Categoría: Politica

El director ejecutivo de las Comunidades de Fe Organizadas (COFOA), Alberto Velásquez Trujillo, confirmó este lunes que están en proceso de cierre por una recomendación que habría dado el Gobierno salvadoreño a la Nunciatura Apostólica.

Velásquez aclaró que COFOA no es una organización no gubernamental, sino un centro de servicio de la Diócesis de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro, y agregó que el Gobierno sugirió al Nuncio Apostólico que “debe cerrar COFOA”.

“Desafortunadamente estamos en una transición, quiero que entendamos una cosa, COFOA no desaparece, se fortalece y crece. Lo que ha pasado es que tuvimos que tomar una decisión, estamos en un proceso de cierre, el personal de COFOA y yo como director estamos cerrando este ciclo”, afirmó al inicio de una conferencia esta mañana.

Velásquez enfatizó en que COFOA es un movimiento de fe que nació en 2008 y que en 18 años logró hacer «grandes cambios», uno de los cuales aseguró fue el avance en el proceso de regularización de las lotificaciones de más de 350,000 familias que están sin escrituras de sus propiedades.

“El nuncio apostólico fue mal informado y él habló con el obispo Bolaños, de la Diócesis de Zacatecoluca, porque el Gobierno sugiere al Nuncio que debe cerrar COFOA, que deben detener el personal, que deben de pararlo, no sabemos las razones, no entendemos un poco el pensamiento de ellos, pero definitivamente el obispo tuvo que ajustarse a la decisión del Nuncio, el Nuncio viene del Vaticano, tiene la capacidad de sugerir también este cierre”, aseveró Velásquez. «El señor nuncio fue mal informado por gente mal intencionada de Gobernación que básicamente no quieren que yo esté aquí», dijo.

Aseveró que van 70,000 escrituras entregadas y pidió a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, que continúen ese trabajo.

“Desafortundamente el obispo tuvo que aceptarlo porque definitivamente es una parte de la obediencia”, indicó.

Velásquez aclaró que COFOA “no trabaja para ningún partido político” ni contra algún partido político, ante comentarios sobre que ellos estaban conformando 128 grupos en las comunidades para apoyar a cierto partido político. La organización trabaja con 128 comités locales en el país.

“COFOA cierra sus puertas pero la realidad es que COFOA está en todo el país, COFOA no se va a quedar quieto”, indicó, frente a un grupo de miembros. Señaló que COFOA continuará en Colombia, Honduras y Panamá. “COFOA continúa a nivel latinoamericano y algún día, si los obispos deciden invitarnos, venimos otra vez”, indicó Velásquez. Insistió, por otra parte, que “COFOA no se va” porque COFOA son “todos”.

El pasado 9 de marzo, COFOA anunció en un comunicado de prensa el cierre «de una etapa en El Salvador como centro de servicio de la Diócesis de Zacatecoluca.

El Gobierno entregó el martes un paquete de reformas a cuatro leyes para aplicar la cadena perpetua a personas condenadas por delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

Las reformas se realizarían a cuatro normativas: Código Penal, a la Ley especial contra actos de terrorismo, a la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) y a la Ley Penal Juvenil.

La reforma al Código Penal también incluye la posibilidad de otorgar, al condenado a cadena perpetua, el régimen de «libertad controlada» luego de una revisión obligatoria de las penas cuando hayan cumplido: 25 años para delitos cometidos por menores, 30 años si solo es un delito, 35 años si son dos o más delitos y 40 años cuando haya una agravante o haya «extrema gravedad cualificada».

Los anteproyectos de reformas serán recibidos este miércoles por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que está convocada para las 2:00 de la tarde.

Esta Comisión deberá estudiar antes una iniciativa para ratificar la reforma al artículo 27 de la Constitución, cuyo acuerdo fue aprobado el martes, que levanta la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador. La ratificación deberá ser aprobada en el pleno antes de las reformas penales.

Las reformas a estudio

La propuesta de reforma al Código Penal establece como pena la «prisión perpetua» para los delitos: homicidio simple, homicidio agravado, violación, violación en menor de 15 años de edad, violación en menor o incapaz, y para la pertenencia a organización criminal o terrorista.

También, la pena de prisión perpetua se plantea para los delitos de feminicidio o feminicidio agravado en la Ley para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV).

Así mismo, según la propuesta de reforma a la Ley especial contra actos de terrorismo, quienes formen parte de organizaciones terroristas serán sancionados “con prisión perpetua”. La condición de cabecillas, jefes, dirigentes u organizadores, se entiende agravada «para efectos de la revisión de la pena».

