con candidatos propios.
“Vamos a respaldar la candidatura del presidente Bukele”, anunció el vicepresidente de organización del partido, el exdiputado del partido que abanderó la candidatura presidencial de Nayib Bukele para su primer periodo de 2019 a 2024.
Gallegos aseguró que ya eligieron candidatos a diputados y alcaldes, aunque aseguró que esta semana publicarán los nombres de los candidatos. El partido aliado de Nuevas Ideas realizó elecciones internas hasta el 29 de julio según el exlegislador.
El dirigente reiteró que no participará en las elecciones de 2027 en ninguna candidatura. Gallegos perdió su curul en las elecciones legislativas de 2024.
El Salvador realizará elecciones municipales, legislativas y presidenciales el 28 de febrero de 2027.
Las presidenciales de 2029 se adelantaron hacia 2027 por reforma constitucional debido a que se extendió el periodo presidencial de cinco a seis años en una reforma a la Constitución que también habilitó la reelección presidencial indefinida para que el presidente Bukele pudiera postularse para su segunda reelección, ahora para el primer sexenio, el periodo 2027-2033.
El partido Vamos decidió no participar en las elecciones presidenciales porque consideran que hacerlo sería legitimar una reelección que aseveran sería inconstitucional. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección presidencial continua.
Al menos nueve partidos políticos han decidido oficialmente participar en las elecciones del 28 de febrero de 2027, al menos tres en los tres tipos de elección, presidencial, legislativa y municipal, otros solo en legislativas y municipales; y uno, al parecer, solo en la presidencial y en algunas municipales.
Un décimo partido, Democracia Salvadoreña (DS), tiene pendiente la realización de una Asamblea General el 15 de agosto de 2026 para aprobar su participación en los comicios 2027.
En concreto, los partidos Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) han oficializado sus fórmulas presidenciales; mientras el Partido de Concertación Nacional (PCN) eligió en internas una fórmula presidencial pero no la ha oficializado; y Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) aseveró que presentará públicamente su fórmula presidencial.
Mientras, los partidos Vamos, Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y Fuerza Solidaria (FS) participarán solo en las municipales y legislativas. Vamos lo hace por no legitimar una elección que considera inconstitucional; y el resto respaldaría la candidatura presidencial de Nayib Bukele.
Mientras, FPS solo ha dado a conocer dos candidatos a alcaldes: San Salvador Centro y San Salvador Este; pero su secretario general, Óscar Lemus, reveló el sábado que tiene fórmula presidencial y que la presentarán próximamente.
En El Salvador, la Ley de partidos políticos exige a los partidos definir sus candidatos a través de un proceso de elecciones con voto secreto e igualitario de sus afiliados inscritos en un padrón. Esta normativa también impone el requisito de participar en las elecciones para mantener su existencia.
El artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos indica que procede la cancelación de la inscripción de un partido político cuando no participe en dos elecciones consecutivas. El partido DS no participó en las elecciones de 2024.
Participación electoral de los partidos políticos de El Salvador en 2027 (hasta este 8 de agosto)
1. Nuevas Ideas. Participará en las elecciones presidenciales, municipales y legislativas. El partido oficial eligió a 60 candidatos a diputados, 44 candidatos a alcaldes municipales con sus respectivos concejos y a su fórmula presidencial de Nayib Bukele y Félix Ulloa.
2. Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Realizó elecciones internas el 26 de julio y eligió candidatos a presidente, alcaldes y diputados. Su fórmula presidencial está compuesta por Mayteé Iraheta y Verónica Henríquez.
3. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El partido de izquierda participará en las elecciones presidenciales, municipales, y legislativas en todas las circunscripciones. Eligió a su fórmula presidencial compuesta por el doctor Rafael Aguirre y la enfermera Madaí Santos.
6. Partido Demócrata Cristiano (PDC). Este partido decidió no participar en elecciones presidenciales; sino en las elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales. Aún no se conoce un listado íntegro de candidatos.
7. Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana). Este partido decidió no participar en elecciones presidenciales y respaldarán la candidatura presidencial de Nayib Bukele, confirmó el exdiputado Guillermo Gallegos, dirigente de Gana. Aseguró que durante los próximos días darán a conocer a todos sus candidatos municipales y legislativos. Janet González, alcaldesa de La Libertad Oeste por este partido, es candidata a la reelección.
