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La Asamblea Legislativa recibió ayer dos solicitudes del Ministerio de Hacienda para que lo autorice a suscribir dos contratos de préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que suman $340 millones para construir carreteras en San Salvador y Ahuachapán, y para mejorar el sistema de agua potable en siete distritos de San Salvador y La Paz.

Un primer préstamo por $185 millones del BCIE se destinaría al financiamiento del “Proyecto para el mejoramiento del sistema de agua potable Guluchapa en el Área Metropolitana de San Salvador”.

Con los fondos, el Gobierno busca mejorar el desempeño de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para realizar “intervenciones en el Área Metropolitana de San Salvador” y mejorar los servicios de agua potable, reducir niveles de agua no contabilizada, “mejorando la eficiencia del Sistema de Agua Potable Guluchapa”.

El sistema de Guluchapa abastece a los distritos de Soyapango, Ilopango, Santo Tomás, San Marcos y Santiago Texacuangos, en San Salvador; y Olocuilta y San Francisco Chinameca, en La Paz.

Con los fondos, según el BCIE, se construirían, instalarían o rehabilitarían 25 obras de captación de agua subterránea y superficial, una planta de tratamiento en Joya Grande con capacidad de 650 litros por segundo, 37.14 kilómetros de tuberías, 25,000 nuevas conexiones domiciliarias con micromedidores y siete tanques de almacenamiento, y se equiparía el laboratorio central de calidad de agua. El préstamo fue aprobado por el directorio del BCIE en febrero de 2026.

Un segundo préstamo de $155 millones se destinaría al “Programa de infraestructura vial y movilidad urbana (PIVMU) fase II”. Para la primera fase de este programa la Asamblea ratificó en marzo de 2026 un primer préstamo por $135 millones, que incluye pasos a desnivel sobre el bulevar Constitución y una ampliación en Nuevo Cuscatlán.

Este segundo crédito para el programa de movilidad completaría el financiamiento de $205 millones que requiere un proyecto para la construcción del corredor norte del «anillo periférico» del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la ampliación del tramo desvío Atiquizaya-desvío bypass de Ahuachapán. De acuerdo con información publicada por el BCIE, se ampliarán 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva. Con ello, prevén reducir el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos y mejorar la circulación regional sobre la Carretera Panamericana.

Además, se harían estudios de diseño del corredor oriente del «anillo periférico» del AMSS que pasa por los distritos de Ayutuxtepeque, Apopa, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

Ambos préstamos tendrán un plazo de 20 años incluyendo cinco años de periodo de gracia a una tasa establecida por el BCIE, una comisión de compromiso de 0.25 % sobre saldos no desembolsados del préstamo a partir de la vigencia del contrato hasta que se haga efectivo el último desembolso del préstamo y una comisión de seguimiento y administración de 0.25 % sobre el monto total del préstamo.

En lo que va de 2026, la Asamblea Legislativa ha aprobado $1,456 millones en deuda, desde el 1 de enero hasta el 10 de junio.

El Ministerio de Hacienda solicitó el jueves a la Asamblea Legislativa aprobar una reforma a la Ley del presupuesto general del Estado de 2026 para incorporar $118 millones de excedentes en la recaudación de impuestos y distribuirlos entre siete instituciones del Estado.

Los fondos, según lo declarado en la solicitud por el ministro de Hacienda, Jerson Posada en la solicitud con el proyecto de decreto, provienen de excedentes de ingresos de impuestos con relación a las estimaciones programadas al mes de mayo de 2026 y servirán para financiar “diversas necesidades de las instituciones”.

Un total de $69 millones provienen de excedentes en la recaudación de Impuesto sobre la Renta y un total de $49 millones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), según la solicitud.

La mayor parte de los fondos se destinará a los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), Salud y Economía (Minec), hacia donde se destinarán $84 millones.

Así se destinarían los $118 millones:

1. Ministerio de Agricultura y Ganadería: $37 millones
2. Ministerio de Salud: $30 millones
3. Ministerio de Economía: $17 millones
4. Presidencia de la República: $16 millones
5. Ministerio de Obras Públicas y Transporte: $10 millones
6. Ministerio de Cultura: $6 millones
7. INDES: $2 millones

A la Presidencia de la República se reorientarían $16 millones, al Ministerio de Obras Públicas, $10 millones, al Ministerio de Cultura, $6 millones y al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), $2 millones.

Para ninguna de las instituciones se detalla si se destinarán a remuneraciones, compra de bienes y servicios, o inversión en activo fijo, o a qué actividades se destinarán.

