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El 3 de octubre de 2024, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) otorgó el permiso ambiental a la sociedad Global Developers, S.A. de C.V., para la ubicación y la construcción del proyecto Ciudad Marsella segunda etapa.

Algunas de las viviendas de la urbanización, ubicada en el kilómetro 34.5 de la carretera a San Juan Opico-Quezaltepeque, cantón El Jabalí, distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, se inundaron con la lluvia de la tarde del sábado 10 de enero.

Marsella II es un proyecto habitacional ubicado en un terreno de 1,413,027.49 metros cuadrados que, según el permiso ambiental otorgado, debería disponer de servicios básicos de agua potable con dos pozos propios, dos plantas de tratamiento, ocho obras de paso y dos lagunas de laminación. Esta resolución ambiental fue firmada por el actual ministro de Medio Ambiente, Fernando López Larreynaga.

La resolución ambiental establece que un dictamen técnico del MARN emitido el 24 de septiembre de 2024 forma parte de la misma resolución y que dicho dictamen es de “obligatorio cumplimiento”. El dictamen obliga a la empresa a realizar un Programa de Manejo Ambiental en la zona.

El permiso ambiental otorgado en octubre de 2024, sin embargo, aclaró que no daba derecho a la empresa a iniciar el funcionamiento terminada la construcción, ya que “una vez concluidas las medidas ambientales” la empresa debía pedir a la Gerencia de Cumplimiento Ambiental una auditoría de evaluación ambiental.

Ese dictamen técnico, emitido el 26 de mayo de 2025 y que forma parte de la resolución de permiso ambiental, detalló que en el terreno de Marsella segunda etapa “predominan complejos epiclásticos” por flujos de lavas por erupciones y que el uso del suelo del lugar del proyecto era «agrícola con cultivos en abandono».

Lagunas de laminación para descargas controladas

Una conclusión del análisis hidrológico e hidráulico del proyecto, según el dictamen, fue que los caudales máximos por la escorrentía superficial en su condición natural eran 3.18 metros cúbicos por segundo pero, con el desarrollo del proyecto, llegarían a ser 20.67 metros cúbicos por segundo, por lo que establecen la necesidad de construcción de dos lagunas, para mitigar el impacto que generará la construcción.

Según el dictamen, una laguna de laminación tendría capacidad de 23,000 metros cuadrados con una tubería de desfoque de 750 milímetros; y la otra, 17,000 metros cúbicos y 600 milímetros.

“Para el control de la escorrentía superficial, a efectos de mitigar el impacto hidrológico, consecuente por el desarrollo del proyecto, se construirán dos lagunas de laminación y así generar descargas controladas hacia la quebrada La Alcantarilla”, establece el dictamen técnico, emitido por técnicos de la Gerencia de Evaluación Ambiental del MARN y que fue base para la resolución de permiso ambiental.

Los técnicos consideraron que con esas lagunas “se puede controlar” y “no causarán impacto negativo”.

Zonas de inundación

El dictamen del MARN habla de un análisis hidráulico que realizaron, en el cual se establecieron “las áreas de inundación de las quebradas que atraviesan el proyecto”.

“La zona de estudio posee ciertas zonas planicies de inundación” provocadas por la topografía del lugar, detalló el dictamen, que también indicó que, con obras de terracería y de mitigación, “mejora las condiciones”.

El análisis, sin embargo, indica que “el proyecto no cuenta con amenaza de inundaciones”, mientras cita un «Informe climatología, hidrología e hidráulica’ presentado en EsIA».

El dictamen del MARN también advirtió que el proyecto colinda con el Área Natural Protegida Chanmico y que el MARN solicitó a la empresa un estudio de impactos en el área protegida.

Dicho estudio consideró que en la zona de amortiguamiento el uso de suelo es habitacional y el MARN recomendó un vivero de 25 metros de ancho. También, emitió “lineamientos” como plan de rescate, traslocación y liberación de fauna silvestre, un plan de gestión de residuos sólidos, reforestación, entre otros.

Pasó a ser de «uso habitacional de alta densidad»

El proyecto de la segunda etapa de Ciudad Marsella, según el dictamen, se ubicaba en la “Zona de Conservación», según las «Directrices para zonificación ambiental» y los «Usos de suelo de la región noroccidental» y el «Mapa de la zonificación ambiental».

Según el mapa, la zona del proyecto contiene tres zonas: de protección y restauración, de restauración y aprovechamiento, y de protección y aprovechamiento: en la primera se encuentran restringidos los proyectos urbanísticos; y en las otras dos, no.