En la propuesta de reforma a la Ley Penal Juvenil, también se introduce la «pena de prisión perpetua» como una de las posibles para los menores, ya que se aplicaría para los mismos delitos que establecería la reforma al Código Penal. «En el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta y la revisión de la misma se hará conforme a lo dispuesto en el Código Penal».

Agrupaciones ilícitas

En la propuesta de reforma al Código Penal, se establece que aquellas agrupaciones conformadas por al menos tres personas con la finalidad de delinquir será sancionado con prisión de 8 a 15 años, y se suprimirían las penas que estaban establecidas para las maras o pandillas.

En el Código Penal actual, las maras o pandillas eran castigados con prisión de 20 a 30 años y, si son creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas, de 40 a 45 años.

Agravantes

En la propuesta de reforma al Código Penal, se considera «agravada» la pertenencia a organización terrorista si la persona es jefe, dirigente, financista, cabecilla, autoridad pública, promotores, o quienes ofrezcan o promuevan acuerdos de «no persecución criminal» y los «intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes».

En otra propuesta de reforma se explica el carácter agravado del delito afecta la revisión de la pena.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) informó en sus redes sociales que, cuando un estudiante que está por cumplir los 18 años realiza su trámite de Documento Único de Identidad (DUI) anticipado, sus maestros pueden servir de testigos.

“Presenta un documento con fotografía. Si no tienes, tus maestros pueden servir como testigos. Además, debes presentar un permiso firmado por tus padres”, anunció el Registro, en redes sociales, a los estudiantes que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027.

El trámite de DUI anticipado busca que los jóvenes que cumplirán años cuando ya se haya cerrado el Registro Electoral 2027 puedan ser incorporados en dicho listado con el fin de que puedan ejercer su voto en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. Se trata de un “preenrolamiento” electoral. El Registro Electoral cierra el 31 de agosto de 2026.

El RNPN explicó que el preenrolamiento puede realizarse en cualquier duicentro, en jornadas en los centros educativos y, si vive en el exterior, puede ser solicitado en centros de servicios o jornadas móviles de la institución.

Si el trámite se realiza en un centro escolar, los maestros pueden servir de testigos, pero el estudiante debe presentar un permiso firmado por sus padres que lo autorice a realizar el trámite.

Pero, si el joven acude a un duicentro, debe presentar un documento con fotografía y, si no lo tiene, debe asistir con uno de sus padres o con dos testigos que tengan DUI vigente, explicó el RNPN en la publicación del 17 de marzo.

El DUI dentro del territorio nacional es gratuito cuando es emitido por primera vez.

En una jornada móvil en el exterior, el joven debe presentar un documento con fotografía y pagar $35 o su equivalente en moneda local.

Del 19 al 20 de marzo, habrá jornadas móviles de DUI para jóvenes que están por cumplir los 18 años en el Instituto Nacional de El Congo, Instituto Técnico Ricaldone, Instituto Nacional Maestro Alberto Masferrer, Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya, Instituto Nacional José María Peralta Lagos, Instituto Nacional El Tránsito, Instituto Nacional de Comercio e Instituto Nacional de la Colonia Ciudad Obrera.

La diputada Marcela Villatoro, de Arena, pidió el martes agendar una propuesta de reforma a la Ley Penitenciaria para incorporar un nuevo artículo 103-B con el fin de permitir la castración química para las personas condenadas por delitos contra la libertad sexual.

La propuesta plantea que los internos serían sometidos a un estudio del Instituto de Medicina Legal para determinar los factores de riesgo, grado de peligrosidad y perfil psicológico, entre otros, para determinar si son sometidos a un régimen de tratamiento médico especial para «inhibir temporalmente a nivel cerebral la liberación de hormonas y neurotransmisores» relacionadas a la agresividad y a la libido.

«Que esos violadores no solo vean la luz del día, sino también sean castrados». Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Villatoro también pidió que la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa le pida una explicación al director de Centros Penales, Osiris Luna, sobre la inclusión de un hombre condenado por violación en el Plan Cero Ocio.

«Que explique por qué un violador de niñas de 4 y 6 años estaba en el programa Plan Cero Ocio cuando se supone que solo lleva 5 años de la sentencia de 36 años decretada», aseveró en la pieza de correspondencia.