El ministro de Hacienda, en su solicitud fechada el 16 de junio de 2026, y recibida por la Gerencia de Operaciones Legislativas a las 10:05 a.m. del 18 de junio de 2026, solo explica que los fondos servirán para “efectuar las transferencias correspondientes, a fin de atender compromisos prioritarios e impostergables que han surgido en distintas entidades públicas y que requieren cobertura presupuestaria”.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, solicitó ayer a la Asamblea Legislativa una reforma para que se exija que los productos lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada lo indiquen en una etiqueta de forma «clara, visible y fácilmente identificable para el consumidor».

Su petición tuvo un voto en contra y tres votos a favor, incluidos dos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

La reforma fue solicitada mientras se aprobaba la eliminación de la prohibición de comercializar en El Salvador productos lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida o recombinada, mediante una modificación al artículo 21 de la «Ley de fomento de producción higiénica de la leche y productos lácteos y de regulación de su expendio«.

La leche reconstituida se produce cuando se le agrega agua potable a la leche en polvo para volverla a su estado líquido; y en la recombinada se agregan otros componentes como grasa.

Ortiz también pidió agregar en la reforma que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) «promoverá programas de fortalecimiento productivo, asistencia técnica, innovación, mejora en la productividad, acceso a mercados y competitividad dirigidos a pequeños y grandes productores de leche y productos lácteos nacionales».

«Esto es el tiro de gracia, prácticamente ustedes les están diciendo ‘dejen de producir’ al 80 por ciento del sector ganadero». Claudia Ortiz (Vamos).

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, aseguró que se reunieron con productores de leche, quienes manifestaron que esperaban haber sido consultados sobre la reforma y que no les están comprando la leche o les ponen «cuotas de entrega».

Según Villatoro, aseguró que habrá menos empleos porque habrá menos producción de leche fresca. «Parecería ser que aquí se están volviendo enemigos de la producción nacional porque todo lo quieren traer de fuera», señaló.

«Ellos nos decían que están teniendo problemas los productores de leche porque están haciendo la leche y que no se les están comprando, sino que les está quedando tirada la leche, les están poniendo cuotas de entrega o teniendo que cerrar sus ganaderías por el mismo problema». Marcela Villatoro (Arena).

El diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), aseguró que en la zona occidental la cooperativa La Salud recoge la leche de vaca de todos los productores.

«La producción local no abastece la demanda que el país tiene. No es cierto que se vayan a ver afectados los que tienen menos cantidad de animales». Serafín Orantes (PCN).

La «comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de la leche en polvo» está prohibida desde el 5 de octubre de 2000, luego de que la Asamblea Legislativa de ese entonces aprobara una reforma a la Ley de fomento de producción de la leche y productos lácteos de 1960.

Originalmente, el 22 de octubre de 1999, el Legislativo reformó el artículo 21 para prohibir la «comercialización de la leche proveniente de la reconstitución y recombinación de leche en polvo» pero este fue vetado. Posteriormente, se agregó en la prohibición la crema y los quesos.

El gobierno actual asumió la prohibición en un inicio. En 2022, el MAG anunció el cierre de las plantas que reconstituyeran leche, ya que sostenían que «afectan la calidad» de productos como quesos, leches y yogurt ya que estos se someten «a altas temperaturas para secarse y pierde sus propiedades nutritivas (proteínas, vitaminas y minerales)», además de que presentaba «una desventaja para el sector ganadero». «Los ganaderos reclaman porque ellos venden leche fluida a las plantas, no leche en polvo, y esto les afecta directamente porque dejan de vender su leche a un buen precio», indicaba el MAG el 10 de enero de 2022.

La eliminación de la prohibición fue cuestionada ayer por la asociación de productores de leche Proleche, que preguntó cómo se garantizar que los consumidores distingan entre leche fresca, leche reconstituida y otros productos lácteos.

«Los consumidores merecen conocer con claridad el origen, composición y proceso de elaboración de los productos que adquieren en sus familias», señaló la gremial en un comunicado publicado anoche en redes sociales.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó dos reformas al presupuesto 2026 para incorporar fondos de préstamos: $554,615 de un financiamiento de $71.3 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); y $912,210 en su mayoría de un préstamo de $150 millones Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Votaron los diputados de Nuevas Ideas, dos diputados del Partido de Concertación Nacional (PCN) y uno del Partido Demócrata Cristiano (PDC). El sistema de votación solo registró 55 votos, ya que dos legisladores –de Nuevas Ideas– votaron a mano alzada.