8. El partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), dirigido por Óscar Lemus, convocó a elecciones internas los días 19 y 26 de julio. El 29 de julio anunció en redes al exalcalde Adán Perdomo como candidato a alcalde de San Salvador Este. Su candidato a alcalde por San Salvador Centro será Rodolfo Valladares, dio a conocer el sábado 8 de agosto. Lemus sostuvo que darán a conocer la fórmula presidencial en los próximos días.
9. Fuerza Solidaria (FS), partido dirigido por el exdiputado Rigoberto Soto, realizó las elecciones internas el 29 de julio, con un padrón de 700 personas. La FS anunció que no participará en las presidenciales.
Participará en elecciones de alcaldes, ya que en redes sociales ha divulgado algunos nombres de sus candidatos: Juan Pablo Herrera, de San Vicente Norte (iría en coalición con Gana); Mauricio Aguilar, de La Libertad Norte; Manuel Guerra, Usulután Norte; Mario Zúniga, La Unión Norte; Hugo Calidonio, Santa Ana Oeste; Coki Díaz, La Libertad Costa; Dilber Morales, Sonsonate Este; Jaime Andrade, La Libertad Centro; Daysi Jordan, La Libertad Sur. También en redes sociales maneja los siguientes candidatos a diputados: Mauricio Aguilar y Arturo Guerra, por La Libertad; y Krissia Magaña, Santa Ana.
10. Democracia Salvadoreña: este partido político convocó a una Asamblea Nacional ordinaria el sábado 15 de agosto, mediante la cual aprobarían participar en las elecciones de 2027 “para la elección de candidatos de elección popular para presidente y vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa e integrantes a concejos municipales”. Según la convocatoria, para las presidenciales, participarían “en la modalidad de alianzas o coaliciones con otros institutos políticos que se consideren convenientes”. La votación de la participación se realizaría hasta esa fecha.
Rafael Aguirre, candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no está de acuerdo en la reelección presidencial pero cree que una eventual elección de Nayib Bukele en 2027 no sería inconstitucional porque ya se reformó la Constitución salvadoreña.
Aguirre, por otra parte, está de acuerdo con el régimen de excepción pero sugiere hacer un análisis para buscar una herramienta constitucional mejor o igual que mantenga presos a los pandilleros y delincuentes, y que dé pronta y debida justicia a las personas inocentes.
¿Qué opina de la reelección presidencial?
No estoy de acuerdo en la reelección presidencial, yo lo he planteado, porque se pudiera plantear el hecho de una Asamblea constituyente para hacer una nueva Constitución o replantearse este hecho, pues, pero eso sí, tendría ser altamente dialogada, no estamos hablando de días, sino de meses de trabajo, sino de meses de trabajo con todas las instituciones que deben ser tomadas en cuenta.
¿Cree que su candidatura está legitimando la reelección?
No, en absoluto, yo cumplo con todos los requisitos de ley, no he sido yo el que ha violentado la Constitución, no he sido yo el que ha modificado la Constitución para poder reelegirse permanentemente. Si de mí dependiera, pues, yo haría todo lo posible por revertir esos cambios porque no creo en la reelección indefinida, creo más bien en el proyecto de nación, creo más bien en un proyecto donde, independientemente de la persona que llegue a gobernar, pues, se mantenga el proyecto de nación, se mantenga la apuesta por mejorar los sistemas.
¿Cree que la reelección del presidente, de su contrincante, es inconstitucional?
Actualmente, ya no, actualmente ya se hicieron los ajustes constitucionales para que la reelección indefinida sea un hecho a nivel de país, pero la primera reelección que se tuvo, sí, eso definitivamente, para los expertos a nivel constitucional, sí, es un acto inconstitucional lo que se hizo.
¿Pero, si le gana a usted en 2027, no será inconstitucional?
Pensaría yo que no. Ahora, es que hay personas que han dicho se han adelantado las elecciones y, por tanto, eso no es legal, que se adelanten las elecciones, pero se están haciendo, ese es el punto al final. Constitucionalmente, fueran en esta o fueran en el 2029, yo cumplo con los criterios.