El «Estudio hidrológico e hidráulico y análisis de inundaciones del proyecto», mencionado en el dictamen, determinó la necesidad de “franjas de protección para las quebradas, obras de mitigación a realizar” y que «no generaría problemas de inundación”. La franja de protección, según el dictamen, fue avalada por la Oficina de Planificación del Valle de San Andrés.

Luego de explicar las diferentes zonas que hay en el área del proyecto, el dictamen indica, sin dar más detalles, que el gobierno local “mediante acuerdo municipal” resolvió que “todo el inmueble objeto de este estudio ha pasado a ser a uso habitacional de alta densidad”.

El director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, aclaró que no le compete a la OPAMSS.

Convenio de compensación con la ASA

El dictamen también establece un Convenio de compensación ambiental suscrito con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) por $335,481.33, por la tala de 2,920 árboles y un área de impermeabilización de 370,698 metros cuadrados o 37.06 hectáreas, y un área de afectación a paisaje y vida silvestre de 1,413,027.49 metros cuadrados o 141.30 hectáreas.

El monto total de las medidas ambientales recomendadas en el dictamen ascendían a $32,740 por un periodo de tres años.

Una resolución del MARN del 26 de mayo de 2025 resuelve que la empresa debe “atender las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoría de Evaluación Ambiental” para “mitigar la generación de material particulado por las obras” y reconoce que las medidas ambientales se encuentran “en proceso, por lo que deben seguir ejecutándose”.

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, ratificó que la política migratoria no sufrirá ningún cambio y que se trata de “políticas mucho más estrictas” que consisten en fronteras cerradas.

La funcionaria destacó la caída en la cantidad de personas que buscan cruzar la frontera sur hacia los Estados Unidos aunque no se atrevió a afirmar que disminuiría o aumentaría este año 2026 la cantidad de salvadoreños deportados.

Se inclinó por mostrar que el gobierno estadounidense busca promover la autodeportación, a través de la aplicación CBP Home, ya que consideran que es un mecanismo más seguro y tranquilo de deportación.

«En términos de política migratoria, yo creo que las visitas que nosotros hemos patrocinado para reporteros para ir a la frontera se puede ver claramente cuál es la política de migración de nuestra administración, es una frontera mucho más cerrada, son unas políticas mucho más estrictas, que se están siguiendo y eso no va a cambiar. Esa es una de las grandes prioridades de nuestra administración, de verdad traer un nivel de control al flujo migratorio que estaba entrando a los Estados Unidos», fueron las palabras de Fellows.

La encargada de la misión admitió que el TPS para El Salvador, cuyo vencimiento está previsto para el 9 de septiembre de 2026, ha sido tema de conversación interna y también entre los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos. Afirmó que este tipo de temas, como las deportaciones, forman parte del diálogo constante que mantienen ambos gobiernos.

Ante una pregunta sobre si El Salvador está listo para recibir a sus connacionales deportados, respondió: «Esa pregunta le diría a usted que se la dirija al Gobierno de El Salvador, ellos saben bien qué están haciendo y si están listos».

En términos de diálogo, es constante, siembre estamos hablando de este tema, tenemos colegas con el cual cooperamos muy efectivamente en el proceso. El número ha bajado drásticamente (en la frontera). Y no creo que eso vaya a cambiar. Naomi Fellows, encargada de negocios de la Embajada de EE.UU. en El Salvador.

Aunque el año 2025, cerraría con más de 5,000 migrantes salvadoreños detenidos en todo Estados Unidos, de los cuales 3,600 fueron hallados en la frontera sur, la tendencia es una caída en esta cantidad es de un 90 % en un año, ya que en 2024 se registraron 45,351 migrantes salvadoreños encontrados.

Las deportaciones, si bien registran un leve aumento respecto a 2021 –de 9,152 a 14,986– muestran niveles menores a los periodos históricos con mayores deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, que fueron registrados de 2014 a 2016, e incluso el año 2019, según cifras oficiales de Migración salvadoreña.

Según cifras oficiales de autoridades migratorias estadounidenses (ICE y DHS), los años de mayor deportación fueron de 2007 a 2019, ya que la cantidad de deportados osciló entre los 15,445 (2018) y la más alta, 27,180 (2014).

El presupuesto del Órgano Judicial pasó de tener un presupuesto de $533.4 millones incluido en el proyecto de presupuesto 2026 a un total de $369.2 millones en la Ley de presupuesto aprobada, luego del recorte que se reorientó a Educación, Salud, Agricultura, Obras Públicas y Hacienda.

¿Pero cómo se reorientaron estos fondos?

Una revisión a la Ley de presupuesto 2026 permite ver los cambios que tuvo cada cartera de Estado, respecto al proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa.

