La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, negó el martes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador haya una persecución a los defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas.
Argumentó que en el país “impera el principio de igualdad ante la ley» y señaló que «ser defensor de derechos humanos es una labor noble que el Estado protege pero esa calidad no exime a ningún ciudadano de responder ante la justicia si incurre en delitos tipificados en nuestro Código Penal”.
La funcionaria no se refirió al señalamiento de «delitos de lesa humanidad en el régimen de excepción salvadoreño» contenido en un informe presentado por un grupo de expertos internacionales en la misma audiencia.
Sin embargo, el procurador general de la República, René Escobar Álvarez, se refirió a los «señalamientos de supuestas violaciones graves de derechos humanos» y aseguró que «El Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promisión de actos como desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias«.
Escobar Álvarez alegó que no existe «base jurídica ni fáctica» de ese señalamiento y que la actuación del Estado «ha estado dirigida a enfrentar una amenaza criminal extraordinaria» para proteger a la población contra las pandillas.
En la segunda parte de la audiencia, un grupo de expertos presentó un informe que sostiene que «base razonable» que indican la posible perpetración de delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción. Claudia Martín, una de las autoras del informe, aseguró que “el régimen legal vigente en El Salvador conforma un entramado legal que permite la violación sistemática de derechos fundamentales inderogables, configurando una base razonable para demostrar la perpetración de crímenes de lesa humanidad”.
También, Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, aseguró que reconocen que los Estados tienen obligación de proteger a la población y garantizar la seguridad pública, sin embargo, advirtió que toda política pública debe respetar los derechos internacionales.
Mira: rechazan «etiqueta de defensor» para «evadir»
La vicecanciller Mira aseguró en la audiencia –convocada por la CIDH para dialogar la situación de los derechos humanos de los defensores de derechos humanos– que «la labor de defensa de derechos humanos no es criminalizada en El Salvador, pero tampoco puede ser una carta de inmunidad frente a conductas delictivas».
Aseguró que rechazan el uso de la “etiqueta de defensor de derechos humanos de forma estratégica para evadir responsabilidades derivadas de actos delictivos”.
La vicecanciller dijo que el Estado de El Salvador «no persigue a las personas por sus ideas», el procurador añadió que tampoco se persiguen por «su visibilidad pública o su posición crítica» y que las instituciones «actúan únicamente cuando existen indicios sobre hechos concretos con relevancia penal».
“En El Salvador no se persiguen personas por sus ideas, se procesan conductas que infringen la ley, garantizando el debido proceso”. Adriana Mira, vicecanciller salvadoreña.
También el procurador subrayó que la condición de «defensor de derechos humanos» no es «una categoría de inmunidad». «Se investigan hechos y se determinan responsabilidades individuales cuando corresponde conforme al principio de legalidad y de igualdad ante la ley», defendió.
Uno de los casos expuestos en la audiencia fue la detención de Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, asociación que cerró sus operaciones en El Salvador y opera desde Guatemala. López fue señalada en redes sociales por la Fiscalía salvadoreña de peculado y luego procesada penalmente de enriquecimiento ilícito. La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Panszi, reiteró el interés de la CIDH «de poder dialogar con Ruth López».
Nos preocupa no solo su salud, sino su situación anímica, su situación procesal y ojalá en el marco de la medida cautelar pudiéramos establecer ese diálogo. Tania Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH.
Defiende Ley de Agentes Extranjeros: «transparencia»
La representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marylaura Acuña, relató que las organizaciones en El Salvador han denunciado la aplicación del impuesto establecido por la Ley de Agentes Extranjeros sin criterios claros o incluso a actividades «percibidas» como «de oposición» y que en algunos casos ha llevado «a reformular el lenguaje de los proyectos». Señaló cierre de operaciones de organizaciones, exilio, miedo, autocensura y desgaste de las organizaciones.
La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador rechazó en la audiencia que la Ley de agentes extranjeros, aprobada en mayo de 2025, busque limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, argumentó que esta normativa busca la transparencia y “no es una amenaza para quien trabaja con integridad”.