Ahora, bajo esta figura de adelanto que ha hecho la Asamblea Legislativa, pues, y se puede participar porque se está participando en toda esfera, Asamblea Legislativa, municipal y de presidente, pues, definitivamente, ¿por qué no participar? No le vemos nosotros ese obstáculo a pesar de que, es cierto, no es la forma legal o la costumbre que se tiene de respetar en ese sentido pero, si no lo hacemos en este momento, ¿en qué momento será?, porque de ahora en adelante todas las elecciones que vengan se van a declarar entonces inconstitucionales porque, si la elección tendría que ser en el 2029 y del 2029 la siguiente corría hasta el 2034, entonces, ya no vamos a tener ninguna elección constitucional ni legal, entonces. Obviamente tenemos que acceder al poder para poder transformar esta realidad y construir un nuevo Estado de derecho y una seguridad jurídica para la nación.
¿Está a favor o en contra del régimen de excepción?
Estoy a favor, estoy a favor del régimen de excepción, es que es una herramienta constitucional, no es algo sacado de la manga; que se ha sobreutilizado, pues, esas son situaciones que tenemos que analizar con los expertos y ver de qué manera proporcionarle a los presos inocentes la válvula de escape para que reciban pronta y cumplida justicia.
¿Cómo sacaría a las personas inocentes?
Nosotros no podemos. En primer lugar, aquellas personas que tienen carta de libertad otorgada por un juez, que no fueron vencidas en juicio, sino que demostraron su inocencia, esas personas tienen que salir inmediatamente. Todas aquellas personas que tienen carta de libertad tienen que salir inmediatamente.
En segundo lugar, no depende del Ejecutivo, depende del Legislativo y del Judicial, quiénes son las personas que sí son inocentes, se les tiene que probar su inocencia. Mejor dicho, según la Constitución se les tiene que probar su culpabilidad y no demostrar su inocencia, pero en este caso, bajo el régimen de excepción, se vuelve lo contrario, aquí tienen que mostrar su inocencia antes que la culpabilidad, así que, si las personas han logrado demostrar su inocencia, son las personas que tienen que salir libre.
¿Cómo diseñaría un plan desde la Presidencia para que las personas inocentes salgan de prisión y no que los pandilleros salgan?
Si del Ejecutivo dependiera, tiene que diseñarse una comisión especial que tiene que estar conformada por el poder judicial, legislativo y ejecutivo, en el ramo del Ministerio de la Justicia y el Ministerio de la Defensa.
Usted dice que está a favor del régimen de excepción, ¿está a favor de los tres derechos suspendidos actualmente? ¿O cambiaría alguno de los derechos suspendidos, de defensa, las 72 horas y la privacidad de las telecomunicaciones?
El régimen de excepción es una herramienta constitucional para establecer el orden público cuando ocurra alguna emergencia o caos público. De esa misma manera, también es necesario llevar el equilibrio o el análisis de hasta cuándo esta herramienta constitucional es necesaria aplicar. Ahora, ¿se puede mantener la misma sensación de seguridad al tener el régimen de excepción sin abolir estas garantías constitucionales? Pues, entonces, esa ya deja ser la herramienta régimen de excepción. El régimen de excepción hay que dejarlo tal cual está, lo que hay que buscar es qué herramienta constitucional yo tengo que sea igual o mejor de efectiva del régimen para mantener a los pandilleros y los delincuentes en la cárcel y poder darles pronta y debida justicia a las personas inocentes.
¿Está a favor de la cadena perpetua para los pandilleros?
Estoy a favor de la cadena perpetua para los delincuentes, esto incluye también a los corruptos. Es que el problema es que se está violentando la Constitución de la República, sabemos que hay condenas de 200 años, eso prácticamente es una cadena perpetua, ¿qué necesidad hay realmente de la cadena perpetua? Prácticamente se está haciendo un uso político partidario del tema ‘cadena perpetua’.
Por lo tanto, nosotros hemos dicho que tenemos que ser lo más técnicos y apegados a la ley. Ahora, ¿será realmente la cadena perpetua lo que nos va a garantizar seguridad permanente en el país?, yo creo que no, tenemos nosotros que analizar qué herramientas constitucionales tenemos en el Código Penal, Código Civil, en las diferentes plataformas legales que tenemos para garantizar seguridad permanente a la población.
Rafael Aguirre, candidato presidencial por el FMLN, es médico y secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss). / Y. M.
¿Cree que los expresidentes del FMLN cometieron actos de corrupción?
Realmente tendrían que evaluarse los juicios, yo no he seguido el juicio de ninguno de los dos, tampoco del expresidente Saca, del expresidente Flores y de los que vengan también, para poder establecer la legalidad o no de los juicios que han tenido.