Los desembolsos que se incorporarán al presupuesto 2026 representan el 0.66 % del financiamiento aprobado. Se trata de préstamos aprobados en octubre (BID) y diciembre de 2025 (FIDA).

Los fondos serán ejecutados por los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) para “Programa de de desarrollo económico sostenible, inclusivo y nutricional en las zonas rurales, Progresar Rural”, y Educación y Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para el programa «Trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático», que promete incrementar la oferta educativa en parvularia y secundaria, y reinserción educativa de migrantes deportados.

Estos serían los primeros fondos que empezarán a ejecutarse de los préstamos.

Los $554,615 servirán para contratar personal y adquirir equipo de oficina, vehículos y mobiliario de zonas rurales que se intervendrían para buscar «transformar la situación alimentaria del país». Todo el programa busca apoyar cuencas que alimentan distritos de riego en Zapotitán y Atiocoyo Sur, de La Libertad; Atiocoyo Norte, en Chalatenango; y Lempa Caguaca, en Usulután y San Vicente, y espera beneficiar a 74,000 familias de productores del sector agrícola.

Por otra parte, los $904,704 en su mayoría del préstamo del BID, que incluye $7,506 donados de la Alianza Mundial para la Educación (AME), se destinará al arrendamiento y adecuaciones de inmuebles, para lo cual se destinarán $651,500, y contratación de profesionales para supervisar el proceso formativo y dar seguimiento a personas identificadas dentro del espectro autista, para lo cual se destinará $73,200. Otros $180,004 servirán para contratar personal de la Unidad Gestora del Programa y atención de contingencias, y $7,506 para contratar especialistas de seguimiento y apoyo técnico-pedagógico.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó hoy jueves por cinco años el Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (Ficafé), lo cual le otorga más tiempo para redimir los Certificados Fiduciarios de Participación Amortizable (CFPA), ya que a la fecha no se ha recuperado toda la cartera de créditos y hay capacidad financiera para redimir dichos instrumentos en su totalidad.

Votaron 54 diputados de Nuevas Ideas, dos del PCN y uno del PDC. La oposición no votó. Ningún diputado opinó sobre el decreto.

El fideicomiso es manejado por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) y fue constituido con fondos de los fideicomitentes Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, Bancoagrícola, Cuscatlán y Davivienda para dar financiamiento al sector cafetalero.

El Ficafé fue creado el 27 de julio de 2001, por lo que vencería el domingo 26 de julio de 2026.

En el dictamen, se argumenta que el sector ha sido afectado por la volatilidad de los precios, los efectos de la roya y el impacto ambiental de la sequía; los instrumentos financieros del Fideicomiso se vencen el 26 de julio de 2026.

Según un informe de Moody’s, el monto colocado vigente asciende a $4.5 millones a un plazo de 25 años. Originalmente los bancos fideicomitentes transfirieron en propiedad a Ficafé 860 créditos al sector cafetalero por un valor de $257.5 millones, se colocaron CFPA por $210.3 millones, los cuales fueron adquiridos por los mismos bancos fideicomitentes en 2005; los fondos sirvieron para financiar la compra de la cartera de créditos del sector a los bancos fideicomitentes.

La Asamblea Legislativa ratificó este jueves tres tratados internacionales sobre modelos industriales, derecho de marcas y de patentes, lo cual es un requisito asumido en la firma del acuerdo comercial con el gobierno de Estados Unidos.

Los tres tratados ratificados hoy son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que establece estándares internacionales de propiedad intelectual.

El “Tratado sobre el derecho de patentes” fue ratificado con 59 votos, incluidos los votos de las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena.

El instrumento busca facilitar la obtención y la conservación de las patentes, permitiendo subsanaciones de errores formales en la solicitud de patentes desde distintos países del mundo, ante la OMPI.

El “Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales”, adoptada el 2 de julio de 1999, fue aprobada con 58 votos, incluido el de la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

El Acta de Ginebra es administrada por la OMPI permite solicitar la protección internacional de dibujos y modelos industriales en múltiples jurisdicciones en un solo procedimiento y en un sistema internacional de registro. Con ello, buscan reducir costos.

Los diputados ratificaron también el “Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas”, la Resolución de la conferencia suplementaria al tratado y el reglamento del tratado, con 58 votos, incluido el de la diputada Ortiz. Dicho tratado busca simplificar procedimientos relacionados a los derechos de marcas.