“La democracia no se mide por cuántas ONG están de acuerdo con el Gobierno sino por la capacidad del Estado de servir a su gente”. Adriana Mira, vicecanciller salvadoreña.
“Hay organizaciones que están usando este tema como excusa (la Ley de Agentes Extranjeros) para cerrar cuando en realidad lo han hecho por el recorte de financiamiento que recibían por parte de otro país haciendo uso de sus facultades soberanas”, señaló, en referencia a la suspensión de la cooperación a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), notificada a entidades en El Salvador en enero de 2025.
Por su parte, el procurador Escobar Álvarez dijo que en El Salvador «continúan funcionando organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros de investigación, medios de comunicación y organizaciones comunitarias».
El debate público permanece activo. Prueba de ello es que hace dos días organizaciones pudieron expresarse en las calles y lo han hecho de manera libre. El Estado reconoce que la libertad de asociación, la participación ciudadana y la existencia de actores sociales son elementos esenciales de toda sociedad democrática, sin embargo, también sostiene que toda actuación debe desarrollarse dentro del marco constitucional y legal. René Escobar, procurador.
El funcionario defendió la Ley de agentes extranjeros para la «trazabilidad sobre los fondos provenientes del exterior» para una «regulación» para la «certeza jurídica» y no para «restringir el trabajo de la sociedad civil».
«No hay desapariciones», sino «control estricto en centros penales»
La funcionaria salvadoreña no se refirió al señalamiento de que durante el régimen de excepción se cometen «delitos de lesa humanidad» pero sí aseguró que no hay «detenciones arbitrarias ni desapariciones forzadas».
“Contrario a las narrativas de las desapariciones forzadas, lo que existe es un control estricto de los centros penales y un registro exhaustivo de detenciones, diseñado específicamente para romper la cadena de mando de las pandillas, que en el pasado ordenaban asesinatos e infracciones desde sus celdas”, expuso Mira.
La vicecanciller sostuvo que “El Salvador ha cambiado» y dijo a los comisionados de la CIDH que el país que conocieron «ya no existe», negando también las «detenciones arbitrarias».
“En El Salvador, no hay detenciones arbitrarias, no hay desapariciones forzadas ni nada que se le asemeje, por el contrario, hay un esfuerzo articulado de todas las instituciones del Estado para actuar en contra de la violencia y la criminalidad, toda una población puede dar fe de ello, solicitamos mayor coherencia”, expresó en la audiencia. Añadió que la prioridad del Gobierno salvadoreño «es la protección de la vida de millones de salvadoreños”.
«Un esquema» para «desarticular»
En la audiencia, Irene Cuéllar, de Amnistía Internacional, sostuvo que el régimen de excepción, la concentración de poder, la falta de independencia judicial y la Ley de agentes extranjeros han propiciado persecución contra personas defensoras y relató que han identificado en El Salvador “un esquema que busca inhibir la participación, desarticular procesos organizativos y castigar la defensa de los derechos humanos”.
Citó que, entre 2019 y 2025, organizaciones nacionales documentaron 174 casos de persecución y criminalización contra personas defensoras, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas; y 55 de hostigamiento contra defensores y periodistas en 2025.
“Particularmente hemos documentado la utilización de tipos penales amplios y ambiguos, desnaturalizando la función del derecho penal y convirtiéndolo en un instrumento de control social”, indicó.
Mencionó irregularidades como uso automático de la detención provisional, ampliaciones del plazo de la instrucción, limitaciones para acceder al expediente judicial, apertura de múltiples procesos contra una misma persona, hacinamiento grave e incomunicación prolongada de las personas defensoras que están privadas de libertad.
A la audiencia también asistieron el presidente de la junta directiva de la comunidad San Francisco Angulo, de Tecoluca, San Vicente, que teme la contaminación ante la construcción de un relleno sanitario; Donovan Ortega, de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), representantes de Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca; y también, mediante video, la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, Mary Lawlor.