Villatoro se refería al caso de Osvaldo Adonay García, de 37 años, quien fue condenado por agresión sexual y apareció en un video del Gobierno en el cual realizaba una pintura del programa RehabilitArte, del Plan Cero Ocio.

Una mujer que se identificó como familiar de la víctima citó que García ha cumplido cinco de su condena de 20 años de prisión por el delito de agresión sexual contra menor o incapaz y ya forma parte del Plan Cero Ocio.

De acuerdo con una publicación de la Fiscalía General de la República, Osvaldo Adonay García, de 30 años, fue condenado por el Tribunal 5o. de Sentencia de San Salvador por el delito de «agresión sexual en menor modalidad continuada» por hechos ocurridos en 2014 «cuando la víctima relató que el novio de una tía, que había venido visita desde Canadá, le había agredido sexualmente en reiteradas ocasiones».

La legisladora del partido de oposición aseguró que, ante los reclamos en redes sociales, Centros Penales únicamente borró la publicación en donde el interno salía con una pintura artística.

En el sitio de la FGR, García Ceballos aparece con una condena de 16 años de cárcel por el Tribunal 4o. de Sentencia de San Salvador por el delito de «agresión sexual agravada en menor continuada» contra otra menor por hechos iniciados desde el año 2009 y denunciados en 2020. «El relato establece que la menor tenía 6 años cuando comenzaron las agresiones y, debido a las serias amenazas a muerte que recibía de parte de García Ceballos, nunca contó nada a su padre, hasta el mes de octubre del año 2020, quien procedió a denunciarlo», indica la noticia.

«No queremos ver a ningún violador en la calle que vuelva a ver la luz del día», indicó la legisladora. Citó que solo durante 2025 se registraron un total de 2,749 casos de violación sexual.

La propuesta de la legisladora solo tuvo dos votos, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena). «Con dos votos a favor, no hay resolución», dijo el diputado Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.

La Asamblea Legislativa aprobó el martes un acuerdo de reforma constitucional para aprobar la aplicación de la cadena perpetua a las personas condenadas por homicidios, feminicidios, violaciones sexuales o pertenecientes a grupos terroristas. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa estudiará hoy la solicitud de ratificación de la reforma constitucional y posteriormente entraría a estudiar un paquete de reformas a cuatro leyes que establece la pena de prisión perpetua para los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, propuso el martes una reforma a la Ley del IVA para que el Ministerio de Hacienda únicamente pueda exigir el pago del impuesto a las micro y pequeñas empresas (MYPE) proveedoras del Estado, cuando estas hayan recibido el correspondiente pago estatal por los bienes y servicios proveídos al mismo.

Ortiz quiso incorporar al pleno su propuesta de reforma al artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (Ley del IVA).

«Cuando el contribuyente proveedor del Estado, de las municipalidades, de las instituciones autónomas o de cualquier entidad pública, sea una persona natural o jurídica clasificada como micro o pequeña empresa (…) y no esté exento del pago del impuesto por disposición especial, el impuesto correspondiente (…) solo será exigible a partir del momento en que reciba efectivamente el pago, total o parcial, del precio respectivo, en la proporción correspondiente al monto percibido», indica la propuesta de reforma.

La diputada pidió introducir su propuesta de reforma en la agenda de la sesión plenaria de este martes. No logró los votos necesarios. Solo votó ella y dos legisladores del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

«Golpea a miles de familias, tanto a las micro y pequeñas empresas, como a las familias trabajadoras que dependen de estas empresas, y es cuando son proveedoras del Estado y el Estado no les paga a tiempo», señaló. La diputada relató que esta es una realidad que lo saben las MYPE.

«Reciben excusas, reciben un quedan, un papel que promete que algún día el Estado les va a pagar, ese algún día pueden ser semanas, meses o años. Aún así el sistema les exige pagar IVA. No es lógico, justo ni coherente. Claudia Ortiz, diputada de Vamos.

Relató que un microempresario participó en una licitación pública y contrató personal, se endeudó, cumplió a tiempo, pero a la hora del pago le dijeron «te pagamos en un mes» y «se tardaron seis meses». «Al final quebró, el Estado lo quebró», señaló.

Ortiz también ha propuesto reducir el IVA a la mitad, una propuesta que fue considerada inviable fiscalmente por el diputado William Soriano, de  Nuevas Ideas.

Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE) que facilitan el acceso al financiamiento del sector pero también elimina la responsabilidad personal de los titulares de instituciones públicas por atrasos en pagos a proveedores.