Con 57 votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC, la Asamblea Legislativa reformó este jueves la ley de producción higénica de leche y productos lácteos para que se elimine la prohibición de la comercialización de productos lácteos con leche en polvo.

En el dictamen 22 se asevera que se busca “adecuar y simplificar el contenido del artículo 21 eliminando la prohibición relativa de la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de leche en polvo, y manteniendo únicamente la prohibición de comercializar aquellos productos elaborados con adulterante”.

Ningún diputado votante de la reforma se refirió a la prohibición de la reconstitución de la leche en polvo en los productos lácteos, ni a su eliminación.

En la sesión plenaria, el diputado Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional (PCN), argumentó que con la reforma “el Ejecutivo está tratando de cuidar y respaldar la salud de los salvadoreños a través de vender productos con una inocuidad muy importante. Viene a contribuir la salud de todos los salvadoreños”, dijo el departamento de Ahuachapán. El legislador no detalló los beneficios de la leche en polvo sobre la leche de vaca.

Luego, la diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición Vamos, aseguró que la prohibición está vigente desde el año 2000 para proteger al sector ganadero nacional, conformado en un 80 % por pequeños productores, pero hoy, dijo, se vuelve “un tiro de gracia” para el sector.

“Esta medida no afecta a las empresas altamente tecnificadas pero sí afecta a los productores pequeños de leche. Durante años ha habido contrabando de leche en polvo y hoy se viene a legalizar esa medida”, indicó.

Ortiz propuso modificar la propuesta para que cada producto lácteo lleve una etiqueta visible si ha sido elaborado con leche en polvo. “Los productos lácteos elaborados total o parcialmente mediante procesos de reconstitución o recombinación de leche en polvo deberán indicarlo de forma clara, visible y fácilmente identificable para el consumidor en su etiquetado”, leyó su propuesta. Solo tuvo tres votos.

El diputado Orantes negó que la producción nacional vaya a ser afectada por la reforma. “La producción local no abastece la demanda que el país tiene en el consumo de lácteos. En la zona occidental, está la cooperativa La Salud, La Salud hace recorridos en todos los ahora distritos de la zona occidental recogiendo la leche desde que el tiene cinco botellas hasta el que tiene cantidades exageradas… No es cierto que se vayan a ver afectados los que tienen menos cantidad de animales”, afirmó Orantes.

La reforma consiste en la eliminación del artículo 21 de la siguiente oración: “Se prohíbe la comercialización de leche, crema y quesos provenientes de la reconstitución y recombinación de la leche en polvo”. El artículo 21 dejó la prohibición de adulterantes, que ya estaba vigente. La normativa reformada es la «Ley de fomento de producción higiénica de la leche y productos lácteos y de regulación de su expendio«.

Tres ganaderos consultados por Diario El Mundo manifestaron que la reforma perjudicará al sector porque habrá competencia a más bajos precios aunque uno de ellos advirtió que podría afectar la salud de los salvadoreños al sostener que el uso de leche de vaca es mejor para la salud humana que la leche en polvo reconstituida o recombinada. Dos de ellos calificaron la reforma como tiro de gracia al sector.

Uno de los ganaderos consideró que la reforma obedece al acuerdo comercial con Estados Unidos en el cual El Salvador se comprometió a permitir las importaciones de productos lácteos de Estados Unidos de origen bovino, ovino y caprino siempre que tengan certificado sanitario estándar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y prohibir medidas «no científicas, discriminatorias o preferenciales» que pongan en desventaja las exportaciones de Estados Unidos.

El diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, remarcó este jueves que se inscribirá el domingo 28 de junio como precandidato a diputado de la Asamblea Legislativa en las elecciones internas del partido de gobierno.

“Voy a participar en las internas del partido, me voy a ir a inscribir este próximo domingo 28 de junio, ya estoy sometiéndome a los procesos, el tema de los documentos que tengo que presentar, etcétera, etcétera”, afirmó, en declaraciones vertidas a periodistas, según un video publicado por el diario estatal El Salvador.

El partido de gobierno publicó el martes el instructivo de inscripción de precandidatos a cargos de elección popular, en donde se establecen los requisitos para los funcionarios, y los formatos que deben presentar.

Castro indicó que solo después de la inscripción se sabrá qué diputados de la Asamblea Legisltiva y cuáles se inscribirán para un nuevo periodo.

Nuevas Ideas designó un único día, el domingo 28 de junio, para la inscripción de sus precandidatos a presidente, vicepresidente, diputados y concejos municipales, quienes participarán en elecciones internas el domingo 12 de julio.

