El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designó el martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El nombramiento sustituye a Consuelo Porras Argueta, cuya gestión estuvo marcada por señalamientos de corrupción y sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Durante el anuncio oficial, el mandatario destacó la importancia del cambio en la conducción del ente fiscal y subrayó la necesidad de renovar el sistema judicial del país.
García Luna es un juez de carrera con casi tres décadas de experiencia en el Organismo Judicial, donde ha ocupado cargos desde oficial y secretario hasta magistrado en materia penal.
Su trayectoria incluye funciones como juez de paz, juez de primera instancia y presidente de la Junta de Disciplina Judicial, además de experiencia académica como docente universitario.
“La justicia ha sido demasiadas veces una herramienta de revanchas, es el momento de dejar atrás ese pasado”, expresó Arévalo en su mensaje a la nación.
El presidente agregó que espera que la designación marque un nuevo inicio en la institucionalidad. “este sea el inicio de una nueva etapa de justicia”, afirmó.
El nuevo fiscal general asumirá el cargo el próximo 17 de mayo, en un contexto de exigencias sociales para garantizar independencia judicial y combatir la corrupción.
Durante su proceso de selección, García Luna aseguró que su gestión se basará en la imparcialidad y la autonomía institucional.
“Un fiscal ‘no defiende intereses particulares, busca la verdad material y debe actuar con cero injerencia externa’”, sostuvo en su comparecencia.
Entre sus propuestas destaca implementar una persecución penal estratégica basada en análisis criminal, así como abandonar prácticas cuestionadas en la gestión anterior.
Su principal desafío será recuperar la confianza en el Ministerio Público y demostrar su independencia frente a presiones políticas.
El nombramiento se produce en un momento clave para el país, que busca fortalecer sus instituciones y enfrentar los problemas estructurales en el sistema de justicia.
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