Ahora, yo no permitiría partida secreta, porque se quitó con el nombre partida secreta pero se derivó a otro tipo de carteras del Estado pero eso lo que permite corrupción, aparte de eso el tener bajo reserva toda la información necesaria, yo por eso lo he dicho: si en el momento que nos dejen entrar a Casa Presidencial, la población así lo permite, lo primero que hay que hacer es levantar la reserva de todo este tipo de información, porque la gente tiene que saber qué pasó con el dinero pero también qué va a pasar con el que siga llegando.
De acuerdo a lo que ha visto en los medios de comunicación, ¿no está convencido de que el Frente haya cometido actos de corrupción cuando gobernó?
Claro, como todo gobierno, tanto los pasados como los presentes, sabemos que han cometido actos de corrupción, pero como suele suceder las personas que están involucradas en estos actos de corrupción hacen todas las medidas posibles para ocultarlo hasta que ya no están en el poder. Una vez dejan el poder, esto se puede saber. Realmente es importante saber la corrupción pasada pero también cómo evitar la corrupción futura y cómo evitar la corrupción que está pasando actualmente.
La abogada Cinthya Grande, quien labora en el área de migración en Los Ángeles, Estados Unidos, cree que la finalización del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador enfrenta a miles de salvadoreños a riesgos de detención y de deportación en los Estados Unidos.
“Muchas personas van a estar en riesgo de detención y de deportación, especialmente porque hay muchas personas que tienen TPS que ya tienen orden de deportación de hace años”, afirmó Grande, en una entrevista a Diario El Mundo.
Una de las mayores vulnerabilidades es la posible separación de las familias que tienen un familiar tepesiano y la fragilidad económica ante eventuales despidos.
“La familia en El Salvador depende de los ingresos de la persona, no van a tener permiso de trabajo, van a despedir a esas personas, porque no está vigente el permiso del trabajo”, indicó.
Cinthya Grande, abogada en temas migratorios. / Cortesía.
Según la abogada, si se guía por lo actuado con los demás programas migratorios temporales, es muy poco probable que el gobierno estadounidense lo prolongue para los salvadoreños o incluso que cree otro programa migratorio para prolongar su estadía en el país.
“No creo que vaya haber otro programa migratorio, pienso que tal vez hay una pequeña posibilidad de que puedan continuarlo, porque han cancelado todos los otros programas de TPS”, argumentó.
Señaló que hay países beneficiarios en donde gobierno no existe y las pandillas han tomado el control, a los cuales se les ha cancelado el programa.
El TPS para El Salvador, que beneficia a unos 170,000 salvadoreños, tiene como fecha de vencimiento 9 de septiembre de 2026. Los permisos de trabajo que vencían el 22 de julio fueron extendidos por un tribunal hasta el 5 de agosto, mientras resolvía una demanda contra la cancelación de los permisos; sin embargo, la resolución fue rechazar la demanda.
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseveró a un medio colombiano que hablar de derechas e izquierdas es una anacronismo utilizado por los medios de comunicación.
«Para mí hablar de derecha e izquierda me parece que son anacronismos, es el periodismo el que hace esta calificación, yo desde las ciencias sociales prefiero hablar de gobiernos que cumplen y de gobiernos que prometen y no cumplen», dijo a la revista Semana, en el fragmento de la entrevista publicada en su perfil.
Según el mandatario, la población premia o castiga a sus gobernantes que, si ofrecieron y no hicieron nada, «no los van a reelegir» pero, si son gobiernos que prometen y cumplen, «los van a reelegir, que es el caso del presidente Bukele», indicó, en la entrevista otorgada durante su visita para asistir a la toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
Ulloa calificó al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como un hombre de ideas y no de ideología.
«Lo que ha prometido al pueblo, se lo ha cumplido, el pueblo lo reeligió en el 2024, ahora va a una tercera consulta y, si el pueblo está satisfecho, le va a seguir renovando el mandato». Félix Ulloa, vicepresidente salvadoreño.
En marzo, pasado, Ulloa también rechazó referirse a izquierdas o derechas o sobre “progresistas” y habló del “bukelismo”, definiéndolo como un modelo en donde un presidente “está respondiéndole al pueblo”, en respuesta sobre la afinidad del gobierno de Nayib Bukele al ala derecha del Parlamento Europeo.