Sin embargo, la reforma obliga al Ministerio de Hacienda a establecer mecanismos para «priorizar la cancelación de las cuentas por pagar a las MYPE» presentadas por los jefes de las unidades financieras institucionales o quienes desempeñen esas funciones.

El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, acusó este martes a las ONG de «defender a criminales» y las mandó «al carajo», por sus señalamientos de violaciones de derechos humanos en el país, en el marco del régimen de excepción vigente desde 2022 para combatir a las padillas.

«Quisiera decírselo como ciudadano, porque tengo que respetar el cargo que me inviste, simplemente les puedo decir: ¡Váyanse al carajo!», expresó Villatoro en una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, a la que acudió para presentar una reforma a la Constitución para permitir la cadena perpetua para «homicidas, violadores y terroristas».

Villatoro recordó que el estado de excepción va para «cuatro años» y aseguró que en este tiempo las autoridades han enfrentado «todo los embates y todos los ataques de todas estas organizaciones criminales que también defienden a criminales violentos».

Señaló que el Gobierno «ha sido cuestionado sobre el uso legítimo de las herramientas de un Estado de derecho para poder brindarle paz y seguridad a los salvadoreños».

Tras la presentación del dictamen de la reforma constitucional, Villatoro aseguró que se verá «a esas organizaciones defendiendo a criminales violentos, a violadores, a asesinos de hombres y mujeres, y a terroristas representantes de organizaciones criminales».

«No es por no ser democráticos que nos atacan, nos atacan porque el resultado de la democracia es lo que no les gusta», dijo.

Las declaraciones del ministro de Seguridad llegan días después de que se presentara un informe que concluye que en el contexto de la implementación de un régimen de excepción en el país se habrían cometido violaciones a derechos humanos que «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

El informe, presentando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

El presidente Nayib Bukele criticó dicho informe y en X apuntó que «están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción».

Sin embargo, en el informe no se llama a liberar a la totalidad de detenidos, sino que a «establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas, asegurando que quienes recuperen su libertad no representen un riesgo para la seguridad».

La Asamblea Legislativa acordó este martes reformar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República para levantar la prohibición de la pena perpetua en El Salvador y aplicar esta pena a personas que sean consideradas homicidas, violadores y terroristas.

Votaron 59 diputados, incluidas las diputadas Silvia Regalado, suplente de Francisco Lira; y Marcela Villatoro, diputada propietaria, ambas del partido Arena.

El nuevo inciso segundo del artículo 27 de la Constitución dirá: “Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”. Actualmente, dicho inciso “prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”.

En el proyecto de reforma, se explica que buscan “garantizar a la ciudadanía el orden público y la paz social, así como asegurar su protección integral y el pleno ejercicio de sus derechos y libertades” y medidas “eficaces” para “prevenir y disuadir” la comisión de actos delictivos para “proteger a la sociedad de los homicidas, violadores y terroristas”.

En el pleno, la diputada Suecy Calleja, de Nuevas Ideas, explicó que aplicará a quienes hayan cometido homicidios, feminicidios y también que sean violadores. Aseguró que esta reforma pone al centro “al derecho de vivir sin miedo”. Señaló que la paz “no es negociable” con organizaciones que quieren recuperar el caos “para recuperar sus negocios”. “O defendemos la vida, o defendemos a los criminales”, dijo.

“Es la garantía de que quienes destruyeron a familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror jamás vuelvan a caminar por nuestras calles. La paz que hoy respiramos no es negociable”. Suecy Callejas, diputada de Nuevas Ideas.

“Buscamos que se siente una postura. Recientemente unos disque defensores de derechos humanos daban un informe y decían que le recomiendan al Estado salvadoreño que libere a los 89,000 capturados arbitrariamente le dicen ellos, pero realmente son pandilleros, son 89,000 pandilleros, 89,000 homicidas, 89,000 violadores y ellos quieren y nos recomiendan que los liberemos”, expresó la diputada Callejas.

Por su parte, el diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, aseguró que la aprobación de la cadena perpetua «es una garantía que busca proteger a los salvadoreños que sí hacen las cosas bien» y «es un seguro definitivo para garantizar que aquellos criminales que mataron, que violaron, que se dedicaron a sembrar terror en nuestro país, que todos ellos jamás vuelvan a salir de la prisión, que nunca más regresen». «Estamos garantizando que el miedo no regrese a las calles ni mucho menos a sus hogares», indicó.

Por su parte, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, mencionó el caso de Carlos Lechuga, un pandillero conocido como el «Viejo Lin»; aseguró que sus condenas por homicidio agravado y extorsión suman 60 años.

