El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, aseguró que la oferta para recibir a Kilmar Ábrego García por razones humanitarias continúa vigente, en contraste con lo afirmado por funcionarios estadounidenses durante audiencias recientes en tribunales de Maryland.
Zamora declaró a The Washington Post que la posición oficial de Costa Rica fue comunicada desde el 25 de agosto de 2025 y que no ha sufrido ninguna modificación desde entonces. Además, enfatizó que el país centroamericano garantiza los más altos estándares en derechos humanos y estaría dispuesto a otorgar residencia legal a Ábrego.
“El ofrecimiento de Costa Rica para recibir a Ábrego bajo condiciones humanitarias que garanticen el respeto pleno de sus derechos y libertades sigue en pie”, reiteró Zamora.
Afirmó que no se han solicitado negociaciones adicionales con el gobierno de Estados Unidos para concretar su llegada.
Estas declaraciones contrastan con lo planteado por abogados del Departamento de Justicia, quienes en documentos judiciales del 7 de noviembre indicaron que Costa Rica no aceptaría al migrante sin “negociaciones adicionales” y “compromisos extras” por parte de EE.UU. Según esa versión, únicamente Liberia, un país en África Occidental, habría aceptado recibirlo sin condiciones.
Kilmar Ábrego García, de 30 años, vivía en Maryland junto a su esposa e hijos estadounidenses. Fue detenido por agentes migratorios en marzo de este año y deportado ilegalmente a El Salvador, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión por el riesgo de persecución por parte de pandillas.
Posteriormente, en junio, fue retornado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas, a los cuales se ha declarado inocente. Desde entonces, permanece detenido en Pensilvania mientras el proceso judicial avanza, en medio de disputas sobre su destino final si es deportado nuevamente.
Durante una audiencia en Maryland, la jueza Paula Xinis cuestionó a los representantes del gobierno del presidente Trump sobre por qué no se le enviaba a Costa Rica, considerando que el propio Ábrego ha manifestado su voluntad de ir allí. “¿Por qué no Costa Rica?”, preguntó con insistencia. Las respuestas fueron vagas y apuntaron a supuestas instrucciones del Departamento de Estado.
Abogados del migrante sostienen que se trata de una represalia por haber desafiado legalmente su deportación en marzo.
“El gobierno está actuando fuera de lo normal, buscando castigar a mi cliente simplemente porque quiere ir a Costa Rica”, afirmó Simon Sandoval-Moshenberg, defensor de Ábrego.
Además, denunciaron que el gobierno ha propuesto enviarlo a cuatro países africanos distintos —Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia— sin respetar el debido proceso ni realizar evaluaciones personalizadas. Según su equipo legal, no tiene lazos familiares ni conexión alguna con esas naciones.
La deportación de Ábrego está actualmente suspendida por orden de la jueza Xinis, mientras se resuelve su caso de hábeas corpus. El juicio por el cargo penal está programado para enero. Sus abogados insisten en que enviarlo a un país donde nunca ha vivido representaría un castigo, no una solución migratoria legítima.