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, hizo esta semana un llamado a mejorar los salarios, el precio de la canasta básica y otorgar una «jubilación digna y justa», y advirtió que no hacerlo sería «un grave abandono a la familia».
Citando la encíclica Magnificat Humanita del Papa León XIV, Escobar pidió a las autoridades salvadoreñas trabajar «por un salario digno, una canasta básica accesible inclusive a los pobres» y una «jubilación digna y justa».
«Es loable que intelectuales y legisladores y otras personas influyentes en nuestro país no hayan permitido proyectos de muerte como aborto y eutanasia, y proyectos anti-natalistas que rondan por el mundo causando tanto daño a muchos países, sin embargo, es necesario trabajar por un salario digno, por una canasta básica accesible inclusive a los más pobres, jubilación digna y justa, y por el resto de los derechos humanos, pues de lo contrario sería un grave abandono a la familia con las nefastas consecuencias que eso implica», señaló.
La propuesta de reforma previsional aún no es publicada por el gobierno salvadoreño.
El acuerdo del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye una reforma de pensiones con la finalidad de «respaldar» el ajuste fiscal después del año 2025. Las reformas se harían en función de «salvaguardar el ajuste más allá de este año», del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), un 1.5 % en 2025 –0.2 % de ingresos y 1.3 % de contención del gasto–, 1 % en 2026 y 1 % en 2027.
El Sistema Público de Pensiones (SPP) –con 88,000 beneficiarios y solo 2,300 contribuyentes– enfrenta déficits crónicos financiados con deuda estatal; y el Sistema Privado de Pensiones –con aproximadamente 128,000 jubilados y 950,000 trabajadores cotizantes– administra las Cuentas Individuales de Capitalización (CIAP) de los cotizantes y una Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) que garantiza el pago de las pensiones mínimas a los cotizantes pero cuyos fondos se acabarían en 2029.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, lamentaron este sábado el fallecimiento del empresario mexicano Tomás Zaragoza Fuentes, fundador de Grupo Tomza y hermano de Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del Grupo Zeta Gas.
«Su visión empresarial dejó una huella importante en El Salvador», afirmó la esquela publicada en redes sociales de Casa Presidencial.
«Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Dios conceda fortaleza, consuelo y paz a su familia y amigos», indicó la cuenta de Casa Presidencial, en X.
El diario mexicano Norte Digital informó que Tomás Zaragoza Fuentes falleció el viernes a sus 82 años por causas aún no conocidas.
En Ciudad Juárez, México, acudieron a la misa de cuerpo presente empresarios, políticos, amigos y familiares de Tomás Zaragoza Fuentes, de quien el sacerdote destacó la generosidad.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, quien asistió el viernes a la toma de posesión del derechista Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, aseguró que hay disposición de compartirle la experiencia sobre las reformas penales y procesales penales aprobadas en El Salvador en el marco del régimen de excepción y la captura de más de 92,740 personas acusadas de ser pandilleros.
En una entrevista a la revista Semana, Ulloa aseguró que están dispuestos a compartir también los cambios realizados en el sistema de administración de justicia.
Según Ulloa, la seguridad no basta con una acción “policial o militar”. Observó, por ejemplo, que en Colombia el delito de la extorsión es excarcelable, algo que considera que sería tratarlo como una “falta menor”.
En la entrevista, el vicemandatario sostuvo que uno de los “pilares de éxito” fue la construcción del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot), en San Vicente, ya que los delincuentes “deben estar alejados”.
Durante su campaña política, Espriella, nuevo presidente de Colombia, prometió la construcción de megacárceles. Ulloa aseguró que en el “modelo salvadoreño” desapareció la comisión de delitos de extorsiones, secuestros y otros delitos desde las prisiones por medidas que impiden comunicación y “los centros penitenciarios están ubicados lejos de las ciudades”.
El gobierno cuenta 1,275 días sin homicidios durante el actual gobierno y una caída drástica de los homicidios en todo el país, algo que atribuyen al régimen de excepción. Mientras, organizaciones nacionales e internacionales registran más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias, pero también han reportado denuncias de torturas, maltratos y más de 500 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
Seis de cada diez salvadoreños no tendría inconveniente con un gobierno no democrático si resolviera sus problemas (62 %) y un 46 % percibe el proceso político como injusto, cita el informe “Ruptura y oportunidades, propuesta para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica” de la Comisión de la CEPAL sobre Geopolíltica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe.
