La campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, programada para este domingo 31 de mayo, se convirtió en la más violenta y tensa de los últimos ocho años debido al incremento de amenazas, asesinatos y ataques vinculados a grupos armados ilegales.
El ambiente político se deterioró aún más tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, precandidato del partido de derecha Centro Democrático, ocurrido hace un año antes del inicio oficial de la campaña electoral.
En las últimas semanas también denunciaron amenazas los candidatos Paloma Valencia, del Centro Democrático; Abelardo de la Espriella, del partido ultraderechista Defensores de la Patria; e Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico.
La violencia política dejó además varios asesinatos recientes, entre ellos el de Mileidy Villada González, presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca; el exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de campaña de De la Espriella en Cubarral, Meta; y el exsecretario de Gobierno de ese municipio, Fabián Cardona.
Ante el deterioro de la seguridad, los candidatos reforzaron sus esquemas de protección durante actos públicos y recorridos políticos. Incluso Abelardo de la Espriella participa en eventos resguardado dentro de una estructura blindada de cristal.
El investigador de seguridad y conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Gerson Arias, aseguró que el crecimiento de los grupos armados ilegales explica el aumento de la violencia política en el país.
«Si nos situamos en el 2022 estábamos en una etapa en la que la capacidad armada y coercitiva que tenían los grupos no tenía una dimensión como la de hoy», afirmó Arias a EFE.
Según datos de la FIP, los grupos armados ilegales pasaron de tener unos 15,000 integrantes en 2022 a más de 25,278 miembros entre combatientes y redes de apoyo logístico y financiero para julio de 2025.
La principal estructura criminal del país, el Clan del Golfo, suma al menos 8,945 integrantes y registró un crecimiento del 18 % entre diciembre de 2024 y julio de 2025.
Le siguen la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 6,450 miembros, y el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, con 3,919 integrantes.
«Lo que estamos viviendo es un aumento en la violencia de tipo político y sobre todo violencia de grupos armados que constriñen y amedrentan a la población civil», agregó Arias.
La seguridad se convirtió así en uno de los temas centrales de la campaña presidencial, especialmente por las dudas sobre el futuro de la política de ‘paz total’ impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Aunque el Gobierno intentó negociar acuerdos con el ELN y las disidencias de las FARC, ninguno de los procesos avanzó significativamente y varias mesas de diálogo atraviesan una etapa de crisis.
El ELN anunció un cese al fuego unilateral de tres días por las elecciones presidenciales, pero el investigador advirtió que existen al menos 11 zonas del país donde continuarán los enfrentamientos armados.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que 386 municipios colombianos presentan riesgo por violencia electoral en 31 de los 32 departamentos del país.
Según la MOE, 125 municipios están catalogados en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo, especialmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.
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