En el Ministerio de Hacienda, el presupuesto para funcionamiento quedó intacto, en $120.7 millones. Sin embargo, hay un aumento de $23.84 millones en la unidad presupuestaria «Obligaciones generales del Estado», cuyo total pasa de $215.8 millones en el proyecto de presupuesto a $239.6 millones en la Ley de presupuesto 2026.

Un total de $40 millones se reorientaron a Educación, en donde se destinó a infraestructura escolar.

En ese presupuesto, el activo fijo pasó de $413,779,085 a $373,779,085, una diferencia de $40 millones redirigidos a «Proyectos de inversión reforma educativa», que pasa de $301.1 millones a $341.1 millones, concretamente al programa «Mi nueva escuela», que consiste en infraestructura educativa, formación docente, curricular y tecnología educativa.

Dentro del presupuesto de Educación, las transferencias corrientes pasaron de $191,820,658 a $189,616,408, una diferencia de $2.2 millones, por aumento al «Apoyo a otras instituciones, 01 Programas educativos a través de socios estratégicos», que tenía asignados $12.9 millones y ahora tendrá $15.2 millones. En el presupuesto de Educación, solo se detalla la distribución de $2.2 millones para asociaciones como Edytra, que recibe $700,000; y Fitexal, $400,000.

En el Ministerio de Salud, las transferencias corrientes pasaron de ser $653,843,631 a $674,286,590, una diferencia de $20.4 millones y la unidad «Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades» aumenta de $740.3 millones a $760.8 millones. Ello ocurre porque el presupuesto del Hospital Nacional El Salvador sube de $142,387,250 a $162,387,250, es decir, $20 millones, que está dentro de esta cartera de Estado.

También, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la línea «Abastecimiento y seguridad alimentaria» de la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento aumentó de $52.9 a $60.9 millones, es decir, $10 millones. La línea «Fomento a la producción vegetal y ganadera» de Sanidad Vegetal aumenta de $4.2 millones a $14.1 millones.

Así mismo, las transferencias corrientes pasaron de $83,644,222 a $89,634,222. Entre los fondos reasignados, se asignaron $70,000 a la Asociación Patitas de la Calle, $120,000 a la Asociación Alianza Agropecuaria Salvadoreña y $400,000 a la Fundación Centro de Capacitación de El Salvador (Fucaes), entre otros. También, se aumentó de $52.6 millones a $58 millones el presupuesto del Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA).

Y, en Obras Públicas, los $50 millones de aumento se reorientan a la «construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional», aunque también se reorientan $517,500 a la Asociación Felicidad a través de este Ministerio.

En el presupuesto del MOPT se aumenta de $19,920,729 a $69,920,729, una diferencia de $50 millones, a adquisiciones de bienes y servicios clasificados como gasto de capital.

Respecto al presupuesto proyectado la composición de algunos presupuestos institucionales se modifica. Por ejemplo, en Presidencia de la República, se aumentaron las transferencias corrientes, de $44.4 millones a $47.2 millones.

La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, consideró que las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador continúan muy estrechas y cercanas.

“En términos de nuestras relaciones con El Salvador, continúan siendo unas relaciones muy estrechas, muy cercanas. Somos colegas en temas de seguridad, de desarrollo económico, colegas en términos de migración y en tantos tantos temas. Y continuamos con esa relación, va a seguir siendo una relación muy cercana”, afirmó este lunes en una conferencia de prensa sobre los 250 de la independencia de los Estados Unidos de América.

Fellows indicó que hay lazos personales entre ambos países como familia, amigos y viajes de turismo que todos han hecho a los Estados Unidos. “Eso crea una relación que continúa y que siempre será fuerte”, consideró.

En la conferencia de prensa, recordó que ambos gobiernos mantienen un diálogo constante sobre las deportaciones de migrantes en El Salvador pero subrayó que en esta materia promueven el uso de la aplicación CBP Home a través del cual los migrantes, incluidos salvadoreños, pueden autodeportarse.

Ambos gobiernos también son socios en el combate al narcotráfico, en temas de seguridad y desarrollo económico.

El acuerdo que marcó el año 2025 entre Estados Unidos y El Salvador fue el que permitió recibir, entre marzo y abril, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a más de 250 personas consideradas criminales por el gobierno de los Estados Unidos, un hecho que fue cuestionado por organizaciones internacionales que han sostenido que fueron torturados en la megacárcel salvadoreña.

El 18 de julio, estas personas fueron intercambiadas por presos políticos de Venezuela en una operación anunciada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en X: “Hoy entregamos a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves”.

El 3 de enero de 2026, la administración Trump capturó al líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

El intercambio de venezolanos con opositores venezolanos fue propuesto en abril de 2025 por Bukele a Maduro, quien había solicitado “pruebas de vida” de los venezolanos.