El estudio, que retoma los datos de Latinobarómetro 2024, ubica como una de las principales rupturas del orden mundial el deterioro de instituciones democráticas y del Estado de Derecho, la restricción de las libertades civiles y políticas, polarización creciente y pérdida de confianza.
Cita que la proporción de personas a las que no les importaría tener un gobierno no democrático si este resuelve sus problemas es mayor en Paraguay (70 %), seguido de Guatemala (67 %), El Salvador (62 %), Honduras y Ecuador (61 %).
La Comisión plantea cuatro posibles escenarios para el futuro del orden mundial, desde la fragmentación geopolítica con reglas definidas con esferas de influencia hasta la reconfiguración multipolar estable con pragmatismo.
El análisis, que ve la región latinoamericana con baja capacidad para crecer, alta desigualdad y gobernanza poco efectiva, e identifica como fuentes de presión la polarización política y la delincuencia organizada transnacional, reafirma que existe la necesidad de “fortalecer la democracia” para mejorar la gobernanza.
Señala que en Estados Unidos los indicadores de calidad democrática “han empeorado progresivamente desde mediados de la década pasada”, sin embargo, considera que “en 2025 preocuparse por el destino de la democracia estadounidense ha casi pasado de moda”.
Citando el “Informe sobre la democracia 2025”, indica que en 2024 solo el 28 % de la población mundial vivía en regímenes democráticos, mientras que el 72 % bajo formas de gobierno autocráticas; y por primera vez en 20 años en el mundo había menos democracias (88) que autocracias (91).
Una explicación al fenómeno es, según el informe, que la población cree que la democracia no le da resultados a sus problemas en seguridad, empleo, calidad de vida o lucha contra la corrupción; y otra es que las élites políticas “erosionan la democracia” y las instituciones no son capaces de imponer restricciones. Según la Comisión, esas dos explicaciones refuerzan un círculo vicioso que debilita aún más la legitimidad democrática.
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió el viernes los expedientes sobre las solicitudes de profesionales a los cargos de presidente, primer y segundo magistrados de la Corte de Cuentas de la República para el periodo que inicia el 28 de agosto de 2026 y finaliza el 27 de agosto de 2029.
El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, leyó que los funcionarios deben tener honradez y competencia notorias, entre otros, y subrayó que la Asamblea tiene la facultad elegir a los funcionarios; y leyó los nombres de los 18 candidatos, de quienes afirmó revisarán las hojas de vida.
Castro aseguró que entrevistarán a los 18 candidatos, elaborarán un dictamen para llevarlo en la sesión plenaria del 26 de agosto para que «los 60 diputados» sean quienes «tomen la decisión».
El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, defendió el proceso. Alegó que es ordenado, coherente y abierto a los medios de comunicación. «Cuando hablo de orden es la forma en la que antes se elegía, era una repartición de cuotas, de negociaciones que no salían ante los medios de comunicación», sostuvo.
Los dictámenes de la Comisión Política no contienen una calificación ni una evaluación de los candidatos, ni formulan recomendaciones sobre a quiénes debería elegirse. Por lo general, un representante de la fracción de Nuevas Ideas o sus aliados proponen los nombres de quienes ocuparán los cargos, y los diputados oficialistas respaldan esas propuestas con sus votos. En ningún caso han objetado las propuestas iniciales.
En las dos últimas dos legislaturas, las elecciones de funcionarios de segundo grado, los legisladores nunca han diferido con la elección de algún funcionario.
El diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), confirmó que «antes eran otros inmuebles donde se llevaban a cabo las reuniones» y en la Comisión Política se llegaba a hacer «la pantomima», ya que se realizaba un «reparto» de las procuradurías general y de derechos humanos, Corte de Cuentas, Fiscalía, entre otros. Orantes dijo que está totalmente listo para «cuestionar» a los candidatos durante las entrevistas. Walter Coto, diputado de Nuevas Ideas, agregó que antes llegaban con «todo preparado» y que en el proceso actual el dictamen llega al pleno en donde «todos los diputados deciden».
Asi se programaron las entrevistas.
Lunes 10 de agosto:
1. Edgar Eliseo Alvarenga Funes: director propietario del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), laboró en la Corte de Cuentas de la República de noviembre de 2019 a agosto de 2020, fue gerente de auditoría del MOPT de agosto de 2020 a mayo de 2021 y jefe de especialistas del despacho ministerial de junio de 2021 a la fecha. Es licenciado en contaduría pública y en administración de empresas. No se encontró en el registro de abogados y notarios de la CSJ.