La Constitución prohibía la cadena perpetua. Nosotros tenemos el poder de ponerse ese candado para garantizar que la paz y la tranquilidad con la que viven los salvadoreños sea perpetua. Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas.

La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), citó que en 2025 hubo 644 violaciones sexuales con condenas y casos judicializados, 938 casos de agresión sexual y en general 2,749 casos de violación sexual.

Pidió que se le solicite al director de Centros Penales una explicación por la inclusión de un violador sexual en el Plan Cero Ocio y además solicitó que sean castrados. Propuso introducir la propuesta de la castración química como parte del conjunto de reformas penales que se analizarán.

“Yo creo que, es cierto, hay que buscar que estas personas nunca vuelvan a ver la luz del día pero también hay que buscar otras soluciones”. Marcela Villatoro, diputada de Arena.

Villatoro cuestionó que un hombre condenado por violación sexual salió haciendo unas pinturas como parte del plan de Cero Ocio y las madres de las víctimas, menores de edad, externaron su preocupación y, ante ello, Centros Penales borró la publicación.

La propuesta de reforma constitucional fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y entregada al presidente legislativo, Ernesto Castro, la mañana de este martes.

“Váyanse al carajo”, dijo Villatoro en sus palabras, en reacción al informe presentado por el Grupo Internacional de Expertos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde cinco expertos señalaron al Estado salvadoreño de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el régimen de excepción, debido a capturas arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y muertes de detenidos, y sugirieron a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una investigación de oficio.

La dispensa de trámites para agendar el acuerdo de reforma constitucional fue aprobada con 56 votos y el voto en contra de Vamos. El diputado Reynaldo López Cardoza pidió agregar su voto a favor.

Con 57 votos, la Asamblea Legislativa reformó este martes a la «Ley general de migración y extranjería» para disminuir de 9 meses a 90 días la permanencia mínima exigida a los extranjeros para conservar su residencia temporal; y para establecer que los extranjeros perderán definitivamente la nacionalización si cometen «delitos dolosos graves».

La reforma fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus partidos aliados. Arena y Vamos no votaron.

De acuerdo a la Gerencia de Extranjería de la Dirección General de Migración y Extranjería, actualmente los extranjeros tienen la obligación de permanecer nueve meses por año. La reforma plantea que la exigencia será de 90 días consecutivos o acumulados por año.

La reforma también especifica que los extranjeros perderán la nacionalidad salvadoreña obtenida por naturalización y no podrán recuperarla si han sido condenados por “delitos dolosos graves”.

La Constitución de la República, en su artículo 94, detalla que un extranjero pierde la nacionalidad salvadoreña por «sentencia ejecutoriada en los casos que determine la ley» y que no podrá recuperarla, pero no especifica cuáles delitos.

Así, con la reforma a la Ley de Migración y Extranjería, se establece que los delitos por los cuales un extranjero podrá perder la nacionalidad salvadoreña de manera definitiva deberán ser «delitos dolosos graves». En la solicitud inicial, solo se establecía que no podían recuperar la nacionalidad en caso de «delitos dolosos». La gerente de Extranjería pidió agregar «graves» en la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, que se reunió el lunes.

Diputada de Nuevas Ideas: reforma busca atraer beneficios económicos

La diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, aseguró que El Salvador «era un país de emigración».

«Esta historia ha cambiado, ahora tenemos un país seguro, gracias a las políticas exitosas implementadas por el presidente Nayib Bukele. Ya no somos noticia por violencia, por migración en masa, por las pandillas, ahora podemos decir que somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental», indicó.

Eso, dijo la legisladora, ha vuelto al país un atractivo no solo para visitar sino para residir. «Es necesario que nuestras leyes estén a la altura de este país que hemos reconstruido juntos», expresó.

Según Figueroa, esta reforma busca «atraer beneficios económicos» para la población salvadoreña.

«Estamos poniendo las reglas claras para quienes desean establecerse en nuestra tierra. En primer lugar estamos pretendiendo que tengan un vínculo real con nuestro país. En primer lugar, que tengan un vínculo real con nuestro país, queremos que quienes tengan una residencia temporal vivan, consuman e inviertan en nuestro país», afirmó la diputada de Nuevas Ideas.

La legisladora agregó que la reforma «brinda facilidad de movimientos dentro y fuera del país a estos inversionistas, que precisamente por motivos relacionados a sus operaciones y esto les facilita un ambiente amigable».