Ese mismo día, los partidos Vamos, en oriente, y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a nivel nacional, también tienen programadas elecciones internas de sus candidatos.

Los candidatos a elegir en las elecciones internas de los partidos participarán en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. Diez partidos políticos convocaron a sus afiliados a procesos internos de elección; la fecha límite legal para elegir a los candidatos es el 29 de julio de 2027.

El secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, recibió esta mañana una copia de las cartas credenciales de Patricia Leonor Comandari Zanotti que la acredita como embajadora de El Salvador ante la Santa Sede, cargo que estaba vacante desde finales de 2025.

La vicecanciller salvadoreña Adriana Mira escribió que “este paso importante reafirma los lazos de amistad y cooperación entre El Salvador y la Santa Sede”, deseando éxitos a la misión diplomática.

Comandari fue viceministra de Relaciones Exteriores, Promoción Económica e Integración, directora general del Servicio Exterior, ministra consejera de la Embajada de El Salvador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cónsul general en Madrid, España, ministra consejera de la Embajada de El Salvador ante el Vaticano y la Soberana Orden de Malta.

También, ingresó a la carrera diplomática el 14 de abril de 2004 y fue ascendida por la entonces canciller Marisol Argueta Barillas el 14 de enero de 2009. Tiene maestría en comunicación social y es licenciada en Letras de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Hasta octubre de 2025 el embajador de El Salvador ante la Santa Sede fue Joaquín Alexander Maza Martelli, quien falleció en octubre de ese año luego de su nombramiento a mediados de 2025.

Antes, ocupó el cargo la embajadora Julieta Anabella Machuca y Machuca, quien entregó sus credenciales el 9 de febrero de 2023 como embajadora de El Salvador en Santa Sede. Actualmente, Machuca es la embajadora de El Salvador en España.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció como nueva fecha límite el 31 de agosto de 2026 para completar el proceso de contratación de la empresa que desarrollará e implementará el sistema de votación remota por internet y electrónica presencial.

Se trata de una ampliación de tres meses para completar el proceso de contratación.

El plazo original para realizar la contratación se venció el 29 de mayo y el TSE informó el pasado 8 de junio a la Junta Vigilancia Electoral (JVE) que la contratación no se había realizado. Fuentes de la JVE afirmaron que hay tres empresas en el proceso.

El sistema servirá para que aproximadamente un millón de salvadoreños que residen en el extranjero puedan votar, ya sea a través de su teléfono celular o presencialmente en consulados o lugares que el Tribunal designe en países del extranjero.

La publicación reciente de los calendarios electorales, luego de la reforma aprobada el 14 de mayo por el Órgano Legislativo, define nuevas fechas al proceso electoral de los salvadoreños en el exterior.

Las pruebas del sistema de votación que diseñe la empresa debían realizarse desde el 1 de junio hasta el 26 de junio de 2026, pero el nuevo plazo de la pruebas es del 7 de septiembre de 2026 hasta el 14 de enero de 2027, dos semanas antes de iniciar el proceso de votación remota.

El proceso de votación remota por internet iniciará el 30 de enero de 2027 hasta el 28 de febrero de 2027, día de votación para los salvadoreños que residen en El Salvador.

Pruebas y simulacros

Los plazos de las pruebas y los simulacros de votación exterior, que arrancaban el 27 de julio de 2026, fueron corridos hacia el 7 de septiembre de 2026, tanto para votación remota por internet como para votación electrónica presencial.

La fecha límite para realizar estas pruebas y simulacros siempre será el 14 de enero de 2027 para el voto remoto por internet y 12 de febrero de 2027 para la votación electrónica presencial, como ya estaba previsto en el calendario de febrero pasado.

Hasta abril de 2026, había 960,928 salvadoreños en el extranjero aptos para votar, un aumento de 30 % respecto a elecciones 2024, según cifras del TSE.

En 2027, los salvadoreños que residen en el extranjero podrán participar en las elecciones de presidente y vicepresidente de El Salvador, así como de diputados de la Asamblea Legislativa con una circunscripción electoral de siete diputados. Podrán votar con su Documento Único de Identidad (DUI) o pasaporte, ya sea vigente o vencido.

En las elecciones de 2024, el sistema presentó problemas de duplicación de resultados según los hallazgos detectados por la Junta de Vigilancia Electoral, la red de organizaciones Observa, Recientemente, diputados de Nuevas Ideas se refirieron a errores en el proceso de votación en el extranjero e instaron a no repetirlos. La auditoría al sistema de votación electrónica de 2024 aún no es pública.