2. Walter Salvador Sosa Funes: actual presidente de la CCR desde el 7 de febrero de 2025; su período concluye el 27 de agosto de 2026. Fungió como jefe ad honorem de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo. fue juez de paz y de juzgados de instrucción. Abogado activo desde 2016 y notario desde 2020.
3. Karla Gabriela Siliézar Liévano: No se encontró en el registro de abogados y notarios de la CSJ.
4. Julio Guillermo Bendek Panameño: primer magistrado de la CCR, antes fue segundo magistrado de agosto de 2020 a agosto de 2023, exprocurador adjunto para la defensa de los derechos humanos, socio de Bendek & Asociados, fue asesor jurídico y jefe de contratos en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Laboró en Romero Pineda & Asociados. Abogado desde 2005 y notario desde 2007.
5. Sigfredo Alexis Ventura Bonilla: excandidato de la CCR, licenciado en contaduría pública y jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR. No se encontró en el registro de abogados y notarios de la CSJ.
Lunes 17 de agosto
6. José Rodrigo Flores Ramos: segundo magistrado de la Corte de Cuentas hace aproximadamente tres años. Su período concluye el 27 de agosto de 2026. Abogado desde 2009 y notario desde 2012.
7. Julio Alberto Jule Herrera: abogado y notario especializado en derecho penal. Fue secretario de sentencia del juez cuarto de sentencia Ramón Iván García, según escrito judicial. Abogado desde 2006 y notario desde 2014.
8. Carlos Aníbal Cruz Flores: abogado autorizado desde 2005 y notario desde 2022.
9. José Arnoldo Gaitán Castro: Abogado de profesión. Juez de cuentas de la CCR. Fue candidato a magistrado de la Corte de Cuentas en el proceso anterior. Abogado autorizado desde 1992. No aparece autorización de notario vigente en registro público de la CSJ.
10. Arnoldo José Parada Pineda: Ha sido auxiliar fiscal de la Fiscalía General de la República. Ha sido juez ejecutor. Abogado autorizado desde 2015. No aparece autorización de notario en registro público de la CSJ.
Lunes 24 de agosto
11. Gonzalo Octavio Ayala López: Abogado, ha trabajado en la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía General de la República y en la Corte de Cuentas, se desempeñó como oficial de información. Abogado autorizado desde 2013, no aparece autorización de notario en registro de la CSJ.
12. Boris Romeo García Alvarado: Ha prestado servicios de capacitación en derecho notarial en el Consejo Salvadoreño de la Industria Azucarera (Consaa). Ha sido juez ejecutor. Ha sido apoderado de Rectex, S.A. de C.V. según resolución de la Sala de Constitucional. Abogado autorizado desde 2014 y notario desde 2016.
13. Luis Humberto Santos Guardado: abogado en el ejercicio de la profesión especializado en derecho penal empresarial, fiscal auxiliar de la unidad de tráfico ilegal y trata de personas de 2013 a 2015, y en el área de patrimonio privado y propiedad intelectual de 2004 a 2013. Aspiró a fiscal general. Abogado desde 2001, no aparece autorización de notario.
14. Raúl Pareja Méndez: Maestro en derecho penal económico. Ha sido secretario de Actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia dentro de la Corte de Cuentas de la República, docente universitario en la Universidad Modular Abierta. Abogado desde 2008 y notario desde 2012.
Martes 25 de agosto
15. Marcela Beatriz Iraheta Alfaro: ha sido miembro de la Secretaria Técnica del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA), cuya secretaria es la expresidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas Landaverde. Abogada desde 2025, no aparece autorización de notario.
16. Carlos Orlando Lozano Hernández: abogado, ha sido apoderado de la alcaldía de Panchimalco, de la cual ha sido jefe del departamento jurídico según acta municipal de julio de 2014. Ha sido miembro de la comisión de ética gubernamental de la alcaldía, según memoria 2015-2016.
17. José Luis Montalván Martínez: abogado, maestro en gerencia pública. Fue entrevistado para la presidencia de la CCR en el proceso 2024–2025.
18. Salvador Alexander Segovia Robles: auditor de la CCR, fue aspirante a magistrado de la Corte de Cuentas en 2023, citado a entrevista ante la Comisión Política junto con otros candidatos del momento.