Señaló que también buscan la reunificación familiar. «Queremos familias unidas contribuyendo al desarrollo de nuestro país», en referencia a la segunda reforma.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, llegó este martes a la Asamblea Legislativa a solicitar una reforma a la Constitución de la República para levantar la prohibición de la pena perpetua por la comisión de ciertos delitos graves. El diputado Ernesto Castro, presidente legislativo, aseguró que conocerán la iniciativa de manera inmediata.

Villatoro explicó que actualmente el inciso segundo del artículo 27 que actualmente “prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”. La propuesta elimina “pena perpetua”, la cual sería permitida solo para delitos de homicidios, violación y terrorismo.

“Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, leyó la propuesta.

Castro dijo que, «si los 60 diputados así lo desean, va a ser aprobada este mismo día». Así mismo, la ratificación será estudiada en la Comisión Política de la Asamblea, en donde invitarán al gabinete de seguridad, según Castro. «Si más que haber, a trabajar», expresó.

En su intervención, el ministro de Seguridad anunció que la propuesta de reforma constitucional es acompañada por propuestas de reformas al Código Penal, Ley Especial contra Actos de Terrorismo en El Salvador y Ley penal juvenil, para homologar las leyes secundarias con la reforma que se haría al artículo 27 de la Constitución.

Villatoro aseguró que han recibido ataques de organizaciones “criminales que defienden a criminales”, las calificó de “demonios que representan la maldad” y aseguró que los «atacan porque el resultado de la democracia no les gusta”. “Váyanse al carajo”, les dijo, en rechazo al informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) presentado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El GIPES sostuvo que durante el régimen de excepción, el Estado salvadoreño ha cometido crímenes de lesa humanidad y recomienda a la Corte Penal Internacional (CPI) analizar la situación de El Salvador y evaluar la existencia de bases razonables para «iniciar una investigación de oficio por la Fiscalía de la CPI por crímenes de lesa humanidad». El informe menciona casos de «encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos».

El informe fue elaborado por cinco abogados internacionales: Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra en el Washington College of Law de American University; Claudia Martin, codirectora de la Academia de derechos humanos y derecho internacional humanitario de American University; Gino Costa, abogado y doctor en relaciones internacionales por la Universidad de Cambridge; Santiago Canton, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y José Antonio Guevara, presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (WGAD).

El diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, criticó ayer el informe del Grupo Internacional de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) en el cual se asevera que se han cometido delitos de lesa humanidad en el régimen de excepción de El Salvador.

“Nosotros en el léxico de los diputados les decimos ‘se toma nota y seguimos con nuestro trabajo porque nosotros vamos a seguir porque nosotros no estamos trabajando para esos expertos. Y no nos vamos a detener”, expresó.

“Dicen de que no están de acuerdo con el régimen de excepción y que tenemos que quitarlo, dicen que de los 89,000 pandilleros que están en la cárcel ellos no están de acuerdo con el proceso que se les ha hecho, pues obviamente una cosa lleva a la otra, como el proceso está mal hecho, ¿qué es lo que sigue a continuación?, pues, que salgan”, añadió.

Castro subrayó que ellos seguirán “firmes apoyando las decisiones de presidente Bukele y del pueblo salvadoreño” en relación a la aprobación del régimen de excepción prorrogado desde el 27 de marzo de 2022. “Siempre ellos sostuvieron que, si aquí las maras se acababan iba a haber una crisis social, cínicos, sinvergüenzas, cómplices”, criticó.

El presidente legislativo acompañó ayer una entrega de una obra de mitigación en el Reparto La Campanera, de Soyapango, un proyecto realizado con una inversión de $600,000 según el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

“Los visité en 2023 para rendir un informe de labores ante sus habitantes. Luego en 2024 inauguramos nuestra segunda escuela de fútbol, en la que actualmente asisten casi 100 alumnos. No improta lo que puedan decir los expertos en derechos humanos. Dios ha obrado un milabro en nuestro país. Por eso seguiremos al lado del presidente Nayib Bukele para defender esta paz que se respira en cada rincón de El Salvador”, expresó Castro.

El Grupo Internacional de Expertos y Expertas para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), conformado por cinco personas, presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cual se sostiene que durante el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad como encarcelamiento, tortura, asesinato, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos.

Con la la bendición de Dios y el apoyo del pueblo salvadoreño, seguiremos adelante. 🇸🇻 pic.twitter.com/ouw4TErq6Q

— Ernesto Castro (@ECastroES) March 